Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana 19: del 4 al 10 de mayo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 19: del 4 al 10 de mayo de 2026
Por: en15dias.com
SALE GUILLERMO NARANJO CHÁVEZ DE LA TITULARIDAD DE PROFEPA MICHOACÁN
El ingenero Guillermo Naranjo Chávez dejó de ocupar el cargo de encargado de despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Michoacán, confirmaron fuentes al interior del gobierno estatal que solicitaron el anonimato. Las razones de su salida permanecen sin una versión oficial por parte de la dependencia federal.
El propio Naranjo Chávez, al ser contactado por este medio, no negó su salida del cargo, pero declinó, por el momento, ofrecer explicaciones.
en15dias.com se comunicó con las oficinas de PROFEPA en Ciudad de México para obtener información al respecto y confirmar de manera oficial la salida del funcionario de la oficina en Michoacán, sin embargo no hubo una respuesta positiva.
La funcionaria e integrante de comunicación social de la dependencia Teresa Mendoza pidió a en15dias.com enviar la solicitud de información vía correo electrónico, lo cual esta redacción realizó al momento; sin embargo, Cecilia Montero, coordinadora de Comunicación Social de PROFEPA, ignoró la petición de información de este medio.
La salida de Naranjo Chávez se produce en un contexto de señalamientos en su contra. En abril pasado, trabajadores de la delegación lo denunciaron de forma anónima por presuntos actos de discriminación, acoso laboral, homofobia y misoginia, según un escrito que circuló en medios locales y en audios filtrados.
En ese mismo documento, los empleados indicaron haber presentado quejas ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con folio 35819/2026, sin que hasta entonces hubiera una respuesta favorable.
Hace un año, Naranjo Chávez concedió una entrevista a en15dias.com en la que abordó el problema del cambio de uso de suelo y la deforestación provocada por la expansión del cultivo de aguacate en Michoacán.
En esa conversación, el entonces funcionario aseguró que “el 80 por ciento de las huertas que existen en Michoacán son ilegales”, al señalar que gran parte de los cultivos operaban sin autorización ambiental o sobre terrenos forestales transformados de manera irregular.
En esa misma entrevista, hablaba de la Profepa que pretendía construir bajo su cargo.
Hasta el cierre de esta edición, la PROFEPA no ha dado a conocer quién asumirá la titularidad de la oficina de representación en Michoacán ni los motivos del cambio. ¿Lo hará? Veremos…
LOS AZUFRES: COMUNIDADES INDÍGENAS LANZAN ULTIMÁTUM A CFE POR CRISIS AMBIENTAL Y DE SALUD
Vaya, vaya… mientras la geotermia se presenta como símbolo de energía limpia, comunidades indígenas del oriente de Michoacán denuncian contaminación, enfermedades renales y opacidad ambiental alrededor de la planta geotermoeléctrica Los Azufres. Esta semana, autoridades civiles y comunales respaldadas por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) lanzaron un emplazamiento de 15 días a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobierno estatal para exigir respuestas concretas.
Las comunidades advirtieron que no aceptarán más mesas de trabajo centradas en “gestiones” o “limitaciones institucionales” y anunciaron que, de no existir soluciones palpables, cerca de mil comuneros iniciarán movilizaciones hacia la Ciudad de México.
Entre las principales denuncias se encuentra la operación irregular de parte de la planta. Información oficial de la Profepa señala que 12 de las 33 pilas de enfriamiento carecen de protección adecuada, lo que representa una tercera parte de la infraestructura operando fuera de norma ambiental.
El CSIM también acusó a la CFE de no transparentar estudios completos sobre impactos en agua, aire y suelo, y exigió acceso a los datos ambientales acumulados durante décadas de operación de la planta.
La preocupación central de las comunidades gira en torno a la crisis de salud en la región. Autoridades comunales estiman que existen alrededor de 5 mil pacientes con enfermedad renal crónica en el oriente de Michoacán, mientras familias enfrentan costos elevados para acceder a tratamientos fuera de sus comunidades.
El pliego petitorio incluye demandas como la instalación de unidades de hemodiálisis en San Matías el Grande, monitoreo permanente del agua, filtros para consumo humano y programas de atención médica especializados.
Porque detrás del discurso de energía sustentable, las comunidades sostienen que persisten preguntas sin respuesta sobre los impactos ambientales y sanitarios de Los Azufres.
