La disputa territorial de agrupaciones ilegales en Michoacán, la creciente desconfianza en las autoridades y en grupos de autodefensa, la falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la normalización de la violencia, mantienen el creciente ciclo de crimen en la entidad. Ante la violencia en Michoacán, Guardia Civil ¿militarizada?
Ante esto, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha realizado ajustes dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, primero poniendo al frente de la dependencia a un militar y segundo, haciendo reformas legales para crear la Guardia Civil de Michoacán que sustituye a la Policía de Michoacán.
Con ello, el gobierno de Michoacán pretende cambiar la estrategia y aminorar la violencia que vive el estado.
El saldo de la creciente violencia en la entidad, y en el país, es alto, pues de 2000 a 2022 se registran 429 mil 527 homicidios dolosos, cifra que al ser desglosada por sexenio se aprecia que hay una especie de expansión de la violencia permanente: con Vicente Fox 74 mil 389; Felipe Calderón, 103 mil 357; con Enrique Peña Nieto, 117 mil 781; y en lo que va de la actual administración, 134 mil.
Sin embargo, en Michoacán la cifra es mayor. La Secretaría de Seguridad Pública reconoció que en esta entidad de 2015 a 2020 se suscitaron 12 mil 751 homicidios dolosos, existen 100 mil desplazados de sus lugares de origen; también aumentaron los feminicidios, toda vez que se contabilizó el asesinato de 873 mujeres, dejando en la orfandad a 150 niños.
Ante la violencia en Michoacán, Guardia Civil ¿militarizada?
TEXTO: GILBERT GIL YÁÑEZ
en15dias.com
El saldo de la creciente violencia en la entidad, y en el país, es alto, pues de 2000 a 2022 se registran 429 mil 527 homicidios dolosos, cifra que al ser desglosada por sexenio se aprecia que hay una especie de expansión de la violencia permanente: con Vicente Fox 74 mil 389; Felipe Calderón, 103 mil 357; con Enrique Peña Nieto, 117 mil 781; y en lo que va de la actual administración, 134 mil.
Sin embargo, en Michoacán la cifra es mayor. La Secretaría de Seguridad Pública reconoció que en esta entidad de 2015 a 2020 se suscitaron 12 mil 751 homicidios dolosos, existen 100 mil desplazados de sus lugares de origen; también aumentaron los feminicidios, toda vez que se contabilizó el asesinato de 873 mujeres, dejando en la orfandad a 150 niños.
“El nivel de expansión y agudización (de la violencia) genera que la entidad esté por encima de la media nacional y eso ha pasado en los últimos ocho años. A esto se suman las masacres, cuando se priva de la vida a más de tres personas. Esto implica que se diversifica la violencia”, detalló Rubén Darío Ramírez Sánchez, investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM.
MASACRES EN MICHOACÁN
2020 – 55
2021 – 63
2022 (hasta agosto) – 16
Al analizar, a partir de la perspectiva social, la situación en Michoacán, el experto en estudios rurales resaltó que son múltiples las causas por las cuales la población enfrenta diferentes agresiones, proceso que inició con el desmantelamiento del Estado y las instituciones que, de algún modo, contenían la pobreza y generaban aspiraciones que el modelo neoliberal no concretó.
Al ofrecer la charla “La importancia que tiene el estudio científico de las violencias: el caso de Michoacán”, el sociólogo refirió que a partir de la década de los 80, luego de la apertura política, la alternancia de los partidos políticos generó “huecos” donde se insertaron los grupos ilegales.
“El terreno fértil es la desigualdad social, el gobierno neoliberal no dio posibilidades de que las aspiraciones de la gente se cumplieran; al contrario, se desmanteló el estado de bienestar y esto propició que mucha población quedara a merced de las posibilidades que se tenían en frente, y una de ellas es los grupos ilegales”, aseguró el también académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, de la UNAM.
El problema no se queda sólo a nivel estatal, ya que a partir de esto se generaron también procesos inflacionarios donde el aguacate superó los 100 pesos y el limón llegó a valer 80 debido al control de los territorios, ejemplificó.
