La protección de personas defensoras del territorio no puede limitarse a ofrecer medidas de seguridad después de las amenazas. El asesinato de Gabriel Rivas Ríos expone una falla más profunda: las autoridades protegen a quienes enfrentan los conflictos socioambientales, pero no atienden los proyectos e intereses que los originan. / Defensoras y defensores del territorio y la vida, sin protección y con los conflictos sin resolver
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Defensoras y defensores del territorio y la vida, sin protección y con los conflictos sin resolver
En Mexico, el asesinato de una persona defensora del territorio suele activar lo que la prevención no logró una serie de comunicados, el inicio de investigaciones, reuniones, ofrecimientos de protección y declaraciones sobre la necesidad de esclarecer los hechos. Pocas veces se examina lo que ocurrió antes y lo que ocurre en el territorio, es decir, nunca se habla del conflicto socioambiental que la persona defendía y tampoco se investiga el proyecto que lo originó.
El viernes 6 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló, tras el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y defensor del territorio. Dijo que conoció a Rivas, calificó el homicidio de “triste, indignante” y pidió al Gabinete de Seguridad apoyar a la Fiscalía de Morelos. También planteó que la investigación debe alcanzar no sólo a quienes dispararon, sino a “quién ordenó este homicidio”.
La presidenta añadió que “hay muchos defensores ambientales que tienen protección” y que, en el caso de Rivas, “él no había solicitado ninguna”. Y agregó: “Pero a todos aquellos defensores que se acercan a la Subsecretaría de Derechos Humanos, hay un trabajo permanente para poder garantizar su vida y que sigan trabajando por la defensa del territorio.”
Las dos frases, tomadas en conjunto, describen un esquema en el que la protección depende de que el defensor se acerque a la autoridad y en el que el objetivo declarado es que pueda seguir defendiendo el territorio. Es decir, el Estado se presenta como garante de la vida de quienes hacen una tarea que, en rigor, le corresponde al propio Estado.
Y es que enoja mucho la distancia, la indiferencia y el cinismo de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum porque las defensoras y defensores del territorio y la vida no debería “seguir trabajando por la defensa del territorio”, como afirmó la mandataria mexicana, por que esa defensa es contra megarpoyectos que ella impulsa mediante el “Plan (extractivista) México”, porque esa defensa es contra proyectos extractivistas mineros, de fracking, hídricos, forestales, inmobiliarios y de movilidad.
No se entiende o no se quiere entender o sé hacen que no entienden que la protección del medio ambiente es una obligación de las autoridades. La Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y el Acuerdo de Escazú, que México ratificó, obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para las personas defensoras.
Las comunidades y los defensores asumen esa tarea cuando las instituciones no la cumplen; precisamente cuando se autoriza un proyecto sin consulta, cuando una evaluación de impacto es deficiente o cuando una denuncia no tiene respuesta.
Por eso la formulación de la presidenta Claudia Sheinbaum resulta problemática. Que un defensor requiera “un trabajo permanente para garantizar su vida” para poder seguir defendiendo el territorio es la evidencia de que el conflicto no se resolvió o que ni siquiera se investigó o se analizó.
Y es que la protección personal no sustituye la atención al origen de la disputa y, planteada así, normaliza que la defensa del territorio sea una labor de riesgo a cargo de la sociedad civil.
La frase tampoco aclara qué ocurre con quienes no se acercan a la Subsecretaría, ya sea por desconfianza, por desconocimiento o porque, como en el caso de Rivas, el riesgo se vive en un conflicto local que no llegó a una ventanilla federal.
Rivas había denunciado presuntas amenazas de grupos criminales, según reportes periodísticos locales. Horas antes de su asesinato acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para cuestionar las facilidades otorgadas a la empresa Alto Verde Portenta para avanzar con un desarrollo inmobiliario en Cuernavaca. La prensa reporta que, durante su gestión, había denunciado también presuntas amenazas del crimen organizado.
El defensor estaba inmerso en una disputa por un proyecto de desarrollo en el que intervenían autoridades y una empresa. La pregunta pertinente no es solo si solicitó protección, sino qué sabían las autoridades de ese conflicto y qué hicieron al respecto.
Los conflictos socioambientales en México no surgen de manera espontánea. En su mayoría se originan en proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, actividades extractivas y cambios de uso de suelo impulsados por gobiernos estatales, por el gobierno federal o por empresas, con frecuencia con la participación de ambos.
