Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana 21: del 18 al 24 de mayo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 21: del 18 al 24 de mayo de 2026
Por: en15dias.com
PROFEPA CONFIRMA SALIDA DE GUILLERMO NARANJO CHÁVEZ DE SU REPRESENTACIÓN EN MICHOACÁN; BUSCAN NUEVO TITULAR
Vaya, vaya… en cuestión de días, la delegación de PROFEPA en Michoacán pasó de confirmar de manera extraoficial la salida de Guillermo Naranjo Chávez a observar cómo el propio funcionario aseguraba públicamente que seguía al frente de la dependencia. Todo en medio de denuncias laborales, acusaciones internas y un preocupante silencio institucional. Silencio que, finalmente, se rompió.
La cronología comenzó el 7 de mayo, cuando dos fuentes al interior del gobierno estatal confirmaron a en15dias.com que Guillermo Naranjo Chávez había dejado el cargo de encargado de despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Michoacán.
Ante la información, en15dias.com contactó directamente al funcionario para confirmar la información, a lo cual Naranjo Chávez aceptó que estaba fuera de PROFEPA.
Ese mismo día, en15dias.com buscó una postura institucional. Teresa Mendoza, funcionaria de PROFEPA en oficinas centrales, solicitó enviar la petición de información vía correo electrónico. La solicitud fue enviada ese mismo día, pero Cecilia Montero, coordinadora de Comunicación Social de PROFEPA, no respondió a los cuestionamientos de este medio.
Ante la falta de respuesta institucional, en15dias.com consignó la salida dos días después, sin confirmación oficial, en el resumen semanal del 4 al 10 de mayo de este medio.
El contexto alrededor del funcionario ya era delicado. Semanas antes habían circulado denuncias anónimas de trabajadores de la delegación por presuntos actos de discriminación, acoso laboral, homofobia y misoginia, además de señalamientos presentados ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ante estos escenarios, en15dias.com solicitó una entrevista con Naranjo Chávez relacionada con su salida, las denuncias laborales en su contra y los audios filtrados sobre presuntos malos tratos hacia trabajadores de la dependencia. El funcionario aceptó y durante la conversación para fechar la conversación aseguró que existía corrupción interna dentro de PROFEPA Michoacán y que de ello hablaría.
Sin embargo, el encuentro fue cancelado. El 12 de mayo, mediante mensajes enviados a esta redacción, Naranjo Chávez aseguró que no podía hablar del tema y afirmó que continuaba al frente de la dependencia.
Ante las versiones contradictorias, en15dias.com insistió en obtener una postura oficial de PROFEPA. Fue Cecilia Montero, coordinadora de Comunicación Social de PROFEPA, quien respondió finalmente el 20 de mayo a los cuestionamientos enviados por este medio.
La respuesta institucional despejó las dudas: Naranjo Chávez sí concluyó sus funciones como encargado de despacho de la Oficina de Representación de PROFEPA en Michoacán.
Según la versión oficial, su salida se concretó el 15 de mayo y fue acordada por ambas partes. En cuanto a quién asumirá la titularidad, PROFEPA informó que se encuentra en proceso de búsqueda de un nuevo responsable para la oficina.
Así, lo que durante semanas se mantuvo en un limbo de versiones contradictorias —el propio funcionario negando su salida mientras fuentes internas la confirmaban— quedó finalmente aclarado por la institución, aunque con semanas de retraso y sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del cambio ni sobre las denuncias laborales que rodearon el caso.
Y es que más allá del caso particular, el episodio exhibe un problema institucional de fondo: la ausencia de claridad, comunicación oficial y responsabilidad pública dentro de una dependencia encargada de la procuración ambiental en un estado marcado por conflictos forestales, cambio ilegal de uso de suelo y disputas territoriales ligadas al modelo agroexportador.
Que haya tomado más de dos semanas obtener una confirmación sobre algo tan básico como quién dirige, o ya no dirige, una oficina gubernamental, habla por sí solo.
JUAN CARLOS ELVIRA GARCÍA SE PERFILA PARA ENCABEZAR LA PROFEPA MICHOACÁN TRAS SALIDA DE GUILLERMO NARANJO
Vaya, vaya… apenas PROFEPA confirmó oficialmente la salida de Guillermo Naranjo Chávez de su Oficina de Representación en Michoacán y ya hay un nombre que comienza a circular en los pasillos de la burocracia ambiental federal: Juan Carlos Elvira García, funcionario del área jurídica de la dependencia que, según fuentes consultadas por este medio, se perfila como el posible relevo al frente de una de las oficinas ambientales más sensibles del país.
Hasta ahora no existe nombramiento oficial. Las oficinas centrales de PROFEPA no han anunciado quién asumirá la titularidad, en línea con el hermetismo institucional que ha caracterizado todo este episodio. Sin embargo, documentos públicos y registros administrativos ubican a Elvira García dentro de la estructura jurídica ambiental federal en Michoacán, particularmente en tareas vinculadas a legislación ambiental y procedimientos administrativos.
El contexto en el que llegaría no es menor. Michoacán enfrenta una expansión ilegal de huertas de aguacate, tala clandestina, cambio ilegal de uso de suelo, incendios forestales en escalada y una presión creciente del crimen organizado sobre los recursos naturales.