A estos problemas se suma el evidente “interés político-electoral de estos grupos. En la última elección el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló cuatro municipios donde la sentencia decía que era por la injerencia de los grupos delictivos, algo que nunca se había dado en el país”, señaló el especialista en violencia y transición hacia la democracia.
Señaló que al establecerse los grupos ilegales inició una lucha territorial que ha generado ciclos de violencia que, en lugar de acabar, se incrementan con el tiempo.
“Michoacán es uno de los estados con fronteras hacia estados con mayores índices de violencia -Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima- y eso propicia que haya una disputa muy fuerte por las fronteras, que son escenarios de disputa por el tráfico de la droga; también está que las regiones que son enclaves económicos muy fuertes son zonas de disputa, lo que explica por qué las regiones más violentas del país son Zamora, Morelia y Uruapan”, apuntó Ramírez Sánchez.
Eso implica que se dé una disputa por el Puerto Lázaro Cárdenas, donde llegan los insumos provenientes de Asia para la producción de droga sintética. Entonces, la violencia siempre está en disputa por la actividad económica y los espacios, recalcó.
El investigador recordó que en 2011 y 2012 los grupos ilegales controlaron 80 de los 113 municipios –situación documentada– cuando se reveló que había cooptación del Estado, y quienes decidían la vida municipal eran los grupos delictivos. Entonces se habla de un Estado paralelo.
Ante esta situación, se presentaron en la región las autodefensas, o grupos formados, en un primer momento, por aguacateros y otros productores agrícolas para enfrentar al crimen organizado; lograron una cobertura importante en casi todo el territorio michoacano.
El principal problema es que sufrieron infiltraciones, tuvieron fracturas internas por los liderazgos, y enfrentaron la represión del Estado, hasta convertirse en guardias rurales, rememoró.
“En 2014 el Gobierno Federal creó una estructura para burocratizarlo y estableció la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo, quien tenía antecedentes bastante dudosos y su tarea fue desmantelar las autodefensas a través de las guardias rurales. ¿Qué pasó? Muchos se integraron a las guardias, otros regresaron a sus actividades anteriores, y se cree que muchos pasaron a las filas de los cárteles”, señaló Ramírez Sánchez.
Debido a esta situación, el investigador estimó necesario recuperar el Estado de derecho, pues sin él no hay paz social. Si no se asume la responsabilidad, tampoco se recupera la hegemonía territorial y los grupos se siguen enfrentando, la situación continuará en aumento; además, se deben generar oportunidades para los jóvenes antes de que consideren al narcotráfico como la mejor opción de vida.
Militarización de la policía ¿la solución?
Desde su campaña, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla había propuesto reorientar el trabajo de las Fuerzas Armadas, fortalecer la presencia de la Guardia Nacional en el estado y establecer un programa para la seguridad. Además, planteaba la creación de una “guardia estatal” y depurar a la Fiscalía General y la Policía estatal.
Ya como gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla cambió su estrategia de seguridad. Primero, coordinando su estrategia con la política de seguridad del gobierno federal mediante el Plan de Apoyo para el estado de Michoacán; segundo, poniendo al frente de la seguridad pública del estado a un comandante militar y, tercero, la creación de la Guardia Civil en sustitución de la Policía de Michoacán.
El 9 de octubre de 2021, se presentó el Plan de Apoyo para el estado de Michoacán donde se aseguró que se reforzaría la seguridad en Michoacán con más de 17 mil militares: 4 mil 402 elementos de la Sedena, 4 mil 920 de la Guardia Nacional (GN) y otros 7 mil 924 policías desplegados en toda la entidad, anunciaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
Además, anunciaba que habría mayor presencia militar y se instalarían cuarteles de la Guardia Nacional.
En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval detallaba la política a seguir con el nuevo gobierno.
“La policía estatal, realizará acciones de desbloqueo en vías de comunicación cuando así se requiera con el apoyo del Ejército y de la Guardia, pero yendo la policía estatal en primer plano, y todo esto de acuerdo a las leyes establecidas en el uso de la fuerza y derechos humanos.
