La organización ambientalista acusa a la CNDH de bajar estándares en protección de derechos humanos al cerrar prematuramente una recomendación sobre agroquímicos tóxicos.
Greenpeace impugnará rechazo de amparo sobre plaguicidas altamente peligrosos
Por: en15dias.com / Con información de Greenpeace
Greenpeace México anunció que impugnará la decisión del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa que desechó su recurso de amparo contra el cierre de una recomendación sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), en medio de acusaciones de que puntos críticos quedaron sin cumplirse.
El conflicto se centra en la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida originalmente en diciembre de 2018, que reconoció violaciones a los derechos humanos a la alimentación, agua potable, medio ambiente sano y salud debido a la falta de diligencia del Estado mexicano para restringir plaguicidas peligrosos.
Recomendación General 82/2028
Cierre prematuro genera controversia
El pasado 29 de agosto, la CNDH comunicó la conclusión de la recomendación, señalando que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había dado cumplimiento. Sin embargo, Greenpeace argumenta que temas fundamentales permanecen pendientes.
La principal preocupación de la organización es que se dio por cumplida la recomendación sobre la definición legal de los PAP, cuando —según señalan— no existe evidencia de que dicha definición esté incorporada en la legislación vigente.
Amparo desechado pero batalla continúa
El recurso de amparo interpuesto por Greenpeace fue desechado el pasado 27 de octubre, pero la organización ya anunció que presentará una impugnación.
«Los intentos por desalentar la defensa de los derechos por un medio ambiente sano no nos frenarán», declaró Carlos Samayoa, coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva! «Consideramos que la CNDH está bajando los estándares en la protección de los derechos humanos al agua, la salud, la alimentación y un medio ambiente sano».
200 plaguicidas prohibidos en otras naciones
Samayoa destacó que México continúa permitiendo el uso de alrededor de 200 plaguicidas que están prohibidos en otras naciones, lo que pone en riesgo a comunidades rurales, suelos, cuerpos de agua y biodiversidad.
«No podemos aceptar que se dé por cerrado un proceso que representa una oportunidad histórica para frenar el modelo agroindustrial basado en químicos tóxicos que amenaza las áreas forestales y los sistemas de agua subterránea de la Península de Yucatán y otras regiones del país», enfatizó.
Antecedentes del caso
La Recomendación 82/2018 fue emitida tras examinar evidencias aportadas por 43 quejosos, incluida Greenpeace México, durante más de un año de investigación. La CNDH concluyó que la SEMARNAT, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) no habían garantizado adecuadamente los derechos humanos relacionados.
Entre las recomendaciones emitidas destacaban la creación de un comité especializado, la elaboración de un diagnóstico de contaminación por plaguicidas, modificaciones a leyes ambientales y de salud, y la actualización de normas oficiales mexicanas conforme a estándares internacionales.
El caso continúa en los tribunales mientras persiste el debate sobre la regulación de agroquímicos peligrosos en México.
La política de gobierno
El gobierno federal publicó un decreto que prohíbe 35 plaguicidas en México. La medida fue presentada como un avance en la regulación de sustancias químicas en la agricultura, pero el listado excluye algunos de los plaguicidas más utilizados y peligrosos, como glifosato, clorpirifos etilo, fipronil y neonicotinoides como imidacloprid y tiametoxam.
Estas sustancias están asociadas con riesgos para la salud humana y la biodiversidad, y ya han sido prohibidas en varios países.
De acuerdo con la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), varias de las 35 moléculas incluidas en la prohibición ya habían sido retiradas del mercado o bloqueadas en administraciones anteriores por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Esto implica que la medida formaliza decisiones previas.
Actualmente, más de 200 plaguicidas considerados altamente peligrosos continúan autorizados en México, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la ONU para su eliminación.
La Secretaría de Agricultura (SADER) informó que nuevas prohibiciones se implementarán en 2026 y 2027. Sin embargo, estas futuras medidas no contemplan la participación directa de organizaciones campesinas, apicultores, agroecólogos ni expertos sin conflicto de interés.
El decreto tampoco establece programas nacionales de información para productores sobre los riesgos de los plaguicidas ilegales ni mecanismos de vigilancia para asegurar su cumplimiento. Especialistas señalan que, sin estos instrumentos, la prohibición puede tener un alcance limitado en el campo.
Esto te puede interesar
Después de Roberto, esperen la muerte
Y mientras tanto, el territorio vuelve al centro de la disputa: agua, movilidad, bienes públicos y derechos colectivos se entrecruzan en un mismo escenario de tensiones. En Michoacán, los conflictos no son aislados, sino síntomas de un modelo que presiona comunidades y redefine el control sobre lo común.
«Lo Común»: el espacio donde lo cotidiano se vuelve político
Colectivos y organizaciones sociales en Morelia tomaron un inmueble público y lo rebautizaron como “Lo Común”, en protesta por la posible venta de bienes estatales. La acción busca visibilizar la exigencia de transparencia, contraloría ciudadana y defensa del patrimonio público.
Movilidad en Morelia con crisis estructural y soluciones postergadas: OSAM
El sistema de transporte público en Morelia presenta problemas de saturación en zonas céntricas y cobertura limitada en la periferia. Especialistas y organizaciones señalan la falta de planeación integral y cuestionan proyectos recientes por su bajo impacto en la movilidad cotidiana.
