El reclamo tuvo que cruzar la frontera norte para que la cuestión del aguacate ecocida alcanzara visibilidad para los países firmantes del T-MEC y se colara a la prensa internacional y nacional. OPINIÓN: La queja
La queja
Julio Santoyo Guerrero*
El reclamo tuvo que cruzar la frontera norte para que la cuestión del aguacate ecocida alcanzara visibilidad para los países firmantes del T-MEC y se colara a la prensa internacional y nacional.
La queja, presentada ante la Comisión Ambiental del T-MEC, expone en sus fundamentos, lo que de manera reiterada académicos y defensores del medio ambiente michoacano hemos venido denunciando públicamente en la última década.
La queja pone la atención en el capítulo 24 del referido tratado comercial en donde se establecen las condiciones ambientales bajo las cuales debe generarse la producción en los países firmantes del acuerdo.
Se supone que el aguacate, desde al menos la fecha en que se firmó el pacto comercial, enero de 2020, debió tener una certificación ambiental para poder cruzar la frontera. No ha sido así. Se sigue, hasta la fecha, exportando aguacate con huella ecocida, es decir, producido en huertas instaladas en predios que fueron calcinados y a los que les fue hecho cambio de uso de suelo.
De las 140 mil toneladas que en esta temporada los productores michoacanos exportaron para su consumo en la celebración del Super Tazón, al menos la mitad proceden de huertas con un historial ambiental negativo, o sea, en donde se taló bosque, se incendió, se hizo cambio de uso de suelo, se afectaron mantos freáticos y escorrentías, se dañaron ecosistemas y se pusieron en riesgo diversas especies de fauna y flora.
Podrá la asociación de productores de aguacate argumentar que su fruto tiene más de 10 certificaciones, tal vez sea cierto, pero ninguna es ambiental. Son sanitarias, orgánicas, laborales, y eso es precisamente lo que pone en evidencia la queja: que el aguacate se produce en condiciones contrarias a los protocolos ambientales básicos y además incluidos con claridad en el famoso capítulo 24 del T-MEC.
La queja ha caído como balde de agua fría en los diversos niveles de gobierno y desde luego entre el sector productivo, de manera precisa, entre los productores que saben que su fruto proviene de huertas ilegales. Que en esos predios antes había bosque no es difícil probarlo, baste echarle una mirada a los mapas de Google Earth de hace 15, 10 o 5 años y cotejarlos con los actuales, ahí está la evidencia.
Todo apunta a que estamos llegando a un punto de inflexión y que ya no es posible hacer evasivas sobre las responsabilidades ambientales de los gobiernos mexicano y estadounidense, y que el gobierno de México no puede seguir desviando la mirada para dejar hacer y dejar pasar a quienes de manera arrasadora han destruido los bosques michoacanos que son patrimonio planetario.
El punto de inflexión supondrá avanzar en direcciones concisas. La primera de ellas establecer los medios para hacer cumplir la ley y frenar por completo el cambio de uso de suelo en predios boscosos; la segunda, establecer un sistema eficiente y transparente de registro de huertas; la tercera, diseñar un protocolo para la certificación ambiental tomando como una de sus referencias el estatus previo del predio en donde está instalada la huerta.
Incluso, para bien de la producción aguacatera se debe trabajar de manera urgente en el sistema de certificación ambiental. La respuesta social del mercado internacional de consumidores, que conforme avanza el tiempo, se percata de que a su mesa está llegando un fruto con huella ecocida, no tardará en incrementar su rechazo y exigencia para que al fruto le cierren la frontera en tanto no cuente con una certificación confiable.
La oportunidad para que Michoacán pueda salvar lo poco que le queda de bosques depende en gran medida de dicha certificación. El derecho a un medio ambiente sano, establecido en nuestra constitución, también depende de esa medida.
No hay opción para el gobierno de México, los productores y la sociedad, que avanzar para instrumentar en breve tiempo los mecanismos necesarios para la certificación. Es una acción que generará confianza en el consumidor y fortalecerá las virtudes del sector frutícola aguacatero.
Si no es así no se descarte la probabilidad de que en un año la fiesta del Super Tazón termine vetando la importación aguacatera. La queja ha puesto frente a la mirada de los consumidores un problema que hasta ahora se venía ocultando con propaganda edulcorante del origen verdadero de la mayor parte de este fruto.
¿QUIÉN ES?
Julio Santoyo Guerrero**
Es consejero del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán e Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida en Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje.
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