EL (resumen) SEMANAL, el Morebús avanza entre cuestionamientos ciudadanos, mientras comunidades buscan recuperar la acúmara de Pátzcuaro y mejorar el acceso al agua. A nivel nacional, continúan los conflictos por minería y proyectos industriales. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #37 del 7 al 13 de septiembre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #37 del 7 al 13 de septiembre de 2026
Por: en15dias.com
PRECISIONES DE EN15DIAS.COM SOBRE EL DEBATE ENTRE VÍCTOR TOLEDO Y ALICIA BÁRCENA
Esta semana en15dias.com fue citado en el debate público entre el investigador Víctor Toledo y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. El origen de esa mención es nuestra cobertura sobre el proyecto “Torres Peñasco”, en Tres Marías, Morelia, y nuestra editorial “Uitzume, el perro del lago” publicada después de ese reportaje. Exponemos aquí los hechos en orden, con las fechas correspondientes.
El 23 de junio de 2026, Corporativo Tres Marías S.A.P.I.B. de C.V. ingresó ante la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental de su proyecto Torres Peñasco, bajo la clave 16MI2026UD051.
en15dias.com documentó ese trámite el 3 de agosto de 2026, en el reportaje “Corporativo Tres Marías continúa su avance: Torres Peñasco inicia trámite ambiental”, con base en la información disponible en el expediente en ese momento.
El 26 de agosto de 2026, la secretaria Bárcena anunció, en la conferencia matutina del Ejecutivo federal, el establecimiento de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El mismo día, en15dias.com publicó su editorial “Uitzume, el perro del lago”, el texto “La doble cara ambiental de SEMARNAT”, en la que se planteó que el discurso de la secretaria contra el extractivismo no se correspondía, en Michoacán, con la actuación de la dependencia que encabeza, la cual ha continuado tramitando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para desarrollos inmobiliarios vinculados a los grupos Altozano y Corporativo Tres Marías. El caso Torres Peñasco se incluyó en ese análisis, con su fecha de ingreso y el reportaje de agosto como sustento documental.
El lunes 7 de septiembre de 2026, Víctor Toledo publicó en La Jornada la columna “La demagogia ambiental de la Semarnat”, en la que cuestionó la gestión de Bárcena citando de manera expresa la editorial Uitzume de en15dias.com, junto con otros textos y autores.
Un día después, la secretaria respondió con la columna “La política ambiental se demuestra con hechos”, en la que enumeró distintos proyectos como evidencia de su gestión y afirmó que el proyecto de la familia Ramírez “Torres Peñasco” en Tres Marías “fue negado durante mi gestión en agosto de 2026”, presentando ese dato como prueba de que las críticas en su contra constituyen desinformación.
Y sobre este punto debemos ser muy precisos en dos cosas. La primera es que nuestra editorial “Uitzume, el perro de lago” nunca sostuvo que el permiso del proyecto “Torres Peñasco” hubiera sido otorgado; documentó, con fecha de ingreso y clave de expediente, que el trámite se encontraba en proceso.
La segunda es que, a la fecha de esta nota, 13 de septiembre de 2026, la Gaceta Ecológica, el instrumento oficial donde la Semarnat debe hacer pública toda resolución sobre manifestaciones de impacto ambiental, no registra la negativa que la secretaria asegura haber emitido en agosto de 2026.
Revisamos las gacetas correspondientes a agosto de 2026 (números 0038 a 0044-26, publicadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat) y no encontramos ninguna referencia a la negativa que Alicia Bárcena asegura haber emitido para Torres Peñasco Tres Marías.
Consulta gacetas de agosto:
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0038-26.pdf
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0039-26.pdf
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0040-26.pdf
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0041-26.pdf
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0042-26.pdf
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0043-26.pdf
https://sinat.semarnat.gob.mx:8443/Gacetas/archivos2026/gaceta_0044-26.pdf
Lo único relacionado con Corporativo Tres Marías que aparece en esas gacetas es el ingreso de otra solicitud del mismo promovente, distinta a la de Torres Peñasco, sin que exista tampoco, hasta ahora, resolución alguna sobre ella.
En lo que respecta a la página de trámites de la Semarnat, se señala que el trámite fue firmado y resuelto el 11 de agosto de 2026, sin que haya algún registro documental que confirme la negatividad al proyecto.
No corresponde a este medio pronunciarse sobre el debate entre Toledo y Bárcena, pero sí nos corresponde señalar que nuestra cobertura sobre “Torres Peñasco” se sostuvo, en cada momento, con lo que el expediente público mostraba, y que continuaremos dando seguimiento al trámite hasta que la Gaceta Ecológica registre una resolución como lo aseguró Bárcena en su columna en La Jornada.
Y que no quepa duda, sostenemos el argumento central de nuestra editorial, “Uitzume, el perro del lago”, que el discurso ambiental de la secretaria Alicia Bárcena contra el extractivismo no se corresponde con la forma en que su dependencia ha procesado y autorizado, en Michoacán, cambios de uso de suelo forestal para los desarrollos de Altozano y Corporativo Tres Marías.
EL PILANCÓN DE PÁTZCUARO
El Pilancón del Calvario es uno de esos elementos que todavía permiten imaginar cómo era la vida cotidiana en el antiguo Pátzcuaro. La pila, ubicada en las inmediaciones de El Calvario, formaba parte de los espacios donde los habitantes podían obtener agua y que con el paso del tiempo se convirtieron también en elementos característicos del paisaje urbano.
La fotografía muestra claramente una estructura alargada de piedra/cantera, semejante a un gran abrevadero o depósito, actualmente rodeada de áreas verdes, el pilancón todavía conserva una cantidad considerable de agua, y se puede apreciar el desgaste de la piedra en los bordes, algo que permite imaginar el uso que tuvo durante años. / TEXTO Y FOTOS: THECOUSINMX
ORGANIZACIONES DAN LA BIENVENIDA AL EZLN EN CIUDAD DE MÉXICO
Un total de 670 organizaciones, colectivos, redes, pueblos, comunidades e individualidades expresaron su bienvenida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ante el anuncio de la Gira por la Vida-Capítulo México. El pronunciamiento fue difundido por el Congreso Nacional Indígena y plantea como uno de sus principales ejes la búsqueda de las personas desaparecidas.
Las organizaciones señalaron que la pregunta “¿Dónde están nuestros desaparecidos?” debe ocupar un lugar central frente a la crisis de violencia, asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas que atraviesa el país. En el documento también manifestaron su respaldo a las familias y madres buscadoras.