Durante la gestión de Naranjo Chávez, la delegación adquirió notoriedad nacional precisamente por señalar: que el 80 por ciento de las huertas de aguacate en el estado operan fuera de la legalidad ambiental, y que los esquemas de certificación de “aguacate libre de deforestación” impulsados desde el gobierno estatal no son más que greenwashing.
A diferencia de su antecesor, quien mantenía presencia mediática y una trayectoria pública vinculada al tema forestal, Elvira García ha operado principalmente desde el ámbito técnico-jurídico.
Registros de transparencia lo identifican como especialista en legislación ambiental y recursos naturales dentro de la estructura de PROFEPA. Informes de comisión institucionales y documentación administrativa lo ubican participando en actividades del área jurídica de la representación estatal. Su perfil apunta hacia un operador de expedientes más que hacia un funcionario político-mediático.
Y es que en Michoacán, el área jurídica de PROFEPA es un área de gran importancia. Desde ahí se procesan clausuras, procedimientos por cambio ilegal de uso de suelo, denuncias ambientales, sanciones forestales, litigios administrativos, aseguramientos y expedientes vinculados a tala clandestina y expansión agroindustrial. En términos prácticos, es el núcleo desde donde se decide si un caso avanza, se congela o se judicializa.
La eventual llegada de Elvira García coincidiría además con una etapa de alta presión política sobre la oficina. Michoacán es considerado uno de los focos rojos nacionales en materia de deforestación y tala ilegal.
A esto se suma el creciente uso de vigilancia satelital mediante plataformas como el Guardián Forestal, sistema que permite detectar desmontes y generar denuncias automáticas sobre pérdida de cobertura forestal.
El desafío para quien asuma la titularidad será doble: mantener operativos ambientales en regiones con presencia criminal y administrar las tensiones políticas que rodean al negocio aguacatero y al cambio de uso de suelo.
Dentro de la burocracia ambiental federal, los cambios de mando rara vez se anuncian como movimientos políticos abiertos. Sin embargo, en Michoacán, la conducción de PROFEPA tiene implicaciones directas sobre intereses agroindustriales multimillonarios, conflictos territoriales, vigilancia forestal y relaciones entre federación, comunidades y productores. Por ello, el posible ascenso de Juan Carlos Elvira García no representaría solamente un relevo administrativo, sino el arribo de un perfil jurídico-operativo a una de las posiciones ambientales más sensibles del estado.
La pregunta que queda en el aire es si un operador de expedientes estará en condiciones, o tendrá la voluntad institucional, de mantener el mismo nivel de confrontación pública con instituciones y la industria aguacatera que caracterizó a su antecesor. Porque en Michoacán, callar los expedientes también es una forma de resolverlos.
75 AÑOS DE COFOM: LA CELEBRACIÓN Y LA ADVERTENCIA
Esta semana, la Comisión Forestal del Estado celebró sus 75 años de existencia.
Y aunque podría parecer solamente una ceremonia institucional más, el aniversario de la Cofom también obliga a mirar una historia mucho más profunda: la de una de las instituciones ambientales más importantes que ha tenido Michoacán y, al mismo tiempo, una institución que ha sobrevivido entre contradicciones, abandono presupuestal y disputas políticas sobre el territorio.
Y es que, querido lectora y lector, si algo representa la Cofom es precisamente la historia forestal del estado. Desde mediados del siglo XX, la comisión se convirtió en pieza clave para entender la relación entre comunidades, bosques y manejo forestal en Michoacán.
El estado posee algunos de los ecosistemas forestales más importantes del país, desde la Meseta Purépecha hasta la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, pasando por los bosques templados de la Sierra-Costa y las zonas de transición hacia Tierra Caliente.
Durante décadas, brigadistas, técnicos, viveristas y trabajadores forestales sostuvieron una estructura pública que permitió campañas de reforestación, combate de incendios y acompañamiento comunitario cuando el tema ambiental todavía no ocupaba titulares políticos.
Sin duda, hablar de la Cofom es hablar del enorme capital social y técnico que construyó en territorios ruralesy comunidades. Mientras otros estados desmantelaban sus capacidades forestales, Michoacán logró consolidar experiencias de manejo comunitario y defensa del bosque donde la comisión funcionó como puente entre comunidades indígenas, ejidos y programas públicos. Muchas veces, con recursos limitados y bajo presiones políticas permanentes.
Sin embargo, la celebración de los 75 años también ocurre en uno de los momentos más complejos para los bosques michoacanos. Las últimas tres décadas dejaron claro que la política forestal ha sido incapaz de frenar completamente la expansión del monocultivo aguacatero sobre zonas forestales, particularmente en regiones como Uruapan, Peribán, Los Reyes o Salvador Escalante.
A eso se suma el avance de incendios provocados, disputas criminales por la madera, debilitamiento institucional y una creciente presión urbana sobre áreas naturales periurbanas.
Como si fuera poco, la crisis climática ha elevado el nivel de vulnerabilidad ecológica del estado. Sequías más intensas, temperaturas extremas y degradación de suelos colocan a los bosques como infraestructura ambiental estratégica para la captación de agua y regulación climática. Es decir: la defensa forestal dejó de ser solamente un tema ambiental y se ha convertido en un asunto de supervivencia territorial.
Por eso el aniversario de la Cofom tiene algo de homenaje y algo de advertencia.
