Una semana donde Michoacán volvió a mostrar las tensiones entre territorio, poder y transformación. Desde la disputa por el agua en Santa María de Guido, la carrera interna de Morena rumbo a 2027, la crisis ambiental y los conflictos por movilidad, hasta los debates nacionales sobre energía, residuos y derechos humanos./ EL (resumen) SEMANAL Semana 26: del 22 al 28 de junio de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 26: del 22 al 28 de junio de 2026
Por: en15dias.com
SENTENCIA ALFONSO MARTÍNEZ: NO HABRÁ NUEVA JUNTA DE AGUA EN SANTA MARÍA
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, zanjó de manera definitiva el conflicto en la tenencia de Santa María de Guido al advertir que el Cabildo no dará marcha atrás en la extinción de la Junta Local de Agua Potable y sentenció que bajo ninguna circunstancia se permitirá la creación de un nuevo órgano comunitario.
En entrevista con medios locales, el edil capitalino defendió la transición integral del servicio al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), argumentando que el esquema anterior de la junta ya no correspondía a la realidad urbana de la zona y arrastraba serias deficiencias operativas y financieras.
“No va a haber una Junta de Agua nuevamente, eso ya se los hemos dicho, no la va a haber. ¿Por qué? Porque hay muchas colonias y miles de familias que estaban viendo qué era lo que pasaba con la Junta de Agua. Nada más vendían factibilidades, pero no daban el servicio; nada más cobraban y no daban el servicio”, declaró tajante el munícipe.
Respecto al operativo realizado por elementos de la Policía Morelia el pasado viernes en la planta potabilizadora de Vista Bella —donde manifestantes mantenían un bloqueo y acusaron amedrentamientos—, Martínez Alcázar rechazó que existiera abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza, cuestionando la falta de evidencia en video por parte de los afectados.
Asimismo, minimizó la representatividad de las movilizaciones y tomas de oficinas que se han replicado durante las últimas semanas, asegurando que el movimiento es impulsado por un grupo muy reducido de personas que no refleja el sentir de la mayoría de los usuarios en el sur de la ciudad.
“La exigencia de restablecer la junta solo viene de un estimado de 25 personas, lo cual no representa el grueso de la población”, apuntó el alcalde, tras recordar que son más de 100 colonias las que ahora deben transitar formalmente hacia el padrón del OOAPAS.
Cabe señalar que el órgano comunitario fue declarado extinto de manera formal en enero de este año. Sin embargo, los comités vecinales y opositores de Santa María acusan que la absorción de la infraestructura hidráulica local por parte del Ayuntamiento tiene como objetivo prioritario dotar de agua a cerca de 40 nuevos desarrollos inmobiliarios y fraccionamientos de la zona sur, en detrimento del abastecimiento de las colonias populares históricas y de las comunidades originarias pirindas.
Ante este escenario, los inconformes han amagado con mantener la toma de la Jefatura de Tenencia e incluso radicalizar sus acciones con bloqueos en centros comerciales y vialidades hacia la zona de Altozano, además de perfilar una ruta legal para transitar hacia el autogobierno hídrico comunal. No obstante, el gobierno municipal reiteró que la rectoría del agua en Santa María quedará estrictamente bajo el control del OOAPAS.
ANUNCIA BEDOLLA REFORESTACIÓN DE 17 MIL HECTÁREAS CON 10.5 MILLONES DE ÁRBOLES
Para restaurar el patrimonio natural de la entidad y asegurar el bienestar ambiental de las futuras generaciones, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en próximos días se dará el arranque de la jornada de reforestación en la que se plantarán 10.5 millones de árboles en distintas regiones del estado.
“La conservación de nuestros bosques es una tarea que nos compete a todos. Hacemos un llamado a toda la población, a las comunidades y a los sectores civiles para que se sumen de manera activa a estas labores”, señaló el mandatario.
Detalló que la estrategia cubrirá una superficie estimada de 17 mil hectáreas, enfocando los esfuerzos en las zonas que requieren atención más urgente debido a su valor ambiental y su situación de vulnerabilidad.
Para garantizar el impacto positivo de esta campaña, el mandatario estatal resaltó que los trabajos de reforestación se concentrarán estratégicamente en puntos clave como la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, las cuencas del lago de Pátzcuaro y del Río Duero, así como Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Ramírez Bedolla puntualizó que este programa no se limita a la plantación de árboles, sino que contempla la restauración de zonas prioritarias con un enfoque hidrológico-forestal.
Resaltó que el objetivo central de esta visión es salvaguardar y potenciar los servicios ecosistémicos que brindan los bosques y selvas de Michoacán, tales como la recarga de mantos acuíferos, la purificación del aire y la retención del suelo.
DISPERSAN 12 MIL SEMILLAS EN PÁTZCUARO CON DRONES PARA RESTAURAR EL ESTRIBO GRANDE
En la zona del Estribo Grande, en Pátzcuaro, la Comisión Forestal del Estado (Cofom) puso en marcha el programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, una estrategia de restauración ambiental que apuesta por el uso de drones para la recuperación de ecosistemas forestales afectados por incendios.
Como parte de esta primera intervención, se dispersaron 12 mil semillas de pino mediante el uso de aeronaves no tripuladas, que permiten llegar a zonas de difícil acceso donde la reforestación tradicional enfrenta mayores limitaciones.
La técnica se basa en la liberación de germoesferas, es decir, semillas recubiertas con un sustrato especial que protege el material biológico y mejora sus condiciones de germinación y establecimiento en campo.
El programa contempla el uso de cinco especies forestales: Pinus pseudostrobus, Pinus devoniana, Swietenia humilis, Enterolobium cyclocarpum y Leucaena leucocephala, seleccionadas para distintas condiciones de clima templado en la región.
Las acciones se desplegarán en ocho predios ubicados en Los Reyes, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Quiroga, Tacámbaro, Tzitzio y Uruapan, con una meta de restauración de 50 hectáreas y la dispersión total de 200 mil semillas.
