Mientras el aguacate consolida su poder exportador, los bosques de Michoacán siguen perdiendo terreno. Entre certificaciones, monitoreo satelital y decretos recientes, la política pública ambiental revela sus límites frente a un modelo productivo que prioriza mercados sobre territorio. / El negocio del aguacate y el bosque en disputa
Uitzume, el perro de lago
El negocio del aguacate y el bosque en disputa
Esta semana, en15dias.com presenta un reportaje sobre el estado de la política pública de conservación de los bosques frente a la voracidad de la producción de aguacate en Michoacán.
Presentamos los últimos informes generados desde la academia, donde se evidencia el deterioro acumulado durante más de cinco décadas por la expansión extensiva del aguacate. También abordamos los datos de la crisis de justicia ambiental: el caso de Villa Madero, el fracaso de las mesas de seguridad ambiental, así como la visión y explicación detallada del funcionamiento del llamado “Guardián Forestal”.
A partir de la reflexión sobre estos datos, podemos señalar que el andamiaje regulatorio construido entre 2023 y 2025 (“Guardián Forestal”, ProForest Avocado, certificación de la SEMARNAT y el decreto de indicación geográfica ante el IMPI) no constituye una política de conservación, sino una política de legitimación exportadora.
Su función estructural no es detener la deforestación, sino gestionar su imagen internacional para que el aguacate michoacano mantenga acceso a los mercados de alto valor en Estados Unidos y la Unión Europea, donde las presiones de organizaciones como Climate Rights International sobre accionistas de Walmart y Costco podrían traducirse en la pérdida de contratos.
Desde en15dias.com observamos que esto configura una forma de gobernanza ambiental transnacional en la que las reglas las fijan los compradores del norte global, las cadenas de supermercados y las ONG que las auditan, mientras los costos ambientales y sociales continúan siendo absorbidos por las comunidades del sur.
No hay nada inherentemente negativo en que los mercados presionen hacia prácticas menos destructivas. El problema surge cuando esa presión reemplaza a la política pública real; cuando la certificación voluntaria sustituye a la regulación obligatoria; cuando el sello sustituye al decreto; y cuando la vigilancia satelital sustituye a la justicia ambiental. Todo eso está ocurriendo en Michoacán.
Esto ocurre porque, desde el análisis de en15dias.com, el andamiaje institucional carece de un mecanismo de coordinación vinculante entre SEMARNAT, SADER-SENASICA y las fiscalías estatales y federal, que impida que se otorguen certificaciones fitosanitarias de exportación a huertas cuyo uso de suelo no haya sido verificado como legal. Sin este mecanismo, el “Guardián Forestal” detecta y SENASICA certifica: el ciclo de impunidad continúa con tecnología nueva.
También observamos que la certificación ProForest Avocado debe transitar de voluntaria a obligatoria como condición de exportación, y su línea base debe ampliarse para incorporar el daño histórico, estableciendo fondos de restauración proporcionales a la superficie deforestada por cada huerta, independientemente de cuándo ocurrió la conversión. La restauración no puede ser un acto voluntario de buena imagen corporativa.
Asimismo, preocupa que la indicación geográfica ante el IMPI deba condicionarse explícitamente al cumplimiento de estándares ambientales verificables. Si el territorio define la identidad del producto, el estado del territorio debe ser condición para usar su nombre. No puede haber denominación de origen michoacana para aguacate producido sobre bosque deforestado.
Finalmente, el decreto publicado por la SEMARNAT en 2025 debe traducirse en un programa de acción específico para la franja aguacatera michoacana, con metas anuales de reducción de la deforestación, presupuesto propio, indicadores públicos y mecanismos de rendición de cuentas que no dependan de conferencias de prensa del gobernador en turno o de datos aislados en boletines.
Hay que entender que los bosques de pino y encino de Michoacán son, entre otras cosas, el sistema de captación de agua que abastece a millones de personas, el hábitat de cientos de especies endémicas y el sustento de comunidades indígenas que los han habitado durante siglos. No son el fondo de pantalla de un certificado de exportación.
Exigir que la política pública los trate como lo que son, y no como externalidades administrables del negocio del aguacate, no es radicalismo: es el mínimo que le debemos al territorio que habitamos.
