La izquierda social frente a la izquierda institucional-electoral

Desde en15dias.com hemos sostenido en nuestras editoriales que quienes gobiernan Michoacán no representan a la izquierda ni al progresismo, sino a la misma clase política de hace 20 años, a sus herederos, a sus hijos políticos, a sus intereses y a los intereses de los grandes capitales que históricamente han movido los hilos del poder en el estado. Cambian los partidos, cambian los discursos y cambian los colores, pero las estructuras de poder permanecen, los privilegios siguen ahí. / La izquierda social frente a la izquierda institucional-electoral

Uitzume, el perro del lago
La izquierda social frente a la izquierda institucional-electoral

Desde en15dias.com hemos sostenido en nuestras editoriales que quienes gobiernan Michoacán no representan a la izquierda ni al progresismo, sino a la misma clase política de hace 20 años, a sus herederos, a sus hijos políticos, a sus intereses y a los intereses de los grandes capitales que históricamente han movido los hilos del poder en el estado. Cambian los partidos, cambian los discursos y cambian los colores, pero las estructuras de poder permanecen, los privilegios siguen ahí.

Esta continuidad obliga a distinguir entre dos formas de hacer política que suelen confundirse: la izquierda social y la izquierda institucional-electoral. La primera nace de las luchas, las demandas y las necesidades del pueblo; la segunda, cuando se integra a las dinámicas tradicionales del poder, corre el riesgo de convertirse en administradora de los mismos intereses que alguna vez prometió combatir e, incluso, en algunos casos, de promoverlos sin descaro.

Esta diferencia entre la izquierda social y la izquierda institucional-electoral no es menor ya que permite entender por qué la llegada de un movimiento convertido en partido que se reivindica desde la izquierda siendo gobierno no significa, por sí misma, una transformación de las estructuras económicas y políticas.

La autonomía de las organizaciones sociales, su capacidad de cuestionar al poder y su participación efectiva en las decisiones públicas son elementos fundamentales para distinguir entre un proyecto de transformación social y uno que termina reproduciendo las relaciones de poder existentes, como es el caso de la clase política gobernante en Michoacán.

El 14 de octubre de 2026 hubo una muestra de la articulación de la izquierda social. Alrededor de 25 organizaciones entregaron un pliego petitorio al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El documento está firmado por el Diálogo Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales, Capítulo Michoacán, y reúne a electricistas, maestros, jubilados, colonias, pueblos indígenas, comunidades del oriente michoacano, observatorios ciudadanos y colectivos sociales y culturales. No llegaron a respaldar al gobierno, sino a exigirle cuentas; entregaron un documento, sus firmas y los artículos constitucionales que obligan al Estado a escucharlos.

Y aquí tenemos que ser muy claros, la izquierda social no existe para garantizar la legitimidad de la izquierda electoral e institucional; su razón de ser está en las luchas por los derechos, las condiciones de vida y las formas distintas de organizar la relación entre sociedad, Estado y territorio.

Esta tensión entre los movimientos sociales y los gobiernos que surgieron de sus propias luchas no es exclusiva de Michoacán. En América Latina, distintos gobiernos progresistas ampliaron las políticas sociales y modificaron el discurso político, pero mantuvieron estructuras económicas vinculadas con el extractivismo y el desarrollismo. La distancia entre sus promesas de transformación y la continuidad de esas estructuras abrió conflictos con organizaciones que habían acompañado sus proyectos políticos.

La socióloga, escritora e investigadora argentina Maristella Svampa ha analizado las contradicciones de estos gobiernos, que construyeron una narrativa de “desarrollo, crecimiento y prosperidad” mientras sostenían actividades y estructuras económicas vinculadas con el extractivismo. En esa contradicción se abrió una distancia entre algunos gobiernos y los movimientos que habían acompañado sus proyectos de cambio.

El libro “Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista (2018-2024)”, coordinado por Massimo Modonesi, César Enrique Pineda Ramírez y Sergio Tamayo Flores-Alatorre y publicado por la UNAM en 2025, permite examinar esa tensión desde la experiencia de las organizaciones y los movimientos sociales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El libro describe una relación que cambió con la victoria de 2018. La izquierda social, integrada por sindicatos independientes, organizaciones campesinas y urbano-populares y movimientos que se formaron en las luchas de 1988, 1994, 2006 y 2012-2014, había sido durante años la base de movilización del obradorismo.

La izquierda institucional-electoral, es decir, Morena y el aparato de gobierno, capitalizó esa energía en las urnas. Una vez en el poder, según los autores, la participación se encauzó sobre todo hacia las urnas, las consultas diseñadas desde arriba y las movilizaciones convocadas por el propio gobierno.

El resultado fue un proceso de absorción de muchos dirigentes sociales que pasaron a ocupar cargos públicos o partidistas, y el movimiento que había construido a Morena se volvió, en palabras de los autores, un partido-gobierno con control cupular y bases sin incidencia real en las decisiones.

Esa absorción ayuda a explicar por qué una parte importante de la izquierda social optó por alinearse en lugar de confrontar, a veces por convicción y a veces como decisión táctica para frenar a la derecha.