Las labores se realizarán durante la temporada actual y concluirán el 15 de julio, en un contexto donde el gobierno estatal impulsa el uso de tecnologías emergentes para la recuperación de áreas forestales y la conservación de los recursos naturales.
“GOL POR EL AMBIENTE” ¿ECONOMÍA CIRCULAR O SIMULACIÓN?
Esta semana, el gobierno de Michoacán anunció su incorporación a la campaña nacional “Gol por el Ambiente”, una estrategia que busca impulsar la economía circular mediante la recuperación y reciclaje de textiles usados. La iniciativa abre una discusión necesaria sobre el destino de los residuos, pero también plantea el reto de que no quede únicamente como un anuncio ambiental enmarcado en la coyuntura de la competencia mundialista.
Y es que la instalación de centros de acopio y la participación de municipios pueden representar un primer paso para atender una problemática creciente; sin embargo, el desafío está en que esta acción trascienda la campaña y se convierta en una política pública permanente que modifique la forma en que se producen, consumen y desechan los textiles.
La recuperación de prendas usadas es importante, pero la economía circular requiere ir más allá del reciclaje. Implica construir mecanismos donde productores, empresas, gobiernos y consumidores asuman responsabilidades para reducir la generación de residuos desde el origen y avanzar hacia modelos basados en la reutilización, reparación y mayor vida útil de los materiales.
El reto para las instituciones ambientales será evitar que este tipo de estrategias dependan de una administración o de una fecha específica. Una política de residuos textiles necesita continuidad, metas medibles y una visión de largo plazo que permita cambiar prácticas arraigadas en la industria y en los hábitos de consumo.
Y es que el problema no sólo está en dónde termina una prenda después de ser utilizada, sino en un modelo de producción acelerada que ha normalizado comprar, usar y desechar en periodos cada vez más cortos. Sin una transformación de fondo, los esfuerzos de acopio pueden atender una parte del problema, pero no sus causas.
“Gol por el Ambiente” coloca el tema en la agenda pública; ahora el desafío será que la iniciativa pase de la recolección simbólica a una política ambiental que trascienda gobiernos y establezca una nueva relación con los residuos textiles en Michoacán.
CACAREAN INVERSIÓN AL RÍO DUERO
Entre 2022 y 2026, se han destinado 793 millones 372 mil pesos para acciones de saneamiento y recuperación del Río Duero, informó esta semana la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán.
El delegado de la dependencia, Luis Roberto Arias Reyes, señaló que los recursos han permitido desarrollar infraestructura hidráulica en 11 municipios de la cuenca, mediante la construcción de colectores sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias.
Del monto total invertido, 104 millones 476 mil pesos corresponden a recursos federales, 675 millones 614 mil pesos a aportación estatal a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), y 16 millones 281 mil pesos a participación municipal.
Entre las principales obras destaca la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zamora Norte, con capacidad de 170 litros por segundo y una inversión de 403 millones 147 mil pesos. También se construyeron el colector sanitario Romero Guzmán, el emisor sanitario Rinconada y el subcolector sanitario El Sauz de Abajo, con una inversión conjunta de 120 millones de pesos.
Además, se realizaron obras en municipios como Chilchota, Tangancícuaro, Ixtlán, Jacona, Tangamandapio, Briseñas, Chavinda, Tlazazalca y Pajacuarán. En Jacona se destinó una inversión de 41 millones 17 mil pesos para la primera etapa de su planta de tratamiento, con capacidad de 125 litros por segundo.
La Conagua informó que también se elaboraron proyectos ejecutivos para futuras acciones de saneamiento en Chavinda, Pajacuarán, Tlazazalca, Tangamandapio y Purépero, con una inversión de 9 millones 850 mil pesos, con el objetivo de continuar fortaleciendo la recuperación de la cuenca del Río Duero.
La inversión destinada al saneamiento del Río Duero representa una intervención relevante en materia de infraestructura hidráulica; sin embargo, el alcance de estas obras también debe analizarse desde la dinámica económica de la región. La cuenca del Duero es uno de los territorios agrícolas más productivos de Michoacán, donde la actividad agroindustrial tiene un peso importante, particularmente por la producción y exportación de alimentos.
En ese contexto, las acciones de tratamiento de aguas residuales no sólo responden a una necesidad ambiental, sino también a las exigencias de un modelo productivo que requiere garantizar disponibilidad y calidad del agua para mantener su operación. El reto será que estas inversiones no se limiten a sostener la actividad económica, sino que formen parte de una estrategia integral que asegure la recuperación ecológica de la cuenca y el equilibrio entre producción, territorio y conservación.
MOREBÚS: LA PROMESA DE MODERNIZACIÓN
Vaya, vaya… Mientras el Gobierno de Michoacán presenta al Morebús como la gran apuesta para transformar la movilidad urbana de Morelia, con 33 kilómetros de recorrido, 38 estaciones, 74 unidades y una inversión estimada de 2 mil 190 millones de pesos, el proyecto abre una discusión más profunda sobre quién decide el modelo de ciudad y cómo se distribuyen los costos de esta transformación.
La narrativa oficial coloca al nuevo sistema como una solución para mejorar los traslados de más de 76 mil usuarios diarios, pero detrás de la promesa de eficiencia y modernización también aparece una reconfiguración del transporte público, donde concesionarios y operadores tradicionales advierten impactos sobre sus fuentes de ingreso.
El Morebús no sólo implica construir infraestructura; significa modificar relaciones económicas, territoriales y de poder que durante décadas han definido la movilidad en Morelia.
MOREBÚS Y TELEFÉRICO Y EL TRANSPORTE CONCESIONADO
Vaya, vaya… y en este inicio de las obras del Morebús y la construcción del Teleférico abrió el primer conflicto entre el Gobierno estatal y un sector del transporte concesionado, luego de que choferes y organizaciones gremiales se movilizaran en las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas para exigir información sobre los impactos que tendrán los trabajos en las rutas actuales.
