Informe “Bajo Riesgo” de Reporteros Sin Fronteras
Derechos Humanos

México: Informe “Bajo Riesgo” de Reporteros Sin Fronteras

La Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó el resultado del Informe “Bajo Riesgo” de Reporteros Sin Fronteras: México, Honduras, Colombia y Brasil

La Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación y análisis sobre los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países más peligrosos del continente para la prensa: México, Honduras, Colombia y Brasil. México: Informe “Bajo Riesgo” de Reporteros Sin Fronteras

Titulado “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, el informe de RSF es el fruto de un análisis comparativo inédito de los mecanismos de protección de cuatro de los países considerados como los más peligrosos para la prensa: México (donde al menos cinco periodistas han sido asesinados desde principios de año), Honduras, Colombia y Brasil.

Estos países concentran por sí solos el 90% de los casos de asesinatos a periodistas, en la última década.

El estudio, lanzado en 2021 con el apoyo de la UNESCO, tiene como objetivo determinar con precisión el funcionamiento, la eficacia y el impacto de las medidas de protección adoptadas para amparar a los periodistas que se saben amenazados y que solicitan ayuda.

Acerca de México, la organización internacional identifica al menos dos focos rojos: la falta de compromiso por parte de las diversas dependencias del gobierno de México y el recurso humano que tiene el mecanismo de protección.


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Bajo Riesgo: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina (Brasil, Colombia, Honduras y México)


VIDEO: en15dias.com

GRAVE, SITUACIÓN DE MÉXICO

El informe de Reporteros Sin Fronteras crea un semáforo para determinar las alarmas y urgencias que debe atender el gobierno de México acerca de las agresiones, asesinatos y mecanismos de protección a periodistas.

De los 111 comunicadores y defensores asesinados en México desde diciembre de 2018 (inicio del mandato del presidente López Obrador) hasta julio de 2021, nueve se encontraban bajo la protección del mecanismo. Siete eran periodistas.

En el diagnostico general de los programas de protección se destacan aspectos positivos y negativos en cada uno de ellas: marco normativo, diseño institucional, previsión presupuestal, metodología y procedimientos, medidas implementadas, articulación con entidades públicas, cuerpo técnico, trato a periodistas, confiabilidad, transparencia y participación social.

El semáforo de colores fue utilizada para evaluar las categorías indica niveles de prioridad para los cambios en cada país – es decir, donde están los problemas más graves en cada uno de ellos – considerando los contextos locales y los problemas que afectan en mayor o menor grado su realidad, con base en el conjunto de actores entrevistados por RSF para este estudio.

Con la escala de colores del semáforo se identifican las prioridades, señaladas como los desafíos a ser tratados con mayor o menor urgencia en cada país, pasando del rojo (más urgente) al verde (menos urgente).


periodismo en México

SEMÁFORO EN ROJO

La organización internacional identifica al menos dos focos rojos: la falta de compromiso por parte de las diversas dependencias del gobierno de México y el recurso humano que tiene el mecanismo de protección.

1. Existe una falta de compromiso con las acciones de protección por parte de algunos órganos que conforman la Junta de Gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incluso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que tiene responsabilidad de otorgar medidas cautelares a los periodistas, tiene participación limitada en las reuniones de la Junta.

“En la práctica, el mecanismo es un organismo con capacidad operativa restrita, que busca empujar a toda una estructura institucional a asumir sus responsabilidades para transformar la situación de violencia”.

2. Hay una gran limitación de personal (45 personas); cada analista debe hacer un seguimiento de más de 200 casos simultáneamente.

La existencia de dicha limitación retrasa las evaluaciones de riesgos, impide el seguimiento de los casos y su reevaluación periódica.

La limitación del equipo también genera sobrecarga laboral e impacta en la calidad de la atención.

El perfil de los empleados en general – incluidos los escoltas que hasta hace poco eran ofrecidos solo por la empresa privada – carece de formación en derechos humanos y sensibilidad para tratar con víctimas de violencia, periodistas y defensores.

