Protección a defensores: más allá de Escazú
**Por: Carlos Olivares
En el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Sta. María, estamos preocupados por el aumento en las agresiones a ambientalistas en todo México, como las ocurridas recientemente a ambientalistas de Villa Madero y Lagunillas.
A nivel mundial, la organización Global Witness reporta que por décimo año consecutivo, hubo un aumento en las agresiones a ambientalistas (https://cutt.ly/VOaciws).
En México, durante el 2020 se reportaron 32 asesinatos, con lo que el sexenio actual se encamina a ser el mas letal.
Observamos que esta aceleración en los ataques se debe a que siguen en marcha los procesos de devastación ambiental, de despojo y concentración de la tierra y el agua, impulsados por las grandes empresas nacionales e internacionales, que agreden a les defensores a través del crimen organizado pero también a través de autoridades locales.
Un caso emblemático de este amasiato se revela en Morelos, donde en pasados días resurgió el reclamo del Frente de Pueblos de Morelos Puebla y Tlaxcala, de que se investigue al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al dirigente cristiano Hugo Erick Flores, por su posible participación en el asesinato del activista y comunicador náhuatl Samir Flores Soberanes, en febrero de 2019.
Esto ante la aparición de una foto del gobernador con los cabecillas del CJNG, Comando Tlahuica y Guerreros Unidos, y la posterior narcomanta en Oaxtepec donde se le señala que “soltaran los datos exactos de la muerte de Samir”.
Cabe recordar que Samir se oponía al “Proyecto Integral Morelos”; un proyecto energético peñista que fue continuado por el actual gobierno federal.
Medidas para la defensa de los defensores
América latina es la región con más asesinatos a ambientalistas (cerca de 75% del total) por lo que la ONU a través de la CEPAL, propuso una serie de medidas en pro de la Justicia Ambiental para prevenirlo. Dicho programa se firmó la ciudad de Escazú, Costa Rica en 2018.
Los acuerdos de Escazú han sido ratificado por 12 países, entre ellos México en enero del 2021, por lo que la legislación e instituciones entraron en un proceso de ajuste para incorporarlo.
Se centra en 4 medidas: derechos a la información ambiental, a la participación en toma decisiones, a la justicia ambiental y a la protección a los defensores ambientales.
Pero del mismo modo que las alertas de género consiguen visibilizar pero detener la violencia feminicida, las alertas de protección a defensores ambientales estarán huecas si no se atiende la cuestión de fondo: la responsabilidad de las grandes empresas en la violación masiva y sistemática de derechos humanos.
Desde los movimientos sociales, debemos luchar porque en la implementación de los acuerdos de Escazú se responsabilice directamente a las empresas cuando se suscitan las agresiones, y aún más, a los Estados sede de tales empresas.
La implementación efectiva de tales acuerdos se enfrenta con gobiernos que no solo no cumplen sino que son directamente los violentadores. En México hasta 95% de los asesinatos no deriva en un proceso legal.
Nos enfrentamos además a una serie de sectores del “ecologismo” cómplice de las empresas, incrustado en ONGs, academia e instituciones que buscarán tomarse la foto. Debemos evitar que la propuesta termine en sus versiones descafeinadas como sucedió por ejemplo con el “Derecho a la Ciudad”.
Algunas medidas para una efectiva protección de los defensores, siguiendo la línea de lo que han propuesto organizaciones como CEMDA:
1. En lo internacional, busquemos la visita del grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
2. En lo nacional: que se abroguen las leyes que crimininalizacen a quienes nos oponemos a la devastación, como el reciente decreto del ejecutivo federal que blinda los megaproyectos como asunto de seguridad nacional
3. Busquemos que se responsabilice a todos los actores beneficiados de la violencia contra defensoras de medio ambiente, empresas e inversores en primer lugar ;que se suspendan los proyectos donde haya agresiones.
4. Que se investiguen las cadenas de suministro: de los minerales, de la energía, de la madera, de modo análogo a como hace la Unión europea mediante esquemas llamados de gobernanza empresarial sostenible.
5. Debemos poner especial énfasis en que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos originarios a su autonomía y sus territorios, como se establece en los Acuerdos de San Andres, no solo porque son quienes a nivel mundial han recibido 37% de las agresiones letales siendo apenas 5% de la poblacion, sino porque es la vía que ha demostrado ser más eficaz para mantener la conservación ecológica y la justicia y paz social.
6. Que se cuestione el modelo de desarrollo impuesto por el leonino y asimétrico TMEC, que permite la libertad de los capitales norteamericanos por sobre la soberanía nacional.
Sólo en la medida que se le quiten a los destructores ambientales los medios de hacer daño, los defensores estarán protegidos, por lo que nuestro horizonte debe ser por asegurar que prime el interés público por sobre el de los capitales privados.
Buscar la justicia ambiental nos implica, en el campo popular, avocarnos a construir un proyecto territorial para beneficio de las grandes mayorías excluidas en esta dictadura del libre comercio, para reorientarnos en la ruta de un desarrollo territorial soberano, endógeno y democrático.
**¿QUIÉN ES?
Carlos Olivares
Integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María.
Las ideas vertidas en la sección de Opinión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La política editorial de en15dias.com promueve su difusión como contribución a la discusión acerca de los conflictos sociambientales, salud, derechos humanos y política ambiental.
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