La protesta ocurrió el lunes 22 de junio, cuando transportistas de las rutas que circulan principalmente por el poniente de Morelia denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), encabezada por María Elena Huerta Moctezuma, inició modificaciones viales sin entregar previamente los estudios técnicos, análisis de impacto socioeconómico y el proyecto integral de reorganización de rutas que, aseguran, habían solicitado.
El reclamo central no fue únicamente por las obras, sino por la incertidumbre sobre el futuro de las concesiones existentes. Para los transportistas, la llegada de nuevos sistemas de movilidad implica una posible reconfiguración del transporte urbano que podría modificar recorridos, ingresos y condiciones de operación.
La movilización generó afectaciones viales en los accesos hacia la avenida Madero Poniente y la calzada La Huerta, evidenciando una de las principales disputas alrededor de los proyectos de infraestructura: la transición hacia un nuevo modelo de movilidad no solo implica construir estaciones, carriles o sistemas elevados, sino modificar relaciones económicas y laborales que han sostenido el transporte público durante décadas.
Dentro de este conflicto aparece nuevamente José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), una de las organizaciones gremiales del transporte concesionado en Michoacán.
Martínez Pasalagua es un actor recurrente en las discusiones públicas relacionadas con el transporte estatal. Su trayectoria incluye la representación de grupos de concesionarios, participación política como exdiputado local y presencia en negociaciones sobre concesiones, regulación y modificaciones al sistema de movilidad.
Su figura también ha estado marcada por controversias. En 2014 fue detenido e investigado por autoridades federales por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, señalamientos que negó y por los cuales posteriormente no fue encontrado penalmente responsable.
Actualmente, su papel dentro del sector transportista vuelve a colocarlo en el centro de una disputa que enfrenta a las organizaciones tradicionales del transporte con un proyecto gubernamental que busca modificar la movilidad urbana de Morelia.
Tras la protesta, la Sedum defendió el proyecto y aseguró que las obras contemplan medidas para garantizar la circulación del transporte público. Entre ellas, señaló la habilitación de un carril exclusivo sobre la avenida Madero para mantener los recorridos de las unidades y trasladar parte de las afectaciones hacia los vehículos particulares.
Sin embargo, el Gobierno estatal también endureció su postura. Recordó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán contempla sanciones para quienes suspendan el servicio público sin causa justificada, bloqueen vialidades o impidan el libre tránsito.
Las advertencias incluyen multas económicas y, en casos de reincidencia, la posibilidad de revocar concesiones.
Para el Gobierno estatal, el Morebús y el Teleférico representan una apuesta por modernizar el transporte y reducir problemas históricos de movilidad. Para los concesionarios, el proceso avanza sin suficiente información y puede poner en riesgo un sistema del que dependen miles de trabajadores.¿Quién participará en la transformación del transporte y bajo qué reglas? Veremos…
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN, EL PROBLEMA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES
Contepec, Michoacán, 24 de junio de 2026.- En el marco de la reunión nacional de directores de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana (AZCARM), la Secretaría del Medio Ambiente (Secma) destacó el papel de estos espacios como aliados en la conservación de especies, el rescate de fauna y la atención de ejemplares asegurados por autoridades ambientales.
Sin embargo, detrás de esta narrativa de conservación se mantiene un problema estructural que pocas veces se coloca en el centro del debate: gran parte de los animales que llegan a zoológicos, criaderos y acuarios provienen de incautaciones derivadas del tráfico ilegal de especies, un mercado negro que continúa operando en distintos niveles y territorios del país.
Estos espacios, más allá de su función educativa o de resguardo, también se han convertido en destinos finales de fauna silvestre que ha sido extraída de su entorno natural. En ese sentido, la discusión no sólo debería centrarse en el cuidado dentro de instalaciones controladas, sino en la eficacia de las políticas para prevenir la captura, el comercio y la movilidad ilegal de especies desde sus ecosistemas originales.
La existencia de redes de tráfico de fauna evidencia una problemática persistente que no se resuelve únicamente con la recepción de ejemplares rescatados, sino con una estrategia integral de vigilancia, sanción y desmantelamiento de mercados ilegales que siguen alimentando esta dinámica.
Desde una perspectiva ambiental, el reto no es únicamente garantizar condiciones de bienestar en cautiverio, sino fortalecer la protección de los hábitats naturales para evitar que los animales sean removidos de sus ecosistemas en primer lugar. La conservación, en este sentido, no debería depender del encierro, sino de la permanencia de las especies en su entorno.
La reunión de AZCARM abre un espacio de discusión técnica sobre conservación y manejo de fauna, pero también evidencia la necesidad de replantear el papel del Estado frente al tráfico ilegal de especies, un fenómeno que sigue operando como parte de un mercado negro que requiere atención más allá de los espacios de resguardo.
ENTREGA-RECEPCIÓN EN SEDUM;LA CONTINUIDAD A PROYECTOS URBANOS
Vaya, vaya… y en este contexto el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) de Michoacán cobra relevancia no solo como un trámite administrativo derivado del cambio de titular, sino como un mecanismo fundamental para garantizar la continuidad de proyectos estratégicos en materia de movilidad, planeación urbana y desarrollo territorial en la entidad.
La formalización de este procedimiento, realizado tras la salida de la ex titular Gladyz Butanda Macías, permite documentar el estado que guardan obras, programas y compromisos institucionales, así como los avances alcanzados durante su gestión.
Este tipo de procesos son clave en dependencias que manejan proyectos de largo alcance, donde la planeación urbana y la infraestructura no dependen de ciclos políticos inmediatos.
En el caso de Sedum, la entrega-recepción adquiere especial importancia debido a que la administración estatal ha impulsado una serie de proyectos de movilidad y desarrollo urbano que requieren continuidad técnica y financiera para su conclusión. La documentación de expedientes, contratos, avances de obra y pendientes administrativos permite que la nueva gestión conozca con precisión el punto en el que se encuentran las acciones en curso.
Este proceso no se limita a un formalismo, sino que funciona como una herramienta de rendición de cuentas y de protección institucional. A través del acta correspondiente, se establecen responsabilidades claras sobre el manejo de recursos, así como las condiciones en las que se entrega la dependencia, lo que resulta clave para eventuales auditorías o revisiones posteriores.