El pronunciamiento cuestiona además las políticas que, de acuerdo con sus firmantes, favorecen intereses económicos y empresariales por encima de la búsqueda de justicia para las personas desaparecidas. También denuncia procesos de explotación, despojo, represión y apropiación de territorios y bienes comunitarios.
Como parte de la visita del EZLN, las organizaciones anunciaron que trabajan en la preparación de diversos encuentros y actividades en la capital del país. Entre ellas se encuentran reuniones con grupos de búsqueda de personas desaparecidas, encuentros con colectivos de la Sexta, actividades artísticas y de resistencia, así como una marcha bajo la demanda de “Verdad y justicia para las ausencias”.
El documento sostiene que las distintas luchas que confluyen en este encuentro tienen como punto común la defensa de la vida, la democracia, la libertad, la justicia y la autonomía de los pueblos originarios. También reivindica la defensa del agua, el territorio y la madre tierra.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a estudiantes, académicos, artistas, colectivos, redes y otras personas interesadas a sumarse a las actividades de recepción del EZLN. El objetivo, señalan, es compartir experiencias de organización y resistencia y construir acciones colectivas frente a la violencia, el despojo y las condiciones que atribuyen al sistema capitalista y patriarcal.
COMUNIDADES INDÍGENAS SIEMBRAN 1.15 MILLONES DE ÁRBOLES Y ALCANZAN 5 MILLONES EN MICHOACÁN
Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán culminaron la jornada de reforestación Nana Echeri (Madre Tierra) 2026, con la plantación de un millón 150 mil árboles de pino, cedro y ahuehuete.
Con esta jornada, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) informó que las comunidades han alcanzado aproximadamente cinco millones de árboles sembrados desde el inicio del proyecto en 2019.
Las jornadas fueron realizadas de manera colectiva y autogestiva, con la participación de comuneras, adultos mayores, estudiantes y niños convocados por las autoridades tradicionales.
Las plantaciones se llevaron a cabo en regiones como los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, la Meseta P’urhépecha, la Cañada de los Once Pueblos, la Ciénega de Zacapu y distintas comunidades del Oriente michoacano.
El CSIM señaló que estas acciones no forman parte de programas gubernamentales y que las comunidades participan sin recibir remuneraciones económicas. El objetivo, afirmó, es contribuir a la recuperación de los bosques, la conservación del territorio y la captación de agua, además de cumplir con una responsabilidad que consideran parte de su identidad y cosmovisión.
Al mismo tiempo, las comunidades denunciaron las amenazas que enfrentan sus territorios por la tala clandestina, el crimen organizado, las constructoras y la expansión de monocultivos de aguacate y berries.
El CSIM exigió a los gobiernos federal y estatal frenar el cambio de uso de suelo y reiteró su propuesta para crear una Ronda Intercomunal del Bosque destinada a proteger los territorios comunitarios.
Finalmente, el Consejo destacó que los pueblos originarios se consideran guardianes de los bosques y ecosistemas, y advirtió sobre las consecuencias de la deforestación y la expansión agrícola para el agua y la biodiversidad.
“La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella”, expresó el CSIM al concluir una jornada que busca colocar la defensa del territorio y la Madre Tierra en el centro de la acción comunitaria.
LA ACÚMARA ESCASEA EN PÁTZCUARO Y BUSCAN RECUPERARLA CON ACUERDOS ENTRE PESCADORES Y CIENTÍFICOS
La disminución de la acúmara (Algansea lacustris), especie endémica del lago de Pátzcuaro, llevó a pescadores, investigadores y personal del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) a establecer acuerdos para intentar recuperar sus poblaciones.
Representantes de cooperativas pesqueras, especialistas del CRIAP y del Instituto de Ecología A. C. se reunieron para revisar los avances en la reproducción de la especie y definir un plan de repoblamiento.
Durante el encuentro, los pescadores aportaron información sobre los sitios donde históricamente encontraban acúmara, sus zonas de desove y comportamiento, además de señalar la escasez actual del pez.
Entre las medidas acordadas se encuentra establecer zonas de liberación, principalmente en la parte norte del lago, así como dar seguimiento a los ejemplares que sean capturados para conocer su distribución y talla.
También se planteó reducir prácticas de pesca que puedan afectar a los organismos en proceso de recuperación, particularmente el uso de chinchorros, y utilizar mallas con medidas adecuadas.
El problema, sin embargo, no se limita a la falta de ejemplares. La necesidad de implementar un programa de reproducción y repoblamiento refleja la situación que enfrenta una especie característica del lago, cuya recuperación dependerá no solo de liberar peces, sino también de las condiciones ambientales del ecosistema y del manejo de la actividad pesquera.
Durante la reunión también se realizó un recorrido por las instalaciones del CRIAP para conocer los procesos de crianza de acúmara y pez blanco, desde su alimentación hasta sus cuidados y crecimiento.
Los participantes acordaron mantener la colaboración entre pescadores y especialistas, aprovechando el conocimiento acumulado por las comunidades pesqueras. El reto será determinar si estas acciones logran traducirse en una recuperación real de la acúmara en el lago de Pátzcuaro y no únicamente en nuevas liberaciones de ejemplares.
MICHOACÁN PRESUME EN INDONESIA UN “GUARDIÁN FORESTAL” QUE EN LOS HECHOS NO HA FRENADO LA DEFORESTACIÓN POR AGUACATE
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, viajó hasta Bogor, Indonesia, para presentar ante el foro internacional “Alianzas Público-Privadas en Conservación y Restauración”, organizado por Gobiernos Locales por el Clima y los Bosques (GCF Task Force), los resultados del programa Guardián Forestal y la certificación voluntaria Proforest Avocado.
Michoacán y Yucatán fueron los estados elegidos para representar a México en el encuentro, que reunió a 11 países y 45 gobiernos subnacionales.
Según el boletín oficial, el sistema, una plataforma de monitoreo satelital operando desde 2024, habría permitido presentar más de mil denuncias entre 2024 y 2025, reducir la deforestación en 34 municipios y sumar el compromiso de 80 empacadoras, responsables del 90% de las exportaciones de aguacate del estado, para adquirir únicamente fruta “libre de deforestación”.
Desde en15dias.com hemos dado seguimiento en distintos reportajes a la expansión del cultivo de aguacate en Michoacán y a los programas gubernamentales que dicen contenerla, y en más de una ocasión hemos documentado que ese aparato de monitoreo y certificación opera, en la práctica, más como una vitrina para foros internacionales que como una herramienta con capacidad real de frenar el cambio de uso de suelo.
