EL (resumen) SEMANAL, Continúa la desaparición de José Luis Silva Andrade, la violencia contra defensores del territorio, los cuestionamientos al Segundo Anillo Periférico, la inversión urbana en Michoacán y los nuevos acuerdos ambientales federales. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #38 del 14 al 20 de septiembre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #38 del 14 al 20 de septiembre de 2026
Por: en15dias.com
JOSÉ LUIS SILVA ANDRADE SIGUE DESAPARECIDO.
Este 15 de septiembre se cumplieron dos meses desde su desaparición, ocurrida el 15 de julio en Agua Fría, municipio de Hidalgo, en la región de Los Azufres.
José Luis salió de su comunidad y ya no regresó.
José Luis Silva Andrade es integrante de la comunidad de Agua Fría, en la región de Los Azufres, Michoacán, y hermano de Rolando Silva Andrade, reconocido defensor del bosque, el agua y el territorio comunitario.
El 15 de julio de 2026, José Luis salió de su comunidad para verificar la presencia de personas que, de acuerdo con los testimonios documentados, estarían realizando actividades de tala en terrenos cercanos. No regresó.
Su desaparición ocurrió en un contexto de presiones sobre Agua Fría por el control de tierras y recursos forestales. Organizaciones como Serapaz, Espacio OSC y Front Line Defenders han documentado amenazas previas contra la familia Silva y contra Rolando, relacionadas con la defensa del territorio y el bosque.
Por eso, organizaciones defensoras han señalado como una de las principales líneas de preocupación que la desaparición pueda estar relacionada con la defensa comunitaria del territorio y la oposición a la tala y al despojo.
Que no se olvide. Que se le busque con vida. ¿Dónde está José Luis Silva Andrade?
MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES MÁS LETALES PARA DEFENDER EL TERRITORIO
México se mantiene entre los países más peligrosos para quienes defienden el territorio y el ambiente. De acuerdo con el informe 2026 de Global Witness, durante 2025 fueron asesinadas al menos 10 personas defensoras en el país, aunque la cifra representa una reducción frente a las 19 muertes registradas en 2024.
El informe, elaborado con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), también documentó 107 casos de criminalización, además de cientos de agresiones como amenazas, intimidación, estigmatización y difamación.
Entre los casos señalados está el de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde enero de 2023 entre Michoacán y Colima. Ambos habían participado en la defensa del territorio de la comunidad nahua de San Miguel de Aquila frente a un conflicto relacionado con un proyecto minero.
Global Witness señala además que México forma parte de los seis países donde se identificaron posibles vínculos entre el crimen organizado y los asesinatos de personas defensoras registrados en 2025.
A nivel mundial, la organización contabilizó 124 asesinatos o desapariciones de defensores ambientales y territoriales durante 2025. El 85 por ciento de los homicidios ocurrió en América Latina y los conflictos por la tierra fueron identificados como el principal detonante de la violencia.
El informe advierte que las comunidades indígenas y campesinas enfrentan una situación particularmente vulnerable: casi tres cuartas partes de las víctimas pertenecían a estos grupos.
Para Global Witness, la minería, la explotación forestal, la agroindustria y los proyectos relacionados con agua y energía se encuentran entre las actividades vinculadas a los mayores riesgos. La organización llama a los gobiernos a fortalecer las investigaciones, garantizar consultas genuinas a los pueblos indígenas y reconocer a las comunidades como actores fundamentales en la protección del territorio.
EL AGUACATE MICHOACANO, ANTE UN NUEVO REQUISITO LABORAL PARA EXPORTAR
El Gobierno de México puso en marcha el programa piloto del Certificado Laboral para la Agroexportación, que contempla el registro de productores, huertos, empacadoras y exportadores a través de la plataforma VELAGRO.
Esta semana el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para operar la plataforma VELAGRO y el acuerdo que incorpora al aguacate al Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA). Con ello, este 15 de septiembre inició el programa piloto para este producto agrícola. El mecanismo busca acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social de quienes participan en su cadena de valor destinada a la exportación.
De acuerdo con los lineamientos, VELAGRO será la plataforma oficial para realizar el trámite y dar seguimiento al Certificado Laboral para la Agroexportación. Los participantes deberán ingresar información que permita identificar su actividad dentro de la cadena productiva. La plataforma también podrá consultar información de instituciones como el IMSS y otras autoridades para realizar las verificaciones correspondientes antes de emitir el certificado.