Homenaje porque pocas instituciones públicas ambientales en México pueden presumir siete décadas y media de trabajo continuo en territorio, formando brigadas, viveros y capacidades técnicas. Pero también advertencia porque la celebración contrasta con un modelo económico que sigue presionando los bosques en nombre de la agroexportación, la urbanización y el desarrollo inmobiliario.
Michoacán parece debatirse entre dos caminos: fortalecer una política forestal basada en manejo comunitario, restauración ecológica y protección territorial, o seguir permitiendo que el mercado decida el destino de los bosques más importantes del estado.
En medio de esa tensión, la Cofom llega a sus 75 años como una institución histórica, sí, pero también como uno de los últimos recordatorios de que todavía existen estructuras públicas pensadas para cuidar el bosque antes que convertirlo en mercancía.
MICHOACÁN “ENTRA” A LA ÉLITE CLIMÁTICA
Vaya, vaya… mientras Michoacán celebró esta semana su incorporación formal al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF Task Force), una de las alianzas internacionales más importantes en materia ambiental, dentro del propio estado persiste una discusión: qué tan efectivas han sido realmente las políticas forestales que hoy se presentan como “casos de éxito” frente al avance de la deforestación, la agroindustria y el deterioro territorial.
El anuncio fue realizado el 19 de mayo por el titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y notario público con licencia, Alejandro Méndez López, durante la reunión anual del organismo celebrada en Caquetá, Colombia.
Ahí, el gobierno michoacano presumió iniciativas como Guardian Forestal, la certificación Pro Forest Avocado, la ampliación de Áreas Naturales Protegidas y los trabajos de restauración del lago de Pátzcuaro como ejemplos de gobernanza ambiental y combate a la deforestación.
Sin embargo, la narrativa oficial vuelve a chocar con una realidad mucho más compleja en territorio. Porque aunque Guardian Forestal, que recordemos es operada por una empresa privada, ha sido presentado durante tres años como una herramienta innovadora de vigilancia satelital para detectar cambio de uso de suelo, incendios y pérdida de cobertura forestal, distintos reportajes y seguimientos periodísticos realizados por en15dias.com han documentado sus límites estructurales: detección sin capacidad suficiente de contención, monitoreo sin sanción efectiva y una persistente expansión agroindustrial que continúa transformando bosques en huertas.
Y es que el problema nunca fue solamente tecnológico. Michoacán no carece de información sobre dónde ocurre la deforestación; desde hace años existen imágenes satelitales, mapas y registros públicos que muestran la presión sobre regiones forestales.
El verdadero conflicto ha sido político y económico: qué actores tienen capacidad de transformar territorio y qué tan dispuesto está el Estado a confrontar intereses vinculados al negocio agroexportador, inmobiliario y extractivo.
De hecho, mientras Guardian Forestal se consolidaba mediáticamente como símbolo de vigilancia ambiental, distintas regiones del estado continuaron enfrentando incendios sospechosos, cambio ilegal de uso de suelo y expansión aguacatera sobre áreas forestales.
En municipios como Salvador Escalante, Uruapan, Ario de Rosales o Tacámbaro, comunidades y organizaciones han denunciado durante años procesos de deforestación asociados a intereses económicos de alto impacto.
Hay que decirlo, gran parte de las estrategias ambientales del estado continúan enfocadas en monitorear daños más que en transformar las condiciones estructurales que generan la degradación territorial. El gobierno de Michoacán durante estos tres años ha presentado sistemas satelitales, certificaciones y corredores bioculturales en foros internacionales, sin embargo, el modelo económico regional sigue dependiendo fuertemente de monocultivos de exportación, extracción intensiva de agua y expansión productiva sobre ecosistemas forestales.
Eso no significa que las herramientas impulsadas por la Secma sean irrelevantes. La integración de Michoacán al GCF Task Force refleja que el estado ha logrado posicionarse internacionalmente dentro de discusiones climáticas contemporáneas. También es cierto que existen esfuerzos importantes en restauración, monitoreo y conservación comunitaria. Pero el reconocimiento internacional no elimina las tensiones territoriales que atraviesan el modelo ambiental michoacano.
Y mientras tanto, la escena deja una paradoja cada vez más visible: Michoacán aparece ante el mundo como referente climático y de gobernanza forestal, mientras en su territorio continúan abiertas disputas por agua, bosque y cambio de uso de suelo que ni la vigilancia satelital ni los discursos internacionales han logrado resolver completamente. Porque al final, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿se está combatiendo realmente la deforestación o solamente se está administrando políticamente su imagen?
TZITZIO: LA RESTAURACIÓN
Y mientras en gran parte del estado las crisis de seguridad y los conflictos políticos dominan la conversación pública, en Tzitzio comenzó a tomar forma otro tipo de respuesta territorial: una articulación entre comunidad, academia e instituciones ambientales para enfrentar el deterioro ecológico de una de las zonas forestales más importantes del centro de Michoacán.
Durante esta semana se realizaron recorridos y mesas de trabajo en el Área Natural Protegida “Mesa de Tzitzio”, donde participaron la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma), la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), autoridades municipales, la comunidad indígena de Tzitzio y el Comité Municipal del Agua. El objetivo fue dar seguimiento a temas de sanidad forestal, restauración de suelos y fortalecimiento de brigadas comunitarias contra incendios.
Uno de los momentos centrales fue la reunión sostenida con el doctor Diego R. Pérez Salicrup, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y especialista en ecología y manejo de recursos forestales. Durante el encuentro, el académico explicó la necesidad de desarrollar un plan integral de restauración y manejo territorial, señalando que varias de las acciones planteadas ya comenzaron a implementarse en la región.
