En el corazón de la sierra michoacana, río Curucupatzeo alguna vez corrió ininterrumpido a través de los bosques, abasteciendo la vida del municipio de Villa Madero durante generaciones. En 2024, ese río se secó por completo. No corría una gota de agua. Era algo sin registro histórico.
Julio Santoyo Guerrero, ambientalista, cronista y defensor del territorio maderense, advierte que ese momento no fue un accidente climático: fue la consecuencia predecible de años de expansión aguacatera y de berries, complicidad del Estado y control territorial del crimen organizado. Una historia que, según él, ya no tiene retorno. En entrevista con en15dias.com narra los dealles de esta crisis ambiental.
Modelo agroexportador lleva a Michoacán al punto de no retorno en materia hídrica
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
abril de 2026
Hace una década, el problema era ya conocido: la expansion del aguacate en Michoacán avanzaba sobre los bosques y sobre el agua. Pero lo que nadie anticipó del todo fue la velocidad con que ese problema se multiplicaría.
Hoy, a la huella aguacatera se suma el cultivo de berries, un producto que, de acuerdo con datos del doctor Alberto Gómez Tagle, consume entre seis y siete veces más agua que el aguacate.
“Hoy día el problema ha crecido, no solamente porque la expansión aguacatera ha continuado, sino porque a la expansión aguacatera se ha sumado la expansión de los cultivos de berries”, señala en entrevista para en15dias.com, Julio Santoyo Guerrero, consejero del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán e Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida en Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje.
La microcuenca que forman Madero con el río Porúas y río Curucupatzeo es pequeña. Los maderenses han vivido de la ganadería, el maíz, el mezcal, la madera y los huertos de traspatio. Todas esas actividades dependían de una disponibilidad de agua que, hasta hace pocos años, nunca había conocido problemas estructurales.
La situación cambió de forma drástica en 2024. En la parte alta de Madero, donde se concentran las huertas y los cultivos de berries, existían ya alrededor de 850 hoyas captadoras de agua ubicadas cerca de los escurrimientos naturales de la serranía, interceptando el caudal antes de que pudiera alimentar el río.
“Ocurrió lo que de lo que no había registro en el municipio de Madero: la sequía total y absoluta del río Curucupatzeo. No corría una gota de agua”.
La crisis desató un conflicto social que rozó la violencia. La ganadería sufrió pérdidas severas. El acceso al agua para uso doméstico se volvió un lujo. Las alertas comunitarias se dispararon de inmediato en un municipio que no estaba preparado para enfrentar una sequía absoluta.
Durante generaciones, los maderenses vivieron del agua que corría libre desde la serranía. La ganadería, el maíz, el mezcal, la madera y los huertos de traspatio dependían de una red de escurrimientos que nunca había fallado del todo. Se conocía la sequía estacional, pero siempre encontrabas agua en los ríos. Siempre.
“Esos escurrimientos que después forman el cauce del río dejaron de estar. Y ocurrió lo que no había registro en el municipio de Madero: la sequía total y absoluta del río Curucupatzeo. No corría una gota de agua”, destaca Julio Santoyo Guerrero.
Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El ganado murió o fue vendido de emergencia. Los cultivos de granos se perdieron. El abasto de agua potable para consumo humano entró en crisis. En un municipio que nunca había vivido algo así, las alertas comunitarias se dispararon con una rapidez que se acercó peligrosamente a la violencia abierta.
El problema no era nuevo. Santoyo y otros ambientalistas venían advirtiendo desde hacía más de cinco años que la expansión aguacatera presionaría hasta romper los equilibrios hídricos de la microcuenca. Pero lo que ocurrió en 2024 superó incluso los peores escenarios que ellos habían proyectado. Y no fue solo el aguacate.
A la expansión aguacatera de las últimas dos décadas se había sumado, más recientemente, el cultivo de berries. Fresas, moras y arándanos con destino a mercados de exportación son, según datos del Dr. Gómez Tagle, entre seis y siete veces más demandantes de agua que el aguacate. La microcuenca de Madero, que ya estaba al límite, simplemente no resistió.
