Infraestructura hídrica, transporte urbano, disputas territoriales, criminalización de defensoras ambientales y tensiones entre desarrollo económico y sostenibilidad marcaron la agenda pública de la semana. Un recorrido por decisiones políticas, conflictos socioambientales y proyectos que reconfiguran territorios en Michoacán y México. / EL (resumen) SEMANAL Semana #10: del 2 al 8 de marzo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana #10: del 2 al 8 de marzo de 2026
Por: www.en15dias.com
Vaya, vaya… este fin de semana el Movimiento Regeneración Nacional reunió a su Consejo Nacional para definir acuerdos que, más allá del lenguaje partidista, trazan la ruta de organización territorial y el calendario político rumbo a las elecciones de 2027. No se trata sólo de una reunión interna: es la maquinaria política más grande del país ordenando sus piezas para el siguiente ciclo electoral.
En la sesión del Consejo Nacional, encabezada por Alfonso Durazo como presidente del órgano y por la dirigente nacional Luisa María Alcalde, se aprobaron lineamientos para fortalecer la presencia territorial del partido a través de los llamados Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, estructuras que buscan consolidar presencia política en las más de 68 mil secciones electorales del país.
La apuesta es clara: territorializar el proyecto político, convertir cada sección electoral en un espacio de organización y asegurar presencia permanente antes de que arranque formalmente el proceso electoral.
Pero el acuerdo más relevante tiene que ver con el calendario político interno. Morena definió criterios para el proceso de selección de quienes serán los coordinadores estatales, distritales y municipales de la llamada “defensa de la transformación”, figuras que en la práctica suelen convertirse en candidaturas formales a gubernaturas, alcaldías o diputaciones.
El calendario interno proyecta que para mediados de 2026 el partido tenga definidos a sus perfiles para las gubernaturas que estarán en disputa en 2027, adelantando así la carrera política mucho antes de que lo marque la ley electoral.
Y es que en política los tiempos formales suelen ser una cosa y los tiempos reales otra. Por eso, dentro del Consejo también se discutieron mecanismos para evitar prácticas que han generado tensiones dentro del propio movimiento: promoción anticipada, uso de recursos públicos o disputas internas que terminan filtrándose al espacio público.
Morena intenta así equilibrar dos fuerzas que conviven permanentemente en los partidos dominantes: la disciplina del proyecto y la competencia interna por el poder.
Mientras tanto, el partido en el gobierno también reiteró la necesidad de mantener la alianza política con sus socios electorales, particularmente con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, una coalición que ha sido clave para sostener mayorías legislativas y triunfos territoriales en los últimos procesos electorales.
Y es que, el Consejo Nacional no sólo discutió estructuras o reglamentos: comenzó a ordenar la disputa por las candidaturas que definirán el siguiente mapa de poder en México. Porque en la política mexicana, como suele ocurrir, las elecciones empiezan mucho antes de que se abran las urnas.
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial insiste en hablar de avances institucionales y protocolos cada vez más sofisticados para atender la violencia de género, la realidad que atraviesan miles de mujeres en Michoacán sigue revelando una estructura mucho más profunda: una violencia que no solo se expresa en el feminicidio, sino que atraviesa el hogar, la política, la economía y el territorio.
Los datos más recientes muestran una paradoja persistente. Por un lado, las cifras oficiales registran una disminución relativa en los feminicidios en comparación con años particularmente críticos como 2022. Pero al observar con mayor detalle aparece una grieta metodológica y política: la mayoría de las muertes violentas de mujeres no se investigan como feminicidio.
En 2023, por ejemplo, fueron asesinadas más de 170 mujeres en el estado, pero solo una pequeña fracción de esos casos fue clasificada bajo el tipo penal que reconoce la violencia de género. Dicho de otra forma: la violencia existe, pero el sistema institucional muchas veces decide nombrarla de otra manera.
Y es que el feminicidio es apenas la punta más visible de un fenómeno mucho más extendido. En el ámbito doméstico, la violencia familiar sigue siendo el delito más denunciado contra las mujeres en Michoacán.
Cada año se acumulan cientos de denuncias por agresiones físicas, psicológicas o económicas dentro del hogar. Un espacio que, paradójicamente, debería ser de protección, pero que para muchas mujeres se convierte en el lugar donde se concentran las formas más cotidianas y persistentes de violencia.
A ello se suma una dimensión menos visible, pero igualmente determinante: la violencia económica. Miles de mujeres en el estado enfrentan procesos legales para exigir pensiones alimenticias o sostener económicamente a sus familias en contextos de abandono.
La precariedad laboral, la informalidad y la sobrecarga de cuidados refuerzan una dependencia estructural que limita la autonomía femenina y reproduce relaciones de poder profundamente desiguales.
En el terreno político, la violencia tampoco desaparece. Durante los últimos años se han acumulado denuncias por violencia política en razón de género contra mujeres que ocupan cargos públicos o participan en procesos electorales.
Regidoras, síndicas o alcaldesas han denunciado desde campañas de difamación hasta amenazas directas o bloqueos institucionales para impedir el ejercicio de sus funciones. La disputa por el poder territorial, particularmente en municipios con alta conflictividad política o presencia criminal, vuelve aún más complejo el escenario.
