México se ha convertido en un laboratorio de envenenamiento a cielo abierto. Renacer documenta 60 regiones donde la contaminación industrial, la omisión del Estado y la impunidad corporativa están enfermando y matando comunidades enteras. / El mapa del envenenamiento sistemático
Uitzume, el perro del lago
El mapa del envenenamiento sistemático
La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia acaba de publicar algo que ningún gobierno quiere admitir: México se ha convertido en un gigantesco laboratorio de envenenamiento a cielo abierto. No es metáfora. No es alarmismo. Son 60 «infiernos ambientales» documentados donde niños y jóvenes están literalmente condenados a desarrollar cáncer, enfermedad renal crónica, malformaciones congénitas y una lista de padecimientos que la propia ciencia aún no termina de catalogar.
El cinismo alcanza su punto máximo cuando revisamos la historia: en 1994 nos prometieron que el TLCAN nos sacaría de la pobreza y nos llevaría al «primer mundo». Treinta años después, el balance real es demoledor: envenenamiento, despojo territorial, muerte.
Las transnacionales obtuvieron exactamente lo que buscaban: mano de obra barata, recursos naturales ilimitados, y un Estado mexicano que torció sus propias leyes ambientales para hacerlas «atractivas a la inversión».
Traduzcamos ese eufemismo: «atractivas a la inversión» significa permisivas con la contaminación, laxas con los controles, cómplices con el ecocidio.
La geografía de la muerte tiene nombres propios: Tula, El Salto, Coatzacoalcos, el Valle del Mezquital, la Cuenca del Alto Atoyac, Los Azufres, Lázaro Cárdenas. Cada uno de estos lugares es un sitio donde convergen la contaminación industrial sin control, el abandono gubernamental y una crisis sanitaria que afecta principalmente a quienes menos tienen: los niños de las comunidades más pobres.
Porque ese es el patrón que se repite: las empresas se instalan donde la gente es más vulnerable, donde la necesidad de empleo es desesperada, donde las promesas de progreso suenan creíbles. Y luego, cuando las enfermedades empiezan a multiplicarse, cuando los cuerpos de agua se vuelven negros, cuando el aire quema los pulmones, las mismas autoridades que aprobaron los proyectos miran hacia otro lado.
Lo más indignante: Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Conahcyt financió investigaciones científicas que documentaron de manera contundente la presencia de agentes tóxicos y su correlación con enfermedades graves en estas regiones.
Existe evidencia científica abundante y escandalosa. Y sin embargo, las instituciones gubernamentales «hacen caso omiso», en palabras textuales de Renacer.
¿Por qué? Porque reconocer la verdad implicaría aceptar que el modelo de desarrollo es fundamentalmente incompatible con la vida. Implicaría admitir que durante tres décadas hemos sacrificado la salud de millones de mexicanos en el altar del crecimiento económico. Implicaría detener la expansión industrial, remediar los daños, compensar a las víctimas. Y eso, aparentemente, es políticamente imposible.
Renacer no se opone al desarrollo económico, pero exige algo tan básico como revolucionario: que el desarrollo no mate. Sus seis demandas son elementales: participación real en las decisiones, cumplimiento del Acuerdo de Escazú, prohibición de nuevos proyectos industriales mientras no se remedien los daños existentes, regulación efectiva de todas las sustancias tóxicas, monitoreo completo de emisiones, y garantía de los derechos humanos fundamentales.
¿Son radicales estas demandas? Solo si consideramos radical pedir que no envenenen a nuestros hijos.
La advertencia de Renacer es clara: de no actuar ahora, la tendencia al incremento de enfermedades crónico-degenerativas y la destrucción de ecosistemas se volverán técnicamente irreversibles, provocando un colapso socio-ambiental y del sistema de salud.
No estamos hablando de un futuro distópico. Estamos hablando del presente de 60 regiones mexicanas. Estamos hablando de niños que ya están enfermos. De jóvenes que ya están muriendo. De territorios que ya están destruidos.
¿Cuántos infiernos ambientales más necesitamos documentar antes de admitir que este modelo de desarrollo es un fracaso? ¿Cuántos niños con leucemia hacen falta para reconocer que el TLCAN nos vendió un espejismo envenenado?
Porque al final, el verdadero subdesarrollo no es económico. Es moral. Es la incapacidad de un Estado para proteger lo más básico: la vida de su propia gente.
México tiene 60 infiernos ambientales documentados. La pregunta que no queremos hacer es: ¿cuántos más hay sin documentar?