“Hoy día el problema ha crecido, no solamente porque la expansión aguacatera ha continuado, sino porque a la expansión aguacatera se ha sumado la expansión de los cultivos de berries. Los cultivos de berries consumen más de seis o siete veces más agua que el aguacate”, señala Julio Santoyo Guerrero.
Lo que hace singular al caso de Madero no es solo la magnitud del daño. Es que el daño era predecible, estaba documentado, había sido advertido ante autoridades de todos los niveles y, a pesar de eso, no solo no se detuvo: fue permitido, luego tolerado y finalmente legalizado.
I. EL FRACASO DE LAS MESAS Y LA TRAICIÓN INSTITUCIONAL
Durante años, Santoyo Guerrero y los comités de defensa ambiental de Madero promovieron mesas de trabajo con comunidades y funcionarios. Se sentaron con presidentes municipales, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente estatal y federal, inspectores forestales y autoridades de seguridad. Firmaron actas. Redactaron compromisos. Establecieron plazos.
El ambientalista Julio Santoyo Guerrero narra en entrevista con en15dias.com que tiene en su poder doce actas firmadas por funcionarios de los tres órdenes de gobierno en las que se comprometían a frenar la tala ilegal, detener el cambio de uso de suelo y regular la construcción de ollas captadoras. Ninguno de esos compromisos se cumplió.
“Esos compromisos nunca se han cumplido. El problema no se ha detenido, al contrario, creció”, destaca Santoyo Guerrero.
La última y más simbólica de esas mesas ocurrió el 28 de marzo de 2025, convocada a través de la Secretaría de Gobernación de Michoacán bajo el nombre de Mesa de Seguridad y Ambiental. Asistieron prácticamente todas las instancias con competencia en la materia: Profepa, Proam, SEMARNAT, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y representantes de los comités ambientales de Madero. Era, sobre el papel, la reunión que el movimiento ambiental siempre había pedido.
El orden del día era claro: exponer el problema en forma sintética y buscar compromisos concretos para evitar que se repitiera la sequía de 2024. Los defensores ambientales prepararon su presentación; las instituciones estaban listas.
El primer turno en el uso de la palabra lo tomó el director de seguridad pública del municipio, quien acusó a los defensores ambientales de ser los causantes de la violencia en Madero, sin mencionar en ningún momento el tema ambiental.
Después habló el representante de la presidencia municipal, y con una sola frase cerró la mesa: “Aquí el problema del agua es un asunto entre particulares y se va a resolver entre particulares.”
Nada quedó. Ni compromisos, ni acuerdos, ni agenda de seguimiento, recuerda el ambientalista. Para Santoyo, ese momento representó no solo el fracaso de una reunión, sino la pérdida de una ventana crítica en la que todas las instituciones estatales y federales podían haber generado soluciones concretas para la microcuenca.
Más de 70 denuncias por cambio ilegal de uso de suelo yacen en la fiscalía. Ninguna ha derivado en una corrección real sobre el territorio.
II. EL ESTADO COMO FACILITADOR DEL ECOCIDIO
La omisión del Estado ante la crisis ambiental de Madero no es solo negligencia. Es, en palabras de Santoyo Guerrero, participación activa. “El Estado no falló en proteger los bosques: eligió, de manera deliberada y progresiva, desmantelar los mecanismos que podrían haberlos protegido”.
El análisis de Julio Santoyo es implacable: el Estado mexicano no ha sido un árbitro ni un regulador en la crisis ambiental de Michoacán. Ha sido un facilitador activo. La evidencia la encuentra en dos momentos legislativos clave.
Lo primero ocurrió en 2021, cuando se reformó la ley forestal estatal para eliminar el artículo que permitía a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) destruir huertas instaladas ilegalmente en zonas boscosas, sin necesidad de un procedimiento judicial previo. Bastaba con verificar in situ la tala ilegal y la plantación de aguacate.