Para el caso del aguacate, el acuerdo técnico contempla como participantes al productor, la empresa de corte, el empacador y el exportador. En esta primera etapa, se considera productor a quien tenga a su cargo uno o más huertos o unidades de producción cuya extensión agrupada sea igual o superior a cinco hectáreas. Estos participantes deberán proporcionar información relacionada con sus operaciones y con el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
La primera fase del programa piloto comenzó este 15 de septiembre y concluirá el 30 de septiembre de 2026. Durante este periodo, los solicitantes deberán ingresar a VELAGRO para crear su perfil y proporcionar información estadística correspondiente a los últimos 12 meses de sus operaciones. El certificado que se genere en esta etapa tendrá una vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido.
La segunda fase está programada del 1 al 7 de noviembre de 2026 y contempla el registro de productores, huertos y demás participantes de la cadena. Posteriormente, el programa avanzará de manera gradual en el registro de los patrones ante el IMSS. Este proceso se desarrollará entre enero y abril de 2027, con metas progresivas de 25, 50, 75 y 100 por ciento de los participantes.
El calendario también contempla que durante 2027 se implemente de manera gradual el llamado Factor Técnico. La aplicación comenzará con porcentajes progresivos hasta alcanzar el 100 por ciento en octubre de ese año. Posteriormente, entre el 1 y el 7 de noviembre de 2027, se realizará la solicitud del certificado correspondiente a la etapa de transición hacia el régimen permanente del Certificado Laboral para la Agroexportación.
Finalmente, las disposiciones establecen que, si la solicitud correspondiente a la transición resulta procedente, el certificado tendrá una vigencia de tres meses. Con ello, el calendario apunta a que en febrero de 2028 comience el régimen permanente del CLA para el aguacate. Durante el proceso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social verificará el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los participantes de la cadena.
BEDOLLA PRESENTA SU QUINTO INFORME DE GOBIERNO ANTE EL CONGRESO DE MICHOACÁN
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó este jueves ante el Congreso de Michoacán su Quinto Informe de Gobierno, en el que destacó avances en seguridad, infraestructura, finanzas públicas, programas sociales, desarrollo económico y medio ambiente.
Durante su intervención, el mandatario estatal hizo un balance de los cinco años de su administración y destacó una inversión de más de 31 mil millones de pesos en obra pública, distribuidos en 4 mil 203 acciones y proyectos.
Entre las obras mencionadas se encuentran el Segundo Anillo Periférico de Morelia, los sistemas de transporte público Morebús y los teleféricos de Morelia y Uruapan, además de trabajos de rehabilitación carretera.
El gobierno estatal reportó también la rehabilitación de 2 mil 980 kilómetros de carreteras durante la actual administración.
En el tema de seguridad, uno de los principales resultados presentados por Bedolla fue la reducción de los homicidios.
El gobernador señaló que el promedio diario pasó de 8.3 homicidios en 2021 a 2.2 durante agosto de 2026, lo que representa una reducción de 72 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas durante el informe.
El mandatario atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad implementada durante su administración y a la coordinación entre las instituciones de los distintos niveles de gobierno.
La infraestructura ocupó otro de los principales apartados del informe.
El gobierno estatal informó una inversión acumulada de 31 mil millones de pesos en obra pública y destacó proyectos de movilidad y conectividad.
Entre ellos se encuentra el Segundo Anillo Periférico de Morelia, proyecto de 87.8 kilómetros dividido en siete segmentos y que contempla una inversión superior a 2 mil 596 millones de pesos.
También fueron mencionados el Morebús y los teleféricos de Morelia y Uruapan como parte de la estrategia estatal de movilidad.
En este rubro, el gobierno ha reportado durante los últimos cinco años una inversión de 9 mil 481 millones de pesos en proyectos de movilidad, transporte e infraestructura urbana.
En materia ambiental, Bedolla destacó el funcionamiento del programa Guardián Forestal, presentado por su administración como una herramienta para detectar cambios de uso de suelo y posibles procesos de deforestación mediante tecnología satelital.
El gobierno estatal también reportó acciones relacionadas con áreas naturales protegidas, reforestación y recuperación de cuencas.
Uno de los temas centrales fue la protección de los bosques frente al cambio ilegal de uso de suelo y la relación de estas acciones con la producción de aguacate.
La administración estatal ha impulsado mecanismos de trazabilidad y certificación para avanzar hacia una producción de aguacate libre de deforestación.
