La regulación de los agroquímicos en México se basa en un entramado de leyes sanitarias, ambientales y agrícolas. Desde la Ley General de Salud hasta decretos recientes, el país ha construido un marco legal que define su registro, uso y restricciones, con énfasis creciente en riesgos a la salud y al ambiente. / Marco legal de agroquímicos se encuentra disperso en México
Marco legal de agroquímicos se encuentra disperso en México
Por: en15dias.com
En México, la regulación de los agroquímicos —también conocidos como plaguicidas— se sustenta en un marco legal disperso que ha sido construido a lo largo de varias décadas y que involucra a autoridades sanitarias, ambientales y agrícolas.
No existe una ley única que concentre su control, sino un conjunto de leyes federales, reglamentos y normas técnicas que rigen su autorización, uso, comercialización y vigilancia.
La base jurídica principal se encuentra en la Ley General de Salud, publicada el 7 de febrero de 1984, la cual establece el control sanitario de sustancias peligrosas, incluidos los plaguicidas. En su Título Décimo Segundo, la ley faculta a la Secretaría de Salud para regular el registro, importación, fabricación y uso de estos productos cuando representen un riesgo para la salud humana.
A este marco se suma la Ley Federal de Sanidad Vegetal, vigente desde 1994, que regula específicamente los plaguicidas de uso agrícola. Esta ley asigna a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la responsabilidad de evaluar y autorizar los productos utilizados para el control de plagas y enfermedades en cultivos, así como de vigilar su aplicación en el campo.
Desde la perspectiva ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), promulgada el 28 de enero de 1988, establece disposiciones para prevenir y controlar la contaminación del suelo, el agua y los ecosistemas derivada del manejo de sustancias peligrosas, incluidos los agroquímicos.
Esta ley faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para intervenir cuando el uso de estos productos genere daños ambientales.
El esquema regulatorio se complementa con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias Tóxicas, así como con diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Entre ellas destacan las normas que establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, así como aquellas orientadas a la protección de las personas trabajadoras que los aplican.
En los cinco últimos años, el tema de los agroquímicos ha cobrado mayor relevancia en la agenda pública.
El 31 de diciembre de 2020, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para reducir gradualmente el uso del glifosato y prohibir el maíz genéticamente modificado, lo que abrió un debate nacional sobre el modelo agrícola y el uso de sustancias químicas en el campo.
Posteriormente, en 2023, el plazo para la eliminación total del glifosato fue ampliado mediante un nuevo decreto, manteniendo la política de transición gradual.
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El 5 de febrero de 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, firmaba el Acuerdo por el que se deja sin efectos la aplicación de diversas disposiciones sobre maíz genéticamente modificado publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, que desestima varios artículos del decreto publicado en febrero de 2023 que limitaba el uso de maíz transgénico.
“Se deja sin efectos la aplicación de los artículos Sexto, fracción II, Séptimo y Octavo, del Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023”, se señalaba.
Después de ello, el Gobierno de México ha anunciado restricciones y prohibiciones adicionales sobre plaguicidas considerados de alta peligrosidad, con base en evaluaciones sanitarias y ambientales, alineándose con compromisos internacionales como los convenios de Rotterdam y Estocolmo, que regulan sustancias químicas peligrosas a nivel global.
El gobierno federal publicó el 4 de septiembre de 2025 un decreto que prohíbe 35 plaguicidas en México.
La medida fue presentada como un avance en la regulación de sustancias químicas en la agricultura, pero el listado excluye algunos de los plaguicidas más utilizados y peligrosos, como glifosato, clorpirifos etilo, fipronil y neonicotinoides como imidacloprid y tiametoxam.
Estas sustancias están asociadas con riesgos para la salud humana y la biodiversidad, y ya han sido prohibidas en varios países.
De acuerdo con la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), varias de las 35 moléculas incluidas en la prohibición ya habían sido retiradas del mercado o bloqueadas en administraciones anteriores por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Esto implica que la medida formaliza decisiones previas.
Actualmente, más de 200 plaguicidas considerados altamente peligrosos continúan autorizados en México, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la ONU para su eliminación.
La Secretaría de Agricultura (SADER) informó que nuevas prohibiciones se implementarán en 2026 y 2027. Sin embargo, estas futuras medidas no contemplan la participación directa de organizaciones campesinas, apicultores, agroecólogos ni expertos sin conflicto de interés.
El decreto tampoco establece programas nacionales de información para productores sobre los riesgos de los plaguicidas ilegales ni mecanismos de vigilancia para asegurar su cumplimiento. Especialistas señalan que, sin estos instrumentos, la prohibición puede tener un alcance limitado en el campo.
Actualmente, el control de los agroquímicos en México es responsabilidad conjunta de COFEPRIS, SENASICA y SEMARNAT, que evalúan riesgos a la salud, impactos ambientales y efectos en la producción agrícola.
El marco legal vigente continúa siendo objeto de revisión y debate, ante las demandas de mayor protección a la salud pública, al medio ambiente y a los derechos de las comunidades expuestas a estos productos.
