El (resumen) semanal analiza las disputas por territorio, agua y bienes comunes en Michoacán y México: infraestructura, conservación, política hídrica, turismo cultural y nuevas reglas ambientales, desde una mirada crítica sobre poder y decisiones públicas./ EL (resumen) SEMANAL: Semana #41 del 3 al 11 de octubre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #41 del 3 al 11 de octubre de 2026
Por: en15dias.com
CONAGUA CLAUSURA UNA BARDA EN ZONA FEDERAL DEL LAGO DE PÁTZCUARO
Esta semana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino en el lago de Pátzcuaro para clausurar una construcción en zona federal, en una de las acciones que la dependencia anunció como parte de los trabajos para recuperar el cuerpo de agua. La medida se aplicó contra una barda edificada sin autorización, según informó la institución el 8 de octubre.
La intervención representa una actuación de la representación federal del agua en Michoacán frente a la ocupación de terrenos bajo jurisdicción federal. De acuerdo con el comunicado de Conagua, la construcción se localizó en la franja contigua al lago de Pátzcuaro, considerada zona federal.
Luis Roberto Arias Reyes, delegado de Conagua en Michoacán, explicó que la Ley de Aguas Nacionales establece una franja federal de diez metros de ancho junto a cauces de ríos y lagos, en la que está prohibido construir en los términos señalados por la legislación. Con ese fundamento, la dependencia impuso la medida de clausura.
La institución señaló que la acción forma parte del Programa Integral de Rescate del Lago de Pátzcuaro, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla acciones para sanear el cuerpo de agua y recuperar su entorno ecológico.
Conagua también adelantó que continuará los operativos en la región para evitar que construcciones no autorizadas ocupen zonas federales. Sin embargo, el comunicado no identifica a la persona propietaria del predio ni precisa la ubicación exacta de la barda.
Tampoco se informa sobre la superficie ocupada, el tiempo que llevaba construida la estructura o si se inició un procedimiento administrativo adicional para determinar responsabilidades. Estos datos permitirían conocer el alcance de la intervención y las medidas que podrían aplicarse para restituir la zona federal.
La clausura coloca nuevamente la atención sobre la vigilancia de las márgenes del lago de Pátzcuaro y la aplicación de la legislación federal en su entorno. Aunque Conagua anunció que mantendrá los operativos, la información pública difundida hasta ahora no permite conocer cuántas ocupaciones irregulares ha detectado en la región ni qué acciones de recuperación territorial acompañarán estas clausuras.
MICHOACÁN VUELVE A PRESUMIR EL GUARDIÁN FORESTAL
El secretario del Medio Ambiente de Michoacán y notario público con licencia, Alejandro Méndez López, participó en el foro NAT5 Live, realizado en la Ciudad de México en el marco de la iniciativa “México por el Clima”, donde presentó los avances del sistema de vigilancia satelital llamado “Guardián Forestal”.
Según el funcionario, la herramienta monitorea en tiempo real más de seis millones de hectáreas para detectar cambios en la cobertura forestal y contribuir a frenar la deforestación. Sin embargo, el anuncio no responden las preguntas que desde en15días hemos realizado ¿cuánto bosque ha logrado conservar efectivamente esta tecnología?
El Gobierno de Michoacán ha colocado al Guardián Forestal como una de sus principales herramientas ambientales. El sistema utiliza imágenes satelitales y algoritmos para identificar posibles cambios de uso de suelo y generar denuncias ante las autoridades competentes.
Pero, como documentó en15dias.com en una entrevista con Heriberto Padilla, director del sistema, la detección es apenas el primer paso: “Guardián Forestal es un termómetro, no el paracetamol”. Es decir, ubicar una posible afectación no significa detenerla, sancionar a los responsables ni restaurar el área dañada.
La propia cobertura de en15dias.com ha documentado que el sistema generó cientos de denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía Ambiental estatal, pero también ha señalado las dificultades para conocer el seguimiento y desenlace de esos casos.
En su revisión de los resultados ambientales del gobierno estatal, el medio reportó que, de 2 mil 3 expedientes por delitos ambientales registrados en el periodo analizado, 353 fueron judicializados y únicamente ocho llegaron a sentencia, seis de ellas condenatorias. Estas cifras no corresponden exclusivamente a denuncias del Guardián Forestal, pero muestran el rezago que enfrenta la procuración de justicia ambiental.
Otro punto pendiente es medir si la vigilancia se ha traducido en una reducción sostenida de la pérdida forestal, particularmente ante la expansión de las huertas de aguacate.
La revisión publicada por en15dias.com reportó que entre 2018 y 2024 las huertas aumentaron, en promedio, alrededor de 8 mil 500 hectáreas anuales. Frente a ese contexto, presumir la superficie monitoreada no basta: hacen falta datos comparables que indiquen cuántas hectáreas de bosque se conservaron, cuántas se perdieron, cuáles fueron restauradas y qué resultados pueden atribuirse a la intervención del sistema.
Además, el programa implica recursos públicos. En junio de 2026, en15dias.com documentó un quinto contrato con Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, S.C., por 8 millones 882 mil 236 pesos, con lo que el monto acumulado de los contratos desde 2022 ascendió a casi 28.9 millones de pesos.
La investigación también señaló que la empresa fue la única participante en los cinco procedimientos revisados. Estos datos abren otra pregunta necesaria para evaluar la política pública: ¿qué resultados ambientales verificables se han obtenido a cambio de esos recursos?
La tecnología puede mejorar la detección de cambios en el territorio y aportar evidencia para investigar posibles delitos, pero su eficacia depende de que las autoridades inspeccionen los predios, integren las investigaciones, apliquen sanciones cuando corresponda y garanticen la reparación del daño.
También se requiere transparencia sobre el destino de las denuncias y mecanismos para comprobar que las huertas señaladas no vuelvan a incurrir en cambios ilegales de uso de suelo. Sin esa información, las cifras de monitoreo y denuncias describen la actividad de una plataforma, pero no permiten medir por sí solas el impacto de la política ambiental.