DE “EXTORSIVO” A “VOLUNTARIO”: EL GIRO DISCURSIVO DE APEAM FRENTE AL GUARDIAN FORESTAL
Vaya, vaya… cuando el negocio del aguacate siente presión política, jurídica o comercial, los discursos cambian más rápido que las conferencias de prensa. Esta semana quedó documentado cómo la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) pasó, en apenas doce días, de denunciar al Guardian Forestal como un mecanismo “extorsivo e inconstitucional” a describirlo como un instrumento “útil y voluntario”.
El 23 de abril, mediante un comunicado firmado por su presidente y su director general, la organización acusó al sistema Pro Forest Avocado impulsado por el gobierno de Michoacán de violar el marco legal vigente y afectar a cerca de tres mil productores bloqueados para exportar. El documento hablaba de medidas restrictivas, falta de inspecciones individualizadas y automatización tecnológica sin sustento técnico suficiente.
La reacción del gobierno estatal no tardó. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla salió públicamente a defender el Guardian Forestal y el discurso ambiental de su administración, en un contexto donde la presión internacional sobre la deforestación vinculada al aguacate continúa creciendo.
Y entonces ocurrió el viraje.
Doce días después, APEAM publicó un nuevo “comunicado aclaratorio” donde desaparecieron las acusaciones jurídicas, la narrativa de indefensión y hasta la referencia a los productores afectados. En su lugar apareció un tono conciliador: el sistema pasó a ser descrito como un mecanismo voluntario que ayuda a avanzar en la verificación ambiental mientras se consolidan herramientas federales.
Como si fuera poco, el segundo comunicado incorporó una advertencia interna sobre quién tiene facultades para hablar oficialmente en nombre de la asociación. La paradoja es evidente: el documento que cuestiona implícitamente declaraciones previas ya no lleva la firma de los principales directivos, mientras que el texto más confrontativo sí estaba respaldado formalmente por ellos.
El episodio exhibe algo más profundo que una simple corrección institucional. Refleja la tensión creciente entre la agroexportación y las nuevas exigencias ambientales que buscan responder a la presión internacional sobre la deforestación en Michoacán.
¿Cuánto está dispuesto a ceder el sector aguacatero cuando los mecanismos ambientales comienzan a afectar realmente las dinámicas de exportación y expansión territorial del negocio?
EL AGUACATE Y LA DISPUTA POR EL TERRITORIO
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial insiste en vender al aguacate como símbolo del éxito agroexportador mexicano, comunidades indígenas de Michoacán recuerdan que detrás del “oro verde” también existen bosques perdidos, agua sobreexplotada y territorios en disputa.
Esta semana, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) lanzó un posicionamiento donde exige responsabilidad ambiental a la industria aguacatera y advierte que la expansión de huertas continúa generando incendios, cambio de uso de suelo, contaminación y conflictos comunitarios.
Y es que el debate ambiental sobre el aguacate ya no ocurre únicamente en los cerros michoacanos. Las nuevas reglas federales de exportación, las presiones internacionales y los acuerdos de “cero deforestación” comienzan a tensar la relación entre productores, gobierno y comunidades.
Mientras APEAM intenta reposicionarse frente a los nuevos controles ambientales y el gobierno estatal impulsa herramientas como Guardian Forestal, las comunidades indígenas sostienen que la discusión no puede reducirse a certificaciones o trámites administrativos. La pregunta de fondo sigue siendo quién paga los costos ambientales del modelo agroexportador.
Porque detrás de cada caja de aguacate exportada también existe una disputa por agua, bosque y territorio que Michoacán todavía no resuelve.
AUTOPISTA DE LA AGROEXPORTACIÓN: MICHOACÁN ACELERA EL CORREDOR DEL AGUACATE Y LAS BERRIES
Vaya, vaya… mientras Michoacán enfrenta una de las etapas más críticas de transformación territorial por el avance del monocultivo y la presión sobre los bosques, el gobierno estatal celebra la construcción de una nueva vía diseñada para acelerar la agroexportación. La llamada “autopista de la agroexportación”, anunciada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, conectará Uruapan con Zamora, dos de las regiones donde el auge del aguacate y las berries ha reconfigurado no solo la economía local, sino también el paisaje forestal, hídrico y social del estado.