“Los analistas de riesgo no cuentan con una formación suficiente en las especificidades de género, interseccional y regional, lo que resulta en planes insuficientes”.


SEMÁFORO NARANJA

La organización internacional identifica al menos cuatro focos naranjas: la falta de compromiso de las unidades estatales; falta de presupuesto; tardanza en procesos de atención y falta de metodología en los análisis de riesgos.

1. Las entidades federadas no están comprometidas con la política de protección nacional. Algunos estados prefirieron crear mecanismos estatales autónomos, pero la medida no es la ideal ya que conduce a la duplicación de esfuerzos y los actores locales se encuentran entre los principales agresores contra los defensores.

Un diseño con el mecanismo federal funcionando en coordinación técnica, logística, de personal y presupuestaria con Unidades Estatales y otras autoridades locales sería ideal, pero en la práctica no funciona de esa manera.

“Falta compromiso y apoyo de todo el Estado mexicano. Las decisiones sobre casos y medidas se toman con participación social, pero la sociedad civil apunta al riesgo de que la creación de un Sistema Nacional pueda llevar a que el mecanismo federal se libere de brindar protección”.

2. Con el fin del fideicomiso propio en 2020, el presupuesto pasó a depender del compromiso del gobierno federal con la implementación de esta política pública.

El presupuesto para el 2021 fue de 227,6 millones de pesos (cerca de 11 millones de dólares) y la previsión para 2022 es de 388 millones de pesos.

Si se confirma, será el mayor desde la creación del mecanismo en el año 2012, pero no lo suficiente para atender adecuadamente a los 1.500 beneficiarios y para cubrir el crecimiento actual de la demanda, evidenciando que no es una prioridad para el Estado.

“El fin del fideicomiso también ha creado dificultades para monitorear la rendición de cuentas, faltando transparencia sobre el uso de los recursos en la actualidad”.

3. Existe un retraso excesivo en el tiempo medio de incorporación, desde el análisis de riesgos y aprobación de medidas (hasta 7 meses) hasta la plena implementación del plan de protección, cuando se produce (1 año más).

La existencia de un catálogo limita la adecuación de los planes a las necesidades de cada beneficiario. Hay una falta de medidas de atención de salud mental y apoyo psicosocial, especialmente en casos de desplazamiento forzado.

Como no hay cambios estructurales en la violencia, los refugios temporales se transforman extraoficialmente en reasentamientos permanentes.

“La contratación de una empresa privada – objeto de numerosas críticas por ser costosa e ineficiente – y del Servicio de Protección Federal contribuye a la seguridad inmediata, pero la lógica reactiva no es suficiente para reducir los riesgos”.

4. Principalmente a través del diálogo con la sociedad civil, el equipo comprende más sobre el tema de la libertad de expresión y la protección de los comunicadores que en otros países.

Pero no existe una metodología específica para el análisis de riesgo, tampoco medidas de protección que consideren la dinámica del trabajo periodístico.

“Faltan aún mejoras como la adopción de medidas de seguridad digital en los planes de protección, considerando la cantidad de ataques y amenazas que llegan a través de las redes sociales”.


SEMÁFORO AMARILLO

La organización internacional identifica al menos tres focos amarillos: falta vinculación de las leyes estatales y municipales; negar medidas a peticionarios y mayor confianza al mecanismo.

1. La constitución dice que todas las instituciones deben garantizar los derechos humanos, pero la Ley de Protección no es vinculante para las autoridades municipales y estatales.

A pesar de la existencia del Protocolo de Coordinación Nacional desde el año 2017, solo 12 de las 32 entidades federativas crearon una Unidad Estatal de Protección orientada a articularse con el mecanismo federal, muchas sin suficientes recursos humanos ni financieros.

“El actual gobierno anunció en 2021 la elaboración de una Ley General para el país y la creación de un Sistema Nacional de Protección, con el objetivo de comprometer legalmente a todos los órganos relacionados con la implementación de la política, otorgando al mecanismo un rol coordinador. Organizaciones de la sociedad civil cuestionan la pertinencia de una nueva ley en este momento”.

