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El (resumen) Semanal: Semana #35: del 25 al 31 de agosto 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #35: del 25 al 31 de agosto 2025.
El (resumen) Semanal: Semana #35: del 25 al 31 de agosto 2025
DISCUTIR Y DEBATIR EN PAZ
La violencia nunca puede ser una respuesta, menos aún cuando lo que está en juego es la defensa de los bosques, del agua y de la vida misma.
Pese a todas las críticas que podamos formular desde en15dias.com al programa Guardián Forestal —sus limitaciones técnicas, la burocracia que lo rodea, los intereses políticos que lo atraviesan— no hay justificación alguna para que la violencia se convierta en el lenguaje con el que se discuten sus alcances.
El programa ha documentado satelitalmente la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo, los incendios provocados y el robo de agua. Esa sola tarea lo convierte en un obstáculo para talamontes, aguacateros irregulares y fraccionadores sin escrúpulos. Se entiende, entonces, por qué despierta encono en ciertos sectores.
Pero entenderlo no significa aceptarlo. Mucho menos tolerar que los trabajadores y/o técnicos vinculados al Guardián Forestal se conviertan en blanco de atentados.
La agresión contra personal vinculado al programa, denunciada en la columna de opinión de Julio Santoyo Guerrero publicada en en15dias.com (25 de agosto de 2025), ilustra la vulnerabilidad de quienes participan en estas tareas.
No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial ni reporte ministerial que documente el ataque de manera institucional. Ese vacío informativo no resta gravedad a lo que está en juego: el peligro real que acecha a quienes osan evidenciar la devastación ambiental, aunque sea de manera institucional.
Sabemos bien que en este estado la sombra del aguacate ilegal crece a la par de la delincuencia organizada. Que hay huertas que nacieron del fuego de un bosque incendiado a propósito, del agua desviada en la noche, de la tierra despojada. Y sabemos también que cada vez que alguien se atreve a denunciar, medir o visibilizar este saqueo, los riesgos aumentan. Esa es la dimensión del problema: vigilar la ilegalidad significa vigilar la violencia.
Lo saben cientos de comunidades que han estado al acecho de la delincuencia organizada. Así lo hemos documentado desde en15dias.
El Guardián Forestal, bien o mal, genera información que aporta a la discusión pública sobre la impunidad ambiental. Al registrar con satélites los desmontes o represas clandestinas, abre un espacio de verificación que antes no existía. No se trata de la denuncia aislada de una comunidad, sino de un sistema gubernamental que genera insumos técnicos que pueden servir como evidencia para la generación de carpetas de investigación que tocan a otras instancias.
Sin embargo, el programa también enfrenta limitaciones y críticas: su alcance temporal es restringido y no siempre garantiza un impacto real en la política ambiental. Aun así, incomoda porque exhibe, bien o mal, lo que por décadas se intentó mantener en la penumbra.
Se puede —y se debe— criticar al programa por sus vacíos, por la falta de protección a quienes lo operan, por la ausencia de acompañamiento comunitario. Pero de ninguna manera se puede normalizar un ataque armado contra su personal. No puede haber amenazas, ni atentados, ni balas como respuesta.
El debate sobre políticas ambientales, su diseño y eficacia, debe resolverse en el espacio público con debate inteligente y serio y no en la violencia criminal.
Con todas las críticas que como periodistas de en15dias.com tenemos sobre el programa, sostenemos lo fundamental: no hay causa ni interés que justifique la violencia.
Desgraciadamente, en Michoacán, la defensa del territorio ya se discute a balazos. Y eso, como sociedad, nos recuerda que hemos perdido no sólo hectáreas de bosques, sino también, la posibilidad de discutir y debatir en paz.
ALFONSO MARTÍNEZ Y LA RESISTENCIA (MIEDO) AL AUTOGOBIERNO
Vaya, vaya… En Morelia, el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar ha mostrado con claridad una de sus mayores preocupaciones: que las comunidades se gobiernen a sí mismas y accedan directamente al presupuesto público, sin intermediarios municipales.
