Dos proyectos en evaluación amenazan con transformar el Lago de Cuitzeo: una planta privada de tratamiento de sedimentos y un parque industrial de 342 hectáreas. Sus manifestaciones de impacto ambiental omiten evaluar conjuntamente los efectos sobre un humedal que enfrenta un grave déficit hídrico. / Dos proyectos extractivos en el Lago de Cuitzeo
Uitzume, el perro del lago
Dos proyectos extractivos en el Lago de Cuitzeo
El Lago de Cuitzeo lleva un siglo en la mira de quienes quieren desecarlo, rellenarlo o transformarlo. Hoy dos proyectos llegan a sus orillas con vocabularios distintos, pero con una lógica compartida que es convertir un humedal en algo que produzca valor y riqueza para unos, y para otros “desarrollo” y “crecimiento”.
El primero es privado y se presenta como “rehabilitación”. La empresa “Tecnología de Fitorremediación, S.A. de C.V.”, pide intervenir 199.12 hectáreas del sector oriental del lago.
Quiere extraer sedimentos, llevarlos a una planta privada con capacidad de 5 mil toneladas secas al día (unos 49 millones en 30 años), tratarlos con ozono e intercambio iónico, y devolver al vaso parte del agua.
La profundidad de diseño llegaría a 20 metros en un lago cuya profundidad media es de 1.6. La inversión conceptual es de entre 40 y 60 millones de dólares.
Su propia MIA admite un “impacto adverso residual alto e irreversible”, porque el fondo se reemplaza de forma permanente. Admite también que no fija porcentajes de remoción de contaminantes porque la tecnología no ha sido verificada en las condiciones de Cuitzeo.
Solo uno de los sondeos, que realizó la empresa en 2021-2022 y que respaldan el diseño, está dentro del polígono. El estudio lo elaboró la propia empresa, sin consultora externa identificada
Como reportamos el 10 de octubre, el representante legal de la promovente de Andocutín, José Ignacio Natera Ramírez, aparece también como gerente general de Alkali Metals Mining. Su sitio promovía el “Cuitzeo Lake Project”, sobre tres concesiones (Relámpago, Relámpago 2 y Relámpago 3) que sumaban más de 106 mil hectáreas y, según la empresa, cubrían el lago actual y el antiguo. Entre sus objetivos figuraban litio, magnesio, boro, rubidio, cesio y tierras raras. El sitio fue retirado después de nuestra primera publicación.
Hay que decir también lo que no está probado. En el Registro Público de Minería, “Relámpago” y “Relámpago 2” aparecen cancelados y sin titular vigente a nombre de la empresa, y “Relámpago 3” era solo una solicitud. Los datos de laboratorio que mostraba el sitio no tenían laboratorio, fecha ni control de calidad identificados, y no equivalen a reservas.
El Servicio Geológico Mexicano solo registra una anomalía puntual en una sal de manantial, sin tonelaje ni ley. Y de confirmarse que el sondeo “CZ04” de la MIA de Andocutín es el mismo que la empresa minera presentaba como evidencia, la perforación base de la “rehabilitación” habría sido presentada como indicio de litio.
El segundo es público y se presenta como “desarrollo”. El Parque Industrial Bajío, polo del Plan México, plantea 342 hectáreas en Estación Queréndaro y ensanchar a 20 metros un canal federal que desemboca en el lago. Promete hasta 27 mil empleos. Pero de los 1,394 millones de pesos de infraestructura pública que reporta su MIA, apenas 1.26 millones, menos del 0.1%, se destinan a mitigación ambiental.
El promovente es el Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH). El proyecto parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, e incluye vialidades, redes de agua y drenaje, dos plantas de tratamiento, un puente sobre la carretera Guadalajara-México y la rectificación de un canal federal de 2,777 metros. Ese canal pasaría de diez a 20 metros de ancho y desemboca en el suroeste del lago.
La MIA solo evalúa la infraestructura pública: 1,394 millones de pesos. Para mitigación se destinan 1.26 millones, menos del 0.1%. De ese monto, 900 mil pesos son la reforestación de 4,500 plantas a 200 pesos cada una. El resto cubre, entre otras cosas, el control de contaminantes y 108 rescates de fauna.
La cifra que difunde el gobierno para el polo completo, 2,926 millones (216 públicos y 2,710 privados), no se concilia con la del expediente en una sola estructura financiera. Lo que se instale después, ya sea agroindustria, automotriz, metalmecánica o farmacéutica, no es objeto del estudio revisado. No sabemos cuánta agua demandará ni qué descargará hacia el canal y el lago.