Porque si hay un factor que atraviesa todas estas dimensiones es el contexto general de violencia que vive el estado. En regiones donde confluyen economías ilícitas, disputas armadas y control territorial del crimen organizado, las mujeres quedan expuestas a riesgos adicionales: desapariciones, violencia sexual, trata o asesinatos vinculados a dinámicas criminales. En esos territorios, la violencia de género no puede entenderse aislada del conflicto social más amplio.
Y mientras tanto, las respuestas institucionales siguen moviéndose entre programas de prevención, campañas de sensibilización y discursos de compromiso político que muchas veces no logran transformar las condiciones estructurales que producen esta violencia. La desigualdad económica, la impunidad judicial, la precariedad laboral y la violencia territorial siguen operando como el telón de fondo de un problema que no se resuelve solo con protocolos.
Como si fuera poco, el debate público suele concentrarse en las cifras anuales, cuando el verdadero problema es mucho más profundo: la violencia contra las mujeres en Michoacán no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una expresión de relaciones históricas de poder que atraviesan el desarrollo regional, la estructura económica y las disputas por el territorio.
Y es que, al final, detrás de cada estadística hay una pregunta incómoda que el estado todavía no termina de responder: si la violencia contra las mujeres sigue reproduciéndose en tantos espacios de la vida social, ¿no será que el problema no está solo en la falta de políticas públicas, sino en las estructuras mismas que organizan el poder, la economía y el territorio en Michoacán?
“SI EL PODER NO SE INCOMODA, NO ESTÁS HACIENDO PERIODISMO”
Vaya, vaya… esta semana se entregó al reportero Javier Favela, de La Voz de Michoacán, la Presea al Mérito Periodístico 2026 otorgada por la “Asociación Michoacana de Periodistas”.
La escena tuvo algo de ironía involuntaria: discursos solemnes sobre ética, libertad de expresión y vigilancia democrática pronunciados en ceremonias donde el poder político aplaude con entusiasmo a quienes, durante años, rara vez lo incomodaron demasiado.
Y es que se habló de trayectorias largas, de disciplina en la cobertura informativa, de permanencia en las redacciones pero no en la manera en que esa carrera se ejerció en un entorno donde la cercanía entre medios y gobiernos ha sido parte estructural del sistema político local.
Porque el periodismo en Michoacán no se ha desarrollado en una burbuja de independencia romántica. Ha crecido en medio de convenios de publicidad oficial, de relaciones personales con funcionarios, de accesos privilegiados al poder y de silencios que muchas veces valen más que una nota crítica.
En ese ecosistema, algunos periodistas aprendieron a navegar con notable habilidad: nunca demasiado confrontativos, nunca demasiado incómodos, siempre lo suficientemente cercanos para conservar la fuente, la pauta y la influencia.
Por eso resulta difícil escuchar sin cierta incomodidad los discursos que hablan de “mirar al poder de frente”, “de cuestionar al poder”. No porque esa idea sea incorrecta, al contrario, es uno de los principios básicos del periodismo, sino porque proviene, en más de un caso, de trayectorias que hicieron exactamente lo contrario: mirar al poder con prudencia, con deferencia o, en el mejor de los casos, con una crítica cuidadosamente administrada.
El problema de fondo no es que se reconozca al periodista. El problema es el relato que se construye alrededor de esos reconocimientos. De pronto, carreras desarrolladas en estrecha proximidad con la clase política se presentan como ejemplos de independencia profesional. Coberturas centradas en reproducir la agenda gubernamental se reinterpretan como servicio público. Y la continuidad dentro de los círculos del poder se convierte, mágicamente, en símbolo de credibilidad.
El periodismo no se mide por su cercanía con los gobernantes, sino por su capacidad para incomodarlos.
Hay que decirlo claro, durante décadas el ecosistema mediático local optó por otro camino: acompañar las narrativas oficiales, amplificar discursos de gobierno y reducir los conflictos sociales a episodios marginales o pasajeros.
Así se normalizaron políticas públicas sin discusión, se suavizaron escándalos administrativos y se consolidó una cultura informativa donde la prudencia frente al poder se confundió con profesionalismo.
No es casual que muchos de los periodistas hoy homenajeados hayan transitado con notable comodidad entre distintos gobiernos, distintos partidos y distintas épocas políticas. Cambiaron las siglas en los palacios de gobierno, pero la relación entre ciertos medios y las élites políticas permaneció sorprendentemente estable.
Ese es el verdadero contexto del reconocimiento que hoy se celebra.
Porque cuando el poder decide felicitar a quienes supuestamente deben vigilarlo, la pregunta inevitable no es cuánto trabajó el periodista, sino qué tan incómodo resultó para quienes hoy lo felicitan.
También resulta revelador escuchar al periodista hablar de la obligación de cuestionar al poder justo en el momento en que recibe una medalla por su carrera. No porque la frase sea incorrecta, sino porque revela una contradicción profunda entre el discurso y la práctica.
El periodismo que realmente cuestiona al poder rara vez recibe aplausos del poder.
Por el contrario, suele enfrentar presiones, aislamiento, pérdida de fuentes o de espacios. Incomodar a los gobiernos tiene costos.