Antes de esa reforma, la Cofom —Comisión Forestal del Estado— tenía la facultad de entrar directamente a un predio donde se estuviera talando de forma ilegal para plantar aguacate, sin necesidad de un largo proceso judicial previo.
Un trabajador de la propia Cofom le informó Julio Santoyo de la reforma en estos términos: “El artículo tal que hablaba de este tema lo anularon. Ya no podemos intervenir, ya es delito para nosotros.”
La razón detrás de esa anulación es el poder político del sector aguacatero. Grandes productores habían perdido casos ante los tribunales cuando sus huertas ilegales fueron desmanteladas. Como no pudieron ganar en los tribunales, cambiaron la ley. Y lo lograron porque el aguacate michoacano cuenta con un lobbying político de primer nivel, explica Santoyo Guerrero.
“Muchos de los grandes cultivadores de aguacate en Michoacán son políticos. Han sido senadores o son senadores, han sido diputados federales o son diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. El negocio del aguacate tiene un lobbying de primera”, asegura Julio Santoyo Guerrero.
Lo segundo que ocurrió fue el decreto federal publicado en octubre de 2025, que legalizó de forma retroactiva todas las huertas de aguacate instaladas en suelos forestales antes de 2019. Para Santoyo, la consecuencia es devastadora: “el ecocidio queda borrado del registro oficial”.
Santoyo había asistido, en 2025, a una reunión en las oficinas de SEMARNAT en la Ciudad de México, junto con otros defensores ambientales y representantes de Guardián Forestal, un sistema satelital privado con registros históricos de cobertura boscosa. Ahí, las imágenes satelitales mostraron algo que Santoyo califica de “imbatible”: casi la mitad de toda la plantación aguacatera en Michoacán está en terrenos que antes eran bosques.
La reunión no tuvo consecuencias. Semanas después llegaba el decreto.
“Si en Michoacán habíamos perdido en 30 o 35 años como el 60% de los bosques, pues olvídate. Ya no hay bosques perdidos en Michoacán. ¿Por qué? Ya son legales huertas de aguacate. Para el bien del desarrollo de Michoacán”, ironiza durante la entrevista Julio Santoyo Guerrero.
Esta maniobra tiene además una dimensión estratégica en el plano del comercio internacional. Al legalizar las huertas a nivel nacional, el aguacate michoacano podría ingresar al mercado estadounidense amparado por el artículo 24 del T-MEC, que exige conformidad con las leyes nacionales de cada país. Si las huertas son legales en México, el argumento jurídico queda blindado.
“Si las huertas son legales en México, el aguacate mexicano ingresa al mercado estadounidense blindado jurídicamente, aunque proceda de terrenos que antes fueron bosques”.
“La jugada perfecta. Todo el aguacate, producto del ecocidio, va a ingresar al mercado estadounidense. Y como el artículo 24 del T-MEC señala que todo conforme a las leyes nacionales de cada país… ¿Me explico?”, señala Julio Santoyo Guerrero.
El ambientalista advierte que el patrón es progresivo y calculado: si la amnistía actual cubre hasta 2019, la dinámica política que la produjo garantiza que en pocos años se ampliará hasta 2026 o más. No hay ningún mecanismo institucional que lo impida, porque los mecanismos que podrían haberlo impedido han sido desmantelados uno por uno.
Señala que esa lógica progresiva continuará: si hoy la amnistía cubre hasta 2019, la dinámica política garantiza que hacia 2030 se ampliará hasta 2026.
“Para el 2030 van a decir: ‘Ahora vamos a autorizar hasta el 2026.’ Es un acto de cinismo desvergonzado. Los bosques les importan un cacahuate”, indica Julio Santoyo Guerrero en entrevista.
III. EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL TERRITORIO
La crisis ambiental en Madero no puede entenderse sin considerar la presencia y el control territorial del crimen organizado, que funciona como tercer actor en el ecosistema del aguacate ilegal. Lejos de ser un fenómeno paralelo, el crimen está integrado al modelo económico de la expansión de huertas.
