Un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México alcanzó 50 km² y llegó a costas de Tabasco y Veracruz. Mientras organizaciones denuncian opacidad y respuesta tardía, Pemex reporta el despliegue de más de 2,400 elementos y millones de pesos en labores de contención y limpieza.
Comunidades mayas de Hopelchén entregaron miles de firmas a la SCJN para exigir justicia ambiental y la protección de su territorio frente al avance agroindustrial. Denuncian daños a la apicultura, contaminación y omisiones institucionales que mantienen el conflicto socioambiental en la región.
En el Día Mundial del Agua, pueblos indígenas y colectivos denunciaron en Querétaro una “guerra contra el territorio”, marcada por despojo, violencia y mercantilización del agua. Desde Santiago Mexquititlán, exigieron frenar megaproyectos, restituir fuentes hídricas y garantizar derechos comunitarios.
El Gobierno de México anunció nuevas medidas para frenar el acaparamiento y uso ilegal del agua, incluyendo sanciones más severas y la entrega directa de concesiones a municipios de Baja California. La estrategia busca eliminar intermediarios, aumentar la recaudación y garantizar el acceso equitativo al recurso.
Diputados federales cuestionaron los avances en la reglamentación de la Ley General de Aguas durante una reunión con Conagua, donde expresaron preocupaciones por la sobreexplotación, contaminación, falta de claridad jurídica y limitaciones operativas para garantizar el acceso al recurso.
El derrame petrolero en el Golfo de México se ha extendido por 630 km de litoral entre Veracruz y Tabasco, con más de 50 puntos contaminados. Comunidades y organizaciones documentan impactos ambientales, económicos y de salud ante una respuesta oficial cuestionada.
Las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2024 del INEGI muestran que el país registró 1.38 billones de pesos en costos por degradación ambiental, casi seis veces más que el gasto público en protección ambiental. La contaminación del aire concentró el mayor impacto económico dentro de estos costos.
Un estudio académico publicado en 2025 revela que los municipios mineros más productivos de México registran niveles de pobreza superiores al promedio nacional. El informe analiza 211 demarcaciones productoras de oro, plata y cobre y cuestiona el impacto real del modelo extractivo en el desarrollo local.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) rechazó el Plan de Acción sobre Minerales Críticos firmado entre México y Estados Unidos. La organización advierte riesgos de militarización, pérdida de soberanía y expansión extractiva en territorios y zonas boscosas del país.