Y es que sus recientes declaraciones sobre la comunidad indígena Pirinda de San Miguel del Monte son una pieza más en esa estrategia de presión y desgaste contra los procesos de autonomía indígena en Morelia (lo vimos en Capula y en San Nicolás de Obispo).
Esta semana Martínez Alcázar se atrevió a afirmar que, de optar por el autogobierno, San Miguel perdería la presencia de la Policía de Morelia, así como la prestación de servicios públicos y obra municipal. “Ellos tendrán que resolver todo”, sentenció, como si la amenaza de retirar servicios básicos fuera un argumento legítimo para disuadir a la comunidad de ejercer un derecho reconocido por la Constitución y las leyes electorales de Michoacán. Vaya, vaya… con el alcalde panista.
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Y es que no es la primera vez que el alcalde de Morelia coloca trabas discursivas y políticas a las comunidades que buscan el autogobierno, y con ello el presupuesto directo. Desde hace años, las tenencias que reclaman autogestión han enfrentado no solo la burocracia municipal, sino también una campaña de desinformación que busca sembrar dudas sobre su “capacidad” para gobernarse.
En el caso de San Miguel del Monte, el alcalde panista aseguró que “no tienen condiciones” para la autonomía. Curioso: nunca duda de la capacidad de su propio gobierno, aunque esté marcado por la ineficacia y la subordinación a intereses políticos y económicos.
El discurso del edil parte de una premisa peligrosa: que las comunidades no están preparadas para administrar recursos ni organizar su seguridad. Pero la experiencia de Cherán, Arantepacua, Sevina, Pichátaro y otras 46 comunidades indígenas en Michoacán demuestra lo contrario. Lejos de hundirse en el caos, han construido modelos de gestión comunitaria más transparentes, participativos y cercanos a la gente que muchos ayuntamientos.
Lo que realmente incomoda a Alfonso Martínez no es la supuesta “falta de condiciones”, sino la pérdida de control político y financiero sobre las comunidades. Cada tenencia que podría acceder al presupuesto directo representa menos dinero en la bolsa municipal y menos margen para el clientelismo político que alimenta a las élites locales.
Y es el alcalde panista (y paternalista) se presenta como un defensor del orden y la legalidad, pero en los hechos utiliza el miedo como herramienta: infundir la idea de que sin el gobierno municipal, San Miguel quedaría abandonado.
Lo que omite decir Martínez Alcázar es que el autogobierno no significa aislamiento, sino el ejercicio pleno de un derecho: decidir cómo se administran los recursos públicos en beneficio de la propia comunidad.
San Miguel del Monte está en un punto de inflexión. Su lucha por la autonomía, respaldada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, no solo es legítima, sino que puede marcar un precedente en Morelia. Y esa posibilidad aterra a Martínez. Porque detrás del discurso técnico, lo que hay es un miedo político: perder el monopolio sobre los recursos (monetarios y naturales) y, con ello, sobre la vida comunitaria.
La lucha social por el agua y el territorio que ha emprendido la comunidad de San Miguel del Monte desde hace año y medio desenmascara un viejo vicio de la política local: la obsesión de los alcaldes por retener el dinero y el poder dentro de la tenencia, aunque sea a costa de negar derechos fundamentales.
Hay que decirlo claro los pueblos indígenas de Morelia tienen derecho a autogobernarse. San Miguel del Monte tiene derecho a decidir mediante su asamblea sin presiones, chantajes, desinformación y a mano alzada como lo ha pedido reiteradamente la comunidad pirinda.
Así que, Alfonso Jesús Martínez Alcázar ¡saca las manos del proceso!
PUEBLOS CHOTULTECAS, AGUA Y REBELDÍA
Y quienes nos han enseñado para donde jala la lucha social so los pueblos cholultecas.
Y es que vaya paradoja: los pueblos cholultecas son acusados de vandalismo por pintar unos vidrios frente a las oficinas de Conagua, mientras sus ríos y manantiales son saqueados sistemáticamente por empresas como Agua de Puebla, amparadas por el propio Estado.