En este contexto, las proyecciones y proyectos impulsados durante la gestión de Butanda adquieren relevancia en la medida en que su continuidad depende de que la información técnica y administrativa haya sido correctamente transferida. El objetivo central del proceso es evitar interrupciones en la ejecución de políticas públicas y garantizar que las decisiones de planeación urbana no se vean afectadas por los cambios en la titularidad de la dependencia.
Así, más allá del cambio de funcionarios, la entrega-recepción en Sedum representa un eslabón crítico para asegurar la estabilidad de los proyectos de desarrollo urbano en Michoacán y fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública…. Verémos…
MICHOACÁN MODERNIZA 12 PLANTAS DE TRATAMIENTO
Michoacán avanza en la incorporación de energías renovables para la operación de infraestructura hídrica. Actualmente, 12 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) funcionan con energía solar mediante sistemas de paneles fotovoltaicos, informó la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).
De acuerdo con la dependencia estatal, la estrategia representa una inversión superior a los 60.4 millones de pesos destinada a infraestructura verde, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico convencional, disminuir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia operativa de los sistemas de saneamiento municipales.
La coordinadora general de la Ceac, Olivia Cazarez Arreola, señaló que el uso de energía solar permite avanzar hacia plantas más autosuficientes y reducir la carga económica que representa el pago de electricidad para los gobiernos municipales.
Las plantas beneficiadas se ubican en Carácuaro, Pajacuarán, Tlazazalca, Tangamandapio, Tangancícuaro, Zacapu, Uruapan, Coeneo, Cherán, Copándaro, Gabriel Zamora y La Huacana.
Entre las obras destacan sistemas con distintas capacidades de tratamiento. Gabriel Zamora cuenta con una capacidad de 50 litros por segundo; Carácuaro con 30 litros por segundo; Pajacuarán con 22 litros por segundo; Tangamandapio con 17 litros por segundo y La Huacana con 10 litros por segundo.
La incorporación de tecnología fotovoltaica busca que los municipios reduzcan hasta eliminar el gasto destinado al consumo eléctrico de estas instalaciones, un costo que históricamente ha limitado la operación constante de algunas plantas de tratamiento en el país.
Sin embargo, especialistas ambientales han señalado que la modernización de infraestructura hídrica requiere acompañarse de políticas integrales que garanticen el mantenimiento permanente de las plantas, la correcta operación de los sistemas de saneamiento y una vigilancia efectiva sobre la calidad del agua que es devuelta a ríos, lagos y cuencas.
El saneamiento del agua continúa siendo uno de los retos ambientales de Michoacán, una entidad con importantes cuerpos de agua y regiones donde comunidades han denunciado contaminación, deterioro de ecosistemas acuáticos y presión creciente sobre los recursos hídricos.
AUTONOMÍA INDÍGENA EN TENSIÓN: PÓMARO, EL IEM Y LA DISPUTA POR LA VALIDEZ DE LA CONSULTA
Vaya, vaya… Mientras las instituciones electorales se reacomodan en medio de decisiones administrativas y disputas internas, las comunidades indígenas de Michoacán vuelven a colocar sobre la mesa una tensión de fondo: la distancia entre los tiempos del Estado y los tiempos de la autonomía.
El Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas denunció la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) del 19 de junio de 2026 de remover a cinco consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), señalando que esta medida ha generado incertidumbre en los procesos de autogobierno indígena. El caso más urgente, afirman, es el de la comunidad de Pómaro, donde una consulta previa, libre e informada realizada el 14 de junio sigue sin ser validada dentro del plazo establecido por la normatividad estatal, específicamente el artículo 330 del Código Electoral de Michoacán.
El reclamo no se queda en el terreno técnico. Para las comunidades, la falta de resolución no es sólo un retraso administrativo, sino una vulneración directa a su derecho a la libre determinación. La remoción de consejeros del IEM, sostienen, dejó en pausa un proceso que debía avanzar con certidumbre institucional, pero que ahora se encuentra atrapado en un vacío operativo que impacta directamente en decisiones comunitarias ya tomadas en asamblea.
Y es que el conflicto expone algo más profundo: la fragilidad de los mecanismos institucionales frente a los procesos de autogobierno indígena. Mientras el INE y el IEM operan bajo marcos legales y tiempos burocráticos, las comunidades reclaman que sus decisiones, avaladas en consulta, no pueden quedar sujetas a la parálisis de los órganos estatales.
En su posicionamiento, las comunidades no sólo exigen la validación inmediata de la consulta de Pómaro, sino que advierten que permanecerán organizadas y vigilantes ante cualquier acción u omisión que afecte su autonomía. El llamado trasciende el caso puntual y se amplía a una exigencia política más amplia: que el Estado mexicano no utilice sus propias crisis institucionales como argumento para retrasar o debilitar derechos ya reconocidos.
En el fondo, lo que está en disputa no es únicamente la validez de una consulta, sino el alcance real de la autonomía indígena frente a un aparato institucional que, una vez más, muestra sus límites para acompañar —sin fricción— los procesos de autodeterminación en Michoacán.
CAPTURAN A “SIERRA 1” Y DETIENEN A “SIERRA 2” TRAS OPERATIVOS EN EL SUR DE MORELIA
Vaya, vaya… La captura de un presunto generador de violencia en la zona suroriente de Morelia tuvo una segunda consecuencia operativa en menos de unas horas: la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informaron la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, y posteriormente de Alfredo “N”, identificado como “Sierra 2”.
De acuerdo con la autoridad ministerial, Ernesto Rafael “N” fue detenido durante un cateo autorizado por un juez de control en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia, específicamente en Bosque Monarca.
Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y sustancias con características de narcótico. La Fiscalía informó que el detenido, junto con una mujer identificada como su pareja, fue aprehendido en flagrancia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
video: FGE
La institución señaló que “Sierra 1” era considerado un objetivo prioritario por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto y lo vinculó con una estructura criminal que presuntamente estaría relacionada con extorsiones a madereros y comerciantes en comunidades como Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte, El Capulín y El Duende.