El modelo funciona así: los grupos criminales cobran cuotas a los productores de aguacate, a quienes instalan huertas, a quienes construyen ollas captadoras de agua. A cambio, ofrecen protección y resolución de conflictos al margen de la ley. Son, en la práctica, el verdadero regulador del territorio en amplias zonas del municipio.
“El crimen está cobrando cuotas al productor de aguacate, le está cobrando cuota al que está instalando la huerta, le está cobrando cuota al que puso una olla. Y el crimen le ha dicho: ‘Cuando me necesites, yo voy’”, señala Julio Santoyo Guerrero.
En la zona del Capulín, al oriente del municipio, opera uno de los grupos criminales más violentos de la región. La metodología es conocida: asesinan o desplazan a los dueños originales de las tierras, se apoderan de los predios y los explotan económicamente: extraen la madera clandestinamente. Los bosques desaparecen. No hay autoridad que entre.
La violencia sobre el territorio tiene un componente reciente que Santoyo Guerrero narra con una contundencia fría: “hace poco, en esa misma zona, una familia fue calcinada dentro de su propia casa. No hubo detenidos; no hubo investigación visible”.
Dentro de este ecosistema de poder, el ciudadano comunitario que se enfrenta a la tala ilegal, a la construcción de hoyas o a la apropiación de agua no enfrenta solo a un productor ilegal. Enfrenta al productor ilegal más su relación con el crimen más la omisión del Estado. Y lo hace solo, sin protección y con certeza de que levantar la voz tiene un precio.
“El más indefenso, el más vulnerable, el que no tiene nada, es el ciudadano. No tiene hermandad, ni tiene poder económico, no tiene nada. Lo único que tiene es su miseria”, señala Julio Santoyo Guerrero.
El crimen también invade el ámbito político más inmediato. El director de seguridad pública del municipio, quién acusó a los defensores ambientales en la Mesa de Seguridad de marzo de 2025, opera en un contexto en que la propia policía municipal tiene vínculos documentados con grupos criminales. Las medidas de protección que se ofrecen a los defensores son ejecutadas, en la práctica, por la misma institución que debería estar bajo sospecha.
IV. LOS DEFENSORES: AMENAZADOS, SOLOS E INMOVIBLES
Los comités de defensa ambiental de Madero no son agrupaciones grandes ni bien financiadas. Son núcleos pequeños de vecinos, agricultores y ciudadanos comprometidos que, durante años, han documentado la deforestación, denunciado ante la fiscalía y exigido ante las autoridades que alguien, en algún nivel del Estado, los escuche.
Los comités de defensa ambiental de Madero han presentado más de 70 denuncias ante la fiscalía por cambio ilegal de uso de suelo. El resultado de ese trabajo ha sido, en términos institucionales, cero.
Las más de 70 carpetas de investigación abiertas por cambio ilegal de uso de suelo no han derivado en ninguna acción correctiva sobre el territorio. Ningúna huerta ilegal ha sido desmantelada por vía judicial en años recientes.
Lo que sí han obtenido los defensores es amenazas de muerte, ataques físicos e intentos de asesinato.
Las medidas de protección que la fiscalía ofrece a los defensores son ejecutadas por la policía del propio municipio de Madero, la misma que, según el entrevistado, tiene vínculos con el crimen organizado.
Los hechos del 6 de noviembre —una jornada de agresiones concentradas contra miembros de los comités— siguen sin un solo detenido, a pesar de que el Estado cuenta con pruebas sólidas.
“A pesar de que el estado tiene abundantes pruebas de quiénes participaron. Hasta audios hay ahí. Audios muy claros del jefe de plaza, hasta del presidente municipal, caramba. ¿Qué acción ha habido?”, reclama Julio Santoyo Guerrero.
