El domingo 12 de octubre de 2025, San Miguel del Monte dijo “no” al autogobierno en una consulta que muchos celebraron como un “ejercicio democrático ejemplar”. Pero hagamos una pausa. ¿Desde cuándo un pueblo que ha resistido siglos necesita que el Estado le pregunte cómo quiere organizarse? ¿Desde cuándo la lucha por el agua se resume en una casilla marcada con equis?
La lucha en San Miguel del Monte va más allá del autogobierno
Uitzume, el perro del lago*
La verdad incómoda es esta: San Miguel del Monte no perdió nada el domingo. Perdió, quizá, una votación. Pero la lucha por el agua, por el territorio, por la dignidad de un pueblo que existe desde antes de que existiera México como nación, esa lucha no cabe en los formatos del gobierno ni se detiene con resultados adversos en urnas que nunca pidieron.
Hay una ironía perversa en todo esto. El gobierno diseña mecanismos «participativos», inventa figuras legales de «autogobierno», y luego espera que los pueblos originarios agradezcan la oportunidad de ser reconocidos y darles derechos. Como si el reconocimiento estatal fuera la fuente de legitimidad.
Como si los pueblos de Michoacán necesitaran un sello oficial para ser lo que siempre han sido: pueblos con derecho pleno sobre sus territorios y recursos. Entiendan, San Miguel del Monte no nació con la consulta del 12 de octubre ni tampoco con la autoadscripción como pueblo indígena en octubre de 2024 .
Su existencia como comunidad indígena no comenzó cuando algún funcionario decidió que era momento de preguntarles cómo querían gobernarse. Existen desde tiempos prehispánicos, cuando ni siquiera existía el concepto de «autogobierno» porque nadie cuestionaba su derecho a gobernarse a sí mismos.
El “autogobierno”, en este contexto, es un eufemismo. Es la manera en que el Estado dice: “Les permitiremos organizarse como ustedes quieran, siempre y cuando sea dentro de nuestras reglas, con nuestros formatos, en nuestros tiempos, y sujeto a nuestra aprobación final”. Es otorgar con una mano lo que nunca debió quitarse con la otra.
La lucha por el agua en San Miguel del Monte no es una abstracción política que pueda resolverse con un proceso electoral de decir “sí” o “no”. Es una batalla diaria, concreta, urgente por la defensa de manantiales que han dado vida a la comunidad por generaciones. Es resistencia contra un modelo extractivista que ve en el agua una mercancía y en los territorios indígenas un obstáculo a la “modernización”.
Los defensores y defensoras ambientales de San Miguel del Monte lo saben. Por eso, el resultado de la consulta no los detiene. No pueden darse el lujo de detenerse. El agua no espera a que el gobierno decida cuál es el mejor esquema administrativo para su protección.
Llamemos a las cosas por su nombre: la consulta del 12 de octubre fue, en gran medida, un ejercicio de simulación institucional. El tipo de iniciativa que permite al gobierno presumir de “diálogo con los pueblos originarios” mientras evita abordar el fondo del asunto.
Porque el fondo del asunto no es si San Miguel del Monte debe tener autogobierno según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. El fondo del asunto es ¿por qué, en pleno 2025, seguimos permitiendo que se saqueen los territorios indígenas? ¿Por qué las empresas de particulares tienen más derechos sobre el agua que las comunidades que la han cuidado por siglos? ¿Por qué el “desarrollo” siempre significa despojar a los pueblos originarios?
Esas preguntas no estaban en la boleta del domingo. Esas preguntas no tienen respuesta fácil porque implican cuestionar el modelo económico completo, la estructura de poder, la complicidad entre gobierno y privados. Es más cómodo organizar una consulta sobre “autogobierno” y decir que se cumplió con «los usos y costumbres».
Que haya ganado el “no” al autogobierno no significa que la comunidad rechazó la autonomía. Significa, probablemente, que muchos habitantes vieron en esa propuesta específica más riesgos que beneficios. Quizá algunos temieron que el autogobierno formal los dejara sin recursos del municipio. Quizá desconfiaron de que el autogobierno no cumpliera sus promesas.
Lo importante es entender que las y los defensores del agua en San Miguel del Monte no luchan por el autogobierno como fin último. Luchan por el agua, por el territorio, por el derecho a decidir qué pasa en su comunidad sin que nadie más opine. El autogobierno era una herramienta formal posible, no la meta.
Ahora buscarán otras herramientas para defender sus recursos. Seguirán documentando las violaciones y denunciando las concesiones ilegales. Seguirán protegiendo los manantiales y seguirán organizándose —con o sin el formato que el gobierno considere válido.
Aquí está el punto que los gobiernos nunca entienden: la legitimidad de los pueblos originarios no proviene del reconocimiento estatal. No se construye en urnas ni se certifica en tribunales.
Es una legitimidad histórica, cultural, territorial. Es la legitimidad que da el haber cuidado un lugar por generaciones, el conocerlo íntimamente, el entender que la relación con el territorio no es de propiedad sino de responsabilidad.
San Miguel del Monte no necesita que el Estado le diga que tiene derecho a defender su agua. Ese derecho lo ejercen desde mucho antes de que existiera el Estado mexicano. Lo ejercieron cuando eran parte del señorío tarasco; durante la Colonia, a pesar de la opresión. Lo ejercieron durante el México independiente, la Revolución, el priísmo, el cambio de régimen, y lo seguirán ejerciendo ahora.
La pregunta no es si San Miguel del Monte tiene legitimidad para defender su territorio. La pregunta es por qué el Estado mexicano sigue sin reconocer efectivamente esa legitimidad.
¿Por qué se hacen consultas sobre formas de gobierno pero no sobre concesiones de agua? ¿Por qué se organizan procesos participativos para temas administrativos pero no para decisiones que afectan directamente la vida de las comunidades?
La lucha sigue
Los defensores y defensoras ambientales de San Miguel del Monte no se van a replegar. La amenaza sobre el agua es real y urgente. El proyecto inmobiliario sigue expandiéndose y ahora con el aval de algunos pobladores y todos los actores políticos y económicos involucrados, el despojo continuará.
Ellos seguirán resistiendo. Seguirán porque la lucha por el agua no es opcional; porque nadie más lo hará por ellos. Seguirán porque entienden algo que muchos parecen haber olvidado: sin agua no hay vida, sin territorio no hay comunidad, sin resistencia no hay dignidad.
El domingo 12 de octubre no fue un final. Fue apenas otro momento en una lucha que lleva años. Una lucha que trasciende los procesos impuestos por gobiernos que llegan y se van. Una lucha que no cabe en las casillas de una consulta ni se detiene con un resultado adverso en las urnas.
Las historias importantes no terminan cuando se pierde una votación. Terminan cuando se rinde la lucha. Y en San Miguel del Monte, nadie está rindiéndose. El autogobierno formal puede esperar. El agua, no.
Las opiniones expresadas en esta editorial son responsabilidad de en15dias.com y no representan necesariamente la postura de ningún miembro de la comunidad de San Miguel del Monte, cuya diversidad de opiniones respetamos.