La presentación del notario público con licencia, Alejandro Méndez López en NAT5 Live vuelve a colocar al Guardián Forestal en un escenario de promoción climática, pero la evaluación de sus resultados debe hacerse en el territorio michoacano.
AGUACATE MICHOACANO: 125 EMPRESAS CERTIFICADAS, PERO ¿CUÁNTAS FALTAN?
Esta semana, el Gobierno de Michoacán presumió la entrega de los primeros certificados laborales a 125 empresas agroexportadoras de aguacate, como parte de una estrategia para fortalecer la competitividad internacional del llamado “oro verde”. La administración estatal presentó la certificación como un avance en materia de empleo formal y derechos laborales, aunque el anuncio deja una pregunta pendiente: ¿125 empresas de cuántas que participan en la cadena aguacatera?
El propio Gobierno de Michoacán reconoce que la industria del aguacate involucra alrededor de 48 mil productores, 94 empacadoras y más de 150 mil empleos directos e indirectos. Por ello, los 125 certificados representan solamente una parte del enorme universo que sostiene a esta actividad económica.
El dato cobra relevancia porque el gobierno destaca las certificaciones como una muestra de liderazgo, pero no precisa qué porcentaje de las empresas exportadoras ya cumple con estos estándares ni cuántas todavía están fuera del esquema.
Las autoridades no precisaron cuántos trabajadores representan las 125 empresas certificadas. El dato disponible es que la cadena aguacatera de Michoacán genera más de 150 mil empleos directos e indirectos, por lo que queda pendiente conocer qué porcentaje de esos trabajadores está realmente cubierto por las empresas que recibieron el certificado.
La certificación laboral se suma a otros requisitos que el sector ya debe cumplir en materia fitosanitaria, ambiental, de inocuidad y trazabilidad. El objetivo, según las autoridades, es que el aguacate michoacano no solamente llegue a los mercados internacionales con calidad, sino que también tenga detrás condiciones laborales formales. Sin embargo, contar con un certificado para 125 empresas no permite afirmar por sí solo que esas condiciones sean una realidad generalizada en todo el sector.
El anuncio también resulta relevante porque la industria aguacatera enfrenta cuestionamientos que van más allá de la exportación y la competitividad. Las condiciones laborales de los trabajadores del campo, la seguridad social, la protección de los recursos naturales y la expansión de los cultivos son temas que requieren vigilancia permanente. Por eso, la certificación puede ser un paso positivo, pero no debería convertirse únicamente en un sello para mejorar la imagen comercial del producto.
Otro punto que queda pendiente es la transparencia. Si el gobierno pretende presentar esta certificación como una nueva carta de presentación del aguacate michoacano ante el mundo, tendría que informar con mayor precisión cuántas empresas son susceptibles de obtenerla, cuántas ya la tienen, cuántas están en proceso y cuántas no cumplen con los requisitos. Sin esos datos, resulta difícil dimensionar si se trata de un cambio estructural en la industria o de un avance limitado a un grupo de empresas.
La administración estatal también plantea que Michoacán debe competir en los mercados internacionales bajo estándares que incluyan el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente. El reto, sin embargo, está en llevar ese discurso de las ceremonias y los certificados a toda la cadena productiva. Con decenas de miles de productores y más de 150 mil empleos vinculados al sector, la verdadera prueba será saber qué ocurre con quienes quedan fuera de los 125 reconocimientos.
Así, los 125 certificados laborales pueden representar un avance, pero difícilmente pueden presentarse como una fotografía completa de la realidad del aguacate michoacano. Mientras no se conozca cuántas empresas faltan por incorporarse y qué condiciones enfrentan los trabajadores y productores que están fuera de este proceso, el anuncio corre el riesgo de ser más una celebración gubernamental que una transformación profunda del sector.
GOBIERNO PRESUME MÁS HECTÁREAS PROTEGIDAS, PERO EL RETO ESTÁ EN CONSERVARLAS
Esta semana, el Gobierno de Michoacán informó sobre la incorporación de 471.3 hectáreas del llamado “Ejido Quiroga” al esquema de Áreas Voluntarias de Conservación (AVC). La Secretaría del Medio Ambiente entregó el certificado a los propietarios del predio, ubicado principalmente en Quiroga y con una pequeña parte en Morelia, y presentó la medida como un avance en la protección de los recursos naturales.
El terreno está compuesto principalmente por bosque de encino-pino y ejemplares de madroño y, de acuerdo con la información oficial, podrá destinarse a restauración ecológica, turismo, silvicultura y agroforestería. Es precisamente en estos usos donde aparece uno de los principales retos: declarar una superficie como área de conservación no significa que automáticamente quede libre de presiones ambientales.
El Gobierno estatal asegura que con esta incorporación Michoacán alcanza más de 212 mil 909 hectáreas protegidas mediante el Sistema Estatal de Áreas de Conservación y presume que durante la actual administración se triplicó la cobertura legal y de conservación de superficies forestales. La cifra resulta llamativa, pero también obliga a preguntar qué porcentaje de esas hectáreas cuenta con vigilancia, presupuesto, programas de manejo y acciones permanentes de restauración.
Porque una cosa es aumentar la superficie que aparece dentro de un esquema de protección y otra garantizar que el bosque se mantenga en buenas condiciones. En el caso del Ejido Quiroga, el propio proyecto contempla actividades productivas y turísticas, por lo que será fundamental establecer controles para evitar que estas actividades terminen generando presión sobre el suelo, el agua y la vegetación que se pretende conservar.
Además, el nuevo certificado se suma al Corredor Biocultural de la Zona Norte del Lago de Pátzcuaro, una zona ambientalmente relevante. En este contexto, la narrativa de la conservación del bosque debe dar resultados concretos como la recuperación de zonas degradadas, la protección de los recursos hídricos, la reducción de la pérdida de cobertura forestal y la conservación efectiva de la biodiversidad.