La discrepancia entre las cifras que el gobierno estatal exhibe en encuentros como el de Bogor y lo que puede verificarse sobre el terreno, huertas nuevas abiertas en zonas boscosas, autoridades municipales sin capacidad para actuar ante las alertas satelitales, denuncias que no derivan en sanciones, es precisamente lo que ha llevado a calificar este tipo de anuncios como una simulación.
La presentación de Méndez López en Indonesia se suma a esa lógica: se exhiben indicadores de gestión (número de denuncias presentadas, número de empacadoras “comprometidas”) sin que se ofrezca evidencia verificable de que la superficie forestal efectivamente se haya recuperado o de que el compromiso de las empacadoras se traduzca en trazabilidad real de la fruta que exportan.
La certificación Proforest Avocado, cabe recordar, es de adhesión voluntaria, lo que deja fuera de cualquier obligación vinculante a quienes no decidan sumarse.
El mensaje que Michoacán llevó a Bogor, el de un estado que ha resuelto, mediante tecnología satelital y acuerdos voluntarios, el problema de la deforestación asociada al aguacate, no se sostiene frente a lo que este medio ha reportado de manera reiterada: un fenómeno de deforestación que continúa, una vigilancia con capacidad limitada de sanción y una certificación que, hasta ahora, no ha sido acompañada de resultados verificables e independientes.
ACERCA DEL “MOREBÚS”…
“MOREBÚS” SUPERA 19 POR CIENTO DE AVANCE; VECINOS MARCHAN EN DEFENSA DE LOS ÁRBOLES
Los trabajos de Etapa 1 del Sistema Integrado de Transporte de la Zona Metropolitana de Morelia, conocido como “Morebús” registra un avance superior al 19 por ciento, informó en su conferencia del lunes 7 de septiembre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Las labores se concentran en la renovación del sistema de drenaje y la tubería pluvial a lo largo de 3.1 kilómetros, además de la colocación de concreto hidráulico para los carriles del nuevo sistema de transporte. También se han construido alrededor de 30 registros y rehabilitado alcantarillas y bocas de tormenta.
En materia ambiental, esta semana la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad informó que 110 árboles fueron reubicados en distintos puntos de Morelia, entre ellos Villas del Pedregal, la salida a Quiroga y la Universidad Tecnológica de Morelia.
Las obras del llamado “Morebús” continúan con trabajos de infraestructura hidráulica y vial, mientras vecinos y defensores del arbolado mantienen su exigencia de proteger los árboles y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.
ENCUENTRAN REDES PLUVIALES DE MORELIA
Las excavaciones para construir el llamado “Morebús” han dejado al descubierto un problema que durante años permaneció bajo las calles de Morelia: infraestructura pluvial deteriorada, tuberías que no aparecían en los registros oficiales y redes que, según la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), llevaban más de 20 años sin recibir mantenimiento.
La dependencia informó que interviene la red hidráulica a lo largo de los 15 kilómetros que contempla el proyecto, aunque hasta ahora los trabajos apenas alcanzan 3.1 kilómetros. Las labores incluyen desazolve, sustitución de tuberías, rehabilitación del alcantarillado y construcción de nuevas bocas de tormenta.
Durante las excavaciones del tramo ubicado entre la avenida Escuadrón 201 y la avenida Cointzio, fueron encontradas tuberías y otros elementos de infraestructura que ni siquiera estaban identificados en los registros de las autoridades y que presentaban un considerable deterioro.
La titular de la Sedum, María Elena Huerta Moctezuma, reconoció que algunos de estos elementos llevaban más de dos décadas sin mantenimiento y atribuyó parte de los problemas de encharcamientos e inundaciones a estas condiciones.
El Gobierno estatal presenta la intervención hidráulica como uno de los beneficios adicionales del llamado “Morebús”; sin embargo, por ahora se trata de una promesa que tendrá que comprobarse cuando concluya la obra y la red enfrente nuevamente lluvias intensas.
SE MOVILIZAN Y EXIGEN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
Mientras continúan las obras, el miércoles 9 de septiembre, vecinas y vecinos de distintas colonias de Morelia, principalmente de Tres Puentes, realizaron la Marcha por los Árboles.
El contingente se reunió en las inmediaciones de la 21 Zona Militar, a un costado del Venustiano Carranza, y avanzó rumbo a la colonia Las Américas, con destino al Poder Judicial.
Con pancartas y consignas, los manifestantes solicitaron a las autoridades garantizar el cumplimiento de una resolución judicial y atender lo establecido en el Artículo 147 de la Ley de Amparo.
OBRAS VIALES PRESUMEN MEJORAS EN MOVILIDAD, PERO PERSISTEN CUESTIONAMIENTOS EN MORELIA
El Gobierno de Michoacán destacó la construcción y conclusión de cuatro obras viales como parte de una estrategia para mejorar la movilidad de Morelia; sin embargo, los beneficios anunciados por las autoridades contrastan con las críticas de sectores ciudadanos que cuestionan el impacto real de estos proyectos.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, afirmó que los distribuidores Catrinas, Eréndira, Monarca y el paso superior ferroviario Independencia han permitido mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y atender puntos considerados conflictivos.
Entre los datos presentados por el funcionario se encuentra una supuesta reducción de 30 por ciento en los tiempos de traslado en la salida a Pátzcuaro y beneficios para miles de automovilistas en distintos puntos de la ciudad. No obstante, el comunicado oficial no presenta comparativos independientes ni indicadores que permitan evaluar de manera integral si estas obras han resuelto los problemas de movilidad que enfrenta la capital michoacana.
Además, la política de infraestructura vial ha generado cuestionamientos por sus efectos urbanos y ambientales. Un ejemplo es el proyecto del llamado “Morebús”, donde vecinos y defensores del arbolado han salido a las calles para exigir que se respeten las disposiciones judiciales y se garantice la protección de los árboles.
Aunque el Gobierno estatal sostiene que las obras representan soluciones de fondo para la movilidad, las protestas muestran que el debate no se limita a reducir tiempos de traslado o aumentar la capacidad vehicular.
También involucra aspectos como la conservación ambiental, el cumplimiento de resoluciones judiciales y la participación de los habitantes en las decisiones que transforman la ciudad.
Así, mientras el gobierno presenta las obras como avances estratégicos para Morelia, persiste el cuestionamiento ciudadano sobre qué costo urbano y ambiental tienen estas soluciones y si realmente atienden de manera integral los problemas de movilidad de la capital.
CONAGUA MICHOACÁN LLEVARÁ AGUA POTABLE A 570 HABITANTES DE PARÁCUARO
Con una inversión de 3 millones 399 mil pesos, inició la construcción de la red de distribución de agua potable en la comunidad de Los Pozos, municipio de Parácuaro, obra que beneficiará directamente a 570 habitantes.
