En Zitacua, Nayarit, la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio reunió a 427 personas adultas y 60 niñas y niños; comunidades señalaron conflictos por megaproyectos, minería, contaminación, extracción de agua y violencia contra defensores / Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio fortalece frente al despojo del agua y territorio en México
Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio fortalece frente al despojo del agua y territorio en México
Por: en15dias.com / Con información de Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
Representantes de pueblos originarios, comunidades y organizaciones de 18 estados de México y siete países participaron los días 8 y 9 de agosto en la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, realizada en la comunidad de Zitacua, Tepic.
De acuerdo con la declaratoria difundida al concluir el encuentro, participaron 427 personas adultas y 60 niñas y niños de 18 pueblos originarios. El encuentro tuvo como eje la defensa del agua, la vida y los territorios frente a proyectos extractivos, infraestructura, contaminación y distintas formas de despojo.
La Asamblea sostuvo que los conflictos expuestos durante las mesas de trabajo tienen características comunes pese a encontrarse en regiones distintas.
“En México, el despojo del agua, la vida y el territorio no es un accidente, sino una maquinaria sistemática, violenta y corrupta”, señala la declaratoria, en la que las comunidades vinculan esta problemática con intereses estatales, empresariales y criminales.
También denunciaron la imposición de megaproyectos, minería, tala ilegal, cambios de uso de suelo y acaparamiento del agua, además de violencia contra quienes defienden sus territorios.
RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL, UNO DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS
Uno de los casos centrales fue el del río San Pedro Mezquital, en Nayarit. Las comunidades participantes rechazaron el proyecto hidroeléctrico El Nayar y exigieron que el río sea reconocido como libre y sujeto de derechos.
La Asamblea argumentó que una obra de este tipo afectaría el flujo natural del río, la pesca, la agricultura y espacios ceremoniales de los pueblos Naayeri, O’dam, Wixárika y Meshikan.
La declaratoria sostiene que el proyecto implicaría la inundación de territorios y afectaciones a centros ceremoniales. Por ello, entre sus acuerdos estableció la exigencia de la “cancelación total del proyecto hidroeléctrico El Nayar” y del llamado Canal Centenario, además de reclamar respeto a los cuerpos de agua donde se encuentran lugares sagrados.
También cuestionaron el proyecto del Canal Centenario por sus posibles efectos sobre los ríos Acaponeta, San Pedro y Santiago y sobre Marismas Nacionales. De acuerdo con la Asamblea, el desvío de agua modificaría el flujo hacia los manglares y alteraría las condiciones ecológicas de la zona.
CONTAMINACIÓN Y PRESIÓN URBANA EN JALISCO
La situación de la cuenca Chapala-Santiago ocupó otro espacio importante dentro de la declaratoria. Comunidades de Jalisco denunciaron proyectos industriales, inmobiliarios y de infraestructura que, aseguran, presionan los cuerpos de agua y los territorios.
En Tala, las comunidades señalaron proyectos relacionados con residuos, entre ellos el Centro Integral de Economía Circular, un relleno sanitario intermunicipal de la zona agavera y otros sitios de disposición de residuos. En Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, denunciaron el crecimiento industrial y el aprovechamiento del agua subterránea.
La Asamblea también retomó la situación del río Santiago, uno de los conflictos ambientales más documentados de Jalisco. Comunidades de El Salto y Juanacatlán denunciaron contaminación industrial, expansión inmobiliaria, deforestación y proyectos energéticos.
En su declaratoria señalaron que el río recibe descargas industriales y cuestionaron el uso de recursos públicos para programas de saneamiento que, desde su perspectiva, no han resuelto el problema.
Sobre el río, la organización planteó una exigencia directa: “cese de la hipocresía que negocia sobre nuestro río Santiago ya enfermo”, además de reclamar atención a las comunidades afectadas y medidas efectivas para detener las descargas contaminantes.