“También fortalecer las capacidades de inteligencia de la policía estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia. En esta parte ya proporcionamos efectivos, en primer tiempo los que eran necesarios para iniciar la reestructuración y posteriormente conforme se vaya requiriendo se les seguirá apoyando al estado con personal del Servicio de Inteligencia”, señalaba el secretario de la Defensa Nacional, el general, Luis Crescencio Sandoval.
Ahí ya se entreveía la propuesta de una Guardia Civil o estatal.
“También una propuesta, el cambio de imagen de la policía de Michoacán desde uniformes, heráldica, aplicar exámenes de confianza”, detallaba el militar.
“En esta área también ya el mes que entra, entra en operación nuestro de Centro de Evaluación o el Centro de Evaluación de la Guardia Nacional que tiene una capacidad importante para evaluar elementos diariamente, entonces podría ser un apoyo más para el estado para desarrollar estos exámenes de confianza.
“También mayor presencia militar contribuirá a la implementación de acciones adoptadas por el gobernó estatal”, concluía.
Una semana antes, de la presentación del Plan de Apoyo para el estado de Michoacán, el 1 de octubre del 2021, el General José Alfredo Ortega Reyes, recibía como secretario de Seguridad Pública en el estado, el mando de la Policía Michoacán de manos del titular saliente; “vamos a preservar la paz, y a respetar los derechos humanos”, eran sus primeras frases.
El General destacaba que la seguridad pública del estado estaría “orientada en salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”.
Su primera política fue “dar marcha atrás en las estrategias y mecanismos apegados al Plan Nacional de Seguridad 2018-2024, al programa sectorial de protección ciudadana, y a la estrategia nacional de Seguridad Pública, alineando el actuar del estado con la federación”.
De 11 estados que gobierna MORENA en el país, en ocho la seguridad pública recae en militares; es el caso de Michoacán. José Alfredo Ortega Reyes es general en retiro fue formado en inteligencia y cursó la maestría en seguridad nacional.
En diciembre de 2021, antes de tomar posesión a su cargo, en una entrevista con un medio local, el actual secretario de seguridad señalaba que la decisión de designar a mandos militares como encargados de seguridad en los estados “obedece al perfil de nosotros, fundamentalmente a que tenemos estudios en seguridad nacional. Todos los que han sido designados en seguridad pública tenemos la maestría en seguridad nacional”.
¿Quién es José Alfredo Ortega Reyes?
El general José Alfredo Ortega es Licenciado en Administración Militar y maestro en Administración Pública. Cuenta con una maestría en Seguridad Nacional y es candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.
Fue General de Brigada Diplomado de Estado Mayor. Cuenta con 45 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas, desempeñándose como subjefe del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejército, y como jefe de Análisis y jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Fue agregado militar y aéreo en la República de Colombia y jefe de Estado Mayor de la 31/a Zona Militar.
Indicó que tres son compañeros de la misma generación: “el compañero recientemente designado en Zacatecas, el de San Luis Potosí y un servidor. La seguridad nacional comprende la seguridad exterior y el orden interno, y dentro del orden interno está la seguridad pública. Reunimos el perfil para ser conocedores y aplicar la seguridad pública”.
Pero ¿qué Seguridad Pública?
El 15 de julio de 2022, el gobierno de Michoacán publicó en el Periódico Oficial de Michoacán el Manual de Operación de la Guardia Civil, donde se explicaban las funciones que llevaría acabo la institución.
Tendría al menos tres funciones generales: de prevención, de reacción y de investigación. La Guardia Civil dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, encabezada por el militar y general José Alfredo Ortega Reyes.
Según la prensa loca, la Secretaría de Seguridad Pública hizo la petición de la Sedena para que se capacite a los elementos de la Guardia Civil en la Ciudad de México a fin de que conozcan sus procedimientos de operación.
Seis días después, el gobernador de Michoacán presentaba a la Guardia Civil y destacaba que con su creación se daba “un paso más hacia la pacificación de la entidad, mediante la participación de una corporación especializada, profesional y más cercana a la gente”.