Michoacán cuenta ahora con 36 Áreas Voluntarias de Conservación, según las cifras difundidas por el Gobierno estatal. La participación de comunidades y propietarios es importante, pero también será necesario conocer cómo se supervisan estos espacios y qué ocurre cuando se incumplen las reglas de conservación. El anuncio oficial no detalla esos mecanismos ni los recursos destinados específicamente a garantizar su protección.
Así, las 471.3 hectáreas de Quiroga representan una nueva superficie bajo protección, pero el verdadero desafío comienza después de la entrega del certificado.
GOBIERNO DE MICHOACÁN CACAREA EL SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO DE MORELIA
Esta semana, el Gobierno de Michoacán cacareó la obra del Segundo Anillo Periférico de Morelia, destacando una inversión de más de 3 mil 198 millones de pesos y asegurando que se construye sin deuda pública. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, han difundido los avances de este proyecto como una de las principales obras de infraestructura de la actual administración.
El proyecto contempla 51.5 kilómetros de vialidad y busca conectar diferentes puntos de la zona metropolitana de Morelia, desde la salida a Pátzcuaro hasta la salida a Quiroga, además del tramo entre Mil Cumbres y Álvaro Obregón. De acuerdo con el Gobierno estatal, la obra beneficiará a más de un millón de habitantes al ofrecer nuevas alternativas para circular alrededor de la ciudad.
Uno de los tramos que más ha presumido la administración es el que conecta Jaripeo con La Goleta, en el municipio de Charo. Este segmento tiene una longitud de 12.2 kilómetros y, según las autoridades, puede recorrerse en aproximadamente siete minutos. También incluye el distribuidor vial de Jaripeo, que conecta la carretera federal 15, rumbo a Mil Cumbres, con el nuevo periférico.
La obra contempla además diversos distribuidores y estructuras para facilitar la circulación. El primer segmento tiene 21.4 kilómetros e incluye los distribuidores de La Estancia y Tacícuaro, así como pasos superiores vehiculares en San Nicolás Obispo, Joya de Buenavista y Joya de la Huerta. Otro de los segmentos, con 17.9 kilómetros, contará con distribuidores en Cuitzillo y La Goleta.
En materia de recursos, el Gobierno de Michoacán asegura que el proyecto representa una inversión de 3 mil 198.4 millones de pesos y que se realiza sin contratar nueva deuda pública. Actualmente, según las cifras oficiales, participan alrededor de 400 trabajadores y más de 180 máquinas pesadas en los distintos puntos donde continúan los trabajos.
Las autoridades también calculan que, una vez terminado, el Segundo Anillo Periférico permitirá atender aproximadamente 5 mil 800 vehículos y más de 14 mil 670 usuarios diariamente. La expectativa es que la nueva vialidad agilice los recorridos por la zona metropolitana y ayude a distribuir parte del tráfico que actualmente circula por otras vialidades de Morelia.
Por ahora, el Gobierno de Michoacán mantiene la promoción del Segundo Anillo como una obra histórica y estratégica para la movilidad de la capital. Los anuncios oficiales se han concentrado en el monto de inversión, los kilómetros construidos y los avances registrados, aunque el impacto real del proyecto tendrá que comprobarse cuando sus distintos tramos estén terminados y los automovilistas puedan utilizar la totalidad de la nueva infraestructura.
TELEFÉRICO DE MORELIA LLEGA AL 85% DE AVANCE Y ENTRA EN ETAPA DE PRUEBAS
Esta semana, el gobierno de Michoacán informó sobre los avances del Teleférico de Morelia, una de las obras de movilidad que se construyen en la capital michoacana. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), el proyecto registra un avance general del 85 por ciento y ya comenzó una etapa de pruebas técnicas antes de su posible puesta en operación.
La titular de la Sedum, María Elena Huerta, señaló que el primer segmento del sistema conectará el Estadio Morelos con el Monumento a Lázaro Cárdenas. En las cuatro estaciones que forman parte de este tramo ya se encuentra instalado el sistema electromecánico, por lo que comenzaron las pruebas de recorrido de las cabinas y la revisión de las conexiones eléctricas.
Los trabajos actuales también incluyen la conexión de los sistemas de comunicación y de los equipos eléctricos entre las torres y las estaciones. Posteriormente se realizarán pruebas de carga y frenado, con las que se busca comprobar que el sistema pueda funcionar correctamente bajo diferentes condiciones antes de avanzar a la siguiente etapa.
El gobierno estatal indicó que estas pruebas forman parte de los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y calidad del transporte. Una vez terminadas las verificaciones, especialistas europeos realizarán una revisión integral del teleférico como parte del proceso para obtener la certificación correspondiente.
El proyecto tendrá una longitud total de 7.2 kilómetros y busca conectar el norte y el sur de Morelia mediante un sistema de transporte por cable. La administración estatal sostiene que esta nueva alternativa permitirá reducir los tiempos de traslado y ofrecer otra opción de movilidad para los habitantes de la ciudad.
La entrada en la etapa de pruebas representa uno de los momentos más importantes de la construcción, ya que permitirá detectar posibles fallas y verificar el funcionamiento de los diferentes componentes. Sin embargo, todavía será necesario concluir los trabajos pendientes y cumplir con las revisiones y certificaciones antes de que el sistema pueda comenzar a prestar servicio de manera regular.
Por ahora, el Gobierno de Michoacán presume que el Teleférico de Morelia ya alcanza el 85 por ciento de avance y se acerca a su etapa final. La obra pretende convertirse en una nueva opción de transporte para la ciudad, aunque su funcionamiento dependerá de que las pruebas técnicas y los procesos de certificación concluyan satisfactoriamente.
CLAUSURAN OBRA EN LA LOMA DE SANTA MARÍA; NO IDENTIFICAN A LOS RESPONSABLES
Esta semana, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró una obra en etapa inicial dentro de la Zona de Restauración y Protección Ambiental (ZRPA) Loma de Santa María, en Morelia, luego de detectar trabajos que incluyen apertura de canales, remoción de arena y acumulación de materiales de construcción. La intervención busca detener las actividades en una zona protegida, aunque las autoridades no localizaron a las personas responsables.