Más de 26 mil millones de litros de agua anuales desaparecen de sus comunidades desde hace 30 años, y el castigo, hasta ahora, recae sobre quienes alzan la voz.
Estos espacios de protesta, visibles y simbólicos, son mucho más que un grafiti: son los espacios antisistémicos y anticapitalistas que los movimientos sociales necesitan. Son la respuesta inevitable ante un Estado omiso que no cumple con los convenios históricos, que ignora la explotación de los recursos y que protege a los poderosos mientras criminaliza a los pueblos.
Y es que recordemos el llamado “Acuerdo por el agua” que se firmó con las élites empresariales e industriales.
Y es que no ha entendido la autollamada “Cuarta Transformación” que cuando un gobierno prioriza concesiones privadas sobre la vida de sus ciudadanos, deja un vacío que se llena con acción directa, con visibilidad radical y con el coraje legítimo de quienes ven secarse su agua y morir sus ríos. No es por gusto que los pueblos radicalizan su protesta: es una consecuencia de décadas de saqueo y desatención.
La gente que lucha por su territorio y recursos no están rompiendo vidrios para divertirse; están reclamando lo que les pertenece, están recordando al Estado mexicano que el agua es vida y que los territorios no son mercancía. Cada pancarta y cada pintada es un grito que denuncia la injusticia, la corrupción y la complicidad institucional.
Si el gobierno pensaba que, ignorando la sequía, la sobreexplotación y la impunidad lograría silencio, se equivoca. La radicalización no es un capricho: es un espejo que refleja la incapacidad y la corrupción del sistema.
Y mientras los ríos sigan secos, mientras el saqueo continúe (vía concesiones, planes hídricos y pozos ilegales) y mientras los defensores sean criminalizados, el grito de los pueblos cholultecas seguirá creciendo, recordándonos que la defensa del territorio no admite medias tintas.
¿HASTA CUANDO CONAGUA, MICHOACÁN?
Y vaya, vaya… hablando de Conagua. Destaca la prensa que la dependencia está “cumpliendo” la promesa de cancelar pozos y concesiones, sin embargo, en Michoacán no se ve claro y evidencia el letargo de una administración dopada por el interés del gobernador.
Y es que, en varios estados del país, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha tomado medidas contundentes contra la extracción ilegal de agua: pozos clausurados en el Estado de México, Zacatecas y San Luis Potosí muestran que las acciones pueden ser firmes y visibles. Sin embargo, Michoacán parece moverse bajo otra lógica.
Y es que, según declaraciones oficiales, CONAGUA habría cancelado 100 concesiones por uso indebido en el estado y estaría verificando alrededor de 4,000 más.
Hasta ahora, no existe evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. No hay registros públicos, fotografías, ni reportes ministeriales que confirmen clausuras o revocaciones efectivas. Es decir, la supuesta acción queda más como discurso que como resultado tangible.
Mientras tanto, en la práctica, la industria aguacatera y de berries (productos de exportación), además de otros actores poderosos en la región siguen operando con concesiones otorgadas en el pasado, muchas de ellas para usos distintos a los actuales.
Y es que, la falta de inspecciones y sanciones visibles refuerza la percepción de impunidad y favorece intereses particulares por encima del bien común.
Desde hace tiempo, Michoacán enfrenta problemas estructurales: sobreexplotación de pozos, redes hidráulicas insuficientes y la presión constante de grandes cultivos que consumen enormes volúmenes de agua.
Hay que decirlo claro: La gestión del agua sigue subordinada a intereses económicos, y no al derecho humano.
Si la administración de los recursos hídricos en Michoacán no se transparenta y no se actúa con firmeza sin flexibilizar la ley ni beneficiar a privados o empresas extractivas lo que debería ser una política de conservación se reduce a un espectáculo retórico.
La gestión del agua exige una acción concreta por parte del Estado: fiscalización rigurosa y priorización del interés colectivo sobre los privilegios de unos cuantos. Es decir, promulgar la Ley General de Aguas sin estar simulando.
