Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #48: del 24 al 30 de noviembre de 2025.
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #48: del 24 al 30 de noviembre de 2025.
El (resumen) Semanal: Semana #48: del 24 al 30 de noviembre de 2025.
Por: en15dias.com
Vaya, vaya… mientras el gobierno estatal y el municipal anuncian con entusiasmo nuevas obras para Morelia, la crisis hídrica sigue siendo tratada como un problema técnico que se resuelve “con más infraestructura”, aunque el territorio ya muestra signos evidentes de agotamiento.
Y es que esta semana, Alfredo Ramírez Bedolla y Alfonso Martínez se reunieron para revisar proyectos estratégicos de 2026. El anuncio estrella: la construcción de una nueva planta potabilizadora. La foto oficial sonríe; el boletín promete “incrementar el abastecimiento de agua para consumo humano”. Pero la historia, como siempre, es más compleja.
Porque antes de hablar de plantas, habría que hablar de cuencas. Morelia depende de microcuencas cada vez más presionadas por el crecimiento urbano, el avance inmobiliario y la disminución de recarga en zonas como Capula, Tacícuaro y Jesús del Monte.
El discurso de “más infraestructura” vuelve a ignorar el punto de origen: los manantiales se debilitan y los pozos producen menos. Sin políticas de protección de suelos, control de cambios de uso ilegal y restauración real —no de papel—, cualquier nueva planta potabilizadora será un parche caro que sigue bombeando agua de fuentes cada vez más vulnerables.
Y es que el encuentro no solo reveló prioridades, sino también silencios. Mientras los titulares celebran la potabilizadora, no hubo mención a la crisis de pérdida de cobertura forestal en las zonas de recarga ni a la sobreexplotación de pozos registrados por la CONAGUA en el acuífero Morelia-Queréndaro.
Tampoco se habló de la desigual distribución del agua en la ciudad, donde colonias del norte llevan meses con tandeos severos mientras los fraccionamientos de alta plusvalía mantienen presiones estables gracias a pozos privados. La política hidráulica, así, sigue atrapada entre la disputa electoral y la lógica del desarrollo urbano sin límites.
La reunión también abordó proyectos de vialidad y espacios públicos, aunque nuevamente sin una discusión seria sobre movilidad sostenible. En Morelia se insiste en rehabilitar calles para más autos, mientras el transporte público y la infraestructura peatonal continúan rezagados. Lo que se presenta como “modernización urbana” suele terminar reforzando el modelo que fragmenta el territorio y eleva los costos sociales y ambientales del desplazamiento diario.
Así, el anuncio gubernamental deja más preguntas que certezas. ¿Será la nueva planta una solución estructural o un gesto político en año preelectoral? ¿Habrá, por fin, una coordinación real para proteger la microcuenca que alimenta a la ciudad? ¿O seguiremos apostando por obras que responden más a la presión urbana que a un proyecto ecológico de largo plazo?
Mientras no se toque el fondo del problema —la relación entre agua, territorio y modelo de ciudad—, los proyectos estratégicos seguirán siendo eso: anuncios de temporada que no alcanzan a revertir el deterioro silencioso que avanza bajo la superficie de Morelia.
¿COORDINACIÓN REAL O SIMULACIÓN INSTITUCIONAL?
Vaya, vaya… esta semana se realizó el Segundo Encuentro Nacional de Autoridades Ambientales celebrado en Oaxaca, donde se prometió “fortalecer la coordinación” y “estrategias de restauración”, pero la realidad de estas reuniones dista mucho de sus declaraciones grandilocuentes.
El boletín oficial repite palabras como “justicia ambiental”, “resiliencia comunitaria” y “conocimiento tradicional”, pero omite el problema central: muchas de estas dependencias estatales se han convertido en ventanillas para facilitar permisos a empresas, dejando de lado su función protectora.
Un ejemplo que ilustra esta contradicción es la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, encabezada por el notario público con licencia, Alejandro Méndez López, el cual destruyó un río en una comunidad indígena del sur de Morelia.
Y es que hay que recordarlo porque luego el lobo anda con disfraz de oveja.
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La pregunta es legítima cuando vemos que estos cargos parecen repartirse más por cuotas políticas que por capacidad técnica.
Y es que desde la dependencia que lidera la Secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena es muy común la retórica vacía y las metas incumplibles.
El boletín que genera el Gobierno de México menciona cifras ambiciosas: conservar el 30% del territorio nacional para 2030, crear una «República Basura Cero» cuando se generan 120,000 toneladas diarias de residuos, y la NDC 3.0 con «énfasis en adaptación». Pero estas metas suenan huecas cuando los estados carecen de presupuestos reales, personal capacitado y, sobre todo, voluntad política para enfrentar a los verdaderos depredadores ambientales: las industrias extractivas, los desarrollos inmobiliarios irregulares y la agroindustria.
La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) reúne a 52 titulares de las secretarías ambientales. Sin embargo, ¿cuántos de ellos tienen formación ambiental? ¿Cuántos llegaron al cargo por su trayectoria en conservación y no por sus conexiones políticas? El sistema de nombramientos gubernamentales ha convertido estas dependencias en botín político, donde lo que menos importa es el medio ambiente.
A a la par de esto, la autoridad ambiental (de todos los estados) están utilizando el discurso indigenista como cortina de humo.
La secretaria Alicia Bárcena habla de «poner en el centro el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas», pero esto suena a apropiación discursiva. Las comunidades indígenas llevan décadas defendiendo sus territorios contra las políticas gubernamentales que autorizan concesiones mineras, talas forestales y megaproyectos.
El verdadero respeto al conocimiento indígena sería darles poder de veto sobre proyectos que afectan sus territorios, no usar su nombre para legitimar encuentros burocráticos.
