Desde octubre, exportar aguacate exige un certificado laboral. Es un avance, pero deja fuera a las jornaleras de las berries y no mira el género ni los agroquímicos. Una columna desde el cuerpo y el territorio de las mujeres que en Michoacán cosechan lo que no comen. / Jornaleras sin derechos, otro pendiente de la agroindustria
Jornaleras sin derechos, otro pendiente de la agroindustria
Mientras Michoacán presume sus cifras de exportación agroalimentaria, miles de mujeres siguen trabajando sin seguridad social, sin contratos formales, sin servicios de cuidado y bajo condiciones laborales que difícilmente pueden considerarse dignas.
Como mujer p’urhépecha y abogada, no puedo analizar esta situación únicamente como un problema laboral. También es un problema de desigualdad, de discriminación y de poder. El campo michoacano genera riqueza, pero esa riqueza no se distribuye de manera justa entre quienes la producen.
LOS NÚMEROS DEL ABANDONO
A nivel nacional, 5.3 millones de personas trabajan en el sector agropecuario, pero apenas 763 mil cuentan con seguridad social. En Michoacán, en 2022, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció que menos del 10 por ciento de la mano de obra jornalera estaba registrada ante el IMSS.
Eso significa que nueve de cada diez personas jornaleras estaban fuera de la seguridad social.
Y este dato no es una irregularidad menor, es una forma de precarización laboral que durante años ha permitido que la agroindustria funcione con trabajadores que producen riqueza sin tener garantizados derechos básicos.
Las mujeres enfrentan además una desigualdad específica. Diversas investigaciones realizadas en Michoacán han documentado salarios menores, ausencia de prestaciones, dificultades para acceder a servicios médicos y distintas formas de violencia laboral.
En Salvador Escalante, por ejemplo, jornaleras reportaron recibir 290 pesos por jornada, frente a los 324 pesos que recibían los hombres. ¿Quién se beneficia de esa diferencia?
HACER CUMPLIR LA LEY
Hay avances que deben reconocerse. La reforma de 2023 a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social estableció que las personas trabajadoras del campo tienen derecho a la seguridad social, independientemente de la modalidad de contratación.
También estableció obligaciones para los empleadores, entre ellas proporcionar servicios de guardería para los hijos e hijas de las trabajadoras durante la jornada laboral. Además, la ausencia de un contrato escrito no elimina los derechos laborales de quien trabaja.
El problema es que una cosa es reconocer derechos en la ley y otra garantizar que se cumplan en los campos.
En 2026 se aprobó además el Certificado Laboral para la Agroexportación. El Senado lo aprobó por unanimidad, con 109 votos, y posteriormente fue aprobado por la Cámara de Diputados. Desde el 1 de octubre es obligatorio para la exportación de aguacate mexicano.
El certificado es emitido por la Secretaría del Trabajo mediante la plataforma VELAGRO y busca acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social dentro de la cadena de valor. El gobierno federal calcula que podría beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores del campo. Eso es un avance. sin embargo, un certificado no puede sustituir la inspección.
El primer problema está en su alcance ya que el mecanismo está diseñado para la agroexportación, pero el acuerdo publicado se concentra en el aguacate. ¿Qué ocurre con las mujeres que trabajan en la zarzamora, la fresa, el arándano y otras cadenas agroexportadoras?
En Michoacán, las berries representan también una actividad económica relevante y emplean una cantidad importante de mano de obra jornalera. Si el Estado pretende combatir la precariedad laboral en el campo, no puede hacerlo únicamente en la cadena que tiene mayor peso económico y exportador.
El segundo problema es la subcontratación y la informalidad.
Al cierre de junio de 2026, el programa de aseguramiento de eventuales del campo había incorporado a 68 mil 538 personas. Es un avance, pero sigue siendo insuficiente frente a la dimensión del trabajo agrícola.
El desafío está en llegar hasta el campo.
Porque una cosa es que una empresa exportadora aparezca en un registro y otra que la trabajadora contratada por una cuadrilla, un intermediario o un subcontratista tenga efectivamente seguridad social, salario digno, atención médica y condiciones laborales seguras.
Si la inspección no llega a los surcos, el certificado puede convertirse en un mecanismo de cumplimiento administrativo que no necesariamente transforma las condiciones de trabajo.
¿Y las mujeres? Aquí está uno de los principales vacíos.
Las políticas laborales para el campo siguen sin incorporar de manera suficiente las condiciones particulares de las mujeres jornaleras.
¿Quién cuida a sus hijos mientras trabajan? ¿Quién garantiza que tengan acceso a una guardería?¿Qué ocurre cuando una trabajadora está embarazada y se encuentra expuesta a plaguicidas? ¿Qué autoridad verifica el acoso durante el traslado hacia los campos? ¿Quién supervisa las condiciones de los espacios donde viven las familias jornaleras?
En septiembre, el Senado comenzó a discutir una iniciativa para proteger a las trabajadoras agrícolas embarazadas expuestas a plaguicidas y permitir su reasignación a labores seguras sin pérdida de salario ni derechos.
Es una medida necesaria, pero también evidencia algo: muchas de estas problemáticas llevan años documentadas y apenas ahora comienzan a incorporarse a la agenda legislativa.
No necesitamos esperar otra década para reconocer derechos que ya deberían estar garantizados.
Durante años, gobiernos y empresarios han defendido la importancia económica de las exportaciones agrícolas de Michoacán. Se habla de empleos, inversión, divisas y competitividad.
Pero cuando se hablaba de las condiciones laborales, el discurso cambiaba.
LO QUE DEBE EXIGIRSE
Primero, que el certificado laboral se extienda a las demás cadenas agroexportadoras de Michoacán, empezando por las berries, y que la verificación alcance a toda la cadena, incluidos intermediarios, cuadrillas y subcontratistas.
Segundo, inspecciones laborales permanentes con perspectiva de género y pertinencia cultural. En comunidades indígenas esto implica contar con intérpretes, mecanismos accesibles de denuncia y condiciones que permitan a las trabajadoras denunciar sin exponerse a represalias.
Tercero, que las guarderías y servicios de cuidado dejen de ser una obligación escrita en la ley y se conviertan en servicios reales en las zonas agrícolas.
Cuarto, que exista información pública sobre el uso de agroquímicos, accidentes e intoxicaciones de trabajadores y trabajadoras agrícolas. Si una persona enferma por las condiciones en las que trabaja, debe existir una autoridad capaz de investigar y determinar responsabilidades.
Quinto, que las jornaleras participen directamente en el diseño y vigilancia de las políticas que supuestamente están destinadas a protegerlas.
EL ESTADO Y SU ROL
El gobierno puede presentar el certificado laboral como un avance. Y lo es, pero un certificado no garantiza por sí mismo seguridad social. Una plataforma digital no sustituye una inspección. Un registro no garantiza un salario justo. Y una reforma legal no transforma las relaciones laborales si no existe voluntad política para hacerla cumplir.
Michoacán quiere seguir siendo una potencia agroexportadora, pero entonces deberá ser capaz de demostrar que esa riqueza no se construye sobre la precariedad de las mujeres, sobre la explotación de comunidades indígenas ni sobre la falta de derechos laborales.
Las jornaleras no necesitan discursos sobre reconocimiento, necesitan contratos, seguridad social, salarios justos, servicios de cuidado, protección frente a los agroquímicos, condiciones seguras de trabajo y mecanismos efectivos para denunciar abusos.