Mientras, en el caso de Michoacán, la CONAGUA siga hablando de cancelaciones que nadie puede comprobar, los pozos ilegales seguirán funcionando, los cultivos seguirán consumiendo, y la desigualdad hídrica seguirá creciendo. ¿Hasta cuando Conagua Michoacán?
PARQUES AGROINDUSTRIALES: EL DISFRAZ DEL PROGRESO
Vaya, vaya… Esta semana el gobierno de Morelia celebró la instalación del Parque Logístico de Occidente en Tacícuaro, con sus 13 naves, más de 43,000 metros cuadrados y promesas de inversión extranjera.
El discurso oficial habla de empleos, competitividad y desarrollo, pero ¿Y el campo municipal? ¿Dónde queda la gente que vive de la tierra y de la producción local?
Y es que mientras se pavimentan hectáreas para empresas, los ejidos y pequeños productores siguen siendo invisibles. El progreso que venden con mitigaciones simbólicas (450 pinos “para compensar” la destrucción del ecosistema) no llega a quienes sostienen la soberanía alimentaria de la región.
El campo municipal es ignorado, relegado a una nota al pie, mientras se construyen naves industriales y se impulsa la agroindustria para exportar beneficios a inversionistas.
¿Realmente necesitamos más parques agroindustriales? La respuesta evidente es no. Lo que se necesita es inversión que fortalezca a los productores locales, apoye la agricultura familiar y proteja el agua, el suelo y los ecosistemas que alimentan a la ciudad. Lo demás es un show: “modernización” para fotos, mientras la vida rural enfrenta abandono sistemático.
Vaya, vaya… el Parque Logístico de Occidente es una ilustración perfecta de prioridades torcidas: el desarrollo no solo se mide en metros cuadrados y naves de acero, sino en la expansión de la agroindustria que deja de lado al productor local.
AVENIDAS DE LUJO PARA UNOS, BACHES PARA TODOS LOS DEMÁS
Vaya, vaya… Ya lo habíamos dicho pero es nuestra obligación seguir discutiéndolo: la ampliación de la avenida Amalia Solórzano beneficia a los privilegiados con auto y casas en fraccionamientos.
Y es que esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recorrió la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, obra que según el boletín oficial beneficiará a 46 mil habitantes del sur de Morelia y costará 201 millones de pesos. Se colocará concreto hidráulico reforzado con acero, duradero “más de 50 años”, con juegos infantiles y zonas deportivas. Vaya, vaya… el puro “desarrollo”.
Pero conviene mirar la ciudad real: mientras en Amalia Solórzano se pavimentan kilómetros de avenida con concreto de lujo, decenas de colonias populares cercanas —como El Durazno y otras zonas aledañas— siguen sin pavimentación, lidiando con calles llenas de baches, fugas de agua y banquetas destruidas.
La inversión multimillonaria llega a quienes ya tienen acceso a la movilidad privada y a zonas acomodadas, mientras los habitantes de los barrios populares cargan con los problemas que la ciudad ignora.
El discurso oficial habla de conectividad y modernización, pero omite que Morelia tiene un déficit histórico en infraestructura básica en cientos de colonias. ¿Dónde están los cientos de millones necesarios para arreglar las calles de estas comunidades olvidadas? ¿Para qué sirve una avenida de lujo si el resto de la ciudad sigue intransitable?
Amalia Solórzano no es solo una avenida: es un espejo de las prioridades del gobierno. Se construye para los que ya tienen recursos, para quienes pueden pagar transporte privado y disfrutar de espacios públicos recién acondicionados. Para los demás, queda el polvo y el abandono.
Mientras se inauguran fotos y comunicados, la ciudad real sigue esperando. Y la pregunta es inevitable: ¿el “desarrollo” es solo para los que ya tienen poder y dinero, o para todos los morelianos? Hasta ahora, la respuesta es clara.
FOTO: GOBIERNO DE MICHOACÁN.
SI NO HABLO DE ESO, NO EXISTE: LA LÓGICA GUBERNAMENTAL
Vaya, vaya… y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla ha decidido no hablar. “Si no hablo de eso, no existe”: esa parece ser la lógica gubernamental.