Y es que la presencia de la UNAM en Tzitzio no resulta menor. La incorporación de especialistas en ecología forestal refleja que el deterioro ambiental en la zona dejó de percibirse únicamente como un problema local y comenzó a asumirse como un asunto estratégico para la estabilidad ecológica regional.
Tzitzio posee una importante cobertura forestal vinculada a la captación de agua, regulación climática y conservación de biodiversidad en el corredor centro-oriente del estado.
El mensaje transmitido por Pérez Salicrup también apuntó hacia una idea cada vez más evidente en Michoacán: ningún proceso de restauración ambiental puede sostenerse únicamente desde el gobierno si no existe participación comunitaria y gobernanza territorial. Por eso, una parte importante de las acciones impulsadas en la zona involucra directamente a brigadas locales, autoridades comunales y estructuras de manejo del agua.
Como si fuera poco, las capacitaciones impartidas esta semana en obras de retención de suelo dejan ver el tamaño de la problemática ambiental. La erosión derivada de incendios forestales, pérdida de cobertura vegetal y degradación de suelos amenaza la infiltración de agua y acelera el deterioro ecológico de la región.
En otras palabras: restaurar el bosque en Tzitzio no solamente significa conservar árboles, sino proteger el equilibrio hídrico y territorial de una región completa.
Y mientras tanto, la escena en la “Mesa de Tzitzio” parece resumir uno de los desafíos más importantes para Michoacán en los próximos años: construir respuestas colectivas frente a la crisis climática antes de que el deterioro ambiental rebase la capacidad de recuperación de los territorios.
En medio de incendios más intensos, sequías prolongadas y presión sobre los recursos naturales, lo ocurrido esta semana deja una señal poco común en tiempos de crisis: todavía existen espacios donde comunidad, ciencia e instituciones intentan trabajar bajo una lógica de restauración y no solamente de contención del desastre.
MEDALLAS AL PODER: LA CIUDAD QUE PREMIA A QUIENES EXPANDIERON EL NEGOCIO INMOBILIARIO
Vaya, vaya… mientras Morelia enfrenta estrés hídrico, expansión urbana desordenada, presión inmobiliaria sobre su periferia y una ciudad cada vez más pensada para la renta y la inversión antes que para el derecho al territorio, el poder político decidió entregar su máxima presea a uno de los símbolos más representativos del empresariado inmobiliario local.
No fue a una defensora del agua, ni a comunidades que sostienen el bosque periurbano, ni a quienes enfrentan el desplazamiento silencioso provocado por el aumento del suelo urbano.
La medalla “Generalísimo Morelos” terminó en manos de Enrique Ramírez, cabeza de una de las familias empresariales que durante décadas han moldeado el crecimiento económico y territorial de Morelia.
Y es que detrás del discurso de “orgullo moreliano” y “amor por la ciudad” aparece también la historia de una familia ligada no solamente al entretenimiento con Cinépolis, sino a la construcción del modelo urbano que convirtió a Morelia en laboratorio de centros comerciales, fraccionamientos y polos de inversión privada.
La Organización Ramírez y su brazo inmobiliario Citelis llevan décadas impulsando desarrollos comerciales y residenciales que ayudaron a expandir la mancha urbana hacia nuevas zonas de negocio. Incluso el histórico fraccionamiento Las Américas aparece vinculado a esa visión de ciudad orientada al consumo y la expansión inmobiliaria.
Como si fuera poco, el propio discurso del homenajeado dejó claro el eje del reconocimiento: mantener a Morelia como “la mejor ciudad para vivir e invertir”.
La frase parece inocente, pero sintetiza buena parte del paradigma urbano contemporáneo: ciudades convertidas en plataformas de inversión, donde el éxito se mide por atraer capital, construir desarrollos y ampliar corredores comerciales.
El problema es que ese modelo rara vez habla del costo ecológico y social que implica expandir la ciudad sobre zonas agrícolas, áreas de recarga hídrica o territorios históricamente marginados.
Y mientras tanto, la narrativa institucional vuelve a premiar a quienes concentran poder económico bajo la idea de que crecimiento empresarial equivale automáticamente a bienestar colectivo.
La continuidad institucional de la que hablan algunas columnas locales parece precisamente eso: un reconocimiento entre élites políticas y económicas que han gobernado el rumbo urbano de Morelia durante décadas, independientemente de colores partidistas.
FAUSTO VALLEJO REAPARECE Y EL VIEJO PODER POLÍTICO VUELVE A SENTARSE A LA MESA
Vaya, vaya… mientras Michoacán entra lentamente en el reacomodo político rumbo a 2027, esta semana reapareció uno de los personajes más representativos de la vieja clase política estatal.
El exgobernador Fausto Vallejo Figueroa celebró su cumpleaños número 77 en Morelia rodeado de empresarios, operadores políticos, exfuncionarios y figuras del poder michoacano, en un encuentro que volvió a exhibir algo que en la política local nunca termina de desaparecer: las estructuras del pasado siguen vivas, conectadas y con capacidad de interlocución.
La reunión privada realizada el 18 de mayo reunió a distintos actores de la vida política y empresarial del estado, incluido el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuya presencia no pasó desapercibida. Y es que no se trata de la primera vez que el mandatario morenista aparece cercano al exgobernador priista.