Horas después, como resultado de labores de inteligencia derivadas de esta captura, autoridades reportaron la detención de Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, y una mujer, durante un operativo realizado sobre la Autopista Siglo XXI.
En esta segunda intervención fueron asegurados un arma larga calibre 5.56 milímetros tipo M4, un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades jurídicas y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos.
La captura de ambos presuntos integrantes de una estructura criminal ocurre en una región marcada por denuncias comunitarias sobre el avance de grupos delincuenciales que buscan controlar actividades económicas y recursos naturales.
En la zona sur de Morelia y el oriente de Madero, habitantes, defensores ambientales y organizaciones comunitarias han señalado durante los últimos años un escenario de violencia relacionado con cobros de piso, extorsiones, tala ilegal, control de la extracción de madera y presiones sobre territorios con conflictos por cambio de uso de suelo y aprovechamiento irregular del agua.
en15días.com ha documentado que comunidades como San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Ichaqueo, El Capulín y localidades de Villa Madero han enfrentado amenazas, desplazamientos y agresiones contra defensores del territorio, en medio de una disputa por el control económico y territorial de una región estratégica por sus recursos forestales.
Entre los hechos que han marcado esta zona se encuentra el asesinato del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, además de denuncias de secuestros y extorsiones que han obligado a familias a abandonar sus comunidades.
La Fiscalía General del Estado informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la participación de los detenidos en otros delitos de alto impacto.
Mientras las autoridades presentan estas capturas como un golpe contra estructuras generadoras de violencia, comunidades rurales continúan señalando que el problema de fondo no sólo está en la detención de operadores criminales, sino en la persistencia de condiciones que permiten el control ilegal de territorios, bosques y actividades productivas.
Las instituciones de seguridad señalaron que continuarán con las acciones de inteligencia e investigación para combatir a grupos delictivos y fortalecer la seguridad en Michoacán.
RUMBO A LA ELECCIÓN 2027
Once aspirantes buscan encabezar la transformación en Michoacán; la disputa revela las viejas y nuevas alianzas políticas
Vaya, vaya… La carrera interna de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 comenzó a mostrar algo más que una lista de nombres. El registro de aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán dejó al descubierto las distintas rutas políticas que convergen dentro del partido: cuadros formados en el obradorismo, figuras provenientes del viejo perredismo, funcionarios de gobiernos anteriores y perfiles ligados a la administración estatal actual.
La disputa interna no sólo definirá quién encabezará la organización política de Morena rumbo a la renovación de la gubernatura, sino también qué grupo tendrá mayor influencia en la construcción del proyecto electoral de 2027.
Durante la jornada de registro presencial realizada en la Ciudad de México participaron once perfiles michoacanos: María Fabiola Alanís Sámano, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Gabriela Desirée Molina Aguilar, Gladyz Butanda Macías, Netzahualcóyotl Alanís Luna, Ernesto Núñez Aguilar, Raúl Morón Orozco, Netzahualcóyotl Alanís Pedraza, Ana Lilia Guillén Quiroz, Esteban González Nava y Carlos Torres Piña.
Más que una contienda entre militantes de Morena, el proceso muestra una reconfiguración de las fuerzas políticas que durante las últimas décadas han disputado el control del estado.
Uno de los elementos más visibles es la presencia de perfiles provenientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política que gobernó Michoacán y que tuvo como último gobernador al prófugo de la justicia, Silvano Aureoles Conejo.
La llegada de estos cuadros a Morena refleja una transformación del mapa político estatal: antiguos actores del perredismo ahora compiten bajo la bandera de la autollamada “Cuarta Transformación”.
Carlos Torres Piña es uno de los perfiles con mayor trayectoria política dentro de la lista.
Fue dirigente estatal del PRD, diputado federal y uno de los actores relevantes del perredismo michoacano durante la etapa en que Silvano Aureoles gobernó Michoacán.
Su relación con el antiguo régimen político estatal no sólo fue administrativa, sino partidista. Formó parte de la estructura política que durante años disputó espacios dentro del PRD.
Posteriormente rompió con ese partido y se incorporó a Morena. Fue secretario de Gobierno de Michoacán durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla y actualmente ocupa la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
Su perfil representa una de las corrientes que llegaron a Morena desde el perredismo y que conservan estructura territorial propia.
Raúl Morón Orozco también tiene origen perredista, pero con una trayectoria distinta.
El exalcalde de Morelia y exsenador pertenece a una corriente vinculada con la izquierda sindical y magisterial. Su relación política estuvo más cercana al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador que al grupo de Silvano Aureoles.
Fue candidato de Morena a la gubernatura en 2021, pero su candidatura fue retirada por el Instituto Nacional Electoral.
Morón representa al sector del obradorismo que proviene del antiguo PRD, pero que mantuvo distancia de los grupos vinculados al gobierno estatal de Aureoles.
La fotografía interna de Morena muestra una paradoja: algunos de los perfiles que hoy buscan encabezar la transformación estatal tienen antecedentes dentro de administraciones anteriores.
María Fabiola Alanís Sámano es una de las aspirantes con mayor trayectoria institucional.
Antes de convertirse en una figura cercana al proyecto nacional de Morena, fue titular de la entonces Secretaría de la Mujer durante el gobierno de Silvano Aureoles.
Su paso por esa administración la vinculó con una etapa del gobierno estatal perredista, aunque posteriormente construyó una nueva trayectoria dentro de la Cuarta Transformación.
Fue titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y actualmente es diputada federal.
Su perfil representa la incorporación de cuadros con experiencia previa en gobiernos estatales hacia la estructura política de Morena.
Gabriela Desirée Molina Aguilar también tiene antecedentes en la administración silvanista. Durante el gobierno de Aureoles encabezó el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV).
Posteriormente fue incorporada por Alfredo Ramírez Bedolla como secretaria de Educación del estado.
