La realidad que exhibe la investigación de Climate Rigths International, que ha motivado preocupación en las altas esferas del gobierno estadounidense y en los senadores que mandaron una carta, es la misma que conocen los ejecutivos, los senadores y los diputados mexicanos.
Sorprende entonces el silencio cómplice de las autoridades nacionales que no han querido tocar, ni por equivocación, la tragedia ambiental que ha generado y sigue ocasionando el cultivo ilegal de este fruto.
La carta
Julio Santoyo Guerrero
La carta que senadores estadounidenses dieron a conocer el miércoles 7 de febrero en la que piden al secretario de Estado A. Blinken, al de Agricultura T. Vilsack y a la representante comercial ante el T-MEC Katherine Tai, para que trabajen con el gobierno mexicano en medidas que eviten el ingreso al mercado estadounidense de aguacate cultivado en tierras deforestadas, con aprovechamientos insustentables de agua y relacionadas con violencia criminal, representa un respiro para lo que queda de los bosques michoacanos.
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La extensa y bien documentada investigación de campo realizada por Climate Rights International (CRI) en huertas exportadoras de Michoacán y Jalisco, publicada en noviembre del año pasado, que encontró que una gran cantidad de las más de 50 mil huertas certificadas para exportación, estaban en predios con cambio de uso de suelo, hacían uso abusivo de aguas y algunas estaban asociadas con acciones de acoso y amenazas delincuenciales, y que además, llegan al mercado estadounidense bajo el cobijo de grandes comercializadoras como Calavo Growers, Fresh del Monte Produce, Missión Produce y Wets Paj Avocados, ha servido de referencia para sustentar dicha misiva.
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La carta ha tenido una gran difusión en la prensa del otro lado de la frontera y en la mexicana en medio de la festiva campaña propagandística que promueve el aguacate para el Super Tazón y que en esta temporada colocará en el mercado más de 130 mil toneladas del fruto.
La denuncia periodística en torno a la huella ecocida de las plantaciones ilegales de aguacate en Michoacán y Jalisco también está llegando a diversos países de la Comunidad Europea que importa un porcentaje relevante de la producción aguacatera manchada de delincuencia ambiental.
La realidad que exhibe la investigación de Climate Rigths International, que ha motivado preocupación en las altas esferas del gobierno estadounidense, es la misma que conocen los ejecutivos, los senadores y los diputados mexicanos. Sorprende entonces el silencio cómplice de las autoridades nacionales que no han querido tocar, ni por equivocación, la tragedia ambiental que ha generado y sigue ocasionando el cultivo ilegal de este fruto.
Desde hace años, y sobre todo a partir de la firma del T-MEC en noviembre de 2018 (ver su capítulo 24), se ha reclamado la imperiosa urgencia de establecer una certificación ambiental para este cultivo, que acordado con las naciones participantes Canadá y Estado Unidos y aparte también con las europeas, impidan que tales plantaciones exporten y se edifiquen en predios talados, con cambio de uso de suelo y con uso de tecnologías como cañones antigranizo (ya prohibidos en la legislación michoacana: art. 37 de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo), y agroquímicos agresivos con la naturaleza.
Sin embargo, es un reclamo que las autoridades mexicanas han tomado con desdén no obstante que la sustancia del reclamo son los derechos humanos a un medio ambiente sano y al acceso al agua. El desdén oficial ha representado, para quienes se dedican por las malas a plantar este fruto al margen del derecho, una patente de impunidad que ha sido parte decisiva del motor ecocida que ha arrasado con nuestros bosques y aguas.
La carta de los senadores, por sí misma, es evidencia de una objetividad ambiental desastrosa que también ha sido permitida por el gobierno estadounidense el que ha cerrado los ojos frente al capítulo 24 del T-MEC, privilegiando las ganancias antes que la ley, en donde ellos están obligados a cumplirla como parte de sus deberes globales para frenar el cambio climático.
Si aún faltara más presión cívica e internacional para que los gobiernos signatarios del T-MEC “trabajen” ya para establecer las certificaciones que garanticen el respeto a las legislaciones ambientales de México, y en su caso de Michoacán, tal vez estas vengan derivadas de la sequía ― esa sí histórica ―, que seguiremos padeciendo este año y que en parte viene agravada por la deforestación inmisericorde de los bosques michoacanos.
Como muchas rutinas de nuestra modernidad líquida, en donde nada es y el momento lo es todo, la del Super Tazón está siendo la plataforma efímera que ayude a poner en contraste la realidad que esconde el aguacate que millones consumen ese día. La carta es pues una carta más que se juegan los bosques michoacanos gracias al espectáculo del Super Tazón.
La carta maneja una fecha límite para que haya acciones: 45 días, algo así como el 24 de marzo. ¿¡Ocurrirá algo!?
OPINIÓN: La carta
¿QUIÉN ES?
*Julio Santoyo Guerrero
Es consejero del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán e Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida en Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje.
OPINIÓN: Sin límites
Las ideas vertidas en la sección de Opinión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La política editorial de en15dias.com promueve su difusión como contribución a la discusión acerca de los conflictos sociambientales y socioterritoriales, salud comunitaria, derechos humanos, política ambiental y periodismo.
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