El gobierno también informó sobre acciones para la recuperación de cuencas, entre ellas la del río Duero.
Otro de los puntos abordados fue la política dirigida a comunidades indígenas.
La administración estatal reportó el reconocimiento de 129 comunidades indígenas, de las cuales 49 ejercen directamente presupuesto público. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno, durante los cinco años se han destinado más de mil millones de pesos a infraestructura en comunidades indígenas.
La política de presupuesto directo forma parte de los cambios institucionales impulsados durante la actual administración para fortalecer la autonomía de las comunidades.
En materia financiera, Bedolla destacó que durante su administración se han realizado inversiones en infraestructura sin contratar nueva deuda pública.
El gobierno estatal presentó este resultado como parte del saneamiento de las finanzas de Michoacán y de una política orientada a incrementar el gasto destinado a obra y programas sociales.
El informe también incluyó resultados relacionados con inversión, empleo y desarrollo económico.
El gobierno estatal señaló avances en sectores estratégicos y en la atracción de inversiones, además de destacar el papel de Michoacán en actividades agroindustriales y de exportación.
El aguacate, las actividades agropecuarias y otros sectores productivos fueron presentados como componentes relevantes de la economía estatal.
El Quinto Informe de Gobierno presenta las cifras y resultados reportados por la administración estatal durante el periodo.
La revisión detallada de estos resultados corresponde ahora a la glosa del informe, proceso en el que las y los diputados pueden solicitar información adicional a las dependencias estatales.
En temas como infraestructura, medio ambiente, seguridad y desarrollo urbano, la evaluación requiere contrastar los recursos ejercidos y las acciones reportadas con indicadores que permitan conocer sus resultados.
En el caso ambiental, por ejemplo, esto implica dar seguimiento a las denuncias por cambio ilegal de uso de suelo, las acciones de restauración y la evolución de la superficie forestal.
En infraestructura, además de la inversión y las obras terminadas, resulta necesario conocer sus efectos sobre movilidad, crecimiento urbano, acceso a servicios y territorio.
El informe presentado este jueves constituye así el balance oficial de la administración estatal a un año de concluir su periodo constitucional. La información presentada ante el Congreso deberá ser complementada con la revisión de resultados, presupuesto ejercido y cumplimiento de los compromisos establecidos por cada dependencia.
¿DE QUÉ SOBERANÍA HABLAMOS?
Durante el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que México es un país libre, independiente y soberano. Afirmó que México no será colonia ni protectorado de ninguna nación y que no se doblega ni se vende.
Pero, ¿de qué soberanía hablamos?
¿De una soberanía que se defiende frente a las presiones de Estados Unidos, pero que mantiene una economía profundamente vinculada al mercado y al capital extranjero?
¿De una soberanía nacional que convive con proyectos mineros, energéticos, forestales o de infraestructura en los que comunidades indígenas y campesinas han tenido que organizarse para defender sus territorios?
El propio informe de Global Witness coloca a México entre los países más letales para quienes defienden el territorio: durante 2025 documentó 10 asesinatos de personas defensoras, además de 107 casos de criminalización. A nivel global, los conflictos por la tierra fueron identificados como uno de los principales motores de la violencia.
Mientras desde Palacio Nacional se habla de soberanía, en distintas regiones del país pueblos y comunidades continúan defendiendo su derecho a decidir sobre sus territorios y los recursos que existen en ellos.
Y ahí la palabra soberanía adquiere otro significado.
Porque la soberanía no tendría que ser solamente la capacidad del Estado mexicano para decirle a otro país que no intervenga. También tendría que significar que los pueblos puedan decidir sobre aquello que ocurre en sus propios territorios.
Más aún cuando el gobierno impulsa nuevas leyes, proyectos y políticas que pueden modificar la relación de las comunidades con sus tierras, recursos naturales y formas de organización. La discusión sobre las reformas en materia indígena y ambiental vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de que la consulta y la participación comunitaria no sean solamente procedimientos administrativos, sino mecanismos efectivos de decisión.
¿Puede hablarse de soberanía nacional si quienes habitan y defienden los territorios sienten que sus decisiones no son escuchadas?
La independencia que se conmemora cada septiembre nació como una ruptura con una estructura de dominación. Dos siglos después, el reto sería que la soberanía no se quede únicamente en el discurso nacionalista, sino que también se traduzca en autonomía, participación y capacidad real de decisión para las comunidades sobre sus territorios.