En distintos momentos de su administración, Bedolla ha mantenido encuentros públicos y privados con Fausto Vallejo, reflejando una dinámica política cada vez más visible en Michoacán: la convivencia pragmática entre sectores del viejo priismo local y las nuevas estructuras de poder construidas desde Morena.
Horas antes del encuentro, Fausto Vallejo Mora difundió en redes sociales un mensaje de felicitación acompañado de una fotografía familiar. Pero más allá del festejo, la reunión volvió a colocar en escena al llamado “vallejismo”, grupo político que durante décadas dominó buena parte de la operación territorial y electoral de Morelia.
En semanas recientes, Vallejo Mora ha intensificado recorridos, actividades públicas y posicionamientos sobre temas urbanos, infraestructura y seguridad, en medio de versiones sobre una posible rearticulación política rumbo al próximo ciclo electoral.
Y es que Fausto Vallejo no representa solamente a un exgobernador. También simboliza una etapa completa de la política michoacana marcada por redes de operación territorial, alianzas empresariales y estructuras priistas que sobrevivieron incluso después de la crisis política y de seguridad que golpeó al estado durante su administración entre 2012 y 2014.
Su gobierno quedó atravesado por la irrupción de grupos de autodefensa, la presencia de Los Caballeros Templarios y el desgaste institucional derivado de sus constantes ausencias por problemas de salud, además del impacto político provocado por el caso de Rodrigo Vallejo Mora y los videos difundidos con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
Sin embargo, a pesar del desgaste histórico, el exmandatario mantiene relaciones políticas y empresariales relevantes dentro de Morelia. Por eso, la imagen del gobernador Bedolla compartiendo espacio con Fausto Vallejo terminó enviando un mensaje que va más allá de la cortesía institucional.
La fotografía dejó ver cómo en Michoacán las fronteras entre la llamada “vieja política” y los nuevos gobiernos siguen siendo mucho más porosas de lo que el discurso público suele admitir. Porque al final, en la política michoacana, los grupos cambian de siglas, pero muchas veces las mesas del poder siguen siendo las mismas.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
MAHAHUAL: CAMPO DE DISPUTA ENTRE TURISMO, MANGLARES Y MEGAPROYECTOS
Y mientras el Caribe mexicano continúa atrapado entre la expansión turística y la crisis ecológica, Mahahual se convirtió esta semana en el centro de una de las discusiones ambientales más importantes del país. El megaproyecto “Perfect Day México”, impulsado por Royal Caribbean, terminó siendo frenado por la Semarnat luego de semanas de presión social, observaciones técnicas y cuestionamientos sobre sus posibles impactos en manglares, arrecifes y acuíferos de la región.
El proyecto contemplaba la construcción de un complejo turístico de más de 82 hectáreas con playas artificiales, canales, parques acuáticos, infraestructura marítima, pozos de extracción de agua y un muelle para cruceros. Organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos y habitantes de Mahahual denunciaron que el desarrollo amenazaba ecosistemas estratégicos del Caribe mexicano, particularmente por su cercanía con manglares, arrecifes y el sistema hidrológico de la zona.
Durante la consulta pública organizada por Semarnat se registraron más de 14 mil comentarios ciudadanos relacionados con posibles afectaciones ambientales y sociales.
Tras el análisis realizado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Semarnat informó el 21 de mayo que el proyecto no sería aprobado. La dependencia identificó posibles incumplimientos ambientales, riesgos de intrusión salina, alteraciones al balance hidrológico del acuífero, insuficiencia de medidas de mitigación y posibles impactos acumulativos sobre ecosistemas costeros y arrecifales vinculados a la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. También determinó que los distintos proyectos asociados —incluidos clubes de playa y muelles privados— debían evaluarse de manera integral y no fragmentada.
El caso también exhibió las tensiones políticas y económicas detrás del modelo turístico del sureste mexicano. “Perfect Day” se encontraba alineado con la narrativa de expansión turística y polos de desarrollo impulsada en Quintana Roo durante los últimos años, una lógica respaldada por gobiernos locales, capital transnacional y actores políticos cercanos al Partido Verde Ecologista de México, fuerza que históricamente ha promovido proyectos inmobiliarios y turísticos bajo un discurso ambientalista.
La semana cerró con Mahahual convertido en símbolo de una disputa más profunda sobre el futuro del Caribe mexicano. Más allá del rechazo a un parque turístico, el conflicto terminó reflejando el choque entre comunidades, ecosistemas y un modelo económico que sigue viendo las costas como espacios disponibles para la expansión permanente del turismo masivo. Porque detrás del debate ambiental apareció una pregunta cada vez más urgente: cuánto territorio está dispuesto a sacrificar México en nombre del desarrollo turístico
MÉXICO Y SUS TERRITORIOS TÓXICOS
Esta semana, el gobierno federal finalmente publicó esta semana el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030. El documento reconoce oficialmente algo que comunidades, científicos y organizaciones ambientales llevan años denunciando: México está lleno de territorios tóxicos y buena parte de esos daños ambientales nunca fueron realmente reparados.
El pasado 18 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo programa nacional enfocado en atender suelos contaminados y pasivos ambientales acumulados por actividades industriales, mineras, urbanas y del sector hidrocarburos.
