Las familias y colectivos de personas desaparecidas exigieron al Estado mexicano adoptar cada una de las recomendaciones que hizo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en un informe.
El informe resalta la importancia “de implementar con urgencia una política pública integral de prevención a las desapariciones, de búsqueda en vida y forense, y el reconocimiento de la responsabilidad directa e indirecta en los casos de desaparición en el país”, se señalan en en comunicado.
“Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México llamamos al Estado mexicano y, particularmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar ante la sociedad mexicana en su conferencia matutina los principales hallazgos de este informe, con plena voluntad política de implementar esta Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas”.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas presentó, en el contexto de su periodo de sesiones en Ginebra, el informe sobre su visita a México el pasado noviembre de 2021 -la primera visita del Comité a un país desde su conformación.
“Las familias observamos que el informe emitido por el Comité al Estado mexicano reitera la grave situación de desapariciones en México y las preocupaciones que expresamos a sus miembros durante su visita, retomando en sus recomendaciones la mayoría de nuestras propuestas. Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”.
“Hoy en su informe el Comité llegó a la conclusión de que la responsabilidad principal continúa siendo del Estado, tanto por los casos directos de desaparición forzada, como de manera indirecta ante las omisiones de los distintos niveles institucionales en los procesos de búsqueda e investigación”, se destaca en la comunicación.
Enfatizó que la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones a nivel nacional es una manera de tolerar las desapariciones y de omisión que resulta en la permanencia de la impunidad.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en un informe.
“Los Estados son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó el Comité.
El informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Había 95,121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8.000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
Checa el Informe ONU desapariciones forzadas en México
El Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. Las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años.
DEBEN CUMPLIR CON CONDICIONES
Las familias y colectivos de personas desaparecidas destacaron que “el Comité hizo un llamado urgente a que el Estado mexicano adopte una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas».
Con ello se deben cumplir ciertas condiciones mínimas, que garanticen su efectividad”.
Condiciones:
- La importancia de que el Estado asuma su responsabilidad para erradicar las causas estructurales de la impunidad
- La necesidad de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública por el riesgo que este implica en materia de graves violaciones a los derechos humanos
- La importancia de visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones que permita a la sociedad dimensionar la gravedad del problema frente a un subregistro oficial de casi #100MilDesaparecidxs
- La relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país.
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