Comunidades indígenas y colectivos de todo el país convocaron a la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en Nayarit, mientras denunciaron megaproyectos, contaminación, criminalización y violencia contra pueblos organizados en defensa del agua. / Pueblos indígenas convocan a la Séptima Asamblea Nacional por el Agua y denuncian guerra de despojo en México
Pueblos indígenas convocan a la Séptima Asamblea Nacional por el Agua y denuncian guerra de despojo en México
Pueblos y comunidades en lucha de México anunciaron la realización de la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio los días 8 y 9 de agosto de 2026 en la comunidad de Zitakua, en Tepic, Nayarit. El encuentro incluirá plenarias, mesas de trabajo, denuncias públicas y actividades culturales centradas en la defensa del río San Pedro Mezquital y de los territorios indígenas del país.
La convocatoria fue presentada por representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueblos originarios y colectivos de distintos estados del país, quienes coincidieron en denunciar una ofensiva nacional de despojo territorial, contaminación industrial, criminalización y violencia contra comunidades organizadas.
“Con el cauce del agua nos encontramos entre pueblos”, señalaron durante la lectura del pronunciamiento. “Defenderla de la industrialización, la explotación y el acaparamiento es la tarea que en colectivo asumimos”.
Uno de los ejes centrales de la asamblea será la defensa del río San Pedro Mezquital, considerado por las comunidades como el último río libre de presas en la Sierra Madre Occidental.
Pedro Cayetano González, concejal del CNI y representante del pueblo náayeri, explicó que actualmente existe un intento gubernamental por reactivar el megaproyecto hidroeléctrico que anteriormente era conocido como “Las Cruces”, ahora rebautizado como proyecto “El Nayar”.
“Con la construcción de esta presa no solo se afectaría el flujo natural del río San Pedro y todas las formas de vida que sostiene. También se afectaría la pesca y la agricultura, así como la destrucción de centros ceremoniales de los pueblos náayeri, wixárika, o’dam y mexicanero”, advirtieron.
El representante indígena recordó que la región ya vive las consecuencias de otras presas construidas en Nayarit, como Aguamilpa, El Cajón y La Yesca. “Los compañeros wixaritari se unieron a nosotros para dar testimonio de lo que había sucedido cuando les prometieron muchas cosas”, explicó.
Además, alertaron que el proyecto amenaza directamente a Marismas Nacionales, una de las zonas de manglares más importantes del país, así como a pescadores y agricultores de la región costera.
La asamblea también se convirtió en un espacio de denuncia nacional sobre contaminación de ríos y crisis ambiental. Integrantes de “Un Salto de Vida”, de Jalisco, denunciaron que el río Santiago sigue siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados de México debido a descargas industriales.
“Al día de hoy denunciamos que el 100% de la población de El Salto y Juanacatlán tienen en su sangre metales pesados provenientes de la industria”, afirmaron durante el encuentro.
Las organizaciones señalaron que más de tres mil empresas continúan arrojando contaminantes al río Santiago y acusaron que los gobiernos han favorecido un modelo industrial que ha provocado enfermedades crónicas, contaminación del agua, aire y suelos agrícolas.
Desde Sonora recordaron que, a 12 años del derrame minero provocado por Grupo México en el río Sonora, las comunidades continúan enfrentando enfermedades derivadas de metales pesados “sin ninguna consecuencia para los responsables”.
En Puebla, comunidades cholultecas y nahuas denunciaron la contaminación del río Metlapanapa, la expansión industrial y los proyectos de basureros y rellenos sanitarios en territorios agrícolas. También recordaron los cinco años del cierre de la planta Bonafont en Juan C. Bonilla, tomada por pueblos organizados de la región.
“Nosotros decimos que la tierra es para sembrar, no para tirar basura”, expresó Miguel López, representante de Santa María Zacatepec, quien recordó que mantienen un plantón permanente desde hace más de dos años para impedir el ingreso de residuos a tierras agrícolas.
Las comunidades poblanas también denunciaron que empresas del corredor industrial Ciudad Textil Huejotzingo continúan amenazando al río Metlapanapa con descargas contaminantes, mientras que el gobierno impulsa proyectos industriales bajo discursos de “economía circular”.
En Santiago Mexquititlán, Querétaro, integrantes del consejo autónomo recordaron que llevan cinco años resistiendo por la defensa del agua tras la toma comunitaria del pozo del Barrio Cuarto, una acción que se convirtió en símbolo de autonomía y control comunitario del agua frente a las instituciones gubernamentales.
“La autonomía es nuestra casa, nuestra agua está en nuestro pueblo”, señalaron. “El capitalismo y el neoliberalismo despojan a los pueblos de lo que tienen”.
Desde San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, denunciaron contaminación por aguas negras, destrucción de chinampas y extracción de agua. Incluso acuñaron el término “atlicidio” para describir la destrucción sistemática de los cuerpos de agua en la Ciudad de México.
“Nos están haciendo obras para seguir contaminando con aguas negras todo el pueblo y la chinampería”, denunciaron. “No se piensa en que los humedales son ecosistemas vivos fundamentales para esta ciudad”.
La asamblea también abordó la violencia contra comunidades organizadas y la relación entre crimen organizado y estructuras gubernamentales.
Representantes de la misión de observación civil denunciaron ataques recientes contra comunidades del CIPOG-EZ en la montaña baja de Guerrero atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”. Acusaron desplazamientos forzados, incendios de viviendas y asesinatos.
“Hoy el territorio de Guerrero sangra por la clara intención del Estado de eliminar la organización en defensa de la vida y de la autonomía”, señalaron.
Informaron que actualmente suman 79 integrantes asesinados y 25 desaparecidos vinculados al CIPOG-EZ.
También denunciaron el ataque armado ocurrido el pasado 6 de mayo en la comunidad purépecha de Acachuén, Michoacán, donde comuneros organizados para atender la inseguridad fueron atacados por un grupo armado.
“Como resultado del ataque perdieron la vida dos personas y una más resultó herida”, señalaron. Además acusaron que la policía municipal llegó disparando contra los comuneros.
Desde Michoacán también denunciaron los impactos ambientales de la planta geotermoeléctrica Los Azufres, en el municipio de Hidalgo, señalando contaminación de agua, aire y suelo, así como incremento de enfermedades crónicas relacionadas con metales pesados.
Las organizaciones también vincularon estas violencias con megaproyectos nacionales y con el modelo económico impulsado por el gobierno federal. Criticaron el llamado “Plan México”, el fracking, proyectos turísticos y el Mundial de Futbol 2026.
“Mientras que en la Ciudad de México se padece desde hace meses la estrategia de limpieza social y despojo que representa el Mundial de futbol”, denunciaron. “El Mundial se traduce en desalojos forzados, gentrificación, extracción masiva de agua, militarización y desarrollo inmobiliario”.
Asimismo, reiteraron su solidaridad con Palestina y compararon la situación de violencia en México con conflictos internacionales. “La guerra que padecemos en México es la misma guerra que padecen nuestros hermanos en Palestina”, afirmaron.
Durante el cierre del acto, las organizaciones llamaron a fortalecer la articulación nacional entre pueblos originarios, colectivos urbanos y movimientos en defensa del agua y el territorio.
“Solo en común, organizados y juntos, podemos derrotar al sistema capitalista”, expresaron.