Porque un país puede proclamarse libre frente al exterior y, al mismo tiempo, mantener conflictos internos sobre quién decide qué se hace con la tierra, el agua, los bosques y los minerales.
Y esa también es una discusión sobre soberanía.
NACIONALISMO, HERMANO DEL RACISMO
Para Yásnaya Aguilar Gil, el nacionalismo no es una identidad inocente: puede convertirse en una herramienta para borrar la diversidad. La idea de una sola nación, una sola identidad y una sola cultura mexicana ha convivido históricamente con la marginación de los pueblos indígenas, sus lenguas y sus propias formas de organización.
El problema aparece cuando decir “México” significa imponer una identidad común sobre quienes tienen otras historias, territorios y naciones. Así, el nacionalismo puede terminar apropiándose de símbolos indígenas mientras silencia a los pueblos que les dieron origen.
La pregunta que deja Yásnaya es ¿cuánto de nuestro orgullo nacional está construido sobre una diversidad que celebramos en el discurso, pero que todavía negamos en la realidad?
EN INFORMACIÓN DE MORELIA…
SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, BAJO CUESTIONAMIENTOS POR TRANSPARENCIA Y PLANEACIÓN
Esta semana, en15dias.com publicó tres reportajes que evidencian cuestionamientos sobre la transparencia y planeación de los segmentos 1, 4 y 5 del Segundo Anillo Periférico de Morelia, una de las principales obras de infraestructura del gobierno de Michoacán.
El proyecto contempla 87.8 kilómetros divididos en siete segmentos y una inversión superior a 2 mil 596 millones de pesos, con el objetivo de conectar distintos puntos de la periferia de Morelia con Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón.
Las investigaciones documentan dudas en tres aspectos: la planeación territorial de la obra, sus mecanismos de contratación y el acceso a información técnica y ambiental.
Uno de los reportajes señala que el proyecto no aparece en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2023-2040 como resultado de una evaluación previa de necesidades e impactos. Además, el trazo coincide con zonas donde se ha registrado expansión urbana, lo que plantea interrogantes sobre sus posibles efectos en el crecimiento de la mancha urbana, el valor del suelo y el desarrollo inmobiliario.
En cuanto a los contratos, los segmentos actualmente en construcción manejan esquemas distintos. El segmento 5 fue contratado por 531.4 millones de pesos mediante un esquema tradicional de obra pública, mientras que el segmento 1 supera los mil 274 millones de pesos bajo un esquema de pago diferido que incluye alrededor de 283 millones de pesos en costos financieros.
Para el segmento 4, la consulta del contrato también presenta obstáculos: la respuesta entregada por la autoridad incluyó un vínculo que no conducía directamente al documento, por lo que sus condiciones no pudieron ser verificadas de manera pública.
A esto se suma la reserva de información por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). Entre los documentos clasificados se encuentran proyectos ejecutivos, planos, predios afectados, derecho de vía, avalúos y estudios de impacto ambiental relacionados con los segmentos 1 y 5.
Los reportajes también documentan que algunos datos que permanecen bajo reserva ya han sido difundidos públicamente por el propio gobierno estatal, como características de los tramos, conexiones, población beneficiada y aforos vehiculares proyectados.
La información recopilada por en15dias coloca nuevamente bajo la lupa una obra que, por su dimensión e inversión, tendrá efectos que van más allá de la movilidad. El Segundo Anillo Periférico también puede influir en el crecimiento urbano, el valor del suelo y la transformación del territorio.
MICHOACÁN REPORTA 9 MIL 481 MDP EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOVILIDAD
El Gobierno de Michoacán reportó una inversión de 9 mil 481 millones de pesos durante los últimos cinco años en proyectos de movilidad, transporte e infraestructura urbana, de acuerdo con información presentada el 15 de septiembre por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).
Los recursos incluyen obras como el Morebús y los teleféricos de Morelia y Uruapan, además de vialidades, espacios públicos y equipamiento urbano.
La distribución territorial de los recursos muestra una fuerte concentración en dos ciudades. Según las cifras proporcionadas por Sedum, Morelia recibió más de 5 mil 159 millones de pesos y Uruapan más de 3 mil 735 millones, mientras que Pátzcuaro registró más de 256 millones y otros municipios mencionados por la dependencia, entre ellos Ario, Los Reyes, Apatzingán, Tingüindín, Cotija, Yurécuaro, Tarímbaro, Jacona, Zamora y Maravatío, acumularon más de 329 millones.