El convenio firmado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la concesionaria Red de Carreteras de Occidente (RCO) contempla una inversión cercana a los 9 mil 500 millones de pesos para construir un tramo de 76 kilómetros.
Según el gobierno estatal, la obra forma parte del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca fortalecer la conectividad logística entre las zonas agrícolas de alta producción y los corredores comerciales del Bajío y el puerto de Lázaro Cárdenas.
Y es que el discurso oficial coloca a la infraestructura carretera como sinónimo de desarrollo económico. La nueva ruta permitirá agilizar el traslado de mercancías, principalmente aguacate y berries, hacia mercados nacionales e internacionales. También reducirá tiempos para los camiones de carga que viajan desde el puerto michoacano hacia Guadalajara y otras zonas industriales del país.
¿Qué modelo territorial está consolidando Michoacán? La autopista no solo unirá regiones agrícolas; también profundiza la integración logística de un corredor agroexportador que en las últimas dos décadas ha estado vinculado al cambio de uso de suelo, la presión sobre acuíferos y la expansión de huertas en zonas forestales.
Como si fuera poco, el proyecto se anuncia en un contexto donde distintas comunidades indígenas y organizaciones ambientales han advertido sobre los impactos acumulativos del modelo agroindustrial. Municipios como Uruapan, Peribán, Los Reyes, Tancítaro y la propia región Zamora-Jacona han registrado conflictos ambientales asociados al crecimiento acelerado de cultivos orientados a la exportación.
El gobierno estatal sostiene que la nueva autopista ayudará a desahogar el congestionamiento vial en la zona metropolitana de Zamora y mejorará la competitividad regional. La ruta conectará desde Zacán, a través de la carretera estatal, hasta el libramiento Zamora-Jacona, incorporando además un nuevo tramo para evitar cuellos de botella urbanos.
Pero la discusión de fondo sigue intacta: mientras el Estado invierte miles de millones de pesos para fortalecer la infraestructura del agronegocio, persisten los cuestionamientos sobre los costos ambientales de un modelo que depende de la expansión territorial permanente y de la transformación intensiva del paisaje agrícola y forestal de Michoacán.
SEMANA AMBIENTAL EN MICHOACÁN: RESTAURACIÓN FORESTAL, CONSERVACIÓN Y NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS
Vaya, vaya… Durante esta semana, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma), encabezada por el notario público con licencia, Alejandro Méndez López, realizó diversas actividades enfocadas en la restauración ambiental, la conservación de áreas naturales y el fortalecimiento de proyectos de protección ecológica en la entidad.
El 8 de mayo, Méndez López participó en la Cuarta Mesa de Diálogo para Michoacán, impulsada en coordinación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) bajo el proyecto SAbERES, cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de pequeños productores rurales frente al cambio climático.
Durante la sesión se presentaron avances, metodologías y experiencias del proyecto en Michoacán. En el encuentro participaron representantes de distintas dependencias y organizaciones, entre ellas la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el World Resources Institute (WRI), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la ENES-UNAM Morelia y productores ganaderos.
El pasado 7 de mayo, el titular de la dependencia encabezó la Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo Ambiental, donde se dio seguimiento a las acciones para la restauración del Área Natural Protegida Mesa de Tzitzio, ubicada en el municipio de Tzitzio, afectada por un incendio forestal registrado durante el mes de marzo.
Como parte de los trabajos, las autoridades revisaron mecanismos para implementar acciones de recuperación ambiental en la zona afectada, considerada de importancia ecológica para la región.
Un día antes, el 6 de mayo, Méndez López sostuvo una reunión con el director de la Región Pacífico Centro-Occidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Concepción Miguel, con el objetivo de revisar temas relacionados con el convenio de colaboración entre la Conanp y el Gobierno de Michoacán.
Durante este encuentro, ambas instancias analizaron distintos proyectos orientados a la conservación y fortalecimiento de las áreas naturales protegidas del estado.
En tanto, el 5 de mayo, autoridades ambientales estatales participaron en una reunión para avanzar en el establecimiento de una nueva Área Voluntaria para la Conservación (AVC) en el Ejido de Quiroga. El proyecto contempla incorporar 500 hectáreas al Sistema Estatal de Áreas de Conservación.
En la reunión participaron representantes de la Conanp, autoridades municipales y la Mesa del Comisariado Ejidal, quienes votaron a favor de formalizar el esquema de protección ambiental para el territorio, con el objetivo de preservar la biodiversidad local.
