Comunidades purépechas cuestionaron el proceso de consulta impulsado por el INPI para la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el mecanismo no garantiza una deliberación desde las asambleas comunitarias.
Representantes de 14 comunidades purépechas de Michoacán cuestionan la consulta de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Denuncian que 38 días son insuficientes para analizar 453 artículos y 11 transitorios, y exigen ampliar el proceso.
Comunidades indígenas del Oriente de Michoacán denunciaron que 35 de las 56 presas de enfriamiento que han identificado en Los Azufres carecerían de protección adecuada. La CFE reporta otra cifra y asegura que la operación cumple la normatividad ambiental vigente.
Un testimonio documenta una laguna de enfriamiento de unos 30 metros de diámetro, sin cercado ni medidas de protección, en la zona de Los Azufres. Comuneros denuncian residuos tóxicos, omisiones de autoridades ambientales y riesgos para quienes defienden el territorio.
Michoacán adjudicó un quinto contrato de “Guardián Forestal” a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, única empresa participante en el proceso. El nuevo acuerdo asciende a 8.88 millones de pesos y eleva a casi 28.9 millones los recursos contratados desde 2022.
En Michoacán, al menos 11 personas vinculadas con la defensa de la tierra, el territorio, los bosques, el agua y la autonomía comunitaria permanecen desaparecidas. Sus casos atraviesan Ostula, Aquila, la Meseta Purépecha y otras regiones bajo presión territorial.
La Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán publicó la Manifestación de Impacto Ambiental del BRT de Morelia, proyecto que contempla intervenir 14.65 kilómetros y retirar 303 árboles, además de reubicar otros 150, como parte de las obras del sistema de transporte.
María Cruz Paz Zamora, defensora p’urhépecha de los bosques, permanece en prisión desde junio de 2024 acusada en un proceso por desaparición. Organizaciones indígenas denuncian violaciones a sus derechos y criminalización. Este 27 de agosto enfrentará una audiencia intermedia.
Un juez federal ordenó frenar provisionalmente la tala de árboles y afectaciones a áreas verdes en distintos puntos de Morelia vinculadas al proyecto Morebus. La medida responde a un amparo promovido por vecinos y estará vigente mientras se define la suspensión definitiva.