El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla del lunes 14 de septiembre. La titular de Sedum, María Elena Huerta, presentó las obras como parte de una estrategia para mejorar la movilidad, conectividad y condiciones urbanas de distintos municipios.
Sin embargo, las cifras proporcionadas por la dependencia agrupan bajo una misma bolsa obras de naturaleza diferente. En Morelia y Uruapan se contabilizan proyectos de transporte público junto con intervenciones en avenidas, libramientos, accesos y espacios urbanos. En Pátzcuaro, por ejemplo, los recursos reportados corresponden a la restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra y a la construcción de un mercado.
Desde una perspectiva territorial, la distribución de la inversión plantea una pregunta distinta a la cantidad de recursos ejercidos: cómo está modificando esta infraestructura la organización espacial de las ciudades y quiénes tienen acceso efectivo a sus beneficios.
La información presentada por Sedum no incluye indicadores sobre número de usuarios, reducción de tiempos de traslado, cobertura del transporte público, accesibilidad para zonas periféricas o cambios en los patrones de movilidad.
La concentración de recursos en Morelia y Uruapan también permite observar una política de infraestructura orientada principalmente hacia los dos principales centros urbanos incluidos en el reporte. El comunicado no explica las razones de esta distribución ni establece indicadores para comparar las necesidades de movilidad entre municipios.
El dato central del anuncio es la magnitud de la inversión pública y su distribución territorial, pero todavía no permite medir sus resultados sociales y ambientales. Para hacerlo se requieren indicadores que relacionen gasto público con acceso al transporte, movilidad cotidiana, desigualdad territorial, emisiones, consumo de suelo y calidad del espacio público.
El desarrollo de grandes proyectos de transporte e infraestructura también abre una discusión sobre el modelo urbano que está promoviendo el gasto público. La cuestión no se limita a construir nuevas conexiones, sino a determinar si esas inversiones favorecen ciudades menos dependientes del automóvil, con transporte accesible y una distribución más equilibrada de equipamientos y servicios.
SE DESLINDAN DE POSIBLES DAÑOS POR INGRESO A TENENCIA
Representantes del movimiento por la recuperación del Sistema Hídrico Comunitario Pirinda se deslindaron de cualquier responsabilidad por posibles robos, extravíos o daños al interior de la Jefatura de Tenencia de Santa María de Guido, luego del ingreso al inmueble ocurrido el pasado 12 de septiembre.
Durante una conferencia de prensa, explicaron que esa tarde, alrededor de las 18:15 horas, vecinos de la zona les avisaron que se había activado una alarma dentro de las instalaciones, que permanecen tomadas desde octubre de 2025.
Al acudir al lugar, dijeron haber constatado que había agua saliendo por el acceso principal de las oficinas. Ante el derrame, buscaron contactar a la jefa de Tenencia para solicitar que acudiera a revisar lo ocurrido y verificar que las instalaciones permanecieran intactas.
Según su relato, la funcionaria respondió que no acudiría y que la responsabilidad correspondía a quienes mantenían tomada la Tenencia.
Los representantes entonces solicitaron la intervención de personal de Telecomm y de la Policía de Morelia. Con su apoyo, se abrió la Jefatura de Tenencia para revisar las instalaciones.
De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, los integrantes del movimiento no pudieron presentar una denuncia porque no son trabajadores de las oficinas instaladas en el inmueble. Señalaron que se les indicó que, en caso de existir algún delito o afectación, la denuncia debía ser presentada por una autoridad o por el personal de las dependencias que tienen oficinas en la Tenencia, como Telecomm, APAS o Registro Civil.
El objetivo de hacer público el incidente, señalaron, es dejar constancia de que el movimiento no asumirá responsabilidad por posibles robos, extravíos o accesos de personas ajenas a los representantes que participan en la recuperación del sistema hídrico comunitario.
Después de la revisión, los representantes volvieron a cerrar las instalaciones y la llave de paso para detener el derrame. Aseguraron que acordaron permitir el acceso de cualquier autoridad que posteriormente acudiera a revisar los bienes.
Personal de Telecomm ingresó aproximadamente a las 22:00 horas, revisó sus instalaciones y confirmó que se encontraban en orden. También realizó los arreglos correspondientes y reactivó sus cámaras de vigilancia. Hasta donde tienen conocimiento los representantes, no se presentó una denuncia por estos hechos.
