El Consejo Supremo Indígena de Michoacán solicitó un plan de justicia emergente para los pueblos originarios de Michoacán.
Mediante un comunicado, se destaca que “en virtud de la deuda histórica del Estado mexicano con las comunidades indígenas de Michoacán, por la pobreza en que viven 7.5 de cada 10 indígenas en el estado, y por el presupuesto insignificante para su atención durante el 2022, el CSIM solicita un plan de justicia emergente para los pueblos originarios de Michoacán”.
El presupuesto para la atención de los pueblos indígenas, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el año 2022, es de 24 millones.
“Lo cual es totalmente insignificante, un presupuesto insuficiente para atender los problemas históricos de las comunidades originarias, por lo que solicitamos al Gobierno Federal y Estatal que implementen también un Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán”.
¿Qué es el Consejo Supremo Indígena?
Es consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 65 comunidades originarias.
PLAN DE JUSTICIA, COMO LOS YAQUIS
En el comunicado destacaron que “durante los años 2020 y 2021 el Gobierno Federal signó e implementó el “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui” en el que se proyectó la inversión de más de 11 mil 600 millones de pesos”.
“Este plan mantiene en sus ejes centrales: la restitución del territorio tradicional Yaqui, la ejecución de su derecho al agua, su bienestar integral y cultural, así como la creación de infraestructura pública en el sureste del estado de Sonora”.
“En este contexto, en Michoacán, el Gobierno Federal a 3 años de gobierno, no ha implementado un plan de infraestructura básica para los pueblos indígenas, tampoco hay inversión pública para la restitución del territorio de los pueblos indígenas, ni se garantiza por lo menos el derecho agua de las comunidades originarias, con lo que el Estado mexicano discrimina y excluye a los más de 150 mil habitantes hablantes de una lengua indígena de la entidad o a los más de 500 mil habitantes que se reconocen como indígenas, entre ellos los pueblos p’urhépecha, Nahua, Hñahñú u Otomí, Jñatjo o Mazahua y Matlatzinca o Pirinda”.
Destacaron que “en Michoacán, según las propias cifras oficiales, el 76.8% de la población hablante de una lengua indígena, se encuentra en la pobreza y el 35.7% se encuentra en la pobreza extrema (CONEVAL 2020)”.
“El presupuesto para la atención de los pueblos indígenas, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el año 2022, es de 24 millones, lo cual es totalmente insignificante, un presupuesto insuficiente para atender los problemas históricos de las comunidades originarias, por lo que solicitamos al Gobierno Federal y Estatal que implementen también un Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán”.
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