¿Basta con que más mujeres ocupen cargos públicos para hablar de igualdad? En esta columna se cuestiona la idea de que la representación política sea suficiente para desmontar el patriarcado y se plantea que la verdadera transformación pasa por cambiar las estructuras que reproducen la desigualdad, especialmente para las mujeres indígenas. / La trampa de la igualdad
La trampa de la igualdad
Hay una idea que se ha instalado con fuerza en el debate público mexicano: que vivimos una nueva era para las mujeres porque hoy ocupamos espacios que durante siglos nos fueron negados. Tenemos una presidenta de la República, gobernadoras, ministras, magistradas, legisladoras, rectoras y presidentas municipales. La fotografía del poder cambió y, con ella, surgió una narrativa optimista: la igualdad finalmente llegó.
Pero el feminismo nunca ha sido una lucha por las fotografías. Ha sido una lucha por transformar las estructuras que producen la desigualdad.
Confundir representación con transformación es una de las trampas más sofisticadas del patriarcado contemporáneo. Porque el patriarcado no es un catálogo de hombres ocupando cargos públicos; es un sistema político, económico y cultural que organiza el poder, distribuye los privilegios y determina quién puede vivir con dignidad y quién debe sobrevivir.
Por eso una mujer en el poder no garantiza, por sí misma, una política feminista. Del mismo modo que un hombre en un cargo público no representa a todos los hombres, una mujer tampoco representa automáticamente a todas las mujeres. Pensar lo contrario es reducir siglos de teoría y lucha feminista a una cuestión de identidad biológica.
El feminismo radical ha insistido en que el problema no son únicamente las personas que ocupan el poder, sino la forma en que ese poder se ejerce. Las instituciones fueron construidas durante siglos desde una lógica masculina, colonial y jerárquica. Quien llega a ellas enfrenta una disyuntiva permanente: transformarlas o adaptarse para sobrevivir dentro de ellas.
Las mujeres indígenas conocemos esa tensión desde otro lugar. Para muchas de nosotras, la exclusión nunca tuvo una sola causa. No bastó con ser mujeres para quedar fuera; también fue necesario ser indígenas, hablar otra lengua, pertenecer a una comunidad rural, crecer lejos de los centros donde se toman las decisiones. Nuestra experiencia demuestra que la desigualdad no desaparece cuando una puerta se abre. Hay edificios completos que siguen diseñados para impedir nuestra entrada.
El derecho ofrece un ejemplo claro. Durante décadas se reformaron leyes para reconocer la igualdad formal entre mujeres y hombres. Esos cambios fueron indispensables. Sin embargo, la igualdad escrita en la Constitución no evitó que miles de mujeres siguieran enfrentando violencia, discriminación, brechas salariales, jornadas interminables de cuidados y enormes obstáculos para acceder a la justicia. La ley puede reconocer derechos; la realidad puede seguir negándolos.
Lo que sí se ha hecho: el balance en cifras
Es aquí donde conviene detenerse con rigor, porque la crítica al espejismo de la representación no puede sostenerse ignorando lo que efectivamente se ha movido en estos años, ni tampoco puede convertirse en un discurso que finja que nada ha cambiado.
En el plano federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado, a través de la Secretaría de las Mujeres, mecanismos como la Red de Abogadas de las Mujeres, los Centros LIBRE, la Cartilla de las Mujeres y la Red Tejedoras de la Patria.
Para 2026, el paquete económico contempla un Anexo Transversal de Cuidados equivalente al 1.21 por ciento del PIB —466 mil 675 millones de pesos—, que financia 47 programas operados por 27 instituciones y que dio origen al Sistema Nacional de Cuidados, con más de 118 mil centros de cuidado ya mapeados en el país. Es, en el papel, el reconocimiento presupuestal más amplio que se ha hecho en México al trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado y feminizado.
También se ha destinado, por primera vez en la historia del país, un presupuesto directo a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos a través del FAISPIAM, que pasó de 12 mil 500 millones de pesos en 2025 a 13 mil 500 millones en 2026, con la particularidad de que son las propias asambleas comunitarias —donde las mujeres suelen tener un papel central en la administración de esos recursos— quienes deciden su destino, sin intermediación de otros niveles de gobierno.
En 2025 se etiquetaron, además, 103.9 millones de pesos para el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, y se capacitó a cerca de 3,900 policías en protocolos de atención a víctimas de violencia de género.
Estos son avances documentables. Sería deshonesto negarlos.
Pero la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe de 2025 reconoció la expansión de la política social mexicana hacia mujeres, jóvenes, personas indígenas y con discapacidad, alertó en ese mismo documento sobre los feminicidios, la violencia de género, los asesinatos de mujeres trans y la trata de personas que persisten en el país. Y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han señalado que, pese al presupuesto histórico en cuidados, la Secretaría de las Mujeres no ha realizado este año mejoras sustantivas en los mecanismos de Alerta de Violencia de Género ni fortalecido sus procesos de evaluación.
De enero a octubre de 2025 se contabilizaron 597 feminicidios reconocidos oficialmente, frente a más de 5 mil mujeres asesinadas en el mismo periodo: la enorme mayoría de esas muertes nunca llega a clasificarse jurídicamente como lo que es. La brecha entre el gasto social anunciado y la persecución efectiva de los crímenes contra las mujeres sigue siendo, con datos en la mano, uno de los puntos más débiles de la política actual.