El gobierno de Michoacán les ofreció a los defensores trasladarse a Morelia para estar seguros. La respuesta de los defensores refleja una racionalidad que trasciende la heroicidad individual:“¿A qué me voy? A dejarles mis tierras a ellos. Dejarles el espacio libre es lo que ellos quieren. No podemos hacerlo. Para vivir yo necesito, aquí tengo mi tierra, aquí tengo mi cultivito. Si yo dejo mi cultivo todo esto se acaba.”
Santoyo Guerrero reflexiona sobre por qué hay tan pocos defensores ambientales activos en toda la franja aguacatera michoacana, que es extensa y el daño es enorme.
La respuesta es obvia pero no por eso menos perturbadora: defender el bosque en este contexto implica asumir un riesgo de vida real, con alta probabilidad de sufrir desplazamiento forzado, amenazas familiares y violencia física.
V. LA NARRATIVA DEL AGUACATE SUSTENTABLE
Frente al deterioro ambiental documentado, el gobierno federal ha promovido una narrativa de “aguacate sustentable”, apoyada en datos de sistemas satelitales como Guardían Forestal.
Santoyo Guerrero reconoce que existen buenas intenciones, pero cuestiona de raíz la premisa central.
“Desde mi perspectiva, el aguacate en sí mismo no es sustentable. Que pueda ser sostenible por cierto tiempo es posible, pero sustentable en las cantidades que hay hoy no es sustentable, porque de facto está rompiendo con todos los equilibrios”.
La arquitectura del argumento descansa en tres pilares: el sistema satelital Guardían Forestal como instrumento de certificación, estudios científicos que apuntan a la compatibilidad de ciertos cultivos de aguacate con la conservación forestal, y el decreto de 2024 que legaliza lo que antes era ilegal.
Con esos tres elementos, la narrativa sostiene que el aguacate michoacano puede exportarse con un sello de origen y un certificado de no deforestación.
Santoyo Guerrero no rechaza la tecnología satelital como herramienta de monitoreo. La problemática, dice, “está en lo que no se mide y en quién encarga los estudios”.
El cronista es especialmente crítico con los estudios científicos promovidos por instancias gubernamentales que tienen interés económico y político en los resultados.
Usa una analogía clara: “Fórzalos acá para que los resultados que te den tengan consistencia con el discurso de poder. Es como el tipo que andaba buscando la moneda de oro que se le había perdido de noche, y en lugar de ir a oscuras donde se le cayó, la buscaba debajo del foco porque ahí hay más luz.”
LA DELIMITACIÓN DE LA FRANJA: ¿SOLUCIÓN O MANIOBRA?
Uno de los grandes debates en torno a la crisis ambiental michoacana es la delimitación oficial de la franja aguacatera.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación de un acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual que exige la delimitación de origen del aguacate obliga a que esa franja quede definida formalmente.
En entrevista con 15días.com, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán, había señalado que mientras no se delimite la franja, la regulación seguirá siendo imposible controlar la tala ilegal y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Cabe recordar, que 70 por ciento de las huertas existentes en territorio michoacano son ilegales, según la Profepa.
Santoyo Guerrero coincide en principio con la necesidad de delimitar, pero con una condición fundamental que el decreto actual no cumple: esa delimitación debe ir acompañada de criterios ecológicos reales, evaluados microcuenca por microcuenca por instituciones académicas independientes.
“No basta con trazar una línea en el mapa. Hay que saber, en cada punto del territorio, cuánta agua hay, cuánto bosque subsiste, qué tan sano está el ecosistema y cuánto más aguacate —si acaso alguno— puede ese territorio sostener sin colapsar”.
Y agrega “ayudaría si por delimitar la franja aguacatera queremos entender la posibilidad del establecimiento o restablecimiento de los equilibrios. La franja aguacatera en muchas zonas ha roto todos los equilibrios”.
El decreto actual no tiene esos criterios. Su objetivo, dice Santoyo con claridad, no es proteger los bosques ni restablecer equilibrios. Es garantizar que el mayor volumen posible de aguacate michoacano pueda ingresar a los mercados de exportación con un aval jurídico y un sello de origen.