El diagnóstico incluido en el propio documento reconoce la existencia de al menos 1,114 sitios contaminados registrados oficialmente en el país, la mayoría relacionados con hidrocarburos, metales pesados y residuos peligrosos.
La cifra, sin embargo, probablemente representa solamente una parte del problema. Porque detrás de los registros institucionales existen cientos de comunidades que durante años convivieron con contaminación de agua, suelo y aire sin reconocimiento oficial, sin monitoreo y muchas veces sin acceso real a procesos de justicia ambiental.
El nuevo programa prioriza cuatro de las cuencas más contaminadas del país: los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora. No es casualidad. Cada uno representa una historia distinta del modelo de desarrollo mexicano y sus consecuencias ambientales. El Lerma-Santiago, por ejemplo, sintetiza décadas de descargas industriales y urbanas sobre una de las cuencas más importantes del país. El Atoyac arrastra contaminación histórica vinculada a corredores industriales. El río Sonora permanece marcado por el derrame minero de Grupo México ocurrido en 2014. Y Tula se convirtió en símbolo de acumulación industrial y deterioro hídrico en el centro del país.
Y es que el programa aparece en un momento donde la discusión ambiental dejó de centrarse únicamente en conservación y comenzó a hablar también de reparación. Porque durante años el modelo económico mexicano externalizó los costos ecológicos del crecimiento industrial hacia territorios rurales, cuencas hídricas y comunidades marginadas.
Mientras se producían minerales, hidrocarburos, manufactura o agroindustria, muchas regiones absorbían silenciosamente contaminación química, degradación de suelos y afectaciones a la salud.
Como si fuera poco, la propia Semarnat reconoce la necesidad de actualizar el Inventario Nacional de Sitios Contaminados y fortalecer mecanismos de inspección y seguimiento. Eso revela otra dimensión del problema: durante décadas el Estado mexicano ni siquiera contó con información plenamente actualizada sobre la magnitud real de los pasivos ambientales existentes en el territorio nacional.
Uno de los elementos más relevantes del programa es la incorporación de conceptos como “justicia ambiental” y “restauración ecológica”. La inclusión de estos enfoques refleja una transformación importante dentro de la política ambiental mexicana. Ya no se trata solamente de limpiar suelos contaminados, sino de reconocer que las afectaciones ambientales golpean con mayor fuerza a poblaciones vulnerables, comunidades rurales y territorios históricamente marginados.
Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. Porque remediar un sitio contaminado no implica únicamente retirar residuos o contener daños químicos. Muchas veces significa enfrentar intereses empresariales, revisar responsabilidades históricas y asumir costos económicos multimillonarios que durante años fueron evitados o postergados.
Y mientras tanto, el nuevo Programa Nacional de Remediación deja ver una contradicción incómoda: el país comienza finalmente a construir políticas para limpiar los daños ambientales del pasado, mientras el modelo económico actual sigue generando nuevas presiones extractivas, industriales y urbanas sobre los ecosistemas. Porque al final, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿México está dispuesto a transformar las causas estructurales de la contaminación o solamente intentará administrar sus consecuencias más visibles?
LA CRISIS DE LA BASURA
Y mientras gobiernos municipales siguen presumiendo campañas de limpieza, separación simbólica de residuos y jornadas de reciclaje de fin de semana, esta semana la Semarnat presentó un diagnóstico que exhibe el verdadero tamaño de la crisis ambiental en México: el país genera más de 139 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y apenas el 5 por ciento recibe algún tipo de tratamiento. El resto termina enterrado, abandonado, quemado, disperso en barrancas, ríos o convertido en contaminación permanente del territorio.
El pasado 20 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) 2026, documento que funcionará como base técnica para la nueva política nacional de residuos y economía circular. Durante el evento, la secretaria Alicia Bárcena reconoció que el problema dejó de ser únicamente un asunto de limpieza urbana y se convirtió en un reflejo directo del modelo económico y de consumo del país.
La cifra central del diagnóstico resulta contundente: México produce diariamente 139 mil 902 toneladas de residuos sólidos urbanos, equivalentes —según la propia Semarnat— a llenar diez veces el Estadio Azteca cada día. De ese volumen, más del 40 por ciento corresponde a residuos orgánicos y otro 36 por ciento a materiales potencialmente aprovechables. Sin embargo, la mayor parte termina fuera de procesos de valorización, reciclaje o tratamiento adecuado.
Y es que el documento deja ver algo más profundo: México construyó durante décadas un modelo urbano y económico basado en producir, consumir y desechar sin infraestructura suficiente para gestionar las consecuencias ambientales. El resultado es un sistema colapsado donde municipios operan tiraderos saturados, rellenos sanitarios insuficientes y servicios públicos incapaces de manejar el volumen creciente de basura.
Uno de los datos más reveladores es que de los 2 mil 250 sitios de disposición final registrados en el país, únicamente 52 funcionan realmente como rellenos sanitarios bajo criterios adecuados. Es decir: gran parte de los residuos terminan en espacios con deficiencias ambientales, filtraciones, contaminación de suelo y riesgos para cuerpos de agua.
Como si fuera poco, el diagnóstico reconoce enormes rezagos estructurales. México cuenta solamente con 132 estaciones de transferencia, 39 plantas de selección y apenas 14 plantas de composta para atender a más de 130 millones de habitantes. A eso se suma la falta de sistemas homologados de información y trazabilidad que permitan saber realmente qué ocurre con los residuos una vez que desaparecen del espacio urbano cotidiano.