De ahí que el problema no sea el homenaje en sí mismo, sino el cinismo que lo rodea. Convertir en ejemplo de vigilancia democrática a quienes construyeron su carrera desde la cercanía con el poder no solo distorsiona la memoria del periodismo local, también envía un mensaje claro sobre qué tipo de periodismo se premia realmente.
Uno que no incomoda demasiado. Uno que sabe hasta dónde preguntar. Uno que, llegado el momento, puede hablar de crítica al poder sin que el poder se sienta realmente cuestionado.
Y en ese pequeño detalle, entre el aplauso mutuo entre gobernantes y periodistas, se revela quizá la paradoja más persistente del sistema informativo michoacano.
Vaya, vaya… un periodismo que dice vigilar al poder, mientras recibe sus felicitaciones.
REVISAN AVANCES TÉCNICOS DE NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA MORELIA
Vaya, vaya… otra vez la infraestructura hídrica aparece en las redes sociodigitales antes que en los documentos públicos. Esta semana, dependencias estatales y municipales informaron sobre “avances técnicos” en el proyecto de la nueva planta potabilizadora para Morelia, una obra que, según sus promotores, marcará un antes y un después en el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Pero más allá de los anuncios, los detalles siguen siendo escasos.
Como ya lo hemos señalado en en15dias.com, diversas dependencias han integrado a sus procesos la difusión masiva de actividades a través de redes sociodigitales, donde los proyectos se anuncian con entusiasmo, aunque pocas veces se explican con precisión técnica, financiera o territorial. El caso de la planta potabilizadora es un ejemplo de ello.
Quien más información difundió fue el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), que informó sobre una reunión de seguimiento al proyecto. Según el organismo, el encuentro se realizó “como parte de los trabajos estratégicos para fortalecer el sistema hídrico de Morelia”, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y la Comisión Forestal del Estado de Michoacán.
En su mensaje, el organismo detalló que durante la reunión “se revisaron aspectos técnicos, ambientales y de gestión integral de cuencas para garantizar un desarrollo sólido y sostenible”, además de señalar que la obra permitirá ampliar la capacidad de producción de agua potable, mejorar la calidad del servicio y reforzar el suministro ante el crecimiento de la ciudad.
Sin embargo, el resto de las dependencias se limitó a mensajes mucho más breves y ambiguos. La Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) publicó únicamente: “Nos reunimos con Ceac Michoacán para dar seguimiento a proyectos hídricos en beneficio de los recursos naturales de nuestro estado”.
Por su parte, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) se limitó a señalar: “Junto a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán y el Ooapas Morelia, estamos afinando detalles para aterrizar la nueva Planta Potabilizadora de Morelia. ¡Muy pronto Morelia tendrá más agua para todas y todos!”.
Y es aquí donde la transparencia y la rendición de cuentas adquieren relevancia. La construcción de infraestructura hídrica no es un asunto menor: implica recursos públicos, decisiones técnicas complejas, impactos ambientales y consecuencias territoriales de largo plazo. Saber cómo se diseñan los proyectos, cuánto costarán, qué fuentes de agua utilizarán, qué estudios ambientales existen y cuáles serán sus efectos en las cuencas y ecosistemas es parte del derecho ciudadano a la información.
La transparencia no solo fortalece la confianza pública; también permite evaluar si las decisiones responden al interés colectivo o a prioridades administrativas de corto plazo. En un contexto de cambio climático, sequías recurrentes y presión creciente sobre los acuíferos, la planeación del agua requiere debate público, información abierta y participación social.
HABRÁ RECIBOS DEL AGUA EN LAS NUEVE COLONIAS DEL SUR
Vaya, vaya… esta semana el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) anunció que cerca de 5 mil usuarios del sur de Morelia comenzarán a pagar directamente su servicio al organismo durante la primera quincena de marzo.
Se trata de habitantes de colonias que antes eran atendidas por la extinta junta local de agua de Santa María.
Según el organismo, en estos días se definen las rutas de entrega de recibos y la impresión de los documentos para iniciar su distribución. Además, durante marzo se ofrecerá el programa de pago anticipado para estos nuevos usuarios y se instalarán módulos itinerantes para resolver dudas y facilitar su incorporación al padrón.
El proceso no será solo administrativo. También implicará actualizar contratos, revisar esquemas tarifarios y migrar numerosas tomas de cuota fija a servicio medido, una medida que busca ajustar los cobros al consumo real.
En colonias donde el suministro de agua presenta fallas se prevé aplicar subsidios o cobros proporcionales a los días de disponibilidad del servicio, mientras que predios comerciales que pagan tarifas domésticas podrían enfrentar ajustes.
La integración inicial contempla unos 5 mil usuarios, aunque el organismo estima que la cifra podría crecer hasta 11 mil una vez que se regularicen tomas clandestinas detectadas en la zona.
Mientras tanto, los habitantes de las nueve colonias que originalmente fundaron la junta de agua de Santa María mantendrán, por ahora, las cuotas que venían pagando.
Pero detrás de este ajuste administrativo hay una historia mucho más larga. Las colonias del sur de Morelia construyeron su propio sistema de agua hace más de tres décadas mediante trabajo comunitario, excavaciones manuales y gestión de materiales para traer el líquido desde la sierra, en un proceso de autogestión que permitió abastecer a varias comunidades populares de la ciudad.
