Michoacán adjudicó un quinto contrato de “Guardián Forestal” a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, única empresa participante en el proceso. El nuevo acuerdo asciende a 8.88 millones de pesos y eleva a casi 28.9 millones los recursos contratados desde 2022.
En Michoacán, al menos 11 personas vinculadas con la defensa de la tierra, el territorio, los bosques, el agua y la autonomía comunitaria permanecen desaparecidas. Sus casos atraviesan Ostula, Aquila, la Meseta Purépecha y otras regiones bajo presión territorial.
La Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán publicó la Manifestación de Impacto Ambiental del BRT de Morelia, proyecto que contempla intervenir 14.65 kilómetros y retirar 303 árboles, además de reubicar otros 150, como parte de las obras del sistema de transporte.
María Cruz Paz Zamora, defensora p’urhépecha de los bosques, permanece en prisión desde junio de 2024 acusada en un proceso por desaparición. Organizaciones indígenas denuncian violaciones a sus derechos y criminalización. Este 27 de agosto enfrentará una audiencia intermedia.
Un juez federal ordenó frenar provisionalmente la tala de árboles y afectaciones a áreas verdes en distintos puntos de Morelia vinculadas al proyecto Morebus. La medida responde a un amparo promovido por vecinos y estará vigente mientras se define la suspensión definitiva.
El Gobierno de México presentó una iniciativa para sustituir la LGEEPA, vigente desde 1988. La propuesta incorpora restauración ecológica, participación ciudadana, protección de defensores ambientales y los principios del Acuerdo de Escazú. El texto aún no llega al Congreso.
La CFE sostiene que no negó una inspección técnica en Los Azufres, pero limita el recorrido a las inmediaciones del campo geotérmico y no contempla el ingreso a sus instalaciones. El CSIM exige revisar un manantial y un pozo dentro de la central y mantiene la amenaza de movilizaciones.
La CFE no acudió a una inspección pactada en Los Azufres para revisar posibles impactos ambientales vinculados a una crisis de insuficiencia renal denunciada por comunidades del oriente de Michoacán. El CSIM anuncia bloqueos carreteros e instalaciones de la paraestatal.
El Morebús enfrenta una pregunta central: ¿qué instrumento ambiental autorizó una obra de más de 30 kilómetros? La ley estatal contempla la evaluación de impacto ambiental para vías de comunicación y servicios públicos, pero no existe, hasta ahora, un expediente de MIA públicamente identificado. / MIA estatal vs dictamen municipal