El caso se originó a partir de un reporte de personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), que identificó movimientos de material y trabajos en el sitio. La dependencia dio aviso a la Proam para realizar una inspección y verificar las actividades.
Durante la visita, personal de ambas dependencias corroboró las acciones reportadas. Entre los indicios encontrados estaban la apertura de canales, la remoción de arena y varios montículos de material de construcción, elementos que evidenciaron el inicio de una intervención en el terreno.
Sin embargo, al momento de la diligencia no se encontró a las personas responsables de la obra. La información difundida por la Proam tampoco identificó a la empresa, propietario o promovente de los trabajos, ni precisó si existían autorizaciones para intervenir el predio.
Ante los hallazgos, la autoridad ambiental colocó medidas de seguridad para impedir que continuaran las actividades. La clausura busca evitar posibles afectaciones al entorno natural de la Loma de Santa María, una zona sujeta a protección ambiental en Morelia.
No obstante, el comunicado oficial no detalla la superficie afectada, el tipo de obra proyectada ni los posibles daños ambientales identificados durante la inspección.
La información pública disponible no permite establecer quién promovió la obra ni si se iniciará un procedimiento para determinar posibles responsabilidades.
HABITANTES DE SANTA MARÍA DE GUIDO EXIGEN RECUPERAR SISTEMA HÍDRICO COMUNITARIO; ACUSAN FALTA DE DIÁLOGO MUNICIPAL
Un grupo de habitantes de la tenencia de Santa María de Guido se manifestaron frente al Centro Administrativo de Morelia (CAM) para exigir la devolución de lo que llamaron “Sistema Hídrico Comunitario Pirinda”.
La protesta puso nuevamente sobre la mesa el conflicto por el control del agua y la falta de acuerdos con las autoridades municipales.
Los representantes del movimiento sostuvieron que los pozos, las tuberías y demás infraestructura del sistema fueron financiados por la población para garantizar el abastecimiento de sus colonias. Entre las zonas que participaron en su construcción mencionaron Lomas del Durazno y Trincheras, además de otras comunidades de la zona. También señalaron que parte de la tubería habría sido donada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Uno de los principales cuestionamientos de los manifestantes se dirige al proceso mediante el cual el Ayuntamiento habría asumido el control del sistema, que anteriormente era administrado por APAS. Los vecinos exigieron que se explique cómo se tomó esa decisión y bajo qué condiciones se modificó la administración de una infraestructura que consideran resultado de la organización y las aportaciones comunitarias.
Durante la protesta, el movimiento solicitó una mesa de diálogo con el gobierno municipal para discutir la devolución de los pozos y la infraestructura, así como la situación de los recibos que, según denunciaron, comenzaron a llegar a los habitantes. Los vecinos también rechazaron que la alternativa sea recibir agua tratada, pues insistieron en que su demanda central es recuperar el sistema comunitario y tener claridad sobre el manejo del abastecimiento.
EN INFORMACIÓN NACIONAL
GOBIERNO FEDERAL PRESUME AVANCES AMBIENTALES
Esta semana, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó ante la Cámara de Diputados los resultados de la política ambiental del gobierno de Claudia Sheinbaum, con un discurso que busca marcar distancia del modelo extractivista y colocar la protección de los ecosistemas como una política de Estado. Entre cifras de inversión, hectáreas protegidas y reformas legales, la funcionaria defendió una transformación ambiental que todavía enfrenta enormes retos.
Uno de los principales anuncios fue la recuperación de 306 mil hectáreas para Áreas Naturales Protegidas, provenientes de concesiones mineras canceladas. La Semarnat también reportó 232 ANP y 623 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que en conjunto representan 99.3 millones de hectáreas protegidas.
Sin embargo, el aumento de superficie bajo alguna figura de conservación no necesariamente significa que esos territorios estén completamente libres de deterioro, extracción ilegal o falta de vigilancia.
En materia de restauración, el gobierno informó avances en 59 mil 630 hectáreas de 76 sitios prioritarios y la plantación de 6.6 millones de árboles durante la Jornada Nacional de Reforestación.
Aunque las cifras muestran una movilización importante, el reto está en saber cuántos de esos árboles sobreviven y qué resultados concretos tienen las acciones de restauración. Plantar millones de ejemplares puede ser una cifra atractiva en un informe, pero la recuperación de un ecosistema requiere seguimiento durante años.
El tema del agua también expuso la dimensión de los pendientes ambientales. La Semarnat reportó 20 mil millones de pesos invertidos en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, con una población beneficiada estimada en 25 millones de personas.
Además, informó que la revisión de unas 538 mil concesiones permitió recuperar cinco mil millones de metros cúbicos de agua. Los datos son relevantes, pero también evidencian la magnitud de una problemática que durante décadas ha permitido que ríos y comunidades carguen con los costos de la contaminación y la sobreexplotación.
Bárcena sostuvo que el nuevo modelo busca que el desarrollo económico deje de construirse a costa de las comunidades y los ecosistemas. Sin embargo, el propio informe muestra una tensión entre protección ambiental y actividad económica: durante los últimos dos años, los trámites ambientales permitieron habilitar proyectos públicos y privados de inversión por 6.6 billones de pesos, principalmente en energía y comunicaciones.
El desafío será demostrar que esa inversión puede avanzar sin repetir los impactos ambientales que el propio gobierno critica del modelo extractivista.
La funcionaria también habló de justicia ambiental y puso como ejemplo el río Sonora, donde se destinan mil 500 millones de pesos para atender afectaciones mediante un hospital, plantas potabilizadoras y acciones de remediación.
A la par, anunció cinco instrumentos legislativos para fortalecer la protección ambiental, además de plantear sanciones más severas contra el tráfico ilegal de especies. La apuesta es amplia, pero su efectividad dependerá de que las leyes, sanciones e inversiones se traduzcan en resultados verificables para las comunidades.
Al final, el gobierno federal puede presentar millones de hectáreas, árboles y pesos invertidos, pero esas cifras no sustituyen los resultados que se viven en el territorio.