Ese sistema dio origen en 1995 a una junta local de agua administrada por representantes de las colonias, con participación comunitaria en la operación y vigilancia del servicio. Sin embargo, tras años de conflictos administrativos y expansión urbana, el Ayuntamiento decidió extinguir el organismo en 2025 y transferir la operación al sistema municipal, una decisión que colonos denuncian como un “despojo” de la infraestructura que ellos mismos construyeron y que, según testimonios comunitarios, ha derivado en protestas y acciones legales para defender el control del agua.
Así, lo que hoy aparece como la entrega de nuevos recibos forma parte de una disputa más amplia sobre quién controla el agua en el sur de la ciudad: las comunidades que la construyeron o el sistema centralizado municipal.
Y es que en el fondo del conflicto no solo está el cobro del servicio, sino el destino de un sistema hídrico nacido de la organización social que ahora se integra, no sin resistencia, a la estructura institucional del municipio.
MICHOACÁN LICITA CONSTRUCCIÓN DEL BRT DE MORELIA CON CINCO CONTRATOS SIMULTÁNEOS
El gobierno de Michoacán publicó este 6 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación cinco licitaciones públicas nacionales electrónicas para iniciar la construcción de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la Zona Metropolitana de Morelia.
La convocatoria, emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán, marca el inicio formal del proceso de adjudicación de un proyecto cuya inversión total para esta etapa asciende a 946 millones de pesos financiados a través de Banobras, dentro del marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El sistema, anunciado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en agosto de 2024, busca atender más de 130,000 usuarios diarios en un corredor de 28 kilómetros.
Las cinco licitaciones publicadas corresponden a componentes diferenciados del proyecto.
La número LO-916002997-N-1-2026 convoca para la gerencia técnica para la implementación de la Etapa 1. La LO-916002997-N-2-2026 corresponde a la supervisión externa para la construcción. Las tres restantes —LO-916002997-N-3-2026, N-4-2026 y N-5-2026— cubren el proyecto integral de construcción, dividido en tres tramos: del kilómetro 0 al 3.9, del 3.9 al 8.4, y del 8.4 al 12, respectivamente.
Esta segmentación por tramos es una práctica estándar en obra pública de gran escala que permite distribuir la ejecución entre distintos contratistas y gestionar riesgos de avance físico, aunque también multiplica las interfaces de coordinación técnica entre empresas.
El calendario licitatorio es comprimido. Las juntas de aclaraciones para las licitaciones de construcción por tramos están fijadas para el 17 de marzo de 2026; la presentación y apertura de proposiciones, para el 24 de marzo; la emisión del fallo, para el 28 de marzo; y la firma de contrato, para el 4 de abril de 2026. La licitación de gerencia técnica y supervisión externa sigue fechas ligeramente anteriores —fallo el 26 de marzo, contrato el 4 de abril—.
Este ritmo sugiere que el gobierno estatal busca tener contratos firmados antes de concluir el primer trimestre del año, posiblemente condicionado por los plazos del financiamiento con Banobras o por el calendario político de la administración.
Todos los procedimientos se realizan bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional Electrónica, en observancia del artículo 134 constitucional y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los eventos se celebrarán en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, con excepción de las visitas al sitio de los trabajos, que están contempladas para las licitaciones de construcción pero no para la gerencia técnica.
La separación entre gerencia técnica, supervisión externa y construcción por tramos revela una arquitectura contractual que distribuye funciones entre distintos actores privados, bajo supervisión estatal.
En el modelo BRT mexicano contemporáneo, la gerencia técnica suele recaer en empresas especializadas con experiencia en sistemas de transporte masivo —frecuentemente con participación de firmas internacionales en consorcios—, mientras que la construcción de infraestructura vial puede ser ejecutada por empresas locales o nacionales del sector de obra civil.
Quiénes resulten adjudicatarios de estos contratos definirá, en parte, el perfil técnico y los intereses económicos concretos que operarán sobre el territorio urbano de Morelia durante los próximos años.
La división del corredor en tres tramos —del km 0 al 12, que corresponde a la primera etapa Villas del Pedregal–Monumento a Lázaro Cárdenas— permite leer la intervención territorial en sus segmentos concretos. El trazado atraviesa zonas con dinámicas urbanas heterogéneas: desarrollos habitacionales periféricos en el poniente, corredores comerciales de densidad media, y nodos de equipamiento urbano.
La reconfiguración vial que implica un carril confinado de BRT sobre ese eje reasigna el espacio público de manera permanente, con efectos diferenciados sobre comercios, predios colindantes y patrones de movilidad preexistentes que los documentos licitatorios disponibles no detallan.
El proyecto se enmarca en una coyuntura política relevante. La inclusión del SIT de Morelia en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulso focalizado desde la administración federal de Claudia Sheinbaum, otorga al proyecto legitimidad programática nacional y acceso a financiamiento de banca de desarrollo.
Esta articulación multinivel entre gobierno estatal y federal es condición de posibilidad del proyecto, pero también implica que sus tiempos, alcances y condicionantes responden a agendas que trascienden la escala municipal.