Su trayectoria muestra una característica del sistema político michoacano: la continuidad de cuadros técnicos y administrativos entre gobiernos de distinto signo partidista.
Gladyz Butanda Macías es una de las funcionarias identificadas con la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, sin embargo también trabajó durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Como ex secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad forma parte del equipo cercano al gobernador y representa la corriente que apuesta por la continuidad del proyecto estatal actual. La aspirante ha sido apoyada por la estructura del gobierno de Michoacán.
Además de su trayectoria administrativa previa, su incorporación al gabinete de Bedolla la ubica dentro del bloque institucional del actual gobierno estatal.
En lo que respecta, el espacio del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar representa al Partido Verde Ecologista de México dentro de la coalición con Morena y el Partido del Trabajo.
Fue dirigente estatal del PVEM y diputado local. Su trayectoria está ligada a la construcción de acuerdos entre fuerzas políticas distintas.
Reyna Celeste Ascencio Ortega, diputada federal por Morena, representa el espacio legislativo del partido y la agenda nacional de la autollamada “Cuarta Transformación”.
Su perfil está ligado a la estructura parlamentaria y a la renovación generacional dentro del movimiento.
Ana Lilia Guillén Quiroz cuenta con una trayectoria histórica dentro de la izquierda michoacana.
Su carrera política está relacionada con el PRD histórico y con sectores que acompañaron durante años las luchas de la izquierda antes de la creación de Morena.
De Netzahualcóyotl Alanís Luna y Netzahualcóyotl Alanís Pedraza existe poca información pública sobre sus estructuras políticas.
Esteban González Nava es uno de los perfiles registrados en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. Hasta el momento cuenta con menor exposición pública estatal frente a otros aspirantes y no existe suficiente información pública sobre una corriente política, grupo interno o trayectoria administrativa que permita ubicarlo dentro de alguna de las principales estructuras en disputa.
El proceso interno de Morena en Michoacán refleja una realidad más compleja, mientras el discurso político habla de “transformación”, la estructura que busca conducir ese proceso está integrada en buena medida por actores formados en las distintas etapas del poder estatal.
La definición de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional será, por tanto, una batalla por la candidatura de 2027, pero también por definir quién tendrá el control político del movimiento en Michoacán.
La Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de conducir las siguientes etapas del procedimiento, mientras los aspirantes deberán sujetarse a las reglas internas para evitar actos anticipados de campaña y promoción indebida. Veremos…
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
VÍCTOR TOLEDO CRITICA “OPORTUNISMO” Y “DEMAGOGIA” EN LA GESTIÓN DE ALICIA BÁRCENA AL FRENTE DE SEMARNAT
En una reciente entrevista, Víctor Toledo, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó su profunda insatisfacción con el rumbo actual de la política ambiental en México, señalando directamente a la actual administración de la dependencia. Toledo calificó la gestión de la hoy titular de la SEMARNAT como carente de compromiso con las luchas sociales y ambientales del país.
Crítica a la gestión actual y falta de altura política Toledo fue contundente al evaluar el desempeño institucional reciente, afirmando que su percepción sobre la dirección de la secretaría es negativa.
Según el exfuncionario: “Mi impresión de la actual administración de la SEMARNAT no es buena eh porque efectivamente hay una actitud ambigua”.
Para Toledo, la misión de la secretaría debería ser la defensa irrestricta de los territorios frente a grandes capitales, algo que no percibe en la actualidad.
“Se debería de estar todo el tiempo a favor de las comunidades pero veo oportunismo… me parece que ha sido siempre el papel de la hoy este directora de la SEMARNAT no no me gusta nada no no está no está a la altura de de la cuarta transformación”.
Uno de los puntos centrales de la crítica de Toledo es la supuesta desconexión entre el discurso oficial y las acciones gubernamentales en proyectos extractivos o industriales que afectan a comunidades en resistencia. El académico señaló que la política ambiental se ha estancado en la retórica.
“No hay una actitud congruente respecto de lo ambiental este pues ha quedado en en demagogia”.
Asimismo, cuestionó la relación que la secretaría mantiene con los intereses privados, sugiriendo que existe una falta de firmeza frente a las corporaciones transnacionales:
“Hay una política ambigua de coqueteo con las empresas… no es congruente con la 4T”.
Crisis de congruencia ambiental Toledo subrayó que, ante la gravedad del cambio climático y el deterioro ecológico, México no ha dado pasos significativos, lamentando que la actual administración no esté respondiendo a la urgencia del momento.
A pesar de su pesimismo respecto a las instituciones, el exsecretario destacó que mantiene su optimismo gracias a la resistencia de las comunidades locales, donde ha documentado miles de proyectos que defienden la sustentabilidad frente a lo que denomina una política “anticapitalista” necesaria que la actual SEMARNAT no está ejerciendo.
ATLANGATEPEC Y LA RESISTENCIA ANTE EL PODECIBI
Esta semana, el conflicto en Atlangatepec, Tlaxcala, se intensificó tras el avance del proyecto Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), impulsado por el gobierno estatal como respuesta a la crisis de manejo de residuos en la entidad. Lo que fue presentado como una alternativa ambiental moderna terminó convirtiéndose en un foco de confrontación social y política entre autoridades y habitantes de San Pedro Ecatepec.
El proyecto fue formalmente planteado en julio de 2024, cuando el gobierno de Tlaxcala, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, autorizó el uso de un terreno de 20 hectáreas para su construcción. Desde entonces, comunidades de la zona han manifestado su rechazo, argumentando que la obra se ha impulsado sin consulta previa y sin considerar los impactos ambientales y sociales en el territorio.
Entre los principales señalamientos de los pobladores está el riesgo de que el complejo funcione como un macro-centro de disposición de residuos para gran parte del estado, pese a su denominación de “economía circular”. También advierten posibles afectaciones a la presa de Atlangatepec y a la cuenca Zahuapan-Atoyac por la filtración de lixiviados, lo que podría comprometer el agua para consumo humano, la ganadería y la agricultura.
