Representantes de los ejidos División del Norte, Miguel Alemán y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, y Candelaria, Campeche y representantes del Derecho de vía de Candelaria, Campeche denunciaron “una serie fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto Tren Maya”. / Ilustración: http://mujeresylasextaorg.com
Modus Operandi del fraude en el Tren Maya
Las comunidades señalaron en un comunicado que “una persona se identifica como representante legal de Barrientos y Asociados. Informa a las comunidades que puede incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes.
La persona levantó un acta donde se daba por otorgada la autorización, “a pesar de no contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea y de la cual no ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios”.
“Los representantes de estos tres ejidos, fuimos citados por Barrientos y Asociados en el Palacio Federal de Campeche para otorgarnos cheques -sin especificar a qué correspondían dichos pagos-, por cantidades muy superiores a las acordadas”.
Señalaron que inmediatamente se les exigió la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la empresa Barrientos, “aludiendo que dicha cantidad correspondía al pago por servicios profesionales y amenazando con que, de no acceder, se nos denunciaría ante las Asambleas ejidales, acusándonos de habernos quedado con la cantidad excedente”.
Esta forma de actuar ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto “Tren Maya”.
En todos los casos, el común denominador es el Despacho Barrientos y Asociados que “ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales”, denunciaron.
Los representantes de los diferentes ejidos presentaron ante la Fiscalía del estado de Campeche denuncias penales, “la respuesta que nos hemos encontrado es una tajante negativa por parte de la Fiscalía General de la República para admitir nuestras denuncia”, señalaron.
“Ni la Procuraduría Agraria, ni Fonatur nos acompañaron en este proceso, aludiendo las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, pero sí fuimos citados en las oficinas de la Procuraduría Agraria para que firmáramos el Convenio de Ocupación previa a Título Gratuito, a lo cual nos negamos”.
Es importante señalar que en todo este proceso, los representantes de los ejidos solicitaron la información y alcances del proyecto, “y nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales de los impactos a generar, solamente nos presionan a otorgar la ocupación temporal”.
EL CASO CANDELARIA Y EL FRAUDE TREN MAYA
En el caso del ejido Candelaria, negaron que ellos hayan invadido las vías del tren.
“Nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías, contrario a lo que han señalado Fonatur, ONU-Hábitat y otras autoridades del Gobierno Federal”.
“Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el Gobierno Federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores”.
En este sentido, hay dos demandas de amparo. “La primera en contra del mal llamado ‘Proceso de reubicación consensuada’ por medio del cual pretenden desalojarnos, y la segunda en contra de las vías del tren, por el riesgo a nuestra seguridad que implicará para nosotros el paso del Tren a alta velocidad. En ambos casos, no hemos obtenido respuesta de los juzgados sobre el estado de nuestras demandas”.
TEMEN POR SU VIDA
En el comunicado los como representantes ejidales solicitaro “recibir garantías de protección y seguridad por parte del Estado mexicano, en tanto somos personas defensoras de derechos humanos ambientales”.
“Tememos por nuestra seguridad; el punto donde nos encontramos geográficamente se encuentra en foco rojo por la delincuencia y sabemos que este tipo de denuncias se deben presentar pero también sabemos que nosotros corremos peligro”.
Señalaron que en la zona se ha incrementado la situación de violencia, “produciéndose en los últimos meses agresiones como amenazas, hostigamiento, desaparición e incluso dos ejecuciones; todo ello, debe ser investigado por las autoridades correspondientes, lo cual, al día de hoy, por razones aún desconocidas, no han hecho”.
Exigieron que se garantice nuestro derecho a la justicia, “puesto que, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del estado de Campeche han obstaculizado la presentación de las denuncias correspondientes, y aun presentadas no ha tenido ningún avance en las investigaciones”.
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