Si México realmente pretende dejar atrás el extractivismo, la prueba no estará en los discursos ante el Congreso ni en los informes de gobierno, sino en si los ríos dejan de recibir contaminación, los bosques dejan de perderse y las comunidades dejan de cargar con las consecuencias de décadas de deterioro. La vara para medir esta política ambiental no debería ser cuánto anuncia el gobierno, sino cuánto logra reparar, prevenir y conservar de manera efectiva.
ORGANIZACIONES ACUSAN A SEMARNAT Y CONAGUA DE NO ATENDER LAS CAUSAS DE LA CRISIS AMBIENTAL DEL ALTO ATOYAC
Esta semana, un total de 41 organizaciones, colectivos y centros de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) calificaron como «performativas y onerosas» las acciones presentadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el segundo informe de gobierno del sector ambiental, al considerar que no atienden las causas estructurales de la crisis socioambiental que afecta a las comunidades de la región.
En un comunicado, las organizaciones cuestionaron las medidas presentadas el 30 de septiembre por la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y el director de Conagua, Efraín Morales. Señalaron que las acciones no garantizan una transformación en la gestión de los recursos naturales y profundizan los problemas de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, donde persisten los daños asociados a la contaminación industrial.
Los colectivos también pusieron en duda el alcance de las inversiones anunciadas por el gobierno federal, entre ellas más de 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, así como más de 80 mil millones para 17 proyectos estratégicos. Afirmaron que los recursos no garantizan justicia ambiental si no se atienden las fuentes de contaminación ni se incorpora a las comunidades en las decisiones.
Otro de sus señalamientos se dirige a las más de mil 300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas. Las organizaciones advirtieron que estas actividades pueden representar riesgos para la salud cuando se realizan sin información ni protocolos adecuados.
Como ejemplo, citaron mediciones en un tramo del río Atoyac que, según su comunicado, registraron niveles de benceno, cloruro de vinilo y clorobenceno superiores a los niveles de seguridad de riesgo para humanos en 80, 45 y 401 por ciento, respectivamente.
Los colectivos también cuestionaron el esquema de pago por servicios ambientales promovido por Conagua, al considerar que puede convertir los recursos naturales en objeto de transacciones económicas sin resolver los conflictos ambientales ni garantizar la participación comunitaria. Recordaron que la exigencia de «no hay justicia social sin justicia ambiental» forma parte de sus demandas desde hace más de 30 años.
Entre sus exigencias, las organizaciones pidieron implementar medidas para reducir y eliminar los tóxicos industriales en la Cuenca del Alto Atoyac, proteger la salud de sus habitantes y detener la remoción de sedimentos y vegetación en ríos, arroyos y lagos sin estudios que permitan un manejo seguro ante la presencia de contaminantes.
Finalmente, reclamaron que la política ambiental federal se evalúe por sus resultados en la reducción de la contaminación y la protección de la población, y no únicamente por los presupuestos anunciados o el número de jornadas realizadas.
Las 41 organizaciones sostuvieron que la justicia socioambiental requiere atender las causas de la crisis, garantizar el acceso a la información y asegurar la participación de las comunidades afectadas.
MÉXICO PROMETE JUSTICIA CLIMÁTICA MIENTRAS LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO YA GOLPEAN AL PAÍS
Esta semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llamó a fortalecer una política climática “justa, incluyente y transformadora”, mientras reconoce que el cambio climático ya alcanzó a México con lluvias extraordinarias, inundaciones, sequías y temperaturas cada vez más elevadas. El discurso oficial plantea colocar a las comunidades vulnerables en el centro de las decisiones, aunque el reto será convertir los compromisos en acciones capaces de reducir riesgos reales.
La secretaria Alicia Bárcena anunció que México presentará su Plan Nacional de Adaptación en la COP31, además de preparar la plataforma ADAPTAMX junto con las 32 entidades federativas. La herramienta pretende identificar las zonas más vulnerables y anticipar riesgos por fenómenos como sequías y lluvias intensas. La pregunta pendiente es qué tan rápido esa información podrá convertirse en obras, prevención y protección efectiva para las comunidades expuestas.
El Gobierno federal también mantiene la meta de alcanzar emisiones netas cero en 2050 y que las energías renovables representen 38 por ciento de la generación para 2030. Para conseguirlo, reconoce que tendrá que transformar sectores como transporte, electricidad, industria, agricultura y manejo de residuos. Son metas ambiciosas que, sin embargo, todavía dependen de que las políticas públicas pasen de los anuncios y compromisos internacionales a reducciones comprobables de emisiones.
Bárcena advirtió que quienes menos contribuyen al cambio climático suelen ser quienes enfrentan sus consecuencias más graves. Esa desigualdad coloca la adaptación como una cuestión no solamente ambiental, sino social. Comunidades con menor capacidad económica son también las que tienen mayores dificultades para enfrentar inundaciones, sequías, pérdida de cosechas, erosión y temperaturas extremas.
El Gobierno federal también destacó acciones de la Ciudad de México relacionadas con movilidad, recuperación de ríos y barrancas, áreas verdes, captación de lluvia y energía solar. No obstante, presumir programas aislados no resuelve por sí mismo la dimensión nacional del problema. México necesita que la adaptación y la reducción de emisiones tengan continuidad, presupuesto y mecanismos para evaluar si realmente están disminuyendo la vulnerabilidad de la población.
La Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza reunirá a especialistas, autoridades, organizaciones, empresas y organismos internacionales en 250 actividades, con una participación prevista de seis mil personas.
El encuentro puede servir para discutir soluciones, pero también evidencia una realidad incómoda: mientras gobiernos y especialistas siguen organizando foros y presentando estrategias, los efectos climáticos ya están ocurriendo y las comunidades necesitan respuestas concretas.
El reto para el Gobierno de México, por tanto, no será producir otro discurso sobre justicia climática, sino demostrar que sus compromisos pueden medirse en resultados. Si el cambio climático “ya alcanzó” al país, como reconoció la propia secretaria, entonces también debe acelerarse la respuesta: menos emisiones, infraestructura preparada, agua asegurada y comunidades protegidas.