Los integrantes del movimiento señalaron además que este no sería el primer incidente relacionado con la seguridad del inmueble. Afirmaron que en enero de este año fueron violadas una cadena y los candados de la Tenencia, situación que, según dijeron, también fue reportada sin que acudieran autoridades, incluida la jefa de Tenencia o personal de APAS.
La toma de la Jefatura de Tenencia forma parte del conflicto por la administración del Sistema Hídrico Comunitario Pirinda. Sin embargo, durante la conferencia, el señalamiento principal fue el deslinde de responsabilidades ante cualquier afectación que pudiera registrarse en las instalaciones mientras continúa la toma.
Los representantes sostuvieron que su movimiento continúa y que la gestión y movilización se realizan con recursos propios, sin patrocinio de partidos políticos ni de particulares.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
ACUERDO NACIONAL POR LOS BOSQUES PLANTEA FRENAR LA DEFORESTACIÓN Y FORTALECER COMUNIDADES
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) publicaron el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, una estrategia de coordinación federal que plantea acciones contra la deforestación y degradación forestal, así como medidas para fortalecer el manejo comunitario de los territorios forestales.
El acuerdo contempla la participación de gobiernos estatales y municipales, comunidades forestales, pueblos indígenas y afromexicanos, además de sectores académico, industrial, agrícola, pecuario y social.
El documento plantea que la conservación de estos ecosistemas está vinculada con el derecho a un medio ambiente sano, la seguridad hídrica, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.
La dimensión territorial de la estrategia parte de la magnitud de la superficie forestal mexicana. De acuerdo con el comunicado, México cuenta con 138.7 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, equivalentes a 71 por ciento del territorio nacional. En estas zonas habitan 11.9 millones de personas distribuidas en más de 103 mil localidades.
Entre las diez directrices establecidas se encuentran la conservación, restauración y reforestación de bosques y selvas; la conservación de manglares; el impulso de producción agropecuaria libre de deforestación; el desarrollo forestal y la silvicultura comunitaria; y la creación de cadenas de valor forestales sostenibles con participación pública, privada y social.
El acuerdo también incorpora el pago por servicios ambientales como mecanismo para contribuir al abasto de agua y la conservación de la biodiversidad. A esto se suman acciones para fortalecer el manejo del fuego, prevenir incendios de origen agropecuario y promover la comercialización de productos forestales legales como una medida para combatir la tala ilegal.
Uno de los elementos centrales es el reconocimiento de la propiedad social y del manejo comunitario de los recursos forestales. El gobierno federal señala que una parte significativa de la vegetación forestal se encuentra en 16 mil 953 ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que plantea incorporar a estas formas de organización territorial en las acciones de conservación y en el fortalecimiento de las economías locales.
Para Michoacán, el contenido del acuerdo resulta relevante por la importancia de los territorios forestales y de las formas de propiedad social existentes en el estado. Sin embargo, el comunicado federal no establece metas específicas para Michoacán ni detalla recursos, superficies o comunidades michoacanas que serían incorporadas a la estrategia. Por ello, cualquier evaluación de sus efectos concretos en el estado requiere información adicional sobre convenios, presupuesto, municipios y comunidades participantes.
El acuerdo establece que Semarnat y Conafor promoverán convenios con los distintos órdenes de gobierno y sectores estratégicos. Estos instrumentos deberán definir compromisos, responsabilidades, aportaciones de recursos y mecanismos de evaluación.
El siguiente escenario dependerá, por tanto, de cómo estas directrices se traduzcan en instrumentos territoriales concretos. Para valorar su alcance en Michoacán será necesario conocer los convenios que se suscriban, los recursos asignados, las superficies intervenidas, los mecanismos de participación comunitaria y los resultados en materia de deforestación, restauración, incendios y aprovechamiento forestal legal.
SEMARNAT DIGITALIZA TRÁMITES DE IMPACTO AMBIENTAL: QUÉ IMPLICA EL NUEVO MODELO
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció el 14 de septiembre la puesta en marcha de la Ventanilla Electrónica Ambiental (VEA) para gestionar trámites relacionados con la evaluación de impacto ambiental.
El nuevo esquema, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), digitaliza el ingreso, registro y resolución de siete procedimientos que intervienen en la autorización y modificación de proyectos de infraestructura, servicios y otras actividades productivas.