La propia Semarnat admitió que la infraestructura para residuos peligrosos continúa concentrada principalmente en el norte y centro del país, generando mayores costos y emisiones asociadas al traslado de materiales contaminantes. En otras palabras: incluso la gestión de los residuos reproduce las desigualdades regionales del modelo económico nacional.
Y mientras tanto, el discurso de la “economía circular” comienza a instalarse como nueva narrativa ambiental del gobierno federal. Funcionarios, empresarios y organismos internacionales coincidieron esta semana en que el actual modelo de manejo de residuos “ya es insuficiente”. La apuesta oficial busca reducir extracción de materias primas, reutilizar materiales y construir cadenas de valor basadas en reciclaje y reaprovechamiento.
Sin embargo, el diagnóstico también deja una pregunta incómoda: ¿es posible construir una economía circular dentro de un modelo económico diseñado precisamente para producir consumo acelerado y desechabilidad permanente? Porque detrás de la crisis de residuos no solamente existen problemas técnicos de recolección o reciclaje. También aparece una lógica económica basada en sobreproducción, empaques desechables, obsolescencia y urbanización intensiva.
Uno de los momentos más significativos del evento ocurrió cuando Judith Dillanes, representante del Movimiento Nacional de Recicladores, recordó una realidad frecuentemente invisibilizada: buena parte del reciclaje en México sigue sosteniéndose gracias al trabajo precario de miles de recicladores de base. “El reciclaje sin reciclador es basura y los recicladores sin derechos somos desechos”, declaró durante la presentación.
Porque al final, el nuevo diagnóstico deja claro que la basura no es solamente un problema sanitario o ambiental. Es una radiografía del modelo de desarrollo mexicano. Un espejo que muestra cómo se producen desigualdades, cómo se consume el territorio y cómo las ciudades externalizan sus residuos hacia periferias, barrancas y comunidades marginadas. Y en medio de esa crisis, México parece comenzar apenas a reconocer algo fundamental: no existe transición ecológica posible mientras la economía siga funcionando bajo una lógica de extracción, consumo y descarte infinito.
PRESENTA CONAFOR PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2026-2030
Vaya, vaya… mientras México pierde miles de hectáreas forestales cada año entre cambio de uso de suelo, incendios, agroindustria y expansión inmobiliaria, el gobierno federal presentó esta semana el nuevo Programa Nacional Forestal 2026-2030, una hoja de ruta que, al menos en el discurso, reconoce que la crisis ambiental del país ya no puede enfrentarse únicamente con reforestaciones simbólicas o políticas aisladas. El problema es mucho más profundo: el deterioro forestal se convirtió en una disputa territorial ligada al agua, al clima, a la economía rural y al modelo de desarrollo nacional.
El pasado 18 de mayo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional Forestal (PNF) 2026-2030, instrumento derivado del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El documento plantea cinco grandes objetivos enfocados en conservación, restauración ecológica, combate a la deforestación y fortalecimiento institucional del sector forestal.
La narrativa oficial insiste en conceptos como “manejo integrado del territorio”, “bienestar comunitario”, “justicia social” y “participación de pueblos indígenas”. Y no es menor que el programa reconozca explícitamente el papel de comunidades forestales y ejidos en la conservación de los ecosistemas. Después de todo, buena parte de los bosques mexicanos siguen bajo propiedad social y comunal, especialmente en estados como Michoacán, Oaxaca, Durango o Chihuahua.
Sin embargo, el anuncio también deja una pregunta inevitable: ¿puede realmente avanzar una política forestal sustentable mientras el propio modelo económico continúa impulsando actividades que presionan directamente los territorios forestales? Porque al mismo tiempo que se habla de restauración ecológica, distintas regiones del país enfrentan expansión agroindustrial, minería, megaproyectos turísticos, urbanización acelerada y cambio ilegal de uso de suelo.
El propio programa reconoce algunos de los problemas estructurales más graves: deforestación, degradación forestal y vulnerabilidad climática. Pero detrás de esos conceptos técnicos existen conflictos concretos. En Michoacán, por ejemplo, la expansión del monocultivo aguacatero ha transformado miles de hectáreas forestales en huertas de exportación. En la Península de Yucatán, el crecimiento turístico y urbano presiona selvas y acuíferos. Y en regiones serranas del país, la tala ilegal y el crimen organizado siguen disputando territorios forestales completos.
Como si fuera poco, el nuevo programa forestal llega en medio de una crisis climática que ya comenzó a alterar el comportamiento de los ecosistemas. Sequías prolongadas, incendios más intensos, pérdida de humedad en suelos y disminución de capacidad de infiltración hídrica están modificando el equilibrio ecológico nacional. Es decir: proteger bosques dejó de ser solamente un asunto ambiental y pasó a convertirse en un tema de seguridad hídrica, alimentaria y territorial.
Uno de los aspectos más relevantes del PNF es que reconoce la necesidad de fortalecer la gobernanza territorial y el manejo comunitario. Ahí aparece quizá una de las lecciones más importantes de las últimas décadas: donde las comunidades mantienen organización territorial, vigilancia forestal y estructuras de manejo colectivo, los ecosistemas suelen resistir mejor la presión extractiva. No por casualidad, muchos de los bosques mejor conservados del país se encuentran en territorios indígenas y comunales.