De lo contrario, las metas de 2030 y 2050 corren el riesgo de convertirse en fechas lejanas mientras los costos de la crisis climática siguen recayendo, precisamente, sobre quienes menos responsabilidad tienen.
DERECHOS HUMANOS E INDÍGENAS
COMUNIDADES INDÍGENAS LLEVAN A TRIBUNALES LA CONSULTA DEL INPI SOBRE NUEVA LEY DE DERECHOS
Esta semana, comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán presentaron un amparo colectivo contra la metodología de consulta impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para discutir la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El recurso fue promovido por integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes cuestionan la forma en que se está llevando a cabo el proceso.
De acuerdo con el CSIM, el amparo fue firmado y sellado por 30 autoridades tradicionales y presentado ante un juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Las comunidades sostienen que la metodología resulta insuficiente para discutir una propuesta legislativa de más de 450 artículos, al considerar que los foros tienen tiempos limitados y que las sedes, fechas y formas de participación fueron establecidas unilateralmente.
Uno de los principales cuestionamientos es que, según las comunidades inconformes, la consulta no estaría respetando los mecanismos de decisión propios de los pueblos originarios. El CSIM señala que la Asamblea General constituye la máxima autoridad comunitaria y reclama que los foros organizados por el INPI no pueden sustituir los procesos internos mediante los cuales cada comunidad analiza y toma decisiones sobre asuntos que considera de trascendencia.
El Consejo también acusa que el proceso deja fuera a 109 comunidades indígenas de Michoacán que no aparecen en el catálogo utilizado por el INPI. Para las organizaciones, limitar la participación a quienes están incluidos en ese registro desconoce el derecho a la autoadscripción y puede generar exclusiones en un proceso que precisamente pretende establecer derechos para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La disputa no es menor, porque la iniciativa de ley abordaría derechos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos y, por ello, las comunidades demandan que la consulta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculante. El CSIM busca que se deje sin efecto la convocatoria y la metodología actual y que se construya un nuevo proceso de consulta de manera conjunta con las comunidades.
El conflicto también llevará la discusión al terreno social. El CSIM anunció movilizaciones para el próximo 12 de octubre, Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas, con las que pretende expresar su rechazo a la metodología del INPI y exigir el respeto a la libre determinación de los pueblos. La organización llamó a otras comunidades de la entidad a sumarse a estas acciones.
El amparo coloca ahora el procedimiento de consulta frente a un escenario jurídico y político que tendrá que resolverse con base en las reglas aplicables y los derechos de participación de los pueblos.
SHEINBAUM DIALOGA CON EMPRESARIOS DE EU SOBRE INVERSIÓN Y REVISIÓN DE T-MEC
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson. El encuentro abordó la confianza para invertir en México, la relación comercial bilateral y la continuidad del tratado comercial de Norteamérica.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo el jueves 8 de octubre una reunión en Palacio Nacional con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), acompañados por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para conversar sobre las condiciones de inversión y la relación económica entre ambos países.
Al término del encuentro, Sheinbaum informó en sus redes sociales que la conversación se centró en la confianza de las empresas estadounidenses para invertir en México y en la importancia de mantener la relación comercial para contribuir al bienestar de ambas naciones.
En la reunión participaron más de 30 empresarios de México y Estados Unidos, además de integrantes del gabinete federal, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra.
De acuerdo con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el encuentro permitió que las partes expusieran sus inquietudes y propósitos. Entre los asuntos planteados destacó la necesidad de concluir satisfactoriamente las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Medina Mora señaló que el sector empresarial busca que el tratado se extienda por 16 años, con revisiones cada seis años, en lugar de mantener revisiones anuales. Según explicó, una mayor certidumbre sobre la continuidad del acuerdo permitiría fortalecer los flujos de inversión y la integración económica regional.
El dirigente empresarial también mencionó la necesidad de avanzar en las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses que afectan las exportaciones mexicanas de acero, aluminio y vehículos, así como los asuntos relacionados con la seguridad bilateral y el combate al tráfico de drogas.
Por su parte, Altagracia Gómez informó que durante la reunión se presentaron posibles inversiones en sectores como la industria farmacéutica, los insumos médicos, la energía y las actividades agropecuarias. Sin embargo, no se detallaron públicamente los montos, las empresas involucradas ni los calendarios de ejecución de esos proyectos.
El encuentro se realizó en un contexto de conversaciones comerciales entre los gobiernos de México y Estados Unidos y de revisión del T-MEC, acuerdo que articula las cadenas de producción de los tres países de América del Norte.
La reunión también ocurrió después de la controversia por el proyecto de una academia internacional de policía en Querétaro, en el que se anunció la participación de autoridades estadounidenses. Sheinbaum ha señalado que cualquier colaboración de ese tipo debe realizarse conforme a la Constitución y las leyes mexicanas.
Aunque el gobierno federal destacó la importancia de generar confianza para atraer inversiones, los resultados concretos del encuentro dependerán de los acuerdos comerciales que se alcancen, las condiciones que enfrenten las empresas y la formalización de los proyectos de inversión mencionados.
DUPLICA INVERSIÓN DE NESTLÉ
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Nestlé duplicará su inversión en México durante el sexenio, al pasar de mil a dos mil millones de dólares. El anuncio se realizó tras una reunión en Palacio Nacional con Philipp Navratil, director ejecutivo de la multinacional suiza, en un contexto de cuestionamientos sobre el acceso al agua y las prioridades de su uso.
De acuerdo con la mandataria, entre 2028 y 2030 la empresa impulsará la producción nacional y el abastecimiento local mediante la incorporación de dos mil productores de café en Veracruz y la distribución de 70 mil plantas. No se detallaron públicamente los requerimientos de agua de los proyectos ni compromisos específicos sobre el uso del recurso.