El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, informó que el proyecto contempla la instalación de 4 mil 287 metros de tubería para ampliar la red de distribución, además de la colocación de 100 tomas domiciliarias que permitirán llevar el servicio directamente a los hogares.
La inversión será cubierta de manera conjunta por los tres niveles de gobierno. La Federación, a través de la Conagua, aportará el 50 por ciento de los recursos; el Gobierno de Michoacán, mediante la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), contribuirá con el 25 por ciento, mientras que el Ayuntamiento de Parácuaro aportará el 25 por ciento restante.
La obra forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2026, mediante el cual se busca ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de agua potable en comunidades de la entidad.
De acuerdo con la programación establecida, los trabajos concluirán en diciembre de 2026, cuando se prevé la puesta en operación e inauguración de la infraestructura hidráulica.
Con esta obra, autoridades federales, estatales y municipales buscan mejorar el acceso al agua potable y las condiciones de vida de las familias de Los Pozos.
ARIO ARRASTRA PROBLEMAS DE AGUA; GOBIERNO APUESTA 5 MDP EN NUEVA TUBERÍA
Tras años de dificultades en la distribución de agua potable, el Gobierno de Michoacán inició en Ario de Rosales la construcción de una nueva línea de suministro con una inversión de 5 millones de pesos, obra que, según las autoridades, beneficiará a más de 9 mil habitantes.
El proyecto contempla la instalación de 2 mil 703 metros de tubería y una caseta para la desinfección del agua. Los recursos serán aportados por los tres niveles de gobierno: 40 por ciento corresponderá a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 25 por ciento al Gobierno estatal y 35 por ciento al Ayuntamiento.
Sin embargo, la propia administración estatal reconoce que mejorar la distribución no resolverá por completo el problema del abasto. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el próximo año será necesario perforar dos nuevos pozos para incrementar la disponibilidad del líquido.
La declaración evidencia que el municipio enfrenta un problema que va más allá de contar con una red de distribución: también existe la necesidad de aumentar la fuente de abastecimiento. Por ello, la nueva línea representa una parte de la solución, pero no garantiza por sí misma que las familias tengan agua suficiente y de manera permanente.
El Gobierno estatal estima concluir los trabajos en diciembre y sostiene que la infraestructura permitirá mejorar la calidad del servicio. No obstante, el beneficio real para la población dependerá de que exista suficiente agua para circular por la nueva red y de que la infraestructura reciba mantenimiento adecuado una vez terminada.
La obra se suma a las acciones anunciadas para atender el suministro de agua en Ario, mientras queda pendiente conocer si la perforación de los dos pozos programados para 2027 permitirá resolver de fondo las deficiencias de abastecimiento que afectan al municipio.
ANUNCIAN MODERNIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 097, PERO PRODUCTORES AÚN ESPERAN OBRAS CONCRETAS
Representantes de siete módulos de riego de la región de Tierra Caliente sostuvieron una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar las acciones de rehabilitación y tecnificación contempladas dentro del denominado Plan Michoacán.
En el encuentro participaron usuarios de los módulos 05 Parácuaro, 07 Buenavista Tomatlán, 08 Valle de Tomatlán, 09 Felipe Carrillo Puerto, 10 Tepalcatepec, 11 Lic. Natalio Vázquez Pallares y 12 Sistema 18 de Marzo, pertenecientes al Distrito de Riego 097.
De acuerdo con Conagua, el objetivo es avanzar en la modernización de la infraestructura hidroagrícola, mejorar la eficiencia en el uso del agua y elevar la productividad del campo michoacano. Sin embargo, hasta el momento, la información difundida se limita a una reunión de trabajo y a la revisión de acciones contempladas, sin precisar montos de inversión, obras específicas, metas de rehabilitación o fechas para su ejecución.
La situación resulta relevante para una región donde la disponibilidad y el manejo eficiente del agua son factores determinantes para la actividad agrícola. La tecnificación de los sistemas de riego podría representar beneficios para los productores, pero estos dependerán de que los anuncios se traduzcan en obras, mantenimiento e infraestructura funcional.
Conagua señaló que continuará trabajando con los usuarios de los distritos de riego como parte de la estrategia federal para modernizar el campo. Por ahora, queda pendiente conocer qué obras serán ejecutadas, cuánto se invertirá y cuándo comenzarán los trabajos en cada uno de los módulos del Distrito de Riego 097.
Más que un anuncio de resultados, la reunión representa el inicio de una etapa de planeación que deberá comprobarse en campo con infraestructura rehabilitada y un uso más eficiente del agua.
LEY INDÍGENA
COMUNIDADES NAHUAS DE MICHOACÁN EXIGEN QUE LA LEY GENERAL INDÍGENA NO REDUZCA DERECHOS YA CONQUISTADOS
Las autoridades comunales de El Coire y Pómaro, municipio de Aquila, agrupadas en el Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas, dirigieron un boletín al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al Gobierno de México y a la opinión pública, en el que señalan “ausencias graves” en la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El documento, firmado por el Concejo Comunal de El Coire y el Concejo de Autogobierno de Pómaro, plantea que dicha ley no puede discutirse mediante un procedimiento acelerado y alejado de los tiempos comunales, y exige que se incorporen de manera expresa cinco temas centrales como seguridad comunal como derecho y esfera propia del autogobierno indígena, reconociendo cuerpos como guardias, rondas, rondines, Kuaricha o K’uajpiricha.
El autogobierno indígena como cuarto nivel de gobierno, con autoridades, competencias y responsabilidades propias, distintas del ayuntamiento partidista; la administración directa de recursos públicos, sin intermediación municipal ni reducción a programas o fondos especiales como el FAISPIAM.
Además, un sistema real de coordinación entre justicias indígenas y estatal, basado en pluralismo jurídico y no en subordinación y el respeto efectivo a tierras y territorios, exigiendo armonizar la ley con la legislación agraria.
Las comunidades advierten que, con base en el principio de progresividad de los derechos humanos, no aceptarán que una Ley General reduzca derechos ya reconocidos en sentencias, leyes y la Constitución de Michoacán, y sostienen que “la autonomía no se concede desde arriba: se ejerce y se construye desde nuestras comunidades”.
El boletín cierra con las consignas: “¡Vivan la seguridad comunal de los pueblos originarios! ¡Viva la autonomía y el autogobierno indígena! ¡Viva la libre determinación de nuestros pueblos! ¡Juchari Uinapikua!”