Y es que el silencio se convierte en estrategia, como si ignorar las mantas colgadas en plazas y carreteras borrara la violencia que las origina. El gobierno prefiere callar, administrar la narrativa y ocultar el desgarro social bajo el manto de la omisión, creyendo que lo no nombrado deja de ser real. Pero las calles siguen hablando, aunque la autoridad se tape los oídos.
Y es que el 25 de agosto aparecieron varias narcomantas en Michoacán. La respuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue inmediata: “estrategia de comunicación criminal para sembrar pánico”. El problema es que el discurso oficial se detiene ahí y evita hablar de lo realmente importante: la persistente presencia territorial de los grupos delictivos que permiten que estas amenazas existan.
Vaya, vaya… Hay que recordarle al gobernador que no estamos frente a un acto simbólico; estamos frente a redes criminales que extorsionan, controlan territorios y sostienen la violencia cotidiana.
Y es que mientras el gobierno habla de percepción, el crimen habla con balas, y sí también con mantas. La narrativa busca calmar al público, pero no dice cómo se piensa desmantelar la maquinaria que genera esas amenazas.
Y es que este tipo de comunicación no es un accidente. El gobierno evita enfrentar la realidad de la inseguridad material. Señor gobernador de Michoacán, el miedo no se puede controlar con palabras; se combate con estrategia, fuerza institucional y compromiso real.
Cabe preguntarnos en este punto ¿la narrativa oficial intenta mantener la ilusión de control mientras la violencia crece? Vaya, vaya…
AUMENTAN PROCESOS JUDICIALES CONTRA PERIODISTAS
Vaya, vaya… En México, ejercer el periodismo sigue siendo una condena al riesgo y, muchas veces, a la muerte.
Y es que esta semana se publicó el nuevo informe de Artículo 19 que confirma lo que en las redacciones y en las calles se sabe desde hace años: el Estado mexicano no protege a quienes deberían ser pieza central de la democracia. Por el contrario, tolera –cuando no alienta– mecanismos de persecución, acoso y silenciamiento.
Los datos del informe señalan que, de enero a julio de 2025, la organización documentó 51 procesos judiciales contra periodistas y medios, un récord histórico que ilustra cómo el aparato legal se ha convertido en otra arma de censura.
Se reporta que cada cuatro días, un periodista es arrastrado a tribunales, acusado, sancionado o amedrentado mediante litigios estratégicos diseñados para desgastar, intimidar y, en última instancia, callar… vaya, vaya…
Y es que se trata de una nueva cara de la violencia: ya no solo son las balas, también son las demandas, las denuncias, las medidas cautelares. Y en un país donde más de 160 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, donde la impunidad roza el 98%, la judicialización se vuelve una mordaza más eficaz.
El mensaje es claro: si no te matan, te demandan; si no te silencia el crimen organizado, lo hace un juez complaciente.
El informe de Artículo 19 expone con crudeza cómo figuras legales creadas para proteger, como la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), están siendo distorsionadas para censurar publicaciones críticas. Una herramienta pensada para combatir desigualdades estructurales ha sido convertida en un instrumento de freno. Así, bajo la bandera del feminismo institucional, se borra contenido periodístico de interés público y se restringe el debate democrático.
El Estado mexicano, que debería garantizar el derecho a informar y ser informado, se ha limitado a administrar el desastre. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado como una respuesta de emergencia, opera hoy como un aparato insuficiente, burocrático y reactivo.
Las cifras lo demuestran: decenas de periodistas asesinados en los últimos años estaban bajo su “resguardo”. La protección llegó tarde, mal y, en ocasiones, ni siquiera llegó.
Aunado a esto se encuentra la captura del Poder Judicial, señalado en el informe, deja a jueces y juezas en la línea delgada entre la ley y la sumisión al poder político.