Hasta el momento, la Secretaría del Medio Ambiente no ha difundido información técnica, diagnósticos ambientales, acuerdos formales ni documentos públicos adicionales sobre estas reuniones y proyectos. La información disponible se limita a publicaciones breves realizadas en redes sociodigitales oficiales de la dependencia estatal.
INCENDIOS FORESTALES EN MICHOACÁN SE DISPARAN EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS; MÁS DE UN TERCIO TIENEN CAUSAS DESCONOCIDAS
Los incendios forestales en Michoacán mantienen una tendencia crítica al alza durante las primeras 16 semanas del año, de acuerdo con el más reciente reporte federal del “Concentrado Nacional de Incendios Forestales” publicado por el gobierno de México, que muestra una concentración de siniestros y superficie afectada en las semanas más recientes del periodo analizado.
La semana 16 registra el mayor número de incendios forestales contabilizados hasta ahora, con 36 eventos y una afectación de 2 mil 36 hectáreas, mientras que la semana 15 presentó la segunda mayor superficie dañada, con mil 577 hectáreas afectadas. Los datos reflejan una temporada de incendios en plena escalada en distintas regiones del estado.
Entre las principales causas identificadas, el 38.7 por ciento de los incendios permanece clasificado como de origen desconocido. Le siguen las actividades agrícolas, responsables del 25.9 por ciento de los casos, y los incendios intencionales, con el 22.7 por ciento. En conjunto, estas tres categorías representan casi el 87 por ciento de los siniestros registrados.
En cuanto a la superficie afectada, el municipio de Tumbiscatío encabeza la lista estatal con mil 568 hectáreas dañadas por incendios forestales. Le siguen Tzitzio, con 933 hectáreas, y Nuevo Urecho, con 919 hectáreas afectadas.
Aunque Morelia concentra el mayor número de incendios reportados, con 48 eventos, la superficie promedio dañada por cada siniestro es menor en comparación con otros municipios rurales y serranos.
Los ecosistemas más afectados corresponden a bosques de Pino-Encino y bosques de Pino, que en conjunto acumulan más de 4 mil 700 hectáreas dañadas. Especialistas consideran que este tipo de afectaciones representa pérdidas importantes para ecosistemas estratégicos por su biodiversidad, captura de agua y regulación climática.
El reporte también identifica impactos en Áreas Naturales Protegidas (ANP). La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca aparece como la zona protegida con mayor incidencia durante el periodo, al registrar cuatro incendios forestales.
Los datos se dan a conocer en medio de una temporada marcada por altas temperaturas, condiciones de sequía y presión sobre distintas regiones forestales del estado, donde brigadistas y comunidades mantienen labores permanentes de combate y contención de incendios.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
PLAN (EXTRACTIVISTA) MÉXICO: ACELERAR INVERSIONES, FLEXIBILIZAR CONTROLES
Vaya, vaya. Mientras en Michoacán y otras regiones del país las comunidades indígenas denuncian deforestación, acaparamiento de agua y expansión descontrolada del monocultivo agroexportador, esta semana el gobierno federal decidió acelerar el paso del llamado Plan México, una estrategia que, bajo el discurso de la “prosperidad compartida”, busca facilitar inversiones privadas, reducir tiempos regulatorios y abrir nuevos corredores para la infraestructura energética, industrial y logística.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de decretos para agilizar inversiones, simplificar trámites ambientales, sanitarios y fiscales, además de crear mecanismos de “autorización inmediata” para proyectos considerados estratégicos.
El paquete incluye desde ventanillas únicas digitales hasta permisos exprés para inversiones en sectores como energía, automotriz, química, tecnología y comercio exterior. También se confirmó la apertura para la generación privada de energía renovable y el avance de proyectos mixtos con participación empresarial.
Y es que detrás del lenguaje tecnocrático de la “certeza jurídica” y la “simplificación administrativa” aparece nuevamente una vieja lógica del desarrollo mexicano: acelerar el extractivismo reduciendo obstáculos territoriales, sociales y burocráticos para el capital.
El Plan (extractivista) México, como le llamamos desde en15dias.com, presentado por el gobierno federal como una estrategia soberana y de largo plazo, se perfila en los hechos como una reedición del modelo de relocalización industrial y expansión de infraestructura que prioriza corredores económicos, polos industriales y megaproyectos energéticos.