2. El costo político de negar medidas a los peticionarios con mayor potencial de crítica pública al mecanismo generó un cuadro de beneficiarios que se unieron al programa hace más tiempo con un mejor servicio que otros.

Los criterios utilizados a partir de 2020 para determinar el riesgo permitieron una mejor individualización de los casos, que están siendo revisados, pero aún falta considerar la población a la que pertenece el peticionario, ya que un mismo tipo de amenaza puede materializarse de manera diferente para cada periodista o defensor.

“En la gestión interna, faltan procedimientos más objetivos, planificación y apoyo administrativo a los equipos, y una perspectiva de género y demás diversidades poblacionales”.

3. La confianza en el mecanismo ha aumentado a lo largo de los años, pero muchos comunicadores y defensores siguen temiendo que los organismos directa o indirectamente responsables de los ataques, como la policía, formen parte de la estructura de la política de protección.

El principal obstáculo para una mayor confiabilidad hoy es, sin embargo, el discurso oficial del presidente López Obrador, quien nunca ha dejado de criticar y desacreditar abiertamente a periodistas y defensores.

Lo más que hizo el mecanismo en estos episodios fue emitir comunicados reconociendo el trabajo de estos sectores, lo cual no tiene suficiente impacto.

“Hasta marzo de 2022, el gobierno debe lanzar una campaña nacional sobre el tema, recomendada por las Naciones Unidas desde 2019. Pero décadas de omisión del Estado mexicano no serán superadas con una campaña de comunicación, aunque sea producida por la Presidencia del país”.


SEMÁFORO VERDE

La organización internacional identifica al menos un foco verde:

1. El mecanismo mexicano es el único analizado en ese estudio que prevé la participación institucional de la sociedad civil en la deliberación de los casos, lo que aporta cierta confianza a los beneficiarios en la política.

El Consejo Consultivo es sumamente activo, asegura el seguimiento permanente de las acciones y su representación (4 escaños de 9) con derecho a voto en la Junta de Gobierno contribuye a la oferta de planes de protección más efectivos para defensores y a la evolución de la propia política.

“Sin embargo, muchos acuerdos sobre mejoras al mecanismo, negociados con la sociedad civil, no se cumplieron. También hay una falta de diálogo con las entidades que no forman parte del Consejo, de transparencia y de rendición de cuentas, especialmente sobre las acciones de RCU, el proveedor de servicios privados”.


LOS PERIODISTAS SON UN BLANCO

“Los periodistas de América Latina tienen que dejar de ser un blanco. Es urgente detener esta espiral de violencia, cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región”, afirmó el director de la Oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.

“La vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse. RSF propone soluciones concretas para mejorar la eficacia de los mecanismos de protección en Brasil, Honduras, Colombia y México y se ofrece a auspiciar y acompañar los cambios necesarios, de forma duradera”, añadió.

Para establecer un diagnóstico preciso, RSF ha llevado a cabo 75 entrevistas con los diferentes actores implicados: desde los beneficiarios y responsables de la aplicación de los mecanismos de protección, hasta los representantes de la sociedad civil que trabajan en este asunto.

El análisis de sus testimonios y la experiencia de RSF en el contexto latinoamericano han permitido a la organización realizar un conjunto de 80 recomendaciones, que tienen como objetivo ayudar a resolver las deficiencias identificadas y mejorar la eficacia de los mecanismos de protección.

Este informe proporciona, por primera vez, una perspectiva regional de referencia sobre las políticas de protección existentes en Latinoamérica, sin pasar por alto las especificidades de cada país.

La identificación y el análisis de los problemas y fallos de estos programas -cuyas consecuencias directas son, a menudo, gravísimas para los beneficiarios- contribuyen a hacer de este estudio una herramienta de denuncia para la región, pero también de cooperación técnica.


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