“A ellos les interesa mucho que su producto en Estados Unidos diga que es de origen michoacano y de zona no deforestada porque la ley lo dice. No hay más. No hay más.”
VI. “EL PUNTO DE NO RETORNO”
Hace cuatro años, en entrevista con en15dias.com, Julio Santoyo Guerrero ya declaraba que Michoacán había alcanzado un punto de no retorno ambiental. Hoy, con más evidencia y más daño acumulado, mantiene esa posición sin ninguna duda.
“Lo sigo sosteniendo. Los estudios que han avanzado en torno a las condiciones de las tierras que se están convirtiendo en no fértiles de algunas zonas aguacateras. La apropiación de agua de manera ilegal; el desecamiento de los afluentes de los ríos…”, Julio Santoyo Guerrero.
El ambientalista identifica dos escenarios de colapso convergentes. El primero es social: el conflicto que ya se estuvo a punto de estallar en Madero en 2024, entre quienes exigen agua para vivir y quienes la acaparan para producir, no es un evento aislado. Es el ensayo general de lo que ocurrirá en toda la franja aguacatera michoacana cuando la sequía vuelva, y volverá.
El segundo vector es climático, y es el más silencioso y el más definitivo. El cambio climático no negocia, no firma actas, no cede ante el lobby. Simplemente transforma las condiciones que hacen posible o imposible el cultivo, el agua, la vida. Y ese proceso ya está en marcha en Michoacán.
“Simplemente es el clima que te cambia todo y que puede hacer que tu huerta ya no sea productiva en poco tiempo. Hemos querido comportarnos como dioses. Nos ha pasado como Mickey Mouse convertido en brujo: se le salen de control todos los embrujos y termina siendo víctima de todos. Eso es lo que nos está pasando”, indica Julio Santoyo Guerrero.
¿HAY ESPERANZA? LA FISCALÍA Y EL FUTURO INCIERTO
En este panorama, el ambientalista Santoyo Guerrero deposita una esperanza matizada en la nueva fiscalía ambiental de Michoacán, cuya renovación de personal considera positiva. Reconoce que es gente que llega con honestidad y con una perspectiva más centrada en la justicia ambiental. Sin embargo, advierte con claridad los límites de esa esperanza.
Para Santoyo, el poder económico del aguacate en Michoacán ha logrado doblar la voluntad de instancias federales, ha conseguido la modificación de leyes y ha firmado acuerdos que violan la Constitución.
“Se ha podido doblegar a la SEMARNAT; se ha podido doblegar a la Secretaría del Trabajo para que firmen un acuerdo que abiertamente viola la Constitución. Yo me pregunto: ¿permitirá esto la fiscalía? ¿El gobierno respaldará la acción jurídica cuando llegue el duelo de derecho contra arbitrariedad?”, se pregunta Julio Santoyo Guerrero.
Destaca que cuando la fiscalía comience a activar carpetas de investigación y exija la restauración de hectáreas deforestadas, la respuesta del sector aguacatero y de sus aliados políticos será frontal.
El columnista identifica un escenario en el que la fiscalía podría ganar apoyo popular si actúa con firmeza y transparencia: “la gente que ha visto cómo sus ríos se secan y sus bosques desaparecen sin que nadie responda, podría movilizarse detrás de una institución que finalmente hace lo que siempre debió hacer. Pero eso requiere tiempo, voluntad política sostenida y una arquitectura institucional que hoy está dañada”.
Lo que sí está claro, según el cronista, es que la solución no puede venir solo de una fiscalía ni de una ley. Requiere participación ciudadana masiva en las instancias medioambientales, precios justos para los servicios ambientales del bosque, y un Estado que deje de ser cómplice del desastre que administra.
“Por ello sí es conveniente que la ciudadanía esté muy pero muy metida en las instancias medioambientales, porque se están llevando entre los pies el derecho a un medioambiente sano de todos, de todos nosotros.”