El cambio alcanza trámites como el informe preventivo, las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) particular y regional, con o sin actividades altamente riesgosas, así como modificaciones a proyectos autorizados, cambios de titularidad y solicitudes de exención o de no requerimiento de autorización. La VEA estará disponible las 24 horas, los 365 días del año, según la dependencia.
Uno de los argumentos centrales de Semarnat es que la reducción de la interacción personal permitirá disminuir posibles actos de discrecionalidad y prácticas administrativas inadecuadas. La dependencia también señala que la simplificación y digitalización contribuirán a promover la inversión.
En términos administrativos, esto supone trasladar una parte sustancial de la relación entre quienes promueven proyectos y la autoridad ambiental hacia una plataforma digital. El cambio no elimina la evaluación ambiental ni modifica, de acuerdo con la información proporcionada, los tipos de instrumentos que deben presentar los proyectos; modifica principalmente la vía mediante la cual se presentan, registran y procesan los procedimientos.
El acuerdo se sustenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Reglamento Interior de Semarnat. Su entrada en vigor está prevista 120 días naturales después de su publicación en el DOF.
Durante una etapa transitoria de 90 días, los trámites podrán presentarse excepcionalmente de manera presencial en los Espacios de Contacto Ciudadano de Semarnat. Para utilizar esta vía, la persona promovente deberá acreditar que no puede ingresar el procedimiento mediante la VEA y contar con una notificación emitida desde la cuenta oficial de soporte indicada por la dependencia.
Los expedientes ingresados antes de la entrada en vigor del acuerdo continuarán resolviéndose bajo el modelo administrativo tradicional. Esto significa que durante el periodo de transición coexistirán dos esquemas de gestión: los procedimientos anteriores permanecerán bajo el modelo presencial vigente, mientras los nuevos comenzarán a incorporarse al sistema electrónico.
El cambio tiene una implicación relevante: la evaluación de proyectos con posibles impactos sobre ecosistemas y comunidades dependerá cada vez más de una infraestructura administrativa digital de alcance nacional.
La plataforma busca homologar procedimientos, pero el comunicado no detalla cómo se resolverán las diferencias de conectividad, capacidades técnicas o acceso digital entre regiones y usuarios.
Esto adquiere importancia en estados como Michoacán, donde los proyectos sujetos a evaluación ambiental pueden localizarse fuera de los principales centros urbanos y relacionarse con territorios rurales, comunidades, actividades forestales, infraestructura, transporte o aprovechamientos productivos.
El comunicado federal no proporciona información específica sobre mecanismos diferenciados para estos territorios.
La digitalización también modifica las condiciones de acceso a la información y seguimiento de los procedimientos. La VEA permitirá consultar y gestionar los procesos mediante el Portal Único Ciudadano de Trámites y Servicios. Sin embargo, con la información publicada el 14 de septiembre no es posible determinar todavía qué información de cada expediente estará disponible públicamente, cómo funcionarán los mecanismos de consulta ciudadana o si la plataforma incorporará herramientas adicionales para la participación social.
Esta última dimensión es relevante porque la evaluación de impacto ambiental no se limita a una relación administrativa entre una empresa y el gobierno. Los proyectos pueden involucrar bienes comunes, territorios de propiedad social, recursos hídricos, ecosistemas y comunidades.
Por ello, la reducción de trámites presenciales puede simplificar la gestión para los promoventes, pero el alcance de esa simplificación deberá observarse junto con las condiciones de acceso de otros actores involucrados.
El cambio tampoco permite concluir todavía que habrá una reducción efectiva de la discrecionalidad o una aceleración generalizada de las autorizaciones. Esos son objetivos señalados por la propia Semarnat; su cumplimiento requerirá indicadores que permitan comparar tiempos de resolución, número de procedimientos, solicitudes de información, modificaciones, recursos y resultados antes y después de la implementación.
El siguiente paso será la entrada en operación plena del nuevo esquema después del periodo establecido en el acuerdo. Para evaluar sus efectos en Michoacán será necesario conocer cuántos trámites se gestionan mediante la VEA, qué tipo de proyectos concentran las solicitudes y cómo funciona el acceso a los expedientes y a los mecanismos de participación.
En ese sentido, la transformación no está únicamente en pasar documentos del papel a una plataforma digital. El cambio modifica la arquitectura administrativa mediante la cual el Estado procesa proyectos que pueden reconfigurar territorios y generar impactos ambientales.