El informe de sustentabilidad de Nestlé México reportó que durante 2024 extrajo 4 millones 948 mil 651 metros cúbicos de agua, equivalentes a casi cinco mil millones de litros. El volumen representó un incremento aproximado de 12.8 por ciento respecto de 2023.
De esa extracción, 3.55 millones de metros cúbicos provinieron de pozos; 991 mil 759, de fuentes superficiales, y 406 mil 156, del suministro municipal. En promedio, la empresa retiró alrededor de 13.6 millones de litros diarios en sus operaciones mexicanas.
Estas cifras adquieren relevancia ante las dificultades de abastecimiento que enfrentan comunidades que reciben agua mediante tandeo.
El anuncio también plantea interrogantes sobre la congruencia entre la promoción de inversiones privadas y la política federal que reconoce el agua como un derecho humano. La información difundida tras la reunión no incluyó compromisos específicos sobre límites de extracción, protección de acuíferos o garantías adicionales para las comunidades.
MUERE ALBERTO PATISHTÁN, DEFENSOR DE LOS DERECHOS INDÍGENAS
Alberto Patishtán Gómez, profesor tsotsil y defensor de los derechos humanos, murió el 2 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, a los 55 años. El activista había sido trasladado a la capital debido a problemas de salud. Su fallecimiento fue informado por organizaciones civiles y posteriormente confirmado por autoridades de Chiapas.
Patishtán era originario de El Bosque, Chiapas, y durante su vida se convirtió en una figura importante para la defensa de los pueblos indígenas. Además de ser maestro, participó en actividades comunitarias y defendió los derechos de personas privadas de la libertad, especialmente de integrantes de comunidades indígenas.
En el año 2000 fue detenido y acusado de participar en una emboscada en la que murieron siete policías. Fue condenado a 60 años de prisión y permaneció encarcelado durante 13 años. Su caso generó críticas de organizaciones de derechos humanos, que señalaron irregularidades en el proceso judicial.
Durante su estancia en prisión, Patishtán continuó trabajando por los derechos de otros internos. Enseñó a leer y escribir a presos indígenas y en 2006 participó en la creación de La Voz de El Amate, organización que denunció problemas como la discriminación, la corrupción y los abusos dentro de las cárceles.
Después de pasar 13 años en prisión, en 2013 recibió un indulto del entonces presidente Enrique Peña Nieto, lo que permitió su liberación. A partir de entonces continuó con su labor en favor de las comunidades indígenas y de las personas que enfrentaban problemas relacionados con el sistema de justicia.
Tras conocerse su muerte, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y autoridades expresaron sus condolencias y reconocieron su trayectoria. Su cuerpo fue trasladado a El Bosque, Chiapas, donde familiares, amigos y habitantes de la comunidad acudieron a despedirlo.
La muerte de Alberto Patishtán representa la pérdida de una persona que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos indígenas y la justicia. Su historia quedó marcada por los años que pasó en prisión, su lucha por demostrar las irregularidades de su caso y su posterior trabajo en favor de otras personas. Su legado continúa siendo recordado por organizaciones y comunidades de Chiapas.
EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL…
A TRES AÑOS DE LA OFENSIVA EN GAZA
Este 7 de octubre se cumplen tres años del inicio de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada tras los ataques encabezados por Hamás contra Israel en 2023.
Desde entonces, la población palestina ha enfrentado una catástrofe humanitaria marcada por miles de muertes, destrucción generalizada, desplazamientos forzados y la pérdida de viviendas y servicios esenciales.
Para las organizaciones y voces que denuncian un genocidio contra el pueblo palestino, la fecha representa también un recordatorio de la falta de justicia y de garantías para que estos hechos no se repitan.
De acuerdo con cifras difundidas por las autoridades sanitarias de Gaza y reportadas por medios internacionales, el número de palestinos muertos supera los 74 mil. La cifra refleja la magnitud de una ofensiva que ha golpeado zonas residenciales e infraestructura civil, mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros.
En paralelo, los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejaron alrededor de mil 200 personas muertas en Israel y 251 personas fueron tomadas como rehenes. Reuters
Aunque en octubre de 2025 se anunció un alto al fuego, la violencia no ha desaparecido y las condiciones de vida en Gaza siguen siendo críticas. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que persisten los ataques, las restricciones para ingresar suministros esenciales y las enormes necesidades humanitarias.
La tregua no se ha traducido en una recuperación suficiente para una población que lleva años enfrentando inseguridad, hambre y desplazamientos reiterados.
La destrucción también ha afectado hospitales, escuelas, viviendas, redes de agua y otros servicios indispensables. La mayoría de la población ha sido desplazada en algún momento del conflicto, muchas veces más de una vez, y miles de personas sobreviven en refugios improvisados.
Para niñas y niños, además de las heridas físicas y la pérdida de familiares, la guerra ha significado interrupciones educativas y un profundo impacto emocional. UNICEF reportó que, hasta junio de 2026, al menos 21 mil 700 menores habían sido reportados muertos en Gaza desde el inicio de la escalada. UNICEF
En el terreno jurídico, la acusación de genocidio también ocupa un lugar central en la discusión internacional. Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia al amparo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El procedimiento continúa, por lo que es importante distinguir las denuncias y medidas judiciales adoptadas durante el proceso de una sentencia definitiva sobre el fondo del caso. La discusión, sin embargo, mantiene bajo escrutinio internacional las obligaciones de prevenir el genocidio y proteger a la población civil. Corte Internacional de Justicia
A tres años del inicio de esta etapa del conflicto, la reconstrucción de Gaza sigue estancada y el acceso a ayuda humanitaria continúa siendo insuficiente frente a las necesidades.
La ONU ha señalado que la recuperación requiere garantizar la entrada de suministros, proteger a la población, facilitar el retorno seguro de las personas desplazadas y poner en marcha una reconstrucción de gran escala. Sin condiciones de seguridad y sin una solución política duradera, millones de palestinos permanecen atrapados entre las consecuencias de la guerra y la incertidumbre sobre su futuro.