El hecho de que el proceso licitatorio se active apenas dos años después del anuncio oficial, con fallo previsto en menos de un mes desde la convocatoria, indica que existe una decisión política consolidada de ejecutar la obra en el corto plazo y bajo este contexto.
Lo que el proceso licitatorio aún no revela públicamente, y que desde en15dias vemos determinante para evaluar el impacto real del proyecto— son los montos específicos de cada contrato, los criterios de evaluación de propuestas más allá de la legalidad formal, y los mecanismos de gestión social para los predios y actividades afectadas en el corredor de construcción.
La firma de contratos prevista para el 4 de abril de 2026 marcará el inicio de una fase de ejecución que transformará de manera tangible la estructura vial y de movilidad de la capital michoacana, cuyos efectos territoriales de largo plazo —sobre la segregación espacial, el valor del suelo y el acceso diferenciado a la ciudad— solo podrán evaluarse una vez que el sistema entre en operación.
EXIGE LIBERTAD PARA LA DEFENSORA DE BOSQUES MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA
Esta semana, en el marco del aniversario del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán (CSMIM) y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, organizaciones indígenas purépechas exigieron la liberación de María Cruz Paz Zamora, mujer p’urhépecha de Ocumicho, municipio de Charapan, detenida desde el 5 de junio de 2024.
La acusan de participar en la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, Cherán. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán exigió que el Poder Judicial cese de criminalizar a las defensoras del medio ambiente y conceda la libertad a Maricruz, argumentando que proteger la naturaleza y los derechos de las mujeres no es un delito.
El caso de María Cruz concentra múltiples dimensiones del conflicto socioambiental en Michoacán: es una defensora de bosques, impulsora de reforestación comunitaria, lideresa del autogobierno comunal de Ocumicho y opositora a talamontes y aguacateros en su región.
Su caso condensa las tensiones que atraviesan gran parte de la Meseta Purépecha: violencia ligada a economías ilegales del bosque, conflictos agrarios entre comunidades y una presión creciente sobre los territorios forestales.
Ocumicho ha vivido en los últimos años una cadena de agresiones que ilustra ese contexto. El asesinato de su Secretario de Bienes Comunales, la desaparición temporal de otro comunero y un ataque armado contra la comunidad en 2022 forman parte de un escenario donde la defensa del territorio se ha convertido, literalmente, en una actividad de alto riesgo.
Por eso, el pronunciamiento emitido esta semana —en el primer aniversario del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas y a pocos días del Día Internacional de la Mujer— coloca el caso de María Cruz en una dimensión nacional: la criminalización de defensoras ambientales indígenas que enfrentan redes de tala ilegal, intereses agrícolas y estructuras de violencia regional.
En la Meseta Purépecha continúa la disputa por algo más elemental: el derecho de las comunidades a proteger sus bosques sin que ello las coloque frente al sistema penal ni por ser ambientlaista ni por ser mujer ni por ser indígena.
HAY LOGROS POR CONTAMINACIÓN PERO CFE NO ACEPTA CULPABILIDAD
Esta semana se informó que realizó acciones correctivas en siete puntos de posible contaminación en la región geotérmica de Los Azufres, ubicada en el oriente de Michoacán.
Las intervenciones incluyeron trabajos de limpieza, reparación de infraestructura y atención a descargas vinculadas con las operaciones de la planta geotermoeléctrica de la zona. Sin embargo, la empresa estatal rechazó tener responsabilidad directa en la contaminación denunciada por comunidades locales.
De acuerdo con la nota, habitantes y comunidades indígenas de la región sostienen que las instalaciones geotérmicas han provocado contaminación del agua y del entorno, lo que podría estar relacionado con una creciente crisis de salud, particularmente enfermedades renales.
Las comunidades demandan que se reconozca formalmente la contaminación, así como la realización de estudios independientes sobre la calidad del agua y el impacto ambiental, además de la instalación de una clínica de hemodiálisis para atender a personas afectadas.
Mientras tanto, la CFE sostiene que las medidas aplicadas responden a procesos de mantenimiento y corrección, pero sin aceptar que exista una relación directa entre sus operaciones y los problemas ambientales o de salud denunciados.
DERRAMES DE PEMEX EN VERACRUZ AFECTAN TERRITORIOS INDÍGENAS
Vaya, vaya… mientras el discurso energético nacional insiste en fortalecer a Petróleos Mexicanos como pilar de la soberanía energética, en los territorios donde opera la infraestructura petrolera la historia se cuenta de otra manera: ríos contaminados, playas cubiertas de chapopote y comunidades indígenas que denuncian daños irreversibles a sus formas de vida. Eso ocurre hoy en Veracruz, uno de los estados con mayor concentración petrolera del país.
Entre 2018 y 2024 se registraron al menos 62 derrames moderados o graves en el estado, cerca del 23% del total nacional. A esa acumulación se sumó una nueva contingencia en 2026, cuando pescadores reportaron hidrocarburo y chapopote a lo largo de más de 170 kilómetros del litoral entre el sur de Veracruz y Tabasco. Las manchas afectaron playas, sistemas lagunares y zonas de pesca vinculadas a comunidades costeras.
