El incendio del 23 de marzo de 2019 y el hackeo del 13 de abril de 2023, así como la falla de planes y acciones frente a una “sorpresiva” sequía prolongada, son hechos devastadores, señales de una institución fallida. / Sobreconcesionamiento, acaparamiento y despojo de las aguas nacionales
Para este último sexenio es absolutamente necesario superar los limitantes del marzo legal e institucional salinista. Se requiere convocar a la población y a los órdenes de gobierno a un proceso de planeación vinculante para lograr la sustentabilidad y el acceso universal al agua, cuenca por cuenca, guiados por la Ley de Aguas mandatada por nuestra constitución.
Sobreconcesionamiento, acaparamiento y despojo de las aguas nacionales*
Por: Contraloría Nacional Autónoma del Agua
Al tomar el poder vía fraude, uno de los primeros actos de Carlos Salinas de Gortari para mercantilizar los bienes de la Nación fue la creación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 1989). Una de las primeras tareas de la Conagua fue la elaboración de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Desde ese entonces, las aguas de la Nación han quedado en manos de una institución autocrática y opaca que no planea ni se responsabiliza, sino reparte concesiones a los poderes fácticos y busca imponer obras mal concebidas frente al estallamiento serial de crisis prevenibles. Cada área de la institución está ocupada por funcionarios con vínculos históricos a grupos de interés.
De cara al próximo sexenio es importante tomar en cuenta que los intentos del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador de limpiar a la Conagua «barriendo desde arriba» fueron infructuosos frente al mal diseño de la institución y los intereses incrustados ahí.
También es vital reconocer que a pesar del mandato de los votantes de iniciar el desmantelamiento del andamiaje neoliberal, los poderes Ejecutivo y Legislativo determinaron no promulgar una Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable con participación ciudadana, como exige la Constitución.
Sobreconcesionamiento, acaparamiento y despojo de las aguas nacionales
El principal objetivo de la LAN fue imponer a las aguas de la Nación un sistema único de concesiones, convirtiéndolas en objetos de compra-venta, algo que ni siquiera se ha hecho en Estados Unidos.
El otorgamiento de concesiones se inició en 1993, con la invitación a los usuarios de aguas nacionales a registrar sus tomas. Los derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas establecidos por decreto Presidencial no fueron reconocidos excepto a través de una concesión.
Los grandes intereses y la nueva industria de «gestores» rápidamente descubrieron que podrían registrar tomas para uso agrícola (que no paga derechos) sin contar con obras de toma. Ahí nació el fenómeno de los «pozos fantasma» y los «millonarios del agua» (individuos, inmobiliarias e instituciones financieras) que registraron enormes volúmenes de agua bajo «uso agrícola» (que no pagan derechos) sin contar con obras de toma. Ahí nació el fenómeno de los “pozos fantasma” y los millonarios del agua (individuos, inmobiliarias e instituciones financieras) que registraron enormes volúmenes de agua bajo uso agrícola con fines especulativos.
Mientras tanto, muchos de los núcleos agrarios que intentaron refrendar sus derechos con concesiones fueron maltratados por el personal de la Conagua, debido a una cultura institucional discriminatoria que persiste hasta la actualidad.
Gracias a esta «piñata» de concesiones, en donde los que llegaban primero con las bolsas más grandes se quedaron con todo, el sistema de concesiones fomentó el acaparamiento junto con el sobreconcesionamiento desde sus inicios.
Las dinámicas de compra-venta, los «mercados» del agua previstos en la exposición de motivos de la LAN, han profundizado esta dinámica, dado que solo los grandes intereses tienen la capacidad de comprar derechos.
Así es que hoy en día hay mineras cuyas concesiones representan hasta el 80% del agua subterránea de su región; por ejemplo, Goldcorp/Newmont en el acuífero Cedros en Zacatecas.
El 55% de las aguas subterráneas de Monterrey están concesionadas a usuarios industriales; la empresa Enerall ha obtenido un «acuifundio» en la Península de Yucatán de proporciones inimaginables.
Los procesos de solicitud son sumamente complejos irrespectivo del volúmen solicitado, resultando en un rezago de más de 130 mil solicitudes. Más de 80% de éstas son para volúmenes menores asociados con uso doméstico, el riego de menos de cinco hectáreas o agua para hasta 10 animales de ganado mayor; muchas de estas solicitudes llevan más de 20 años en espera, amontonadas en cajas dentro de closets, corredores y baños de las Direcciones locales. Aunque según la LAN estos usos deben tener prelación, los «coyotes» saben como «brincar la cola» para sus clientes.
La obligación de atender a las solicitudes en orden de su presentación garantiza que ninguna solicitud será resuelta en los 60 días que exige la LAN. Así es que los bufetes «coyote» obtienen concesiones para sus clientes en acuíferos deficitarios a través de demandas a la Conagua por no resolver sus solicitudes en 60 días. Frente a la falta de una defensa efectiva por parte de la Conagua, casi siempre ganan.
En 2017, la Conagua contrató a la controvertida empresa Indra Sistemas México por $81.4 millones¹ para generar un software, «Amara», supuestamente para facilitar el procesamiento de solicitudes.
En 2019, inexplicablemente, la Conagua le firmó a Indra el finiquito sin que cumpliera con el compromiso de entregar el código y asegurar el buen funcionamiento del sistema.
Además, el sistema tenía 14 puertos vulnerables al hackeo y se llenaba con bases de datos «fantasma.» Al no tener acceso al código, fue casi imposible corregir los innumerables errores en el sistema. Bajo este nuevo sistema, sustento de la ampliamente anunciada «Conagua en Línea,» el rezago solo crecía. Intentos de reemplazar a Amara con un sistema construido por la propia institución fueron obstaculizados.
*Este artículo fue extraído del documento «Construyendo el buen gobierno del agua frente a una institución fallida», publicado por la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, que integra a más de 20 contralorías locales de agua.
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