La comunidad sostiene además que el proyecto se ubica a menos de un kilómetro de zonas habitadas, lo que podría generar malos olores, proliferación de plagas y riesgos a la salud pública. A ello suman la exigencia de un modelo alternativo de gestión de residuos basado en centros municipales descentralizados, en lugar de un solo complejo regional.
Por su parte, el gobierno estatal defiende el PODECIBI como una instalación tecnológica donde los residuos serán separados, procesados y reciclados, asegurando que no funcionará como un basurero tradicional. Sostiene además que contará con medidas de “blindaje ambiental”, como geomembranas para evitar filtraciones, y que el proyecto generará empleo e infraestructura para la región.
La tensión escaló cuando personal técnico ingresó al predio para realizar estudios geológicos e hidrogeológicos, lo que derivó en bloqueos, presencia de fuerzas de seguridad y enfrentamientos con pobladores. Mientras el gobierno insiste en continuar los trabajos bajo el argumento del interés público, las comunidades mantienen su oposición y exigen la suspensión del proyecto, en un escenario donde el diálogo permanece roto y la desconfianza sigue creciendo.
PRESIDENCIA SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA SCJN EN CASO DEL ACUÍFERO DE LA LAGUNA
La protección judicial del acuífero principal de la Comarca Lagunera volvió al centro del debate público luego de que organizaciones civiles denunciaran que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un asunto relacionado con el cumplimiento de la sentencia que ordena medidas para recuperar y proteger este cuerpo de agua estratégico para el norte del país.
De acuerdo con la denuncia de colectivos ambientales y ciudadanos, la Consejería Jurídica envió un oficio a la SCJN para que conozca una queja promovida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que, a juicio de las organizaciones, podría abrir la puerta a una reinterpretación de la sentencia emitida en el amparo 543/2022. Los grupos sostienen que dicha actuación podría beneficiar a grandes concesionarios de agua y reducir los alcances de la resolución judicial.
El conflicto ocurre meses después de que un tribunal colegiado declarara improcedente el intento de 29 concesionarios de aguas subterráneas por revertir la sentencia de la Suprema Corte. En marzo pasado, las magistradas del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito determinaron que los particulares no podían modificar una resolución firme del máximo tribunal del país, manteniendo vigente la obligación de las autoridades federales de implementar acciones para la recuperación del acuífero lagunero.
La sentencia de la SCJN establece que las autoridades ambientales y la Conagua deben diseñar e implementar medidas orientadas a enfrentar la sobreexplotación del acuífero, considerada una de las principales amenazas para el abastecimiento de agua potable, el equilibrio ecológico y la actividad económica de la región lagunera.
Ante la nueva intervención promovida desde la esfera federal, organizaciones defensoras del agua expresaron preocupación por lo que consideran una posible injerencia política en un proceso judicial ya resuelto. En diversos pronunciamientos públicos han señalado que cualquier modificación al alcance de la sentencia podría debilitar la protección del derecho humano al agua para más de un millón de habitantes de la región.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha informado públicamente que busque revocar la sentencia. El debate se centra en si la petición presentada ante la Corte tiene únicamente efectos procesales o si podría derivar en una reinterpretación que modifique las obligaciones impuestas a las autoridades para la recuperación del acuífero.
El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones ambientales, académicos y comunidades de la Comarca Lagunera, quienes consideran que la resolución de la SCJN constituye uno de los precedentes más importantes en materia de protección de acuíferos y garantía del derecho humano al agua en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no deben otorgarse nuevas concesiones ni ampliarse las existentes para la extracción de agua del acuífero de La Laguna mientras no se implementen medidas efectivas para su recuperación y protección.
La resolución busca frenar la sobreexplotación de una de las principales fuentes de agua de la región y garantizar el derecho humano al agua de sus habitantes. Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la propia SCJN revisar aspectos relacionados con el cumplimiento de esta sentencia, lo que podría derivar en una modificación de sus alcances.
Actualmente, el asunto se encuentra en análisis y la discusión gira en torno a si la resolución se mantendrá en sus términos originales o si podrá ser ajustada a petición de las autoridades federales.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MÉXICO ENTRE LA SOBERANÍA Y LOS NUEVOS TERRITORIOS DE DISPUTA
Vaya, vaya… la transición energética volvió al centro del discurso nacional. El gobierno federal anunció un ambicioso Plan de Crecimiento de Energías Renovables con una meta de 32 mil megawatts adicionales hacia 2030, una inversión estimada de 739 mil millones de pesos y la promesa de reducir la dependencia de combustibles fósiles. La apuesta: transformar la matriz energética del país bajo el argumento de soberanía, justicia social y combate al cambio climático.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el programa representa un momento histórico para México, al señalar que el 70 por ciento de la nueva capacidad energética provendrá de fuentes renovables, principalmente solar y eólica. Desde el discurso oficial, la transición busca disminuir el uso de petróleo, carbón y gas natural, además de reducir emisiones contaminantes.
La Secretaría de Energía detalló que actualmente se encuentran en proceso 50 plantas fotovoltaicas con una capacidad de 7 mil 859 megawatts y 17 centrales eólicas que aportarían 4 mil 701 megawatts. Según las autoridades, estas acciones permitirían evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono hacia 2030.
Pero la transición energética no sólo es una cuestión tecnológica. Como ocurre con otros proyectos vinculados a los recursos naturales, también implica una disputa por territorio, inversión, infraestructura y control de bienes comunes. La energía renovable puede representar una alternativa frente al cambio climático, pero su desarrollo requiere discutir quiénes toman las decisiones, dónde se instalan los proyectos y cuáles son los impactos sociales y ambientales.
Y es que México ya conoce los conflictos derivados de grandes proyectos energéticos. En distintas regiones del país, comunidades han cuestionado parques eólicos, proyectos solares e infraestructura energética por la falta de consulta, la transformación del territorio y la distribución desigual de beneficios.
El gobierno federal plantea mantener una participación mayoritaria del Estado en la generación eléctrica, con una meta de que las energías renovables representen 38 por ciento de la generación nacional al cierre de la administración. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció proyectos emblemáticos como Oasis, en Baja California Sur, que combinará energía solar, almacenamiento con baterías, hidrógeno verde y producción de agua para consumo humano, así como la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora.
