Con la información que a diario tenemos a la vista juzgo que la calificación de Michoacán en materia de Justicia Ambiental, es de indudable reprobación. Nuestro desastre ambiental se explica en gran medida por el desastre en materia de Justicia Ambiental.
Como tal, México o Michoacán, no tienen un indicador específico de Justicia Ambiental. Es urgente que exista, con independencia gubernamental desde luego, para que se conozca cuál es el nivel de Justicia que se ejerce en este ramo; es otra manera de cuestionar y exigir acciones al Estado mexicano en esta materia.
Desastre ambiental, desastre en la Justicia Ambiental
Julio Santoyo Guerrero*
No es profecía, no es especulación: en los sucesivos años seguiremos acumulando deforestación, cambio de uso de suelo, destrucción de zonas de infiltración hídrica, pérdida de biodiversidad y mayor confrontación social por estas causas.
La razón es muy clara y objetiva, en el presente no se está haciendo lo suficiente ni siquiera para, al menos, tratar de contener estos fenómenos, como tampoco lo hubo en decenios previos.
La magnitud del desastre ambiental se nos presenta a la vista como una ola gigantesca, imparable, que no puede ser contenida con los débiles diques que hemos construido por años. Nos conmueve la degradación de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, nos indigna las centenas de miles de hectáreas con cambio de uso de suelo, nos asombran las decenas de miles de hoyas ilegales, nos angustia el nivel de las presas y la reducción de los caudales en los manantiales y escurrimientos.
Muchos alcanzan a entender que el presente está en riesgo, otros más concluyen que el futuro está perdido, los más creen en un milagro providencial que nos salvará de los fatales desequilibrios que desatamos por la codicia, la insensatez y la falta de acción gubernamental y ciudadana. Sin embargo, todos, en lo profundo de nuestras conciencias —ahí donde no nos podemos engañar—, sabemos que el milagro no ocurrirá y que la única alternativa está en nuestra voluntad y en nuestras manos. Creo que todos en mayor o menor medida sufrimos un colapso existencial por nuestra responsabilidad frente a este caos.
A partir de que en 1987 se aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en 1994 se constituyó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se desató con furor la aprobación de leyes estatales y municipales para cuidar de la naturaleza y proliferaron las instituciones proambientales. Son miles de páginas que contienen toda la legislación mexicana en la materia y decenas de instituciones constituidas bajo ese ordenamiento, sin embargo, la blandura de sus hojas y las débiles manos de las instituciones no han logrado parar siquiera un centímetro la destrucción ecológica.
Los hemos dicho, quien lea las leyes ambientales las encontrará pertinentes en su fundamento filosófico, claridosas en sus definiciones jurídicas y precisas en sus mecanismo de aplicación, concluirá, pues, que ese es el país que queremos. Además, hará en ellas hallazgos asombrosos, encontrará que desde hace 30 años está prohibido el cambio de uso de suelo, que las hoyas están prohibidas y que necesitan estudios de impacto ambiental, autorizaciones de cambio de uso de suelo y permisos de Protección Civil.
Y salta la pregunta, casi sin convocarla, ¿Por qué si las leyes contienen todos los elementos legales para regular el crecimiento de la frontera agrícola y los medios para ordenar los consumos de agua, cómo es que llegamos a este escandaloso nivel de rebasamiento?
Aún más, ¿por qué no se ha castigado a quienes infringen una y mil veces las leyes? cuando, por ejemplo, en el Código Penal de Michoacán, en el Artículo 302 de los delitos ambientales se indica que: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y de cien a tres mil días de multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilegalmente: I.- Desmonte o destruya le vegetación natural; II.- Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles; III.- Cambie el uso de suelo forestal; o, Ponga en riesgo el abastecimiento hídrico de la población y los cauces naturales”.
Tenemos leyes e instituciones, pero son entidades fantasmales, más bien, son como la Venus de Milo, hermosas, pero de piedra y sin manos.
Como hasta ahora no existen elementos tangibles en materia de política ambiental que puedan alentar nuestro optimismo, en cambio vemos lo contrario, sobre el futuro podemos afirmar con profundo pesar que ese futuro no será la Arcadia mítica griega que todos quisiéramos, más bien el infierno de Dante.
Como tal, México o Michoacán, no tienen un indicador específico de Justicia Ambiental. Es urgente que exista, con independencia gubernamental desde luego, para que se conozca cuál es el nivel de Justicia que se ejerce en este ramo; es otra manera de cuestionar y exigir acciones al Estado mexicano en esta materia.
Con la información que a diario tenemos a la vista juzgo que la calificación de Michoacán en materia de Justicia Ambiental, es de indudable reprobación. Nuestro desastre ambiental se explica en gran medida por el desastre en materia de Justicia Ambiental.
¿QUIÉN ES
*Julio Santoyo Guerrero
Es consejero del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán e Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida en Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje.
Las ideas vertidas en la sección de Opinión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La política editorial de en15dias.com promueve su difusión como contribución a la discusión acerca de los conflictos sociambientales y socioterritoriales, salud comunitaria, derechos humanos, política ambiental y periodismo.
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