Según el CSIM, desde febrero pasado autoridades civiles, ejidales y tradicionales de San Miguel del Monte que impulsan la consulta para establecer un gobierno autónomo han recibido amenazas de muerte.
Crimen organizado y partidos políticos contra la autonomía de San Miguel del Monte: CSIM
Por: en15dias.com con información del PRI y del CSIM
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a 80 comunidades p’urhépecha, otomí, matlazinca, náhuatl y afromexicanas, denunció que el crimen organizado y actores políticos locales operan en contra de la autonomía de la comunidad matlazinca o pirinda de San Miguel del Monte, municipio de Morelia.
Según el CSIM, desde febrero pasado autoridades civiles, ejidales y tradicionales de San Miguel del Monte que impulsan la consulta para establecer un gobierno autónomo han recibido amenazas de muerte.
El consejo difundió un video que documenta dichas intimidaciones y responsabilizó de manera directa al ex jefe de Tenencia Leopoldo Campuzano Tinoco, a Astrid Johnana Cruz Mejía, originaria de Colombia, y a Alicia Bucio Proa, ex candidata a jefa de Tenencia, todos vinculados —señala el comunicado— con el Ayuntamiento de Morelia.
El organismo indígena acusó además que algunos partidos políticos buscan frenar la consulta. “Precisamente es gracias al hartazgo de ellos, a sus mentiras, paternalismo, demagogia y corrupción, que las comunidades están despertando y decidiendo su futuro por autodeterminación”, subraya el CSIM.
“No nos necesitamos de los partidos”
El Consejo recordó que la máxima autoridad en las comunidades indígenas es la Asamblea General, y que la demanda de San Miguel del Monte es sencilla: que se consulte directamente a la población cómo quiere gobernarse. “La clase política tiene temor a los autogobiernos, porque las comunidades ya descubrieron que no los necesitan”, señala el comunicado.
Al pueblo matlazinca de San Miguel del Monte, el CSIM lo exhortó a no dejarse intimidar ni desinformar: “El mejor camino para resolver sus problemas ancestrales es el autogobierno. No se dejen engañar por los partidos políticos de siempre, pregunten todas sus dudas en la asamblea general y decidan colectivamente su devenir histórico”.
Finalmente, el Consejo anunció que en breve iniciará Jornadas de Lucha en defensa del Pueblo Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte, y llamó a las comunidades de Michoacán a mantenerse atentas y solidarias.
PRI CONTRA EL AUTOGOBIERNO
El dirigente estatal del PRI, Guillermo “Memo” Valencia Reyes, denunció que la consulta para que la comunidad matlazinca o pirinda de San Miguel del Monte, en Morelia, decida sobre su autogobierno, está infiltrada por el crimen organizado y exigió al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) su cancelación inmediata.
En conferencia del 20 de agosto, Valencia acusó directamente al jefe de Tenencia Enrique Fuerte Facio de mantener presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como Hermanos de la Sierra.
Aseguró que el proceso de autonomía estaría siendo manipulado para desviar recursos públicos: “No pido que se posponga la consulta, solicito que se cancele porque están las manos del Sierra Uno metidas ahí”, declaró.
También señaló que el yerno del jefe de tenencia sería uno de los sicarios de confianza de dicho grupo criminal, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación.
Esto te puede interesar
Formalizan fideicomiso del Parque Industrial Bajío; sigue sin resolución ambiental pública
El gobierno de Michoacán y desarrolladores formalizaron el fideicomiso del Parque Industrial Bajío, en Zinapécuaro, para financiar sus primeras obras de infraestructura. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución ambiental pública de la Semarnat sobre el proyecto.
¿”Listas negras”?, es mucho más que eso
La llamada “lista de personas incómodas” al gobierno revela algo más grave que su nombre: una estrategia de descalificación desde el poder contra periodistas y voces críticas, acompañada de acusaciones sin evidencia sobre supuestos financiamientos y campañas digitales.
¿Derecho humano al agua?
Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.
