Aumentan ataques letales contra defensores ambientales en México

Por tercer año consecutivo, Global Witness documentó un aumento en los ataques letales en México: 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021, casi la mitad de ellas indígenas. Aumentan ataques letales contra defensores ambientales en México, según el reporte Global Witness; 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021

Información: Reporte Global Witness

Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales. Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.

En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período.

La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021.

Global Witness registró que 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2021, lo que representa un promedio de casi cuatro personas por semana.

Estos ataques letales continúan ocurriendo en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización. Esto está sucediendo en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores.

Aumentan ataques letales contra defensores ambientales en México, según el reporte Global Witness; 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021

México es el país con el mayor número de asesinatos registrado, con personas defensoras asesinadas cada mes, con un total de 54 asesinatos en 2021, frente a los 30 asesinatos registrados el año anterior. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.

Mientras que Brasil e India tuvieron un aumento en los ataques letales de 20 a 26 y de 4 a 14 respectivamente, tanto Colombia como Filipinas registraron una caída en los asesinatos en 2021, pasando de 65 a 33 y de 30 a 19 respectivamente. Sin embargo, en general, siguen siendo dos de los países con el mayor número de asesinatos en el mundo desde 2012.

Aumentan ataques letales contra defensores ambientales en México, según el reporte Global Witness; 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021

Más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía.

Según el reporte, poco más de una cuarta parte de los ataques letales se relacionaron con la explotación de recursos (madera, minería y agronegocios a gran escala) y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. Sin embargo, es probable que esta cifra sea mayor, ya que las razones detrás de los ataques a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a menudo no se investigan ni se informan adecuadamente.

En la mayoría de los casos en los que no se pudo identificar un sector, se descubrió que los conflictos por la tierra eran un factor clave de los ataques contra las y los defensores. Sin embargo, en muchos casos no se denuncian los motivos económicos detrás de la violencia relacionada con la tierra.

La minería fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos con 27 casos, con la mayoría de los ataques en México (15), seguido de Filipinas (6), Venezuela (4), Nicaragua (1) y Ecuador (1).

En 2021, la cantidad desproporcionada de ataques contra pueblos indígenas continuó una vez más, con más del 40 % de todos los ataques fatales dirigidos a pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial. Estos casos fueron documentados predominantemente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.

Global Witness registró 12 asesinatos en masa, incluidos tres en India y cuatro en México. En Nicaragua, grupos criminales masacraron a 15 personas indígenas y defensoras del derecho a la tierra como parte de la violencia sistemática y generalizada contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna.

Cincuenta de las víctimas asesinadas en 2021 eran pequeños agricultores, evidenciando cómo la implacable mercantilización y privatización de la tierra para la agricultura industrial pone cada vez más en riesgo a los pequeños agricultores, a medida que las transacciones de tierras ignoran los derechos de tenencia locales.

La agricultura familiar a pequeña escala, de la que todavía depende la mayoría de los pobres de las zonas rurales del mundo, se ve amenazada por las plantaciones a gran escala, la agricultura orientada a la exportación y la producción de productos básicos en lugar de alimentos.

Alrededor de 1 de cada 10 de las personas defensoras asesinadas registradas en 2021 eran mujeres, casi dos tercios de las cuales eran indígenas.

La violencia de género arraigada en la misoginia y las normas de género discriminatorias se utiliza de manera desproporcionada contra las defensoras de derechos humanos y ambientales para controlarlas y silenciarlas, y suprimir su poder y autoridad como lideresas.

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Aumentan ataques letales contra defensores ambientales en México, según el reporte Global Witness; 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021

PANORAMA EN MÉXICO

Por tercer año consecutivo, Global Witness documentó un aumento en los ataques letales en México: 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021, casi la mitad de ellas indígenas. Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales. Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.

En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021.

Las desapariciones forzadas son frecuentes: Global Witness registró 19 en 2021. Las llevan a cabo funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados, y tienen un efecto escalofriante en las familias y las comunidades. 

En septiembre de 2021, las autoridades descubrieron seis conjuntos de restos humanos cerca del territorio Yaqui en el sur de Sonora, México, y se presume que se trataría de algunos de los diez hombres desparecidos en julio.

Luego de múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad Yaqui el año pasado, los funcionarios declararon que creían que los responsables eran los cárteles de la droga. Sin embargo, algunas personas de la comunidad sospechan también del gobierno y las corporaciones interesadas en la tierra y los recursos Yaquis.

Los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras, respaldados por el gobierno mexicano.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de consultas adecuadas con las comunidades potencialmente afectadas y los ataques posteriores a quienes se oponen a los proyectos emblemáticos. La Comisión ha advertido la criminalización y las campañas de desprestigio como amenazas perjudiciales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en México.

La impunidad sigue siendo generalizada, más del 94 % de los delitos no se denuncian y solo se resuelve el 0,9 %.  La ambientalista mexicana Irma Galindo Barrios desapareció en octubre de 2021.

Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques. Esta defensa incluyó la presentación de una denuncia formal ante la Secreatría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, el cual entró en vigencia en abril, existe poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a las personas defensoras, disminuyendo la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha expresado su preocupación por la multiplicidad de factores que intervienen en este contexto de impunidad, entre ellos la falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de delitos contra personas defensoras.

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Aumentan ataques letales contra defensores ambientales en México, según el reporte Global Witness; 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021

Acuerdo de Escazú

El 22 de abril de 2021 entró en vigor el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como el Acuerdo de Escazú.  Es el primer tratado regional ambiental y de derechos humanos en América Latina y el Caribe, y el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras ambientales.

El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho a acceder a la información ambiental y participar en la toma de decisiones ambientales. Lo más significativo es que también requiere a los Estados que prevengan e investiguen los ataques contra las personas defensoras ambientales. 

Al momento de redactar este informe, países clave que representan una amenaza para las personas defensoras, como Brasil y Colombia, aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, mientras que otros, como México, que lo ha ratificado, aún no lo han implementado de manera efectiva.

Si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, el cual entró en vigencia en abril, existe poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a las personas defensoras, disminuyendo la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha expresado su preocupación por la multiplicidad de factores que intervienen en este contexto de impunidad, entre ellos la falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de delitos contra personas defensoras.

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