COMUNIDADES MAZAHUAS-OTOMÍES DE ZITÁCUARO RECHAZAN ARTÍCULOS “REGRESIVOS” DE LA LEY GENERAL INDÍGENA
Autoridades civiles y tradicionales mazahuas-otomíes que conforman el territorio de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y Carpinteros, del municipio de Zitácuaro, emitieron un pronunciamiento dirigido al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al Gobierno de México y a la opinión pública, en el que califican como “regresivos” y “violatorios” varios artículos de la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Con fundamento en el artículo 2° Constitucional reformado el 30 de septiembre de 2024, las comunidades señalan que sus “tiempos comunales no son los tiempos administrativos del gobierno” y advierten que la propuesta, de 453 artículos, constituye “un simulacro de consulta” al pretender analizarse en reuniones de 3 a 5 horas una ley que regula más de 30 materias.
Entre los artículos que consideran regresivos destacan: Artículos 33, 326, 330, 332 y 333: por permitir la extracción de hidrocarburos mediante fracking y el aprovechamiento de aguas y recursos estratégicos en sus territorios sin consulta previa, libre e informada, tratándose de zona de recarga de agua y bosque de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.
Artículos que condicionan su personalidad jurídica a un Catálogo o Padrón del INPI, exigiendo que se respete el principio de autoadscripción y el término “territorio” conforme al artículo 2° Constitucional, no “lugares” ni “derecho preferente”.
Artículos 148 al 163 (Patrimonio Cultural): por pretender crear un fondo estatal que administre regalías y una certificación de artesanas, rechazando que el Estado decida quién representa su identidad cultural.
Las comunidades también exigen eliminar cualquier redacción que permita al Estado administrar, certificar o mercantilizar su patrimonio cultural, y reiteran temas ya planteados por comunidades hermanas: reconocimiento de la seguridad comunal, el autogobierno indígena como cuarto nivel de gobierno, la administración directa de recursos públicos y una coordinación real entre justicias indígenas y estatal.
Un punto adicional del documento, Octavo, ratifica que los pueblos de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y Carpinteros son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que ejercen presupuesto directo por resolución de la Suprema Corte de Justicia, por lo que no aceptarán ninguna ley secundaria que los regrese a ser “objeto de interés público”.
El pronunciamiento está firmado por autoridades civiles y tradicionales del municipio de Zitácuaro, con el respaldo de los Concejos de Autogobierno Indígena correspondientes.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
SHEINBAUM MANTIENE ABIERTA DECISIÓN SOBRE PLANTA DE AMONIACO EN TOPOLOBAMPO
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que la planta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa, no está cancelada, pese a las protestas de comunidades y organizaciones ambientalistas que exigen frenar el proyecto.
Durante su conferencia matutina, explicó que el Gobierno federal mantiene asambleas y consultas con las comunidades para conocer las razones de su oposición y revisar los compromisos asumidos por la empresa. En el proceso participan Semarnat, Gobernación, Conagua y otras dependencias.
Sheinbaum reconoció además que entre las inconformidades están presuntos incumplimientos de la empresa y preocupaciones por contaminación de la laguna. Señaló que se buscará garantizar que no existan impactos ambientales y que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos.
La mandataria recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se realizó una consulta pública en la que, dijo, las comunidades votaron a favor del proyecto. Sin embargo, la decisión actual quedará pendiente hasta que concluyan las asambleas: “Nada a la fuerza, todo por la razón”, sostuvo.
GREENPEACE LLEVA AL ZÓCALO LA EXIGENCIA DE CANCELAR PLANTA DE AMONIACO EN TOPOLOBAMPO
Greenpeace México y el Colectivo ¡Aquí No! exigieron este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum cancelar la planta de amoniaco de Grupo Proman y Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa. La protesta ocurrió en el Zócalo capitalino, donde activistas desplegaron mensajes para exigir la protección de la Bahía de Ohuira.
La movilización se realizó después de que el pasado 6 de septiembre se cumplieran 100 días de plantón y resistencia civil de comunidades frente al proyecto. Mientras el Gobierno Federal anunció tres grupos técnicos para evaluar las condiciones de la planta del 7 al 11 de septiembre, el colectivo advirtió que participar en el análisis no significa aceptar el proyecto.
Greenpeace y habitantes de Ohuira señalaron que el proyecto arrastra irregularidades ambientales y que las modificaciones técnicas, operativas y de mitigación planteadas por la empresa no resuelven los riesgos. La planta tendría una capacidad de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco al día.
Uno de los principales argumentos expuestos está relacionado con los escenarios de riesgo incluidos en la propia Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa: una fuga de cinco minutos podría alcanzar un radio de 15 kilómetros y afectar a unas 165 mil personas, mientras que una fuga de 15 minutos abarcaría hasta 45 kilómetros y pondría en riesgo a más de 450 mil habitantes de Ahome.
Las organizaciones también alertaron por la ubicación del proyecto en la Bahía de Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional, hábitat y zona de reproducción de especies protegidas y territorio sagrado para comunidades Mayo-Yoreme. Greenpeace pidió que las autoridades revisen las modificaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental y al Estudio de Riesgo y reiteró su demanda de cancelar definitivamente la planta.
FELIPE MONTAÑO: “ESTE PROYECTO LLEGÓ MAL Y SE TIENE QUE IR”
“Este proyecto llegó mal y se tiene que ir”. Con esa definición, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de la comunidad Mayo-Yoreme de Ohuira, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum la cancelación definitiva de la planta de amoniaco de Grupo Proman y Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa.
Durante la protesta realizada este lunes en el Zócalo capitalino, Montaño señaló que el proyecto contempla producir 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco por día y almacenar 75 mil toneladas, pero afirmó que sus impactos ya alcanzan a las comunidades.
“Prácticamente los impactos ahorita en ese pacto social, que tenemos esas divisiones que existen en los pueblos originarios por la llegada de este proyecto, por la llegada de esta empresa GPO”, expuso.
El gobernador tradicional aseguró que las comunidades participaron en alrededor de cinco mesas de diálogo con autoridades y empresa, donde presentaron argumentos ambientales y jurídicos.
“Tuvimos los argumentos suficientes para que el Gobierno Federal se diera cuenta y analizara que en realidad este proyecto no era viable, que este proyecto no podría ser realizado en este territorio por muchas cuestiones tanto ambientales como jurídicas”, sostuvo.
Montaño cuestionó también el proceso de consulta a los pueblos originarios. Recordó que recurrieron a la vía judicial y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la realización de consultas, pero afirmó que estas ya no cumplieron con las condiciones que deben garantizarse. “La consulta tiene que ser previa, de buena fe, bien informada, culturalmente adecuada”, dijo.