La narrativa oficial insiste en que habrá bienestar, empleo y sustentabilidad. Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto donde múltiples territorios ya enfrentan conflictos socioambientales derivados precisamente de proyectos productivos impulsados bajo la promesa del desarrollo.
Como si fuera poco, el nuevo esquema de autorizaciones rápidas plantea reducir a menos de 30 días la validación de proyectos de inversión y promete que todos los trámites federales para inversiones privadas podrán resolverse en un máximo de 90 días. La pregunta inevitable es qué ocurrirá con las evaluaciones ambientales, los procesos de consulta comunitaria y la capacidad institucional para revisar impactos territoriales complejos en lapsos tan reducidos.
La simplificación regulatoria también alcanzará a Cofepris, que reducirá requisitos y tiempos de resolución para distintos procedimientos sanitarios. Aunque el gobierno lo presenta como combate a la burocracia, especialistas han advertido históricamente que la velocidad administrativa puede convertirse en un incentivo para flexibilizar controles públicos en favor de grandes corporaciones.
Este martes, además, el gobierno federal reiteró que el Plan (extractivista) México contempla inversiones históricas en infraestructura carretera y energética. Banobras anunció más de 523 mil millones de pesos para 44 proyectos carreteros, mientras la Secretaría de Energía confirmó la expansión de plantas renovables y nuevos esquemas de inversión mixta. La dimensión territorial del proyecto es enorme: miles de kilómetros de infraestructura y decenas de polos de desarrollo que inevitablemente transformarán territorios, dinámicas agrarias y relaciones comunitarias.
El problema de fondo no es únicamente la inversión. México necesita empleo, infraestructura y capacidad productiva. La discusión es qué tipo de desarrollo se impulsa, quién gana con él y quién asume los costos ecológicos y sociales.
Porque el extractivismo del siglo XXI ya no llega solamente con minas y petróleo; también arriba vestido de transición energética, digitalización, nearshoring y cadenas globales “verdes”.
Y mientras el gobierno federal promete prosperidad compartida, en muchos territorios persiste la sensación de que la riqueza se concentra y los impactos se socializan. Bosques fragmentados, acuíferos sobreexplotados, expansión industrial sobre tierras agrícolas y comunidades obligadas a defender el agua y el territorio siguen siendo parte de la otra cara del desarrollo acelerado.
El Plan (extractivista) México avanza. La pregunta es si el país también está discutiendo seriamente los límites ecológicos y sociales de ese modelo o si, una vez más, la urgencia económica terminará imponiéndose sobre el territorio…. Veremos…
EL PLAN (EXTRACTIVISTA) MÉXICO ACELERA SU CORREDOR ENERGÉTICO
Vaya, vaya. Apenas el gobierno federal anunciaba la aceleración de inversiones y la simplificación de permisos como parte del Plan (extractivista) México, y esta semana la administración de Claudia Sheinbaum dio otro paso clave en esa misma ruta: la expansión de la infraestructura gasífera nacional con una inversión superior a los 140 mil millones de pesos hacia 2030.
Este jueves 7 de mayo, durante la conferencia matutina, la presidenta presentó el llamado Plan de Gasoductos, una estrategia que contempla nuevos ductos, ampliación de capacidad de transporte, mantenimiento de infraestructura y abastecimiento energético para los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), además de las nuevas centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La narrativa oficial vuelve a girar alrededor de la “soberanía energética”. El argumento parece simple: producir más energía, depender menos del exterior y garantizar el crecimiento económico. Sin embargo, detrás del discurso nacionalista emerge nuevamente una contradicción estructural del modelo energético mexicano: apostar por la expansión masiva del gas natural mientras se habla de transición energética y sustentabilidad.
Y es que el gas natural continúa siendo un combustible fósil. Aunque suele presentarse como una energía “más limpia” frente al combustóleo o el carbón, su expansión implica nuevos impactos territoriales, dependencia de infraestructura intensiva y prolongación del modelo hidrocarburífero en plena crisis climática global.
El Plan (extractivista) México no solamente acelera carreteras, polos industriales y permisos empresariales; también fortalece corredores energéticos y redes de transporte de gas que atravesarán regiones ambientalmente sensibles y territorios comunitarios.
