Comunidades indígenas de Michoacán, articuladas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, denunciaron la degradación ambiental provocada por la expansión aguacatera y exigieron a la industria asumir responsabilidad en su cadena de suministro, en medio de nuevas reglas, conflictos y tensiones en el sector.
Comunidades indígenas de Michoacán exigen responsabilidad ambiental a la industria del aguacate
Por: en15dias.com / Con información de CSIM
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) emitió un pronunciamiento público en el que denuncia los impactos ambientales y sociales asociados a la expansión de huertas de aguacate en el estado, y llama a actores clave de la industria —empaques, exportadores y compradores internacionales— a asumir su responsabilidad en la cadena de suministro.
El organismo, integrado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de pueblos P’urhépecha, Otomí (Hñahñú), Matlazinca (Pirinda), Mazahua, Nahua y afromexicanas, advirtió que sus territorios atraviesan un “momento crítico” debido a procesos acelerados de degradación ambiental.
Entre las principales afectaciones, señalaron la pérdida de cobertura forestal, incendios provocados para cambio de uso de suelo, sobreexplotación y desvío ilegal de agua, así como contaminación de suelos y cuerpos hídricos.
El CSIM subrayó que estos impactos tienen consecuencias directas en la vida comunitaria, incluyendo riesgos a la seguridad, conflictos sociales y afectaciones al derecho al territorio.
En este contexto, cuestionó propuestas que buscan reducir la evaluación ambiental a criterios meramente legales o administrativos, al considerar que la legalización de actividades dañinas no garantiza sostenibilidad.
En su posicionamiento, las comunidades hicieron un llamado explícito a la industria del aguacate para evitar la compra de producto vinculado a deforestación, extracción ilegal de agua o conflictos territoriales. Asimismo, señalaron que la debida diligencia ambiental debe sustentarse en evidencia verificable en campo, más allá de la revisión documental.
El consejo indígena advirtió que mantiene vigilancia sobre las prácticas del sector, cuya expansión —afirmaron— ha ocurrido sobre territorios y bienes comunales. En ese sentido, sostuvieron que la legitimidad de las cadenas de abastecimiento dependerá de su capacidad para excluir prácticas que generen daño ambiental o social.
Finalmente, el CSIM exigió al Estado mexicano garantizar procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculante en cualquier medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas, particularmente en temas relacionados con territorio y recursos naturales.
Este posicionamiento se da tras la reciente publicación de nuevas disposiciones del gobierno federal que redefinen los criterios para la exportación de aguacate, en un intento por responder a presiones internacionales en materia ambiental y de trazabilidad.
Estas reglas buscan fortalecer los controles sobre el origen del producto, incorporar verificaciones más estrictas sobre el cumplimiento normativo y, en los hechos, reordenar el acceso al mercado de exportación, particularmente hacia Estados Unidos, principal destino del fruto michoacano.
En paralelo, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México formalizó un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el esquema de “cero deforestación”, el cual plantea mecanismos de autorregulación y compromisos para excluir de la cadena de suministro a huertas establecidas en zonas deforestadas.
No obstante, el alcance real de este acuerdo ha sido objeto de cuestionamientos, especialmente en torno a su implementación efectiva en territorio y a la verificación independiente de sus criterios.
A este escenario se suma un conflicto abierto entre actores del propio sector aguacatero y autoridades estatales, luego de que la APEAM desconociera la certificación ambiental impulsada por el gobierno de Michoacán, argumentando que su aplicación ha derivado en bloqueos considerados ilegales para miles de productores.
La organización ha señalado que estas medidas generan incertidumbre económica y afectan la operación de la cadena productiva.
Finalmente, el gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, ha respaldado públicamente programas como “Guardian Forestal”, orientados a monitorear el cambio de uso de suelo y combatir la deforestación vinculada al cultivo de aguacate.
Esta postura ha profundizado las tensiones con sectores empresariales, al tiempo que evidencia una disputa más amplia sobre los mecanismos de regulación ambiental, el control del territorio y los criterios de sostenibilidad en una de las agroindustrias más lucrativas del país.
En este contexto, en15dias.com publicó hace una semana un reportaje que documenta la expansión sostenida del cultivo de aguacate sobre zonas forestales en Michoacán, señalando que, a lo largo de las últimas cinco décadas, el crecimiento de esta agroindustria ha implicado la transformación progresiva de amplias superficies de bosque en huertas comerciales.
El trabajo expone cómo este proceso ha ocurrido, en múltiples casos, mediante cambios de uso de suelo irregulares, incendios provocados y una débil capacidad institucional para contener la deforestación.
Otro de los reportajes profundiza en la presión creciente sobre los recursos hídricos, advirtiendo que el modelo agroexportador ha llevado al estado a un punto crítico en materia de agua.
Se documenta el incremento en la extracción para riego, la sobreexplotación de acuíferos y la competencia desigual por el recurso entre comunidades, agricultura de subsistencia e industria de exportación, configurando un escenario de estrés hídrico que compromete la sostenibilidad regional.
En la misma serie, se analiza el programa Guardian Forestal, presentado como una herramienta de monitoreo del cambio de uso de suelo.
El reportaje recoge posturas críticas que lo definen como un “termómetro” del problema —capaz de medir la deforestación— pero insuficiente para atender sus causas estructurales, al no incidir directamente en la contención de prácticas ilegales ni en la restauración de los ecosistemas afectados.
Asimismo, se expone la limitada efectividad en la procuración de justicia ambiental, a partir de datos de la fiscalía estatal que reportan más de dos mil delitos ambientales en los últimos años, de los cuales solo una mínima parte ha derivado en sentencias.
Este rezago evidencia fallas en la investigación, judicialización y sanción de los daños al medio ambiente, lo que contribuye a un contexto de impunidad.
Otro de los trabajos aborda las tensiones entre el marco legal vigente y el avance de la agroindustria del aguacate, señalando que las leyes ambientales y agrarias han sido rebasadas por la velocidad y escala del crecimiento productivo.
El reportaje plantea que los instrumentos regulatorios actuales resultan insuficientes para garantizar la protección de los ecosistemas frente a los incentivos económicos del mercado global.
Finalmente, la serie examina el papel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia ambiental, particularmente a través de su capítulo 24, destacando cómo los compromisos internacionales influyen en la configuración de políticas públicas y mecanismos de supervisión ambiental.
Se advierte que, aunque estos instrumentos abren posibilidades para fortalecer estándares, también evidencian contradicciones entre la promoción del comercio y la protección efectiva del territorio.