Hay que decirlo claro: México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. No por falta de leyes, sino por el uso faccioso y perverso de ellas. No por ausencia de mecanismos, sino porque los que existen han sido incapaces de frenar la violencia. No por falta de denuncias, sino porque cada denuncia se archiva en la impunidad. Vaya, vaya…
MUJERES PERIODISTAS EN MÉXICO: DOBLE RIESGO, DOBLE VIOLENCIA
Vaya, vaya… y los datos del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) no dejan lugar a dudas: entre 2018 y 2024, mil 189 agresiones contra mujeres periodistas en México, un aumento del 117 % frente a la administración anterior.
No hablamos de incidentes aislados ni de cifras abstractas; hablamos de bloqueos informativos, amenazas, intimidaciones, descrédito y agresiones físicas que han marcado a quienes solo hacen su trabajo: informar.
Lo más preocupante es que esta violencia no proviene únicamente de criminales escondidos en las sombras. No, buena parte de ella se reproduce desde el poder mismo.
A esto se suma la violencia digital: en 2023 se registraron 206 casos de acoso psicológico en línea. No es casualidad que la mayoría de estas agresiones tengan como objetivo a mujeres: es la estrategia de un sistema que quiere silenciar, minimizar y controlar la narrativa de quienes desafían estructuras de poder, con el agravante de que su género las hace más vulnerables.
Vaya, vaya… El derecho a informar se cruza con el derecho a existir sin violencia. Cada ataque a una periodista es un mensaje de que ser mujer y ejercer la libertad de expresión es peligroso, y que la sociedad entera paga el precio de esa censura.
Y es que, si México quiere avanzar, debe dejar de ver la violencia contra las periodistas como un problema individual y asumirlo como un asunto de justicia de género y de democracia. Porque mientras las mujeres informan y son atacadas, la ciudadanía pierde acceso a la verdad, y la desigualdad se perpetúa en todos los frentes.
MERCANTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEL PATRIMONIO
Vaya, vaya… En Morelia, la reciente detención del artista Juan Maíz ha desatado un debate sobre la mercantilización del patrimonio cultural y la criminalización de las voces disidentes.
El 11 de agosto, Maíz intervino el acceso al Centro Cultural Clavijero con la frase “Se renta para bodas”, denunciando la privatización de espacios públicos para eventos privados. La respuesta fue inmediata: detención por daños al patrimonio histórico, multa y trabajo comunitario.
Y es que la renta de espacios como el Centro Cultural Clavijero y la Casa de la Cultura de Morelia, con tarifas que oscilan entre 50,000 y 250,000 pesos, ha generado preocupación entre la comunidad artística. Se argumenta que esta práctica limita el acceso de los ciudadanos a la cultura y favorece a sectores con mayor poder adquisitivo.
El gobierno estatal justifica esta práctica como una estrategia para generar ingresos destinados al mantenimiento de los inmuebles. Sin embargo, artistas locales cuestionan la transparencia de estos recursos y denuncian la exclusión de las comunidades culturales en favor de intereses privados.
La detención de Maíz no solo refleja una falta de diálogo, sino también una tendencia a silenciar las críticas legítimas al modelo de gestión cultural impuesto.
Este incidente pone de manifiesto la necesidad urgente de repensar la relación entre el patrimonio cultural y la comunidad. Los espacios culturales deben ser accesibles y servir a la diversidad de expresiones artísticas, no convertirse en mercancías al servicio de unos pocos. La criminalización de artistas como Juan Maíz es un claro ejemplo de cómo el sistema responde con represión ante la resistencia cultural.
Y es que el patrimonio michoacano dejó de ser bien común y se convirtió en activo rentable. El lago es marca turística, las Yácatas un foro masivo y el Clavijero un salón premium. El gobierno lo llama “modelo de gestión cultural”. Pero si la cultura, la memoria y el agua se reducen a boletaje y tabulador, el único modelo que opera es el de la privatización encubierta.
Cabe preguntarnos: el patrimonio: ¿es un bien común que debe ser preservado y compartido, o una propiedad privada que se alquila al mejor postor?
PODECIBI EN HIDALGO, GREENWASHING, EN LETRAS MAYÚSCULAS.