La conmemoración de estos tres años no puede reducirse a cifras ni a declaraciones diplomáticas. La magnitud de las muertes, la destrucción de comunidades y la persistencia de la emergencia humanitaria plantean una exigencia concreta a la comunidad internacional: garantizar la protección de la población palestina, asegurar el ingreso de ayuda, investigar los crímenes internacionales de genocidio y exigir responsabilidades conforme al derecho internacional.
Mientras esas garantías no se traduzcan en hechos, el alto al fuego seguirá siendo insuficiente para reparar el sufrimiento y ofrecer a Gaza una perspectiva real de paz, dignidad y reconstrucción.
INFORME PLANETA VIVO 2026: LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y EL FUTURO DEL PLANETA
El Informe Planeta Vivo 2026, elaborado por WWF junto con la Sociedad Zoológica de Londres, presenta un panorama preocupante sobre el estado de la biodiversidad en el planeta.
El estudio señala que, entre 1970 y 2022, el tamaño promedio de las poblaciones de animales vertebrados monitoreadas disminuyó 73 %. Para llegar a esta conclusión se analizaron más de 35,800 tendencias de poblaciones pertenecientes a 5,790 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
Uno de los datos más preocupantes corresponde a América Latina y el Caribe, donde la disminución promedio de las poblaciones de fauna silvestre alcanzó 95 %, convirtiéndola en la región con el mayor descenso registrado.
Le siguen África, con 80 %, y Asia-Pacífico, con 49 %. WWF explica que estas diferencias también están relacionadas con la situación de cada región antes de 1970, ya que en Europa y América del Norte muchas pérdidas importantes de biodiversidad ya habían ocurrido antes de ese año.
Los ecosistemas de agua dulce son los que presentan el mayor deterioro, con una reducción promedio de 85 % en las poblaciones monitoreadas. Después se encuentran los ecosistemas terrestres, con una disminución de 69 %, y los marinos, con 59 %.
Entre las principales amenazas se encuentran la destrucción y degradación de los hábitats, la deforestación, la agricultura y ganadería intensivas, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y el cambio climático.
El informe también destaca que la pérdida de biodiversidad está relacionada con la manera en que funcionan tres grandes sistemas de la sociedad: el alimentario, el energético y el financiero. La producción de alimentos puede provocar pérdida de hábitats, mientras que el uso de combustibles fósiles contribuye al cambio climático.
Por su parte, el sistema financiero todavía destina grandes cantidades de dinero a actividades que perjudican a la naturaleza. Por ello, WWF considera necesario transformar estos sistemas para reducir la presión sobre los ecosistemas.
A pesar de la situación negativa, el informe muestra que la recuperación de la naturaleza es posible. Alrededor de la mitad de las poblaciones analizadas se encuentran estables o están aumentando.
Entre los casos de recuperación destacan las tortugas verdes, el atún rojo, los tigres y los elefantes del sur de África. Estos ejemplos demuestran que las medidas de conservación, cuando se mantienen durante años y cuentan con la participación de gobiernos, comunidades y organizaciones, pueden generar resultados positivos.
En América Latina también existen ejemplos que muestran que todavía hay oportunidades para proteger la biodiversidad. En Perú, por ejemplo, el monitoreo mediante cámaras trampa permitió identificar 75 jaguares en la Amazonía de Madre de Dios entre 2023 y 2024.
Además, en el Canal de Panamá se implementaron medidas para disminuir el riesgo de colisiones entre barcos y ballenas jorobadas, logrando reducir en 93 % la probabilidad de estos accidentes en solo dos años. Estos casos muestran que la investigación científica y las acciones concretas pueden ayudar a conservar las especies.
CHE GUEVARA: EL REVOLUCIONARIO QUE SE CONVIRTIÓ EN SÍMBOLO DE LAS LUCHAS SOCIALES
Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, nació en Argentina en 1928 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la historia política del siglo XX. Médico de formación y revolucionario marxista, participó en la lucha guerrillera encabezada por Fidel Castro que culminó con el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, en enero de 1959.
Después del triunfo revolucionario, Guevara ocupó distintos cargos en el nuevo gobierno cubano, entre ellos la presidencia del Banco Nacional y el Ministerio de Industrias. Desde esas posiciones participó en la reorganización económica de la isla y defendió la construcción de un sistema socialista, en oposición al capitalismo y a la influencia política y económica de Estados Unidos en América Latina.
Su pensamiento estuvo marcado por el antiimperialismo, la crítica a la desigualdad social y la convicción de que era necesario transformar las estructuras económicas y políticas que reproducían la dependencia de los países latinoamericanos. También defendió el internacionalismo revolucionario y consideraba que la lucha contra esas condiciones debía extenderse más allá de las fronteras nacionales.
En sus escritos desarrolló la idea del “hombre nuevo”, una concepción según la cual la transformación de la sociedad debía acompañarse de cambios en los valores y las relaciones entre las personas. Para Guevara, la construcción del socialismo requería promover la solidaridad y el compromiso colectivo por encima de los incentivos individuales.
Su proyecto político también estuvo ligado a la lucha armada. Después de su participación en Cuba, intentó impulsar movimientos guerrilleros en otros países. En 1965 estuvo en el Congo y posteriormente se trasladó a Bolivia, donde buscó establecer un foco revolucionario. Fue capturado por el Ejército boliviano el 8 de octubre de 1967 y ejecutado al día siguiente, a los 39 años.
Su muerte contribuyó a consolidar su imagen como símbolo de rebeldía y resistencia. La fotografía tomada por Alberto Korda en 1960, conocida como Guerrillero Heroico, se convirtió en una de las imágenes políticas más reproducidas del mundo y llevó su figura a movimientos sociales, expresiones culturales y organizaciones políticas de distintas generaciones.
Sin embargo, su legado también está marcado por controversias. Mientras sus simpatizantes destacan su compromiso con la transformación social, la soberanía de los pueblos y la oposición al imperialismo, sus críticos cuestionan su defensa de la violencia revolucionaria, su participación en ejecuciones durante los primeros años del gobierno cubano y su concepción del pluralismo político.