Su relevancia dependerá de si la simplificación tecnológica consigue reducir cargas administrativas sin disminuir la capacidad de evaluación, transparencia y participación asociada a las decisiones sobre el territorio.
AGREDEN A ACTIVISTA DE PETA EN DESFILE EN NUEVA YORK
Durante la Semana de la Moda de Nueva York, una protesta de activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) contra el uso de lana en la industria de la moda terminó en una confrontación física con Steven Kolb, presidente y director ejecutivo del Council of Fashion Designers of America (CFDA).
El incidente ocurrió el domingo 13 de septiembre durante el desfile de COS, marca perteneciente al grupo H&M. Un grupo de activistas interrumpió la presentación para protestar contra el uso de lana y exigir que la marca dejara de utilizarla.
Videos difundidos posteriormente muestran a Kolb enfrentándose a dos de los manifestantes. En uno de los momentos, el directivo sujetó a una activista, la llevó al suelo y cubrió su boca mientras ella gritaba consignas relacionadas con el maltrato de ovejas. En otro momento, aparece sujetando y cubriendo el rostro de un segundo manifestante.
PETA señaló que sus integrantes protestaban por el uso de lana y por investigaciones realizadas por la organización sobre presuntos casos de maltrato en instalaciones vinculadas a la cadena de suministro de la industria. La organización ha pedido a H&M y COS que eliminen la lana de sus colecciones.
Después de que las imágenes se difundieran ampliamente, Kolb reconoció que su reacción fue inapropiada y señaló que debió permitir que el personal de seguridad se encargara de la situación.
El CFDA informó posteriormente que Kolb tomaría una licencia mientras se realiza una revisión del incidente.
La controversia ocurre mientras la industria de la moda enfrenta cuestionamientos sobre el uso de productos de origen animal y las condiciones ambientales y de bienestar animal asociadas con sus cadenas de suministro.
PETA informó después que buscaría reunirse con Kolb para mostrarle material sobre el trato a las ovejas en la producción de lana. La organización había considerado presentar una denuncia policial, pero posteriormente optó por buscar un encuentro con el directivo.
El episodio también puso nuevamente en discusión el papel de las protestas dentro de los grandes eventos de moda y los límites de la respuesta de organizadores y representantes de la industria ante las acciones de activismo.
EN INFORMACIÓN ELECTORAL…
TORRES PIÑA: ¿QUÉ IZQUIERDA QUIERE MORENA PARA MICHOACÁN?
El exsecretario de Gobierno y fiscal con licencia estatal quedó al frente de Morena rumbo a 2027. Su llegada vuelve a poner sobre la mesa el peso de los antiguos cuadros del PRD dentro de la llamada Cuarta Transformación.
Morena ya tiene coordinador en Michoacán rumbo a 2027: Carlos Torres Piña. El pasado 14 de septiembre fue designado Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, tras el proceso interno en el que también participó Raúl Morón.
Torres Piña no es un nombre nuevo en la política michoacana. Originario de Paracho de Verduzco, construyó buena parte de su trayectoria en el PRD, donde fue dirigente estatal y diputado federal. En 2019 se incorporó a Morena y posteriormente fue secretario de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y fiscal general del estado.
En julio de 2025, en15dias ya había señalado el crecimiento político de Torres Piña dentro del grupo gobernante. Entonces, su nombre comenzaba a perfilarse para ocupar la Fiscalía y destacaba su trayectoria proveniente del perredismo.
Ahora, un año después, encabeza la estructura de Morena rumbo a 2027.
Y con ello vuelve una pregunta que el partido tendrá que responder: ¿qué izquierda quiere representar Morena en Michoacán?
El movimiento que llegó al gobierno con la promesa de desplazar a las viejas estructuras partidistas terminó incorporando a varios de sus cuadros. Torres Piña representa esa transformación: un político formado en el PRD que pasó a Morena y que hoy ocupa uno de los espacios políticos más importantes del estado.
La discusión no está únicamente en su origen partidista, sino en lo que ese origen significa para el rumbo del movimiento. ¿La experiencia de estos cuadros representa la consolidación de Morena como fuerza de gobierno o el regreso de prácticas y estructuras de la política que el propio movimiento cuestionó?
La definición de Torres Piña abre así una discusión que va más allá de la carrera por 2027: qué queda del movimiento que llevó a Morena a conquistar Michoacán y qué tipo de proyecto político pretende construir ahora.