Vaya, vaya… esta semana Semarnat y Walmart anunciaron con bombo y platillo el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en Hidalgo. Según ellos, un proyecto “histórico” que convertirá residuos en materias primas y hará de México un país más verde. Todo un espectáculo de responsabilidad ambiental… sobre todo si lo vemos desde el lente del marketing corporativo.
Walmart, la gigante que llena el país de toneladas de empaques, plásticos y productos de usar y tirar, ahora es la salvadora del planeta. Con la Semarnat de cómplice y WWF de aval, los comunicados suenan a cuento: “regeneración”, “bienestar”, “innovación” … palabras bonitas que esconden que, al final, seguimos en lo mismo: consumo masivo, cadenas de suministro contaminantes y promesas que rara vez se cumplen.
La pregunta es obvia: ¿cuánto impacto real tendrá PODECIBI más allá de la fotografía y los comunicados de prensa? Transformar residuos de unos cuantos centros de distribución no cancela la huella ambiental de miles de tiendas y flotas de transporte. Es un disfraz ambiental para un sistema que no renuncia a su lógica de explotación y derroche.
Si hablamos de sostenibilidad, lo que se requiere son compromisos verificables, transparencia real y vigilancia independiente. Lo que sobra son discursos adornados y ceremonias diseñadas para la foto. La llamada “economía circular” no puede reducirse a un hashtag ni a un boletín optimista: exige trabajo constante, reglas claras y responsabilidad empresarial que vaya más allá de la retórica.
Por ahora, el PODECIBI parece cumplir otra función: alimentar la idea de que algo cambia mientras todo sigue igual. Una vitrina para presumir innovación, pero con la contradicción de fondo intacta. Eso no es transición, es simulación ambiental. Greenwashing, en letras mayúsculas.
SOSTENIBILIDAD DE PAPEL: MÉXICO, CHILE Y EL LITIO
Vaya, vaya… Alicia Bárcena y José Miguel Insulza hablaron de “sociedad del cuidado”, derechos humanos y acción climática en el reciente conversatorio México-Chile.
Como siempre el discurso del “ecologismo humanista” suena bien: cooperación, igualdad de género, protección ambiental. Y es que suena muy bonito hasta que recuerdas que Chile es uno de los mayores productores de litio del mundo y México no quiere quedarse atrás.
Vaya, vaya… y es que la verdadera agenda parece menos ecológica y más económica: litio, inversión extranjera y control estratégico de recursos críticos para la transición energética.
Mientras se predica sobre manglares, comunidades indígenas y sostenibilidad, las mineras siguen operando, extrayendo, afectando ecosistemas y desplazando territorios. La narrativa verde se convierte en fachada para legitimar intereses corporativos y diplomáticos.
En pocas palabras: la retórica de la sostenibilidad sirve para que los gobiernos se vean progresistas mientras el litio decide la verdadera prioridad. La cooperación México-Chile es real, pero es la del capital y la energía estratégica; la protección ambiental queda, por ahora, en papel. Vaya, vaya…
DIÁLOGO DE SABERES PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS
Y esta semana la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsïta lanzó una invitación abierta a un diálogo de saberes y compartición de conocimientos con el objetivo de fortalecer la defensa de la vida y los territorios.
El encuentro busca cuestionar la subordinación de la academia y las ciencias a las exigencias de la ganancia y del capital, y plantear la posibilidad de que estos espacios se abran a la construcción colectiva de alternativas más humanas y en armonía con la naturaleza.
“Creemos que la academia y las ciencias pueden dejar de someterse a las exigencias de la ganancia y del capital, y abrirse al aprendizaje y la construcción colectiva por un mundo mejor, más humano y natural”, señala la convocatoria.
La actividad se realizará en un ambiente comunitario que, además del intercambio de ideas, incluirá la convivencia con alimentos producidos en la parcela comunal —como flores de calabaza—, pan, café y un énfasis en los cuidados colectivos.
La Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsïta subrayó que estos espacios de encuentro forman parte de una resistencia cotidiana que busca “construir un mundo nuevo” desde las prácticas locales y la defensa del territorio.
¡AHÍ ESTAREMOS!
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¡Hasta la próxima semana!
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