En municipios como Coatzacoalcos y Pajapan, pescadores denunciaron pérdida de capturas, redes contaminadas y suspensión temporal de actividades. La contaminación también alcanzó la Laguna del Ostión, uno de los ecosistemas costeros más importantes de la región.
Mientras autoridades investigan el origen del derrame, comunidades náhuatl y totonacas advierten que el daño trasciende lo ambiental. La degradación del mar, los ríos y los suelos afecta directamente sus economías, su alimentación y prácticas culturales vinculadas al territorio.
Desde la ecología política, el episodio revela una tensión estructural: la superposición entre corredores de infraestructura petrolera y territorios indígenas con alta biodiversidad. En ese cruce, los beneficios energéticos se distribuyen a escala nacional, mientras los costos ambientales permanecen en los territorios.
Para las comunidades afectadas, el problema ya no es solo un derrame más. Es la evidencia de un patrón: contaminación recurrente, respuesta institucional lenta y un modelo energético que sigue trasladando sus pasivos ambientales a las regiones donde se extrae y transporta el petróleo.
ACUERDAN PORTAFOLIO DE 100 MIL MDD BAJO EL PLAN (EXTRACTIVISTA) MÉXICO
En Palacio Nacional, el Consejo Nacional de Inversiones revisó proyectos industriales, energéticos y tecnológicos en una nueva ronda de coordinación público-privada.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió los días 4 y 5 de marzo de 2026 con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones en Palacio Nacional para dar seguimiento al Plan (extractivista) México, la estrategia económica de su administración orientada a impulsar la inversión productiva y la reindustrialización del país.
En el encuentro, el sector empresarial presentó un portafolio potencial de inversiones cercano a 100,000 millones de dólares para los próximos años, concentrado en sectores industriales, energéticos y tecnológicos.
La reunión contó con la presencia de Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Alejandro Baillères Gual (Grupo BAL) y Francisco Cervantes Díaz, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como secretarios de Gobernación, Hacienda, Energía y Trabajo.
El Plan (extractivista) México fue presentado por la administración de Sheinbaum como un instrumento de política económica que articula inversión pública y privada en torno a cuatro ejes: fortalecimiento del mercado interno, aumento de la inversión, relocalización industrial —conocida como nearshoring— y desarrollo de infraestructura y capacidades tecnológicas.
Los encuentros periódicos entre el gobierno federal y el empresariado organizado, institucionalizados a través del Consejo Nacional de Inversiones, constituyen el mecanismo formal de coordinación para traducir esos ejes en proyectos concretos con compromisos de capital.
La cifra anunciada —100,000 millones de dólares en inversión potencial— merece contextualizarse. Se trata de un portafolio declarado por el sector privado, no de compromisos contractuales formalizados ni de inversión ejecutada.
En el lenguaje de la política de desarrollo industrial mexicana, estos portafolios funcionan como señales de intención que orientan la planeación gubernamental y la asignación de incentivos, pero cuya materialización depende de condiciones macroeconómicas, certeza jurídica, disponibilidad de infraestructura y, en el caso del nearshoring, de la evolución del entorno comercial internacional —particularmente de la relación económica con Estados Unidos en el contexto del T-MEC.
La composición del grupo empresarial presente en la reunión ilustra la arquitectura de poder económico que interlocuta con el Estado mexicano en esta etapa. Carlos Slim encabeza el mayor conglomerado privado del país, con presencia en telecomunicaciones, construcción, minería e infraestructura.
Alejandro Baillères representa a Grupo BAL, con intereses en minería, seguros y retail. Francisco Cervantes, con trayectoria en la industria refresquera y en la representación patronal organizada, aporta al encuentro la dimensión gremial del empresariado industrial.
La presencia simultánea de cuatro secretarías de Estado —Gobernación, Hacienda, Energía y Trabajo— indica que el Plan México opera como una política transversal que involucra tanto la regulación laboral y energética como la gestión fiscal de los incentivos a la inversión.
Este tipo de espacios de coordinación público-privada merecen una lectura que va más allá del anuncio de cifras. El Plan México, en su énfasis en nearshoring e infraestructura industrial, implica decisiones sobre qué territorios se integran a cadenas de valor globales, qué recursos naturales —agua, suelo, energía— se movilizan para sostener esa integración, y qué comunidades quedan dentro o fuera de los circuitos de inversión.
La escala de 100,000 millones de dólares, distribuida en sectores energéticos e industriales, anticipa presiones sobre territorios con recursos estratégicos: cuencas hidrológicas para uso industrial, corredores logísticos que reconfiguran la geografía económica regional, y zonas con potencial para energías renovables cuya explotación ha generado conflictos territoriales en sexenios anteriores.
La geografía de estas inversiones —qué regiones del país concentrarán los proyectos— no fue detallada en la información disponible de la reunión. Este es un dato central para evaluar los impactos distributivos del Plan México: históricamente, los ciclos de inversión industrial en México han profundizado la polarización territorial entre el norte exportador y el sur con rezago estructural, patrón que el nearshoring tiende a reproducir al privilegiar corredores logísticos ya consolidados.
