Opinión

A casi nueve meses del asesinato de dos personas cercanas a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el caso sigue sin esclarecerse. La discusión se trasladó al terreno mediático, luego de que la mandataria cuestionara a la prensa por la percepción de inseguridad y reabriera el debate sobre la cobertura de la violencia.
Durante casi dos décadas, las estrategias contra la criminalidad en México han insistido en un enfoque “integral” que atiende causas sociales, educativas y económicas. Sin embargo, los resultados han sido limitados. Este texto plantea que el factor omitido sigue siendo el papel estructural de la clase política en la expansión del crimen organizado.
Don José Juan cultiva fresa en su propia tierra, pero no decide nada. Una trasnacional fija precios, químicos y ritmos de trabajo mientras la deuda, la enfermedad y el agotamiento del suelo avanzan. Un relato breve sobre despojo, agroindustria y cuerpo.
Investigar delitos contra periodistas sigue siendo una deuda del Estado. Un nuevo protocolo federal promete enfoque de derechos humanos y combate a la impunidad, pero sin adopción obligatoria en fiscalías estatales, la protección a la libertad de expresión continúa atrapada entre buenas intenciones y vacíos estructurales.
Entre discursos de justicia ambiental y decretos administrativos, la política verde en México se mueve entre la retórica y la impunidad. Mientras se prometen transiciones ecológicas y protección del patrimonio natural, los ecocidios se legalizan, la deforestación se normaliza y la ley se dobla para encubrir el desastre. / Prevaricación verde
El desarrollo llegó sin preguntar y el agua empezó a faltar. Camiones, renders y promesas avanzaron más rápido que el drenaje. En la colonia, el progreso no tocó la puerta: abrió la llave… y la dejó seca.
A 50 años de la Carta de Belgrado y del Día Mundial de la Educación Ambiental, el balance es preocupante. Frente al avance del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, la educación ambiental ha quedado reducida al discurso, sin formación en valores ni compromiso real.
Una asamblea ejidal convocada para informar, no para decidir, expone cómo proyectos “sustentables” se imponen sin consenso real. Entre actas firmadas, tecnicismos y simulación de participación, la comunidad asiste al despojo como trámite inevitable.
La decisión de no transmitir una entrevista reabre un debate clave: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienzan los límites éticos del periodismo? Entre discursos de odio, derechos de las audiencias y responsabilidades editoriales, el caso Verástegui obliga a matizar.