El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío. / La doble cara ambiental de SEMARNAT
La doble cara ambiental de SEMARNAT
Hay una escena que resume mejor que cualquier discurso el lugar donde está parada hoy Alicia Bárcena. En una entrevista reciente, la secretaria de Medio Ambiente dice, casi con orgullo militante, que “el tema ambiental cuestiona al capitalismo y al extractivismo” y que ella se metió “muy profundamente” en esa convicción.
Es un discurso coherente, bien articulado, con siete décadas de trayectoria detrás pero el problema no es lo que dice, el problema es que esa narrativa no se ajusta a la realidad.
En Michoacán, la SEMARNAT que ella encabeza ha continuado, durante su gestión, autorizando y tramitando cambios de uso de suelo forestal para desarrollos inmobiliarios en el sur y oriente de Morelia.
En agosto de 2025, la delegación de SEMARNAT en Michoacán emitió un resolutivo favorable para el proyecto “Puente Ribera Altozano”, promovido por Golf Bosque Monarca S.A. de C.V., y recibió a trámite el cambio de uso de suelo para el fraccionamiento «Residencial Bosque Monarca», de 8.3 hectáreas de terreno forestal.
Ese mismo mes se sumaron otras tres solicitudes de empresas ligadas al empresario Francisco Medina Chávez, dueño del conglomerado Altozano, para más proyectos habitacionales en la zona.
Estos trámites se suman a un antecedente ya denunciado: en septiembre de 2024, apenas antes del cambio de gobierno, SEMARNAT autorizó el cambio de uso de suelo a más de 17 hectáreas forestales para Bosque Monarca, decisión que el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma calificó de irregular por invadir una zona bajo veda forestal y bajo suspensión judicial.
A este patrón se suma ahora el caso de Corporativo Tres Marías. El proyecto «Torres Peñasco», promovido por Corporativo Tres Marías S.A.P.I.B. de C.V., ingresó oficialmente a la Semarnat el 23 de junio de 2026 bajo la clave 16MI2026UD051, en modalidad de Manifestación de Impacto Ambiental particular.
El desarrollo contempla tres torres de departamentos de 9, 12 y 14 niveles sobre un predio de más de 20 mil metros cuadrados en Ciudad Tres Marías, para lo cual la empresa deberá solicitar el cambio de uso de suelo de 13 mil 358 metros cuadrados de terrenos forestales.
El trámite se ubica en un corredor que conecta directamente con el Área Natural Protegida del Cerro del Punhuato, una de las principales zonas de absorción de agua de lluvia y regulación térmica para la cuenca de Morelia.
No es un caso aislado: otro desarrollo del mismo corporativo, «Senderos», fue clausurado por la PROFEPA en abril de 2025 tras constatarse que las obras de vialidad y lotificación avanzaban sin autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, con remoción de vegetación de matorral subtropical y selva baja caducifolia, incluyendo un ejemplar de Cedrela dugesii, especie protegida bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Ya en 2024 ambientalistas habían documentado cómo terrenos forestales de la zona de amortiguamiento del Punhuato se incorporaban progresivamente al desarrollo urbano de Tres Marías, con denuncias ante PROFEPA y PROAM que, según los denunciantes, no derivaron en inspecciones oportunas.
Hay que ser claros, los tres niveles de gobierno, sin importar el partido al que pertenezcan, han defendido los intereses de grandes empresarios inmobiliarios a costa de la pérdida de nuestros bosques y las zonas de recarga de agua.
Y es que ahí está la contradicción de Alicia Bárcena, mientras la titular de SEMARNAT construye un discurso público de supuesta ruptura con el extractivismo, la dependencia a su cargo sigue destrabando, permiso tras permiso, la expansión, sobre terrenos forestales estratégicos para el abasto de agua de Morelia, de los mayores desarrolladores inmobiliarios de Michoacán, como lo son Altozano y Tres Marías.
¿Pero por qué? La respuesta está en la geografía del poder empresarial michoacano y en un proyecto federal muy concreto como son los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI) del Plan México y, en particular, el Polo Bajío en Zinapécuaro, designado oficialmente en julio de 2025.
Ahí aparecen, del lado de los grandes desarrolladores, dos apellidos que se repiten en la crónica inmobiliaria de Morelia.
Uno es Francisco Medina Chávez, presidente de Grupo FAME y dueño del conglomerado Altozano, el mismo beneficiado por las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal que SEMARNAT ha ido destrabando en el sur de la ciudad.
Medina forma parte del círculo de empresarios que el gobierno de Ramírez Bedolla ha cultivado activamente en torno al Polo Bajío. Cuando la Sedeco anunció en julio de 2025 la designación oficial del parque como Podebi, la misma agenda de giras y ruedas de prensa del gobernador incluía, en paralelo, la ampliación de Plaza Altozano de la mano de Medina.
Los mismos actores empresariales que el gobierno corteja para su proyecto insignia son, al mismo tiempo, quienes reciben las autorizaciones ambientales para sus propios desarrollos inmobiliarios.
El otro nombre es el de Eduardo Ramírez Díaz, al frente de Citelis, la empresa de la familia Ramírez que, junto con Grupo Herso y Supra Constructores, firmó en agosto de 2026 el fideicomiso operativo del Parque Industrial Bajío.
Ramírez Díaz es nieto de la dinastía Ramírez que ha construido, a lo largo de generaciones, buena parte del corredor comercial e inmobiliario de Morelia y dueña de Corporativo Tres Marías, el mismo grupo detrás de “Torres Peñasco” y “Senderos”, que empuja el crecimiento habitacional sobre la zona de amortiguamiento del Cerro del Punhuato.
Es decir, los dos empresarios inmobiliarios que hoy concentran las autorizaciones ambientales más cuestionadas de Morelia y sus alrededores, Medina en el sur, con Altozano; Ramírez en el oriente, con Tres Marías, son también piezas centrales del proyecto que el gobierno estatal y federal han convertido en la vitrina de su estrategia económica para Michoacán, el llamado Polo Bajío.
Ahí está la clave que explica la aparente contradicción entre el discurso de Alicia Bárcena y la práctica de su propia dependencia.
No se trata solo de que SEMARNAT ceda, se trata de que los mismos grupos empresariales que el gobierno necesita como socios, con capital, tierra y disposición a invertir, en el proyecto elegido como emblema de su política de desarrollo son también los que piden, uno tras otro, cambios de uso de suelo forestal para sus negocios inmobiliarios paralelos.
El problema es que el territorio es tratado como activo económico, que se incorporan tierras forestales al circuito de valorización inmobiliaria y que la regulación ambiental opera como mecanismo de habilitación de esa transformación.
Por ello, frenarles con fuerza un permiso ambiental tendría un costo político que ni el gobierno estatal ni la Secretaría federal parecen dispuestos a pagar mientras el Parque Industrial Bajío siga dependiendo, precisamente, del capital y la buena voluntad de Citelis y del círculo de Altozano.