AGUA, MINERÍA Y TERRITORIO
La Asamblea reunió también denuncias de comunidades que enfrentan conflictos mineros. En Jazmín del Coquito, Nayarit, sus habitantes señalaron la existencia de concesiones mineras pese a que anteriormente lograron un amparo contra una de ellas. Wirikuta, la declaratoria reportó la permanencia de siete concesiones mineras que, según los participantes, mantienen la amenaza sobre el territorio.
En San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, las comunidades denunciaron contaminación de cuerpos de agua atribuida a actividades agroindustriales, ganaderas y madereras, además de invasiones de tierras comunales y tala ilegal.
La Asamblea expresó solidaridad con la comunidad y exigió justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, así como el cumplimiento de resoluciones agrarias relacionadas con la restitución de tierras.
Los participantes señalaron que estos conflictos no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva municipal o estatal.
“El problema no es local, sino regional, pues como pueblos compartimos el mismo territorio”, plantea la declaratoria al referirse a los impactos sobre los ciclos hídricos y las actividades productivas.
RECHAZO AL FRACKING Y A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
La extracción de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico también fue incluida entre las preocupaciones de la Asamblea. Los participantes rechazaron los argumentos utilizados para impulsar esta actividad y cuestionaron que se presente como una vía para alcanzar la soberanía energética.
La declaratoria afirma que el fracking utiliza grandes cantidades de agua y advierte sobre los riesgos de contaminación. Los participantes también cuestionaron otros proyectos de infraestructura y energía, entre ellos centros de datos, termoeléctricas, trenes y obras hidráulicas que, desde su perspectiva, pueden aumentar la presión sobre territorios y recursos hídricos.
El documento también critica modificaciones legislativas relacionadas con pueblos indígenas, agua y acceso a la justicia. Los participantes consideran que algunas de estas reformas pueden limitar la autonomía y los derechos territoriales de las comunidades.
VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES
La defensa del territorio fue vinculada directamente con la violencia que enfrentan comunidades y personas defensoras. La Asamblea exigió justicia por distintos casos y planteó la necesidad de documentar de manera sistemática las agresiones contra pueblos, comunidades y cuerpos de agua.
Entre sus demandas incluyó la libertad de Francisco Moreno Hernández, de Jotolá, Chiapas; el fin de la persecución contra 14 defensores de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; justicia para Marcos Aguilar Rojas, de San Lorenzo Azqueltán; y la presentación con vida de personas desaparecidas de la Montaña Baja de Guerrero vinculadas con el CIPOG-EZ.
Los participantes también pidieron fortalecer las estrategias legales, documentar las agresiones y crear herramientas que permitan identificar a las empresas y proyectos que intervienen en los territorios.
Una de las propuestas consiste en elaborar “rutas críticas y cartografías de las empresas contaminantes, cómo actúan, para saber a dónde dirigir las fuerzas y hacia dónde hacerlo con más urgencia”.
CONSTRUIR UNA AGENDA COMÚN
Además de las denuncias, la Séptima Asamblea acordó fortalecer la coordinación entre comunidades. Entre las propuestas se encuentran crear registros históricos de los conflictos, documentar agresiones contra cuerpos de agua, revisar acuerdos de asambleas anteriores, establecer espacios intermedios de discusión y mejorar los mecanismos de seguimiento.
También plantearon fortalecer los procesos de autonomía, recuperar conocimientos comunitarios, impulsar la educación ambiental y territorial desde los propios pueblos, recuperar espacios públicos y ampliar el trabajo con niñas, niños y jóvenes.
Una de las propuestas busca incluso modificar la forma en que se comunica la problemática. La Asamblea planteó “desconectarnos de la narrativa oficial, para construir nuestra narrativa de derechos” y traducir información especializada a los lenguajes y contextos de cada comunidad.
El documento incorpora además una serie de acciones para las próximas semanas, entre ellas una reforestación del río Metlapanapa en Nextetelco, Puebla, actividades de acompañamiento a familias buscadoras y encuentros relacionados con los 30 años del Congreso Nacional Indígena.
La declaratoria concluye con una posición que resume el sentido del encuentro: “Defender el agua es defender la vida, defender el territorio es defender nuestra historia, defender la autonomía es defender el futuro de nuestros hijos”.