La institucionalización de estos encuentros como mecanismo periódico de coordinación también tiene implicaciones para la arquitectura de la toma de decisiones económicas.
La existencia de un Consejo Nacional de Inversiones con representación de los principales grupos empresariales del país formaliza un canal de influencia directa sobre la agenda de política económica que opera en paralelo —y frecuentemente con mayor peso— a los mecanismos de participación social o consulta sectorial más amplios.
El escenario que se abre a partir de esta reunión depende, en buena medida, de variables externas al control del gobierno mexicano. La política arancelaria de la administración Trump, la renegociación implícita del T-MEC y la competencia de otros países de América Latina y Asia por atraer inversión manufacturera condicionan la viabilidad real del portafolio anunciado.
En ese contexto, el Plan México funciona también como instrumento de posicionamiento político ante el capital nacional: una señal de que la administración Sheinbaum, pese a la herencia de tensiones entre el Estado y el empresariado durante el sexenio anterior, ofrece condiciones de diálogo institucionalizado para la inversión privada de gran escala.
Lo que la información disponible no permite evaluar es el contenido específico de los proyectos incluidos en el portafolio, los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre los compromisos anunciados, ni los criterios ambientales, laborales o territoriales que el gobierno federal aplicará para filtrar o condicionar esas inversiones.
Esos detalles —que definirán si el Plan México reproduce o modifica los patrones históricos de desarrollo desigual— están aún por revelarse en la implementación concreta de cada proyecto.
RENEGOCIACIÓN DEL T-MEC Y EL FUTURO DEL AGUACATE MEXICANO EN EU
Vaya, vaya… mientras la integración comercial de Norteamérica entra a una nueva fase de revisión, uno de los productos agrícolas más emblemáticos de México vuelve a colocarse en el centro de la discusión.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el 16 de marzo de 2026 iniciará en Washington la primera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras acordarlo con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Se trata del mecanismo de evaluación previsto seis años después de la entrada en vigor del acuerdo.
Para la agroindustria del aguacate, el proceso no es menor. México es el principal proveedor de este fruto en el mercado estadounidense, con una participación que en años recientes ha oscilado entre el 80 y el 90 % del consumo en ese país.
El acceso libre de aranceles garantizado por el tratado ha sido la base del crecimiento acelerado del cultivo en estados como Michoacán, Jalisco, Puebla y Morelos, regiones cuya economía rural se ha reconfigurado alrededor de esta cadena de exportación.
Sin embargo, la revisión del tratado abre la puerta a ajustes regulatorios. Cambios en reglas de origen, mayores controles fitosanitarios o la incorporación de estándares laborales y ambientales más estrictos podrían modificar las condiciones actuales de acceso al mercado estadounidense.
Aunque una imposición arancelaria directa es poco probable, el aumento de requisitos técnicos puede elevar costos y afectar especialmente a productores de menor escala.
El sector aguacatero mexicano, además, está lejos de ser homogéneo. Conviven grandes empacadoras exportadoras con fuerte integración comercial hacia Estados Unidos, productores medianos con certificaciones para exportar y pequeños agricultores que participan en la cadena en condiciones más precarias.
En escenarios de mayor regulación, los actores con mayor capital y capacidad técnica suelen adaptarse con mayor facilidad, mientras los pequeños productores enfrentan mayores riesgos de exclusión.
A ello se suma un debate creciente sobre los impactos territoriales del modelo aguacatero. La expansión del monocultivo en zonas forestales del occidente del país ha sido vinculada con procesos de deforestación, presión sobre acuíferos y transformación del paisaje rural, particularmente en los bosques templados de Michoacán, región que también alberga ecosistemas clave como los santuarios de la mariposa monarca.
La renegociación que comenzará en Washington, en suma, no solo se juega en el terreno comercial. También pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para sostener el acceso privilegiado de uno de sus productos estrella en el mercado estadounidense, mientras enfrenta presiones crecientes para regular los impactos ambientales, laborales y territoriales de una agroindustria que, al mismo tiempo que genera divisas, redefine el equilibrio ecológico y social de las regiones donde se produce.
COCA-COLA EN LA MAÑANERA: PATROCINIO DEPORTIVO, SALUD PÚBLICA Y PODER CORPORATIVO
Vaya, vaya… la presencia de la marca Coca-Cola en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum generó un debate que va más allá del paso del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Palacio Nacional.
El punto sensible no fue el objeto deportivo, sino la visibilidad de una de las marcas de refresco más influyentes del mundo dentro del principal espacio de comunicación del gobierno federal, justo después de que autoridades públicas impulsaran campañas para reducir el consumo de bebidas azucaradas.
En los últimos años, el Estado mexicano ha promovido políticas y campañas orientadas a disminuir el consumo de refrescos ante el impacto sanitario asociado al azúcar. México se mantiene entre los países con mayor consumo per cápita de bebidas azucaradas a nivel global, con efectos visibles en las tasas de obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión, enfermedades que constituyen una de las principales cargas de mortalidad en el país.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, México es uno de los mayores consumidores per cápita de refrescos en el mundo, con un promedio histórico superior a los 160 litros por persona al año.
La diabetes mellitus tipo 2 es la primera causa de muerte en el país: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó más de 115,000 defunciones atribuidas a esta enfermedad en 2023, cifra que representa aproximadamente el 14 por ciento del total de muertes registradas ese año.
