La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunció el asedio y la criminalización que enfrentan comunidades y personas defensoras del agua, la vida y el territorio en distintas regiones de México. Desde Oaxaca hasta Querétaro, organizaciones y pueblos originarios exigen justicia, libertad para los criminalizados y alto a la violencia institucional que amenaza sus derechos y su territorio.
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exige cese de la criminalización de defensoras y defensores del territorio en México
La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida emitió un contundente comunicado para denunciar el asedio, la persecución y la criminalización que enfrentan comunidades y personas defensoras del agua, la vida y el territorio en distintas regiones de México. En el pronunciamiento, la organización señaló que la justicia y las libertades solo pueden construirse desde la sociedad, no desde el Estado, al que califican de responsable de ecocidios y persecuciones políticas.
Oaxaca: más de 10 años de criminalización en Eloxochitlán de Flores Magón
La defensa del río Xangá Ndá Ge y el ejercicio de la autonomía han llevado a la criminalización de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón por más de una década. El cacicazgo local, encabezado por la familia Zepeda, se ha enriquecido con el despojo y la destrucción del río, apoyado por alianzas con los tres niveles de gobierno.
La comunidad ha logrado, pese a estas adversidades, la liberación de algunos de sus integrantes y precedentes legales a favor de la defensa del territorio.
Actualmente, enfrentan la reactivación de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas, con una audiencia clave programada para el 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz.
Puebla: criminalización y uso excesivo de la fuerza
En Puebla, las comunidades de Acuexcomac, Nealtican y Xoxtla ejercen su derecho a la autonomía frente al despojo de agua hacia empresas privadas.
La Asamblea denunció la criminalización de defensores como Renato Romero y Pascual Bermúdez, quienes enfrentarán audiencia el 1 de septiembre por supuestos delitos falsos relacionados con la protesta.
Además, el pasado 30 de agosto, cuatro jóvenes fueron detenidos de manera desproporcionada en operativos policiales en la región, en un contexto de violencia sistemática contra manifestantes y defensoras de derechos humanos.
Chiapas, Tlaxcala, CDMX y Querétaro: detenciones arbitrarias y tortura
En Chiapas, cinco integrantes de la comunidad tseltal de San Juan Cancúc permanecen encarcelados por supuestos delitos de homicidio calificado, en lo que la ONU ha calificado como detención arbitraria.
Tlaxcala, Saúl Rosales, defensor del bosque en San Pedro Tlalcuapan, cumple tres años de prisión por delitos que niega, mientras que en CDMX, en Xochimilco, un operativo con grupos paramilitares dejó más de 20 personas detenidas y procesadas judicialmente.
En Querétaro, siete personas fueron detenidas arbitrariamente el 4 de junio, incluidas agresiones y tortura hacia la defensora Estela Hernández Jiménez.
Exigencias y convocatorias
La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exige:
- Libertad inmediata de los defensores criminalizados en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, CDMX y Querétaro.
- Justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para mujeres y hombres defensores del territorio.
- Garantías de seguridad para periodistas en Puebla y todo México.
Asimismo, convocan a la sociedad civil a acompañar las acciones de protesta y visibilización: audiencias, ruedas de prensa, manifestaciones y acciones de solidaridad. Se destacan eventos próximos como la audiencia en Veracruz el 2 de septiembre, la audiencia en Puebla el 1 de septiembre, la rueda de prensa por la libertad de los cinco de San Juan Cancúc el 3 de septiembre, y la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida los días 18 y 19 de octubre en Loma de Bácum, Sonora.
La Asamblea reitera que la defensa del agua y del territorio es un derecho legítimo y exige al Estado mexicano detener la persecución, criminalización y violencia contra quienes luchan por la vida.
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