Opinión

El periodismo puede ser una herramienta clave contra la impunidad. La experiencia en un taller internacional mostró cómo el trabajo periodístico riguroso puede documentar graves violaciones a derechos humanos y convertirse en evidencia para la justicia internacional.
El periodismo científico vive una crisis silenciosa: lejos de cuestionar el poder, suele reproducirlo. Entre comunicados oficiales, papers financiados y agendas corporativas, la ciencia se presenta como neutral mientras legitima modelos extractivos. Urge repensar la relación entre ciencia, prensa y territorio.
En un país atravesado por la violencia y la impunidad, caminar hacia la paz dejó de ser una consigna abstracta para convertirse en una urgencia vital. Julio Santoyo Guerrero reflexiona sobre la familia, la sociedad y el Estado como los tres territorios donde hoy se disputa la posibilidad de reconstruir la humanidad frente al caos.
Del discurso a la realidad hay un abismo. A ocho años de promesas oficiales, los mecanismos de protección a periodistas siguen fallando en los estados. Presumen avances, pero entre recortes, omisiones y complicidades, la violencia contra la prensa continúa sin freno.
Y es que, a pesar de todo, el acaparamiento de agua continúa. En Mapimí, Durango, una sola empresa concentra 17 concesiones por más de 4.3 millones de metros cúbicos anuales en una zona árida, sin información pública clara sobre su actividad y con vínculos documentados a esquemas de lavado de dinero.
Vaya paradoja: el derecho humano al agua está en la ley, pero no en la realidad. En Michoacán, el acceso al agua lo decide el poder económico y la infraestructura, no la equidad. Más de 37 mil hoyas ilegales revelan un modelo de desarrollo caótico que secó ecosistemas y comunidades.
El desmantelamiento de la Policía Federal y las fallas del Servicio de Protección Federal han dejado a periodistas y personas defensoras expuestas a riesgos graves. Incumplimientos, falta de recursos y omisiones oficiales agravan la vulnerabilidad de quienes deberían estar protegidos.
La afirmación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre tener “al mejor secretario de Medio Ambiente en la historia de Michoacán” contrasta con el legado de omisiones, impunidad y greenwashing que rodea a Alejandro Méndez López. Un repaso a sus decisiones revela daños, inconsistencias y simulación oficial.
El Acuerdo Intersecretarial que otorga perdón a quienes cambiaron el uso de suelo antes de 2019 ha detonado un amparo colectivo encabezado por el COEECO y más de 30 actores. La acción jurídica denuncia violaciones ambientales, riesgos para los bosques michoacanos y una desregulación que favorece al mercado.