La matriz de impactos de la propia MIA muestra 16 interacciones negativas de 19 en lo atmosférico y 16 de 20 en fauna. En lo socioeconómico, 52 de 55 son positivas. El inventario registra 21 especies de peces, diez endémicas y tres en peligro de extinción, y aun así concluye que no hay riesgo para especies protegidas.
Hay que decirlo claro ninguno de los dos proyectos es una obra autorizada. Ambos son expedientes en evaluación. Pero uno de ellos ya tiene fideicomiso formalizado, y el otro, un vínculo empresarial que la MIA no menciona.
Además, la MIA se elaboró bajo un contrato de la Secretaría de Desarrollo Económico del propio gobierno promotor. No cuestionamos a nadie en lo personal. Cuestionamos el diseño: quien promueve paga el estudio que lo evalúa.
Un lago somero que pierde hasta 70% de su espejo en estiaje no es un terreno vacío. Por eso exigimos que Semarnat evalúe ambos proyectos de forma conjunta y acumulativa, a escala de cuenca. Que haga públicas las concesiones y los vínculos entre promoventes. Que pida verificación independiente de datos y tecnología. Y que consulte a pescadores y comunidades antes de resolver.
Esto no empezó ayer. El 24 de diciembre de 1920 el Diario Oficial declaró el vaso propiedad de la nación. Tres años después, el gobierno de Obregón puso a la venta 6,120 hectáreas descubiertas por la desecación, en 204 predios a 14 pesos la hectárea.
En 1930 la Comisión Nacional de Irrigación estudió secar parte del lago, y con Cárdenas comenzaron las obras de desecación. Un análisis de la UNAM sobre las políticas de 1940 a 2010 concluyó que se diseñaron de forma centralizada, sin participación local suficiente, privilegiando la productividad sin mitigar impactos ni evaluar resultados.
Hoy el lago sigue sin decreto local de protección. Tiene reconocimientos técnicos, como Región Hidrológica Prioritaria, Región Terrestre Prioritaria, AICA y sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras desde 2010, con 44 mil hectáreas administradas por los ejidos Epifanio C. Pérez y Las Trojes.
Ninguno equivale a una protección legal. Mientras tanto, el lago sostiene a más de un millón de personas en 26 municipios, más de 20 mil aves playeras al año y hasta 135 mil acuáticas, con 20 especies bajo la NOM-059. Y es, sobre todo, un lago somero que en estiaje puede perder hasta 70% de su espejo.
LO QUE HAY DETRÁS DEL DISCURSO Y LOS PROYECTOS
Desde la geografía crítica de David Harvey a este proceso se le llamaría un ajuste espacial, es decir, el capital ( en este caso la reindustrialización del país y la minería de litio) en la busqueda de dónde instalarse convierte un humedal (el Lago de Cuitzeo) en suelo industrial, en sedimento valorizable o en yacimiento. Es una acumulación por desposesión con membrete ambiental.
Y desde la ecología pollítica de Maristella Svampa esta reindustrialización y busqueda de minerales y tierras raras se encuentra enmarcado en el consenso de los “commodities”, donde progreso, empleo y sostenibilidad ocupan el lugar del discurso y narrativa y evitan responder una pregunta ¿quién decide sobre el territorio y para quién?
Hay una ironía que la propia MIA de Andocutín confiesa. Reconoce que el fondo expuesto en estiaje es hábitat, no superficie sin valor, y aun así propone transformarlo de forma permanente. Y hay una trampa de procedimiento, ya que la MIA convierte un conflicto político en un trámite técnico, evalúa cada proyecto (Andocutín y Polo Bajío) en su caja y no suma sus impactos sobre el mismo cuerpo de agua, que además recibe presión por dos flancos.
En un lago con déficit medio de 120 millones de metros cúbicos al año, ¿de dónde saldrá el agua para el parque, para los procesos de la planta y, de confirmarse la hipótesis, para una extracción de litio?
Urge que Semarnat evalúe ambos proyectos de forma conjunta y acumulativa, a escala de cuenca. Que Conagua emita su posicionamiento y su dictamen jurídico, porque se trata de aguas nacionales. Que se transparenten las concesiones y los vínculos entre promoventes y que la MIA los incorpore. Que se exija verificación independiente de datos y de la tecnología, con consultoras que no dependan de quien promueve. Que se consulte a pescadores, ejidos y comunidades antes de resolver. Y que se avance el decreto de zona de restauración ecológica del espejo de agua y su zona federal que investigadores piden desde hace años.