Pero también ahí surge otra contradicción histórica. Durante años, las instituciones forestales mexicanas operaron con limitaciones presupuestales, burocracia fragmentada y capacidades reducidas frente al tamaño del problema ambiental. La propia Conafor ha atravesado periodos de debilitamiento institucional mientras aumentaban incendios, tala ilegal y degradación forestal.
Y mientras tanto, el nuevo Programa Nacional Forestal parece moverse entre dos dimensiones. Por un lado, representa uno de los diagnósticos más claros que ha hecho el Estado mexicano sobre la necesidad de restaurar ecosistemas y fortalecer el manejo comunitario. Por otro, enfrenta un escenario donde la lógica económica dominante sigue viendo al territorio principalmente como espacio para extracción, inversión y expansión productiva.
Porque al final, la gran pregunta detrás del programa no es solamente técnica. Es política. ¿Está dispuesto el país a modificar el modelo territorial que degrada los bosques o solamente intentará administrar las consecuencias ambientales del mismo sistema que los destruye?
EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD…
EL HARTAZGO QUE BROTA DONDE EL ESTADO PERDIÓ EL TERRITORIO
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial insiste en que la estrategia de seguridad avanza, las últimas semanas en Michoacán dejaron algo mucho más profundo y peligroso: comunidades indígenas y rurales actuando bajo la convicción de que el Estado ya no controla completamente el territorio o, peor aún, que parte de sus estructuras locales conviven con el crimen organizado.
Lo ocurrido en Acachuén, Sevina, la Sierra-Costa nahua y otras regiones no fueron episodios aislados. Fueron expresiones acumuladas de hartazgo social frente a una violencia que desde hace años se mezcla con gobiernos municipales débiles, corporaciones infiltradas y economías criminales que disputan el control territorial.
El 6 de mayo de 2026, la comunidad indígena de San Francisco Acachuén, en Chilchota, vivió uno de los episodios más delicados de esta crisis. De acuerdo con denuncias comunitarias y reportes retomados por medios nacionales, un grupo armado presuntamente ligado al CJNG intentó privar de la libertad a una mujer de la comunidad.
Habitantes intervinieron y el conflicto escaló a un enfrentamiento que dejó dos comuneros asesinados y un herido. Lo más grave vino después: autoridades comunitarias denunciaron que elementos de la Policía Municipal de Chilchota habrían participado junto al grupo criminal. La acusación fue retomada por El Universal y posteriormente difundida por distintos medios nacionales.
La respuesta comunitaria no tardó. Desde el mismo 6 de mayo, Acachuén mantuvo bloqueos en la carretera Cherán–Zamora exigiendo seguridad y una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales. Para el 11 de mayo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) amplió las protestas a cinco puntos carreteros del estado en una “Jornada Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Paz”.
Las demandas no solamente hablaban de seguridad. También exigían investigar a policías municipales y funcionarios señalados por presuntos vínculos con grupos criminales. El propio CSIM pidió castigo para policías y mandos municipales presuntamente relacionados con delincuencia organizada y exigió incluso la remoción de autoridades municipales.
La crisis volvió a escalar el domingo 17 de mayo. Alrededor de las 20:30 horas, la Ronda Comunal de Santa María Sevina, en Nahuatzen, fue atacada por un grupo armado. El saldo: dos integrantes asesinados —Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero— y otro más gravemente herido.
Comunidades indígenas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que se trató de un ataque directo del crimen organizado contra una estructura de seguridad comunitaria autónoma.
No era la primera vez. Según denunciaron autoridades comunitarias, Sevina ya había sufrido un ataque similar el 11 de marzo de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en la comunidad, destruyeron cámaras de vigilancia y amenazaron a autoridades tradicionales.
La reacción regional mostró el nivel de tensión acumulada. Cherán cerró accesos a la comunidad tras los asesinatos y distintas comunidades indígenas declararon alerta máxima. El CSIM sostuvo que los ataques buscan debilitar procesos autonómicos y estructuras de autogobierno que históricamente han resistido el control territorial del crimen organizado.
Mientras tanto, en Ostula, Coahuayana y Chinicuila, la tensión permanece como parte de una disputa territorial mucho más larga. La Sierra-Costa de Michoacán lleva más de una década marcada por conflictos relacionados con minería, rutas criminales, control portuario, tala ilegal y presencia de grupos armados.
Ahí surgieron algunas de las primeras autodefensas comunitarias precisamente ante la percepción de abandono estatal y colusión institucional. En esas regiones, la organización comunitaria dejó de ser solamente una expresión política: se convirtió en mecanismo de supervivencia territorial.
Como si fuera poco, Villa Madero y otras regiones rurales reflejan un patrón similar: extorsión, cobro de piso, amenazas y desplazamiento social en municipios donde la ciudadanía observa con creciente desconfianza a gobiernos locales y corporaciones policiales. La consecuencia es evidente: aumenta la legitimidad social de rondas comunitarias, autodefensas y formas autónomas de seguridad.
Porque al final, lo ocurrido estas semanas en Michoacán no puede explicarse solamente como violencia criminal. Lo que emerge es algo más profundo: comunidades que perciben que el crimen organizado dejó de ser un actor externo y comenzó a mezclarse con estructuras de poder local.
Y cuando esa percepción se instala en el territorio, lo que se erosiona no es únicamente la seguridad pública. Lo que comienza a fracturarse es la legitimidad misma del Estado.