Sin embargo, acusó que en el proceso “se compraron conciencias, surgieron duplicidades de gobernadores tradicionales para llevar a cabo las consultas” y que la información proporcionada fue la que las autoridades responsables del proceso decidieron entregar.
“Por eso mismo este proyecto está lleno de irregularidades”, afirmó Montaño, quien también cuestionó que la planta se pretenda establecer en un espacio que, señaló, corresponde a un sitio Ramsar.
Para el representante indígena, el problema tampoco se limita a la Manifestación de Impacto Ambiental: “No nomás es hablar de un plan remedial, no nomás es hablar de un plan integral de base. Sabemos que este proyecto no nomás es la manifestación de impacto ambiental, los riesgos que corre, están los riesgos a la salud, están los riesgos a nuestra vida”.
Montaño reconoció que actualmente existen mesas de diálogo y análisis técnicos, y pidió que no se rompan. “Respetamos la mesa de diálogo, respetamos y seguimos de colaboración llevando a cabo estos diálogos”, señaló. Sin embargo, advirtió que el análisis debe determinar realmente si el proyecto es viable o no y no convertirse en un mecanismo para justificar su operación: “Desde inicio ya nos indica que este proyecto no lo es”.
Finalmente, dirigió su petición directamente a la presidenta: “Respetuosamente y con muchos argumentos pedimos a usted como Presidencia de la República la cancelación de este proyecto, la cancelación definitiva de este proyecto, que no se puede establecer ni aquí ni en ningún otro lado”.
Y cerró con una definición que resume la posición del colectivo: “Es un proyecto de muerte como lo hemos llamado, un proyecto donde viene a destruir nuestra bahía, genocidio, etnocidio y un ecocidio”.
PRESA MILPILLAS, FRENADA POR POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES; DEFENSORES DENUNCIAN PRESIÓN DEL GOBIERNO
La construcción de la Presa Milpillas enfrenta un nuevo revés judicial luego de que jueces otorgaran la suspensión definitiva a ocho procesos de amparo promovidos por comunidades y ejidos de la región, con lo que las autoridades deberán abstenerse de iniciar o continuar actos encaminados a la ejecución de las obras.
Los amparos fueron promovidos el pasado 24 de julio por integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, quienes cuestionaron la autorización de impacto ambiental otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat para el proyecto en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete.
De acuerdo con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), las resoluciones judiciales consideraron que existen indicios de que la ejecución de la obra podría ocasionar daños irreversibles al medio ambiente, entre ellos afectaciones al ecosistema del río Milpillas, impactos en la fauna, pérdida de suelo fértil, arrastre de sedimentos y generación de residuos y sustancias potencialmente contaminantes.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue que el interés social y el desarrollo de infraestructura no pueden colocarse por encima de la protección ambiental. La juzgadora sostuvo que debe aplicarse el principio in dubio pro natura, además de los principios precautorio y de prevención, ante la posibilidad de daños ambientales.
La resolución representa un obstáculo para un proyecto impulsado por autoridades estatales y federales que ha sido presentado como una alternativa para atender las necesidades de agua de Zacatecas. La suspensión, sin embargo, no significa que el proyecto haya sido cancelado de manera definitiva, sino que ordena mantener las condiciones actuales mientras continúan los procesos judiciales.
REMA celebró la resolución y acusó al Gobierno de Zacatecas de mantener una campaña de desprestigio contra los defensores del territorio y sus asesores.
La organización incluso responsabilizó al gobierno estatal de cualquier situación de violencia que pudieran enfrentar los integrantes del movimiento, señalamiento que corresponde a la postura de la organización y que deberá ser contrastado con la versión oficial.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate el proyecto de la Presa Milpillas: mientras las autoridades lo consideran una obra estratégica para el abasto de agua, las comunidades opositoras advierten sobre sus posibles impactos en el territorio y los recursos naturales.
Por ahora, el mandato judicial es claro: las autoridades responsables deberán abstenerse de iniciar o continuar actos tendientes a la ejecución de las obras mientras las impugnaciones siguen su curso.
NUEVA MIA DE MINERA CUZCATLÁN REAVIVA CONFLICTO AMBIENTAL EN OAXACA
La nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la Compañía Minera Cuzcatlán volvió a encender la oposición de comunidades y organizaciones de Oaxaca, que demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazar el proyecto denominado “Conformación del Depósito de Jales Secos”.
Durante una protesta frente a las oficinas de la dependencia federal, integrantes del Frente No a la Minería cuestionaron que la empresa presente el trámite como una nueva etapa, cuando, según las comunidades, se trata de otra ampliación del proyecto minero “San José”, con una cadena de autorizaciones y modificaciones acumuladas desde 2015.
Los inconformes sostienen que la MIA-R publicada el pasado 29 de julio busca integrar autorizaciones anteriores, regularizar obras que consideran irregulares y avanzar hacia una cuarta ampliación del depósito de jales, infraestructura destinada al confinamiento de residuos derivados de la actividad minera.
El punto más delicado para las comunidades es precisamente el manejo de esos residuos. Los integrantes del Frente argumentaron que incrementar la capacidad del depósito significaría aumentar el volumen de materiales potencialmente contaminantes en una zona donde, aseguran, ya se han registrado derrames.
La oposición también cuestionó que, después de años de actividad minera, se pretenda consolidar mediante nuevas autorizaciones una operación cuyos impactos acumulados, afirman, no han sido suficientemente resueltos ni reparados.
Entre las comunidades que se pronunciaron contra la autorización se encuentran Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, El Llano, San Nicolás Yaxe, San Baltazar Chichicapam y San Dionisio Ocotepec.
El conflicto coloca nuevamente a la Semarnat ante una decisión que va más allá de autorizar o rechazar una obra específica: deberá evaluar los impactos ambientales acumulados de un proyecto que lleva años operando y determinar si la nueva infraestructura representa una ampliación ambientalmente viable o la consolidación de problemas que las comunidades aseguran que aún permanecen sin solución.
Durante la movilización, el Frente entregó una solicitud formal para que la dependencia niegue la autorización y convoque a una mesa de trabajo con las autoridades comunitarias.
La disputa, por ahora, sigue abierta: mientras la empresa busca avanzar con la infraestructura para el manejo de jales, las comunidades exigen que antes de permitir otra ampliación se esclarezcan los daños ambientales denunciados y se garantice la protección del agua y del territorio.