La obesidad afecta al 36 por ciento de la población adulta según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, y el sobrepeso eleva esa proporción a más del 70 por ciento. La evidencia científica acumulada establece una asociación directa entre el consumo habitual de bebidas azucaradas y el desarrollo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e hígado graso no alcohólico.
Ese contexto dio origen a políticas regulatorias como el impuesto a bebidas azucaradas implementado en 2014 y el sistema de etiquetado frontal de advertencia que entró en vigor en 2020. Ambas medidas fueron impulsadas con el argumento de que el consumo excesivo de azúcar representa un problema de salud pública, y ambas enfrentaron una fuerte oposición de la industria de alimentos y bebidas.
Por eso, la imagen de Coca-Cola en la “mañanera” adquiere un significado político particular. La conferencia presidencial se ha consolidado como el principal foro de comunicación del Ejecutivo federal, con una audiencia masiva y un alto valor simbólico.
Permitir que una marca asociada directamente al consumo de refrescos tenga presencia visible en ese espacio puede interpretarse como una señal contradictoria frente al discurso gubernamental que promueve hábitos alimentarios más saludables.
La tensión se vuelve aún más evidente si se considera el peso económico y político de la empresa en México. Coca-Cola opera en el país a través de grandes embotelladoras como FEMSA y Arca Continental, con una red de producción y distribución que la convierte en uno de los actores corporativos más influyentes en la economía nacional y en la cadena agroindustrial del azúcar.
El episodio revela, en el fondo, una tensión estructural en la política pública mexicana: cómo mantener políticas de salud orientadas a reducir el consumo de bebidas azucaradas mientras se gestionan relaciones políticas y económicas con corporaciones que forman parte central del sistema productivo del país.
Más que un asunto protocolario, la imagen de Coca-Cola en la mañanera reabre el debate sobre la coherencia entre el discurso de salud pública del Estado y la visibilidad que otorga a las industrias cuyo modelo de negocio está directamente ligado a ese problema.
VAN POR PROYECTO CUENCA BALSAS
Vaya, vaya… La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con la Comisión Nacional Forestal y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, inició del 2 al 13 de marzo una nueva misión de supervisión del Proyecto Cuenca Balsas para evaluar avances en acciones de adaptación al cambio climático en la región.
La iniciativa, respaldada desde 2021 con una inversión de 38.45 millones de dólares, busca reducir la vulnerabilidad climática mediante medios de vida sostenibles, fortalecimiento comunitario y manejo adaptativo de ecosistemas en territorios donde habitan comunidades indígenas y rurales. El programa forma parte de la estrategia ambiental del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar desarrollo territorial, conservación ambiental y reducción de desigualdades.
Durante la misión se revisarán avances físicos y financieros del proyecto, además de realizar visitas a ejidos y comunidades de la región para evaluar resultados en manejo forestal, restauración ecológica y fortalecimiento de sistemas productivos locales. El proyecto también impulsa instrumentos de planeación territorial como los Planes de Ordenamiento Ecológico de Microcuenca y los Planes de Desarrollo Integral.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, señaló que la iniciativa busca atender una deuda histórica con regiones marginadas del país, al promover modelos de desarrollo que integren conservación ambiental, resiliencia climática y bienestar social para comunidades rurales.
El proyecto se estructura en tres ejes: fortalecimiento de capacidades comunitarias, inversiones para manejo sostenible de ecosistemas y sistemas de información climática que permitan mejorar la gestión del riesgo. Sus resultados serán evaluados en el informe anual que el FIDA presentará en abril de 2026 al Fondo Verde para el Clima, organismo que también financia la iniciativa.
CONTINÚA EL DISCURSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Vaya, vaya… mientras en el discurso oficial se habla de transformar el modelo de desarrollo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reafirmó esta semana que la economía circular será uno de los ejes estratégicos del gobierno federal para modificar la gestión de residuos en México.
El mensaje se dio durante el foro “Residuos Expo 2026”, realizado en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
En representación de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, el director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, Germán Ruiz Méndez, señaló que la transición hacia modelos circulares busca reducir emisiones, aprovechar materiales y generar nuevas oportunidades económicas ligadas al reciclaje y la innovación tecnológica.
El funcionario recordó que México ya cuenta con una Ley General de Economía Circular, que plantea pasar del modelo tradicional de producir-usar-desechar hacia uno basado en prevenir, reutilizar, reciclar y valorizar materiales a lo largo de todo su ciclo de vida, además de establecer responsabilidad extendida para los productores.
La novena edición de Residuos Expo reunió a representantes de 18 países y más de 7,600 especialistas del sector, entre autoridades, empresas y organizaciones internacionales, incluida la Delegación de la Unión Europea en México, para intercambiar experiencias sobre separación, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
Desde el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se plantea que la economía circular no sólo contribuya a mitigar el cambio climático, sino que también fortalezca la competitividad de las empresas y mejore la calidad de vida en las ciudades.
Sin embargo, el desafío sigue siendo convertir estos compromisos en políticas concretas capaces de modificar la forma en que el país produce, consume y desecha sus recursos.