En el libro, los autores hablan de una subalternidad consentida donde se conservan las identidades de lucha, pero atadas al proyecto gubernamental. Los programas sociales, la negociación constante y el miedo al regreso del llamado “PRIAN” (la conjunción del PRI; PAN Y PRD) completaron el mecanismo. La intermediación siguió siendo clientelar, cupular y corporativa, ahora bajo el paraguas de Morena, y no surgieron nuevos sujetos organizados fuertes por fuera del aparato estatal, destacan los autores.

Frente a esa hegemonía, el libro identifica una izquierda social minoritaria que mantuvo su autonomía o su antagonismo y que fue la que más pagó el costo político. La CNTE, los familiares de Ayotzinapa, los colectivos de búsqueda, el movimiento feminista, las resistencias al Tren Maya y al Proyecto Integral Morelos y el zapatismo chocaron con un gobierno que los descalificó como “conservadores” o funcionales a la derecha. Cherán ilustra una vía intermedia, que es la de negociar con el Estado sin disolverse en él.

Esta experiencia nacional permite situar el caso de Michoacán en una perspectiva más amplia. El pliego petitorio entregado al gobernador no es únicamente una lista de solicitudes dirigida al Ejecutivo estatal, es una expresión de la capacidad de organización de sectores sociales que reclaman participación efectiva, reconocimiento de sus derechos, transparencia y rendición de cuentas ante una clase política michoacana que ha subsistido a pesar, o con ayuda, de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Y aquí hay que ser muy claros a que nos referimos. La clase política michoacana es el conjunto de grupos, familias, dirigentes partidistas, funcionarios públicos y actores económicos que, a lo largo de las últimas décadas, han concentrado buena parte de las decisiones y los espacios de poder en el estado.

Más allá de los colores partidistas y de los discursos ideológicos con los que buscan legitimarse, una parte importante de estos actores ha mantenido vínculos, acuerdos e intereses que sobreviven a los cambios de gobierno.

Las alternancias electorales han modificado las siglas, los nombres y los personajes que ocupan los cargos públicos, pero no necesariamente las estructuras de poder ni las relaciones entre la política y los grupos económicos locales. En ese escenario, las alianzas, las cuotas partidistas, los compromisos entre grupos y la distribución de posiciones pueden pesar más que los principios ideológicos y las demandas sociales, mientras las oligarquías michoacanas conservan su capacidad de influencia sobre las decisiones públicas.

Esta continuidad permite entender por qué el arribo de nuevas fuerzas políticas al gobierno de Michoacán no implica, por sí mismo, una transformación de fondo. Los grupos políticos se reacomodan, establecen nuevas alianzas y se incorporan a los proyectos en turno, mientras sectores de la vieja clase política encuentran la manera de preservar sus posiciones, sus intereses y sus redes de influencia.

Así, bajo distintos colores y discursos, persisten prácticas de negociación cupular, clientelismo y concentración de las decisiones que limitan la participación efectiva de la sociedad organizada. El problema de fondo no es solamente quién gobierna ni a qué partido pertenece, sino qué intereses representa, ante quién rinde cuentas y qué disposición tiene para modificar las estructuras que sostienen los privilegios y la desigualdad.

En Michoacán, la verdadera transformación política tendría que medirse no por el cambio de siglas ni por la retórica progresista, sino por la capacidad de romper con esas inercias y colocar los derechos, las necesidades colectivas y la autonomía de la sociedad por encima de los intereses de quienes históricamente han controlado el poder.

Por ello, siempre habrá que precisar qué es la izquierda social. No es un bloque homogéneo, sino un campo diverso de organizaciones y movimientos que buscan reducir desigualdades, ampliar derechos y transformar relaciones de dominación mediante la acción colectiva.

Incluye sindicatos que defienden condiciones laborales, comunidades indígenas que exigen autonomía, organizaciones campesinas, colectivos feministas, grupos de víctimas y movimientos socioambientales que se enfrentan al despojo territorial. Sus agendas pueden chocar entre sí y sus estrategias no siempre coinciden.

Lo que permite hablar de izquierda social es la orientación de sus luchas hacia la igualdad, la justicia social y la transformación de las relaciones de poder.

Y es que no se ha entendido, o no se ha querido entender, que la crítica no es a los avances sociales, sino a la falta de reconocimiento de que el modelo económico no cambió; al contrario, se transformó en proyectos de reindustrialización que intensifican los conflictos por el territorio, los bienes comunes y las formas de producción.

Las luchas por el agua, los manantiales, los bosques, la contaminación, los predios públicos, los servicios urbanos y la transparencia y rendición de cuentas no pueden reducirse a respuestas rápidas, a obstáculos administrativos ni a asuntos que se resuelven con un discurso de desarrollo, crecimiento y prosperidad.

Atender estas manifestaciones políticas de la izquierda social implica revisar las disputas sobre el uso de los bienes comunes, sino romper con los provilegios de esta clase política michoacana y sobre el modelo económico extractivista y desarrollista que se impulsa desde la autollamada “Cuarta Transformación”.


*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.

Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.

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