SEMARNAT ACTUALIZA NORMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS MINEROS
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-157-SEMARNAT-2026, que actualiza las reglas para el manejo de residuos mineros.
La nueva norma incorpora la posibilidad de realizar estudios integrales para caracterizar estos residuos, con el propósito de identificar posibles afectaciones ambientales y definir las medidas de manejo necesarias.
La regulación prioriza la prevención, el aprovechamiento, la valorización y el tratamiento de los residuos antes de recurrir a su disposición final.
La NOM-157-SEMARNAT-2026 será obligatoria para quienes generen o posean residuos mineros y entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación.
La disposición sustituirá a la NOM-157-SEMARNAT-2009, vigente desde 2011.
ASEA PROPONE NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS LP
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sometió a consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-030-ASEA-2026, que establece nuevas disposiciones de seguridad para la distribución de Gas LP mediante autotanques y vehículos de reparto.
El proyecto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, permanecerá disponible para consulta durante 60 días naturales, periodo en el que empresas, especialistas y ciudadanos interesados podrán presentar observaciones y comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
La propuesta busca reducir el riesgo de accidentes durante el transporte y distribución de Gas LP, debido a las características altamente inflamables de este combustible y a su capacidad para pasar rápidamente de estado líquido a gaseoso. Además, al ser más pesado que el aire, puede acumularse en zonas bajas, aumentando el riesgo de incendios o explosiones en caso de una fuga.
Entre las principales medidas contempladas en el proyecto se encuentra la obligación de contar con evidencia documental que acredite las especificaciones de diseño y fabricación de los recipientes, así como la realización de inspecciones y pruebas a las unidades de distribución que utilicen recipientes usados.
Asimismo, los autotanques deberán incorporar válvulas de desconexión seca y gobernadores de velocidad, además de someterse a revisiones de las condiciones de seguridad de su parte motriz.
La propuesta también contempla fortalecer la preparación del personal que participa en estas actividades mediante requisitos de capacitación y competencia para operadores y auxiliares, así como disposiciones técnicas relacionadas con la conclusión de las operaciones de distribución.
La ASEA señaló que el proyecto forma parte de sus acciones para fortalecer la regulación del sector hidrocarburos y garantizar que las actividades de distribución de Gas LP se desarrollen bajo condiciones que protejan la seguridad de las personas y el medio ambiente.
Durante los 60 días de consulta pública, los interesados podrán enviar sus comentarios de manera presencial o electrónica a la Agencia.
SEMARNAT Y FABRICANTES DE ENVASES METÁLICOS FORTALECEN ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y representantes de la industria de envases metálicos acordaron fortalecer la colaboración para impulsar la economía circular en México, mediante acciones orientadas al aprovechamiento de materiales y la reducción de residuos.
El compromiso se concretó durante el Primer Foro “La Circularidad de los Envases Metálicos México”, organizado por la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM), donde representantes del sector productivo analizaron alternativas para transformar los procesos de diseño, producción y consumo y avanzar en el cumplimiento de la legislación en materia de economía circular.
Como resultado del encuentro, se suscribió el “Compromiso Institucional con la Economía Circular”, firmado por el presidente de CANAFEM, Francisco Javier Pietrini Zapata. Como testigos de honor participaron el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA), Santiago Hernández Pons Riba, y el presidente de Cerveceros de México, Raúl Escalante Martínez.
En representación de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de Semarnat, el director general de Fomento y Desarrollo Urbano Sostenible, Germán Ruiz Méndez, destacó que México tiene la oportunidad de modificar la forma en que produce, consume y gestiona sus materiales, para avanzar de un modelo enfocado en la gestión de residuos hacia uno basado en la economía circular.
El documento establece la voluntad de impulsar entre las empresas afiliadas a CANAFEM y otros integrantes de la cadena de valor acciones para aprovechar eficientemente los recursos, prevenir y reducir residuos, valorizar materiales y reincorporarlos a los ciclos productivos.
También se contempla promover los principios de economía circular en el sector de envases metálicos, fomentar el conocimiento y cumplimiento de las leyes, así como desarrollar herramientas que faciliten nuevos modelos de gestión circular y fortalecer la colaboración entre fabricantes, empacadores, generadores, recicladores y autoridades.
CANAFEM planteó además reforzar la cadena de recuperación mediante la participación de fabricantes, empacadores y usuarios, empresas recicladoras, centros de acopio y organizaciones de recuperación, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el foro, la Semarnat también presentó el “Diagnóstico Básico Nacional de la Gestión Integral de los Residuos”, dado a conocer por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, en mayo pasado.
PPEF 2027: AUMENTA PRESUPUESTO AMBIENTAL, PERO CAE EL GASTO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 plantea un aumento en los recursos destinados al sector ambiental; sin embargo, la propuesta reduce en más de 50 mil millones de pesos el gasto etiquetado para la adaptación y mitigación del cambio climático.
El proyecto, presentado por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre, contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un incremento de 442 mil 804.4 millones respecto al presupuesto de 2026.
Para el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Ramo 16, se proponen 49 mil 508.3 millones de pesos, lo que representa un aumento de 8.65 por ciento frente al año anterior. Sin embargo, el crecimiento se concentra principalmente en el gasto corriente, que aumentaría 18 por ciento, mientras que la inversión física tendría un incremento de apenas 2.9 por ciento.
Además, alrededor de cuatro de cada cinco pesos del sector serían ejercidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), principalmente en infraestructura y operación vinculada al manejo del agua.
En contraste, el Anexo Transversal 16, destinado a recursos para la adaptación y mitigación del cambio climático, pasaría de 212 mil 569.7 millones de pesos aprobados en 2026 a 160 mil 120.9 millones en 2027.
La reducción nominal sería de aproximadamente 52 mil 449 millones de pesos, mientras que, de acuerdo con el análisis de las organizaciones, la caída real alcanzaría 27.57 por ciento. De aprobarse sin modificaciones, sería la asignación más baja del actual sexenio y la menor desde 2023.
El gasto climático, además, se concentra en un reducido número de programas. De los 51 programas presupuestarios que integran el Anexo 16, cinco concentrarían 80 por ciento de los recursos.
Entre los principales rubros se encuentran la infraestructura ferroviaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 54 mil 358 millones de pesos; el programa Sembrando Vida, con 40 mil 500 millones, y recursos vinculados con Pemex, por 10 mil 768 millones de pesos.
El proyecto también contempla cerca de 39 mil 797 millones de pesos vinculados con Conagua, una cifra equivalente a alrededor de 80 por ciento del presupuesto total del Ramo 16.