La inversión anunciada se repartirá entre la CFE y el CENAGAS. Tan solo este sexenio se construirán nuevos ductos en Veracruz, Sonora y Tamaulipas, además de ramales en Hidalgo, Tabasco y el centro del país. A ello se suma la operación de 13 nuevas centrales eléctricas que consumirán gas natural para abastecer el crecimiento industrial y los proyectos de relocalización económica impulsados por el gobierno federal.
Como si fuera poco, el propio diseño del proyecto revela la estrecha relación entre política energética e industrialización acelerada. Los gasoductos no se entienden sin los PODECOBI, sin el nearshoring y sin la estrategia de atracción de inversiones que el gobierno ha promovido durante las últimas semanas. El objetivo es claro: garantizar energía barata y estable para los nuevos corredores industriales que busca detonar el Plan (extractivista) México.
El problema es que los megaproyectos energéticos rara vez llegan solos. Los ductos fragmentan territorios, generan conflictos agrarios, modifican dinámicas ecológicas y suelen instalarse en regiones donde las comunidades tienen poca capacidad de incidencia frente a decisiones federales y corporativas. La historia reciente de México está llena de conflictos por gasoductos en territorios indígenas y campesinos, desde Sonora hasta Morelos.
Además, el discurso de la soberanía energética también tiene sus límites. México sigue dependiendo en gran medida del gas importado desde Estados Unidos, particularmente desde Texas. Paradójicamente, mientras el gobierno habla de independencia energética, el modelo gasífero profundiza la integración energética con el mercado estadounidense y la vulnerabilidad frente a variaciones geopolíticas y comerciales.
Este martes y jueves quedó claro que el Plan (extractivista) México no es únicamente un programa económico. Se trata de una reorganización territorial de gran escala: infraestructura carretera, polos industriales, expansión energética, simplificación regulatoria y corredores logísticos funcionando como piezas de un mismo engranaje.
La pregunta de fondo sigue siendo quién absorberá los costos ambientales y sociales de esa expansión. Porque mientras el gobierno promete empleos, competitividad y desarrollo, las regiones receptoras enfrentan riesgos asociados a presión hídrica, transformación del suelo, emisiones contaminantes y conflictos territoriales.
Y mientras el discurso oficial habla de prosperidad compartida, el mapa energético del país vuelve a dibujarse alrededor de ductos, corredores industriales y megaproyectos. La transición energética mexicana, al menos por ahora, parece avanzar todavía conectada a la vieja lógica fósil del desarrollo acelerado.
SEMARNAT CONMEMORA 25 AÑOS DE LA CONAFOR CON SELLO POSTAL ALUSIVO A LA CONSERVACIÓN FORESTAL
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) conmemoraron el 25 aniversario de la institución forestal con la cancelación y develación de un sello postal conmemorativo en el Palacio Postal de la Ciudad de México.
El evento fue encabezado por la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra; el director general de Conafor, Sergio Graf Montero; y la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González.
De acuerdo con las autoridades federales, la emisión del timbre busca reconocer la labor de mujeres y hombres dedicados a la protección de los ecosistemas forestales del país, además de visibilizar los avances de la política forestal en México durante los últimos 25 años.
Durante su participación, Alicia Bárcena afirmó que la protección de los bosques, selvas y manglares representa una prioridad estratégica frente al cambio climático y destacó que la política forestal forma parte de la acción climática nacional.
“La protección de la naturaleza no sólo es un derecho, es un deber”, señaló la funcionaria, quien también reconoció el trabajo de brigadistas y personal forestal que participan en labores de combate de incendios, restauración y conservación ambiental.
Por su parte, Sergio Graf Montero destacó que la Conafor ha consolidado políticas públicas relacionadas con el manejo forestal comunitario, la restauración de ecosistemas y los servicios ambientales, áreas en las que México ha sido reconocido internacionalmente.
El titular de la Conafor señaló que el sello postal simboliza “la huella de un esfuerzo colectivo” construido durante más de dos décadas de trabajo institucional y comunitario en distintas regiones del país.
En tanto, la directora general del Servicio Postal Mexicano informó que fueron impresos 300 mil ejemplares del timbre postal, cuyo diseño representa a hombres y mujeres que participan en labores de cuidado y protección de los recursos forestales.
La Semarnat indicó que esta emisión conmemorativa reafirma el compromiso del Estado mexicano con la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como con las comunidades que habitan y protegen los territorios forestales del país.