Michoacán: entre el descenso y la alerta que no se resuelve
En Michoacán el balance es igual de mixto. La entidad opera bajo Alerta de Violencia de Género desde 2016 —cumplió una década en 2026— y cuenta con una Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano González, que ha documentado avances reales en algunos municipios: Huetamo, La Piedad e Hidalgo no registraron un solo feminicidio durante 2025.
La cifra estatal también mostró, entre 2022 y 2024, una tendencia a la baja: de 44 feminicidios en 2022 se pasó a 17 en 2023 y 18 en 2024, y los primeros cuatro meses de 2025 se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior, según la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, esa tendencia se revirtió: los reportes más recientes, de inicios de 2026, señalan un incremento del 71 por ciento en feminicidios y de 11.4 por ciento en homicidios de mujeres durante 2025 respecto al año previo, rompiendo el piso de 22 casos que la entidad no había alcanzado desde 2022. Más de un tercio de los feminicidios ocurridos en 2024 y 2025 se concentró precisamente en los municipios que ya están bajo la Alerta, lo que exhibe los límites de un mecanismo que lleva diez años activo sin lograr contener el problema en los territorios donde más se necesita.
A esto se suma que, según la convocatoria 2026 para las acciones derivadas de la Alerta, los recursos federales de coadyuvancia ya no se canalizarán directamente a los municipios, sino únicamente al gobierno estatal a través de la Seimujer, bajo criterios que hasta ahora no se han hecho públicos: una decisión que reduce, no aumenta, la transparencia sobre cómo se gasta el dinero destinado a proteger la vida de las mujeres michoacanas.
Sobre la pregunta más específica que atraviesa esta columna —qué ha cambiado concretamente para las mujeres indígenas en el acceso a la justicia en Michoacán, en términos de intérpretes, distancia a los ministerios públicos o reconocimiento de sistemas normativos propios— la información pública disponible es escasa y dispersa.
La propia Seimujer ha mencionado la intención de dirigir futuras acciones de la Alerta hacia la intervención en comunidades indígenas con autoridad propia, pero se trata todavía de un anuncio de rumbo, no de un programa evaluado con resultados medibles. Investigaciones académicas sobre violencia contra mujeres indígenas en otras entidades del país han llegado a una conclusión incómoda pero honesta: pese a las reformas jurídicas, no existe información estadística suficiente ni de fácil acceso público para medir con precisión cómo ha cambiado —o no— la violencia estructural que enfrentan. Decir lo contrario sin evidencia sería tan irresponsable como negar los avances reales que si existen en otros frentes. La rigurosidad exige reconocer, en este punto concreto, un vacío de datos antes que una respuesta que no se puede sostener.
Algo similar ocurre con la representación política. Celebrar que una mujer ocupe un cargo es legítimo. Convertir ese hecho en prueba suficiente de que el patriarcado ha sido derrotado es un error político. Las cifras sobre violencia, desapariciones, feminicidios, pobreza y sobrecarga de cuidados recuerdan todos los días que la igualdad no puede medirse únicamente por quién ocupa una oficina.
Para las mujeres indígenas la pregunta es todavía más profunda. ¿Qué significa hablar de igualdad cuando muchas deben recorrer horas para encontrar un ministerio público? ¿Qué significa celebrar la paridad cuando la justicia sigue sin comprender nuestras lenguas, nuestros sistemas normativos o nuestras formas de organización comunitaria? ¿Qué igualdad existe cuando los territorios de nuestros pueblos continúan siendo objeto de despojo mientras somos nosotras quienes sostenemos la vida comunitaria?
La igualdad no puede convertirse en un discurso que silencie las críticas. Al contrario. Cuantas más mujeres lleguen a los espacios de decisión, mayor debe ser nuestra capacidad para cuestionar si esos espacios están transformando las condiciones de vida de las mujeres o únicamente modificando el rostro de quienes administran el mismo sistema. Los datos, cuando existen, deben servir precisamente para eso: para medir si el presupuesto histórico se traduce en menos feminicidios y más acceso a la justicia, o si corre en paralelo, sin tocarse, con una violencia que en algunos territorios —como lo muestra el propio 2025 en Michoacán— sigue creciendo.
El feminismo nunca pidió un lugar en la mesa para administrar la desigualdad. Exigió cambiar la mesa, las reglas y la distribución del poder.
Por eso la discusión no debería agotarse en cuántas mujeres gobiernan, ni tampoco en cuánto presupuesto se anuncia. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cuántas mujeres viven hoy con mayor libertad, con mayor autonomía y con mayor acceso a la justicia gracias a esas transformaciones, y cuántas siguen esperando que ese presupuesto llegue, en los hechos, hasta el municipio, la comunidad o la lengua en la que necesitan ser escuchadas?
La representación importa. Sería irresponsable negarlo. Cada mujer que rompe un techo de cristal abre posibilidades para quienes vienen detrás. Pero el feminismo no puede conformarse con romper techos si el piso sigue siendo de tierra para millones de mujeres.
La igualdad no llegará el día en que todos los cargos públicos sean ocupados por mujeres. Llegará cuando ninguna mujer vea limitada su vida por razón de su sexo, de su origen, de su lengua, de su condición económica o del territorio en el que nació.
Ese sigue siendo el horizonte. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en una victoria simbólica sobre una desigualdad que, con datos en la mano, continúa intacta en varios frentes y solo parcialmente atendida en otros.