En materia de transición energética, el Anexo Transversal 15 tendría un aumento marginal. Para 2027 se proponen 20 mil 289 millones de pesos, un incremento real de 9.61 por ciento respecto a 2026.
No obstante, otros ramos relacionados con el sector energético registrarían reducciones. El Ramo 18, correspondiente a Energía, pasaría de 267 mil 439.1 millones de pesos a 85 mil 634.2 millones, una reducción nominal de 68 por ciento.
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad también registrarían recortes presupuestales de 8.5 y 1.3 por ciento, respectivamente, aunque ambas empresas contarían con transferencias compensatorias. Pemex recibiría 255 mil 529 millones de pesos, condicionados a que alcance un superávit financiero de 95 mil millones de pesos durante 2027, mientras que la CFE tendría transferencias por 60 mil 992 millones.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtió que la disminución de recursos en el Anexo 16 puede reducir la capacidad del país para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos.
La organización también señaló la eliminación de programas orientados a la igualdad sustantiva y al bienestar de las mujeres que estaban contemplados en el presupuesto de 2026. Entre ellos se encuentran el P059 y el S319.
Según CEMDA, la desaparición de estos programas resulta contradictoria con el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático, publicado en mayo de 2026, que reconoce que los efectos de la crisis climática profundizan las desigualdades, particularmente entre las mujeres indígenas.
Por su parte, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consideró insuficiente el incremento propuesto para la transición energética frente a la reducción general del gasto climático. De acuerdo con la organización, los recursos destinados a este rubro representan apenas 0.36 por ciento de los anexos transversales.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) cuestionó también la metodología utilizada para contabilizar el gasto climático. La organización advirtió que parte de los recursos presentados como gasto adicional para atender la crisis climática corresponde, en realidad, al presupuesto ordinario necesario para el funcionamiento de instituciones ambientales.
El caso de Conagua, señaló, refleja esta situación, ya que cerca de 40 mil millones de pesos incluidos en el Anexo 16 corresponderían a recursos destinados a su operación regular.
A esta crítica se sumó el Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México, que advirtió sobre la concentración de los recursos: cinco de los 51 programas incluidos en el Anexo 16 absorberían 80 por ciento del presupuesto destinado a acciones relacionadas con el cambio climático.
El PPEF 2027 será discutido ahora por la Cámara de Diputados, que tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Organizaciones ambientales han solicitado a las y los legisladores revisar la distribución de los recursos destinados al Anexo 16 antes de la votación final.
El debate definirá si la reducción propuesta para el gasto climático se mantiene o si el Congreso realiza modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, en un contexto marcado por la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos y las demandas para fortalecer la capacidad de adaptación y mitigación del país.
EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL…
LA VICTORIA ES NUESTRA Y LA HACEN LOS PUEBLOS: SALVADOR ALLENDE
En tiempos de una derecha fortalecida, Salvador Allende vuelve a ser una figura importante para la izquierda. Su gobierno intentó transformar un sistema marcado por profundas desigualdades y disputar el poder de las élites económicas mediante la vía democrática.
Allende cuestionó privilegios que parecían intocables. La nacionalización del cobre y la reforma agraria afectaron intereses poderosos, provocando una oposición feroz de los sectores conservadores y empresariales.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas bombardearon La Moneda y derrocaron al presidente elegido democráticamente. Después comenzó la dictadura de Augusto Pinochet, marcada por asesinatos, torturas, desapariciones y persecución política.
La historia debería servir para desmontar la supuesta superioridad democrática que la derecha suele atribuirse. Cuando sus intereses estuvieron amenazados, sectores conservadores prefirieron la ruptura institucional antes que aceptar una transformación profunda.
EN LOS MEDIOS…
MONITOR EXPRESSO ENFRENTA AL IEM POR MEDIDAS QUE CUESTIONAN LA LIBERTAD DE PRENSA
El medio de comunicación Monitor Expresso enfrenta una disputa con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por una entrevista realizada al diputado local Baltazar Gaona García.
El conflicto surgió luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentara una denuncia por posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género relacionados con declaraciones difundidas en dicha entrevista.
Ante esto, el IEM emitió medidas cautelares para retirar o modificar parte del contenido. La determinación fue cuestionada por Monitor Expresso, que argumenta que se trata de una afectación a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
El medio ha llevado el caso ante las instancias electorales correspondientes. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ya había revocado una resolución previa del IEM al considerar que no estaba debidamente fundamentada.
El caso mantiene abierto un debate sobre los límites entre la protección contra la violencia política de género y la libertad de prensa. Monitor Expresso sostiene que continuará por la vía legal para defender su derecho a informar.
En este contexto, defender al periodismo es defender el derecho de la sociedad a estar informada. Los medios de comunicación deben poder investigar, preguntar y difundir información sin presiones indebidas, porque una democracia sin prensa libre pierde uno de sus principales contrapesos frente al poder.
SOBRE LA TRANSPARENCIA…
ALCALDE PANISTA INSTALA COMITÉ DE TRANSPARENCIA; AHORA DEBERÁ DEMOSTRAR QUE NO SERÁ SÓLO UN TRÁMITE
El Ayuntamiento de Morelia instaló su Comité de Transparencia y tomó protesta a sus integrantes, en un acto encabezado por el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar. La nueva estructura tendrá la responsabilidad de atender asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la transparencia municipal.
Durante el acto, Martínez Alcázar aseguró que para su administración es prioritario mantener claridad sobre el manejo de los recursos públicos y pidió a los integrantes del comité que su trabajo “no sea un trámite”, sino una práctica permanente que permita a la ciudadanía conocer cómo se utilizan sus recursos.
El comité quedó integrado, entre otros funcionarios, por la contralora municipal María del Carmen López Herrejón, el regidor Gilberto Morelos Favela, el director de Archivos Alejandro Torres Suárez y Teresita del Niño Jesús Marín Aguilar, integrante de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Contraloría Municipal. El alcalde designó además como su representante y suplente a Juan José Tena García, encargado de la Agencia de la Ciudad Inteligente y Transformación Digital.
El reto, sin embargo, estará en los resultados. La transparencia municipal no se limita a instalar un comité o rendir protesta: implica que las solicitudes de información sean atendidas, que los expedientes públicos puedan consultarse y que las decisiones relacionadas con el uso de recursos municipales puedan ser revisadas por la ciudadanía.
La instalación del comité representa apenas el inicio. La verdadera prueba será que el órgano funcione con independencia, facilite el acceso a la información y permita conocer con claridad cómo se ejercen los recursos públicos, particularmente en una administración que ha colocado la transparencia entre sus compromisos.