Sin embargo, la discusión ambiental permanece abierta. La transición hacia energías limpias no puede medirse únicamente por la cantidad de megawatts instalados o las inversiones anunciadas. También deberá evaluarse por su capacidad para garantizar derechos comunitarios, proteger ecosistemas y evitar que el nuevo modelo energético reproduzca las mismas lógicas extractivas del pasado.
Porque cambiar la fuente de energía no necesariamente cambia la relación con los territorios. El desafío será construir una transición que no sólo sea renovable en términos tecnológicos, sino también justa en términos sociales y ambientales.
EN LA GEOPOLÍTICA
ISRAEL COMETE GENOCIDIO AL ATACAR DELIBERADAMENTE A NIÑOS PALESTINOS: ONU
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado presentó un informe en el que señala que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra niños palestinos, y sostiene que existen nuevos elementos que respaldan su conclusión previa sobre la comisión de genocidio en Gaza.
El documento, que analiza hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2026 en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, documenta ataques contra menores, destrucción de infraestructura educativa y sanitaria, así como restricciones al acceso de alimentos y atención médica.
Según la Comisión, más de 20 mil niños palestinos murieron y más de 44 mil resultaron heridos entre octubre de 2023 y octubre de 2025. Los investigadores señalaron que muchos fallecieron en bombardeos con armas de alto impacto y otros por disparos de drones, francotiradores y fuego directo.
“Las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos y destruyeron su infancia”, afirmó Srinivasan Muralidhar, integrante de la Comisión.
El informe también denuncia la destrucción del sistema educativo en Gaza: la Comisión estima que el 97 por ciento de las escuelas han sido afectadas y que decenas de universidades quedaron destruidas.
Además, documentó casos de menores fallecidos por falta de alimentos y atención médica, incluido el de una niña de 12 años con enfermedad celíaca que murió por desnutrición durante el bloqueo de ayuda.
La Comisión pidió a los Estados garantizar la rendición de cuentas, investigar posibles responsables, cumplir las órdenes de la Corte Penal Internacional y suspender transferencias de armas que puedan utilizarse para violar el derecho internacional.
El organismo insistió en que las víctimas no deben ser vistas únicamente como cifras, sino como niños con vidas y futuros interrumpidos por la guerra.
EN LOS MEDIOS…
HALLAN SIN VIDA A LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN TRAS 24 DÍAS DESAPARECIDA EN VERACRUZ
La violencia contra la prensa volvió a sacudir a Veracruz. La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue localizada sin vida después de haber sido privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.
La comunicadora fue sustraída de su domicilio por hombres armados que irrumpieron violentamente durante la madrugada. El ataque quedó registrado en un video difundido posteriormente, donde se observa la entrada de los agresores al inmueble.
Durante las semanas posteriores, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron a las autoridades acelerar la búsqueda y esclarecer el caso. La investigación fue atraída por instancias federales ante la gravedad del hecho.
El operativo que derivó en el hallazgo también llevó a la detención de personas presuntamente relacionadas con el secuestro de la periodista. Entre los detenidos se encuentra José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, señalado como posible responsable del caso.
El asesinato de Roxana Guzmán ocurre en un contexto de creciente violencia contra periodistas en Veracruz, uno de los estados donde ejercer el periodismo continúa representando un alto riesgo para quienes documentan temas de seguridad, política y corrupción.
Su caso vuelve a colocar sobre la mesa la pregunta: ¿cuántas agresiones contra periodistas deben ocurrir antes de que investigar y proteger la libertad de expresión deje de ser una reacción de emergencia?
MONSIVÁIS, LA EVIDENCIA PENDIENTE Y LA RESPONSABILIDAD EDITORIAL
Vaya, vaya… Una entrevista del pasado volvió a encender una disputa política en el presente, pero el fondo del asunto ya no es sólo lo que se dijo o no se dijo, sino algo más delicado: qué tan sólido es el sustento antes de publicar cuando se trata de afirmaciones que pueden alterar la reputación de figuras públicas y la memoria cultural del país.
El periodista Edmundo Cázares asegura que existe una grabación en casete de la entrevista realizada a Carlos Monsiváis en 1999, material que, de confirmarse y presentarse íntegro, podría esclarecer el contexto de las frases que hoy generan controversia. Sin embargo, mientras esa evidencia no se haga pública, el debate permanece en el terreno de la interpretación y la desconfianza.
En este punto, la discusión rebasa al periodista y alcanza a los procesos editoriales. Si un texto con declaraciones de alto impacto es publicado sin que la evidencia sea accesible o verificada, la responsabilidad no se diluye en la firma del autor. También recae en la cadena editorial que decide su difusión.
En el caso de medios como El Universal, donde David Aponte ocupa la dirección editorial y junto con su equipo de editores valida contenidos, el criterio de publicación no es menor. La función editorial no sólo es corregir estilo o encuadre, sino evaluar la solidez de lo que se afirma, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya reputación puede verse afectada por documentos incompletos o no verificados.
El periodismo no se sostiene únicamente en la relevancia de una declaración, sino en la capacidad de demostrarla. Cuando la evidencia es mencionada pero no presentada, la publicación entra en una zona de tensión donde la credibilidad del medio depende no sólo de lo que difunde, sino de lo que decide exigir antes de hacerlo.
El Universal no pidió la grabación de la supuesta entrevista a su colaborador, es el gran error de editores y director editorial. Se les olvida que en cualquier proceso editorial de generación de una nota se requiere tener la evidencia de los dichos y dadas las expresiones de homofobia en el texto de Cázares era obligado solicitar las grabaciones al reportero.
Al final, el caso Monsiváis evidencia la falta de procesos editoriales dentro de los «grandes medios» y también recuerda que la autoridad de un medio no se construye por su tamaño o trayectoria, sino por la capacidad de sostener cada afirmación con rigor, transparencia y evidencia.