Detallaba que “un total de 5 mil 355 elementos están recibiendo capacitaciones especializadas, por lo que esta corporación no sólo cambia de imagen, sino que apuesta a la profesionalización permanente del personal en diversos rubros y al fomento de valores dentro de la institución, todo, en apego a la realidad y al pleno respeto a los derechos humanos”.
El 1 de agosto de 2022, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla presentaba su Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021 – 2027.
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Ahí se destacaban los lineamientos de los que serían las bases para una pacificación en Michoacán. La creación del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ), la transformación de la Policía Michoacán en Guardia Civil, se realizará un programa interinstitucional de desarme y coordinación con estados vecinos.
Los planteamientos más importantes son la creación del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ), que toma en cuenta las condiciones, contextos y necesidades de cada municipio y pueblos originarios; así se atienden las dimensiones de los problemas de orden básico de convivencia social: violencia intrafamiliar, escolar, contra las mujeres, abuso del alcohol y consumo de drogas.
“Con este fondo se apoyará también la formación, certificación y equipamiento de las policías”, se destaca en el documento.
El Plan se detalla que “la Policía Michoacán se va a transformar en una Guardia Civil. Vamos a profesionalizar el perfil de los elementos, respetando sus grados y salarios. Será un cuerpo policial con especialistas en el combate a la extorsión, en inteligencia, investigación, cumplimentación de órdenes de aprehensión y en búsqueda de desaparecidos”.
Como parte de la estrategia de pacificación, se realizará un programa interinstitucional de desarme en Michoacán, bajo tres líneas de operación: campaña de canje de armas por electrodomésticos; supervisión en aeropuertos, terminales de autobuses y servicio de paqueterías, así como puestos de control de seguridad en puntos estratégicos y en carreteras.
En el marco de la “Política del Buen Vecino” se firmaron convenios de coordinación con los estados colindantes para crear una agenda conjunta que permita reforzar la seguridad y disminuir los indicadores delictivos.
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Un día después de la presentación del plan, el 2 de agosto de 2022, en su conferencia semanal, el gobierno de Michoacán detallaba lo que sería la estrategia de seguridad.
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Ahí presentó los avances de los recursos de Fortapaz y de la sectorización para la seguridad en el estado.
El gobierno sostiene que ha bajado la violencia. El 6 de septiembre de 2022, se insistía acerca de que la política de seguridad comenzaba a dar frutos. “Tres meses consistentes a la baja en homicidios”, señalaba el gobernador en su conferencia semanal.
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HOMICIDIOS EN MICHOACÁN
2015 – 952
2016 – 1450
2017 – 1481
2018 – 1623
2019 – 2080
2020 – 2433
2021 – 2732
DATOS DE SESNESP 2021
“Cambió el gobierno y la violencia venía en un nivel creciente y no se ha detenido, se ha mantenido”, aseguró el doctor Rubén Darío Ramírez Sánchez, investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM.
“No es un problema de los gobiernos, es un problema descomposición social que se tiene que atender de otra manera y así llegue regrese el PRI y regrese otro gobierno el nivel de descomposición no permite pensar que los índices de violencia van a bajar”.
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Para el investigador de la UNAM, “la incursión del Ejército en actividades de seguridad pública) no resuelve el problema”.
“Vuelvo a repetir: Michoacán fue el laboratorio muy palpable de lo que pasó con la militarización; se volcó el Ejército a Michoacán y después de 15 años, Michoacán está más convulso que en 2006. La cuestión de la llegada del Ejército no resuelve el problema, lo agudizó”, asegura el académico.
Explicó que desde el año “2000 en adelante se ha tenido un crecimiento exponencial de la violencia”.
“Los mayores índices de violencia ni siquiera lo tuvimos con Fausto Vallejo, lo tuvimos con Silvano Aureoles, entonces gobernador. Y en los últimos datos vamos a romper récord de homicidios con este año con este nuevo gobierno”, destacó.
“La militarización del país no sabemos a dónde nos lleva, lo que sí sabemos es que los militares no están, diríamos, entrenados para resolver problemas de seguridad pública”, aseguró el investigador.
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