Las comunidades y las personas defensoras aparecen cuando esos proyectos afectan el agua, el bosque o la tierra, y cuando consideran que se aprobaron sin información suficiente, sin consulta o sin una evaluación adecuada de sus impactos.
En ese esquema, el Estado ocupa dos posiciones a la vez, por una parte promueve, autoriza o financia proyectos, y es también la instancia a la que se le exige proteger a quienes los cuestionan. Esa doble posición explica por qué los mecanismos de protección, por sí solos, no atienden el origen del problema. Proteger a un defensor sin resolver el conflicto que lo expone deja intacto el riesgo.
Las cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) apuntan en esa dirección. Durante 2025, el organismo documentó 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente. Diez personas fueron asesinadas.
En 76 de esos 135 eventos, equivalentes a 56.2 por ciento, hubo participación de autoridades de distintos órdenes de gobierno, policías o fiscalías. CEMDA identificó además participación de la delincuencia organizada en 13 eventos y de empresas privadas en 12.
Esto no significa que 76 personas hayan sido agredidas directamente por funcionarios ni que toda autoridad involucrada haya actuado con intención de agredir. Significa que las instituciones públicas aparecen vinculadas, de una u otra forma, en más de la mitad de los eventos documentados. El informe advierte, además, que no haber documentado ejecuciones extrajudiciales en 2025 no implica necesariamente que no hayan ocurrido, pues existe subregistro y temor a denunciar.
Y es que la violencia no se limita al asesinato. La estigmatización, la intimidación y la difamación representaron juntas 53.8 por ciento de las agresiones específicas registradas, y CEMDA documentó 107 víctimas de criminalización durante 2025. Estas conductas suelen ser la primera etapa de un conflicto que escala: campañas de desprestigio, amenazas, denuncias penales y hostigamiento contra quienes cuestionan un proyecto.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contempla medidas urgentes, de protección y preventivas. Su estructura incluye una unidad encargada de monitorear agresiones, identificar patrones y elaborar mapas de riesgo. Que esas atribuciones existan no demuestra por sí mismo que funcionen con eficacia en cada territorio.
Pero aun si funcionaran, el Mecanismo actúa sobre las consecuencias, ya que no revisa los permisos de los proyectos que generan los conflictos, no exige consultas previas ni evalúa si una obra o un desarrollo debe continuar mientras existen denuncias de afectación. Esa tarea corresponde a las dependencias que autorizan y a los gobiernos que impulsan los proyectos, y es ahí donde la atención a los conflictos socioambientales ha sido insuficiente.
El miércoles 4 de noviembre, durante la presentación de avances del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, se preguntó por un proyecto de protección para defensores de los bosques y del medio ambiente. La respuesta correspondió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien informó que se trabajaba con Semarnat y la Subsecretaría de Derechos Humanos en el tema y habló de un proyecto que estaban “echando adelante, arrancando”, además de otros mecanismos de protección ya existentes.
Dos días después, la presidenta afirmó que muchos defensores ambientales ya cuentan con protección. Las declaraciones no son necesariamente incompatibles, pero dejan preguntas que el Gobierno de México debe responder con precisión: qué proyecto se está iniciando en Michoacán, cómo se articula con el Mecanismo federal, quién lo opera, qué cobertura tendrá y qué riesgos ha identificado.
La entidad concentra disputas por el bosque, el agua, la tierra y el cambio de uso de suelo. El anuncio de un esquema de protección no responde cuántos de esos conflictos están identificados oficialmente, qué proyectos los originan ni qué medidas tomaron las autoridades estatales y federales para atenderlos antes de que derivaran en amenazas.
La atención a los conflictos socioambientales exige información que hasta ahora no se ha hecho pública como ¿qué resultados producen los mapas de riesgo?, ¿qué conflictos están identificados como zonas de riesgo?, ¿cuántas comunidades defensoras tienen seguimiento institucional?, ¿cuántas amenazas conocieron las autoridades antes de que se convirtieran en ataques?, y ¿qué información comparten Gobernación, Semarnat, fiscalías y gobiernos estatales cuando un conflicto territorial escala?.
Exige también revisar el origen de cada disputa como ¿qué proyecto la detonó?, ¿quién lo autorizó?, ¿con qué evaluación de impacto?, ¿si hubo consulta a las comunidades?, y ¿qué intereses económicos y políticos están involucrados?.
Mientras los proyectos se impulsen sin resolver las inconformidades que generan, los conflictos seguirán escalando y la protección seguirá llegando después.