Y es que hay que decirlo, este tipo de encuentros sirven más para justificar viajes, comidas oficiales y fotografías que para generar cambios reales. Mientras figuras sin experiencia ambiental encabecen estas dependencias, mientras los permisos se otorguen a puerta cerrada sin consulta ciudadana, y mientras el presupuesto ambiental siga siendo residual, estos eventos seguirán siendo ejercicios de relaciones públicas.
La verdadera pregunta es: ¿cuántos permisos ambientales cuestionables se aprobarán en Michoacán y otros estados antes del próximo encuentro? La respuesta dirá más sobre estas autoridades que mil comunicados oficiales.
Alejandro Gertz Manero no renunció a la Fiscalía General de la República el pasado 27 de noviembre: fue despedido con honores diplomáticos. La narrativa oficial —un octogenario que abandona el cargo más poderoso del sistema de justicia mexicano para aceptar una embajada— insulta la inteligencia ciudadana con la misma desfachatez con que este personaje utilizó la institución que dirigió durante seis años.
La pregunta no es por qué se va Gertz Manero, sino por qué tardó tanto en irse un hombre que convirtió la Fiscalía en instrumento de venganza personal, guardaespaldas de militares narcotraficantes y cementerio de expedientes sobre la corrupción más documentada de la historia reciente. México no pierde un fiscal: se libera de un operador político que jamás entendió —o jamás quiso entender— que la justicia no es patrimonio personal ni herramienta de extorsión institucional.
El currículum de Gertz Manero como fiscal es una clase magistral de cinismo burocrático. Mientras la Estafa Maestra, Odebrecht, Segalmex y el huachicol fiscal languidecen en la impunidad, este hombre encontró tiempo y recursos para meter a la cárcel a su excuñada y sobrina, acusándolas del homicidio de su hermano en un caso tan grotesco de abuso de poder que la Suprema Corte tuvo que intervenir para calificarlo de “arbitrario”.
Un fiscal que utiliza la maquinaria del Estado para resolver conflictos familiares no es guardián de la ley: es un cacique con credencial federal. Su defensa del general Cienfuegos —liberado en tiempo récord pese a las acusaciones de narcotráfico documentadas por autoridades estadounidenses— contrasta obscenamente con su persecución selectiva de enemigos personales y políticos menores. Gertz Manero no administró justicia: administró lealtades, rencores y silencios convenientes.
La farsa de su salida revela la podredumbre institucional que caracteriza al sistema político mexicano, independientemente del color partidista en el poder. Morena, que llegó prometiendo acabar con la impunidad y la corrupción, ejecuta el mismo manual priista de remoción encubierta: se negocia en lo oscurito, se ofrece un cargo decorativo, se viste la destitución de renuncia voluntaria y se aplaude la “decisión personal” del funcionario. El Senado —ese teatro de títeres donde la oposición aúlla sin morder y la mayoría oficialista vota en bloque— legitimó el jueves pasado este circo institucional con 74 votos a favor.
La “causa grave” que establece la ley para que un fiscal renuncie antes de concluir su mandato resulta ser, en la práctica mexicana, cualquier pretexto que convenga al Ejecutivo en turno. La autonomía de la Fiscalía General, esa promesa constitucional de 2019, duró exactamente lo que tardó el primer fiscal autónomo en volverse incómodo para Palacio Nacional.
Lo verdaderamente alarmante no es que Gertz Manero se vaya —su salida debió ocurrir años atrás—, sino las razones por las que finalmente se le removió. Según versiones periodísticas, el octogenario fiscal comenzó a investigar temas sensibles para la actual administración: corrupción en Pemex, huachicol fiscal, casos que salpicaban a políticos de Morena.
Es decir, cuando finalmente empezó a hacer algo parecido a su trabajo, lo despidieron. La lección es cristalina: en México puedes usar la Fiscalía para venganzas personales, proteger militares, dejar impunes casos multimillonarios de corrupción y mantener tu cargo sin problema; pero el día que toques los intereses del poder político en turno, te mandan de embajador.
Ernestina Godoy o Arturo Zaldívar —los nombres que suenan como sucesores— no son garantía de justicia: son garantía de lealtad. Y esa es exactamente la característica que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca en su fiscal.
La salida de Gertz Manero cierra un capítulo patético en la historia de la justicia mexicana, pero no abre uno esperanzador.
El problema no es solo el personaje sino el sistema que lo permitió, lo toleró y ahora lo premia con una embajada. Mientras los fiscales en México se nombren y remuevan según conveniencias políticas, mientras el Senado funcione como cámara de aprobación automática, mientras la ciudadanía acepte pasivamente estas farsas institucionales, seguiremos rotando operadores políticos con título de “Fiscal General de la República”.
Gertz Manero se va, pero la impunidad que cultivó, la justicia selectiva que practicó y el servilismo institucional que ejemplificó permanecen intactos. México no necesita un nuevo fiscal: necesita un sistema de justicia que no pueda ser prostituido por el siguiente vengativo, corrupto o servil que ocupe el cargo. Hasta que eso ocurra —si es que algún día ocurre—, seguiremos despidiendo fiscales con honores diplomáticos mientras la justicia real sigue siendo una fantasía constitucional.
COLONIAS DEL SUR DE MORELIA: DESPOJO SILENCIOSO Y LUCHA POR EL AGUA
El conflicto por el agua en las Colonias del Sur de Morelia representa un caso emblemático de despojo urbano mediante la escasez planificada. Documentado por EN15DIAS.COM como «el despojo silencioso», estas colonias enfrentan la paradoja de estar dentro de una ciudad con fuentes de agua relativamente cercanas, pero sin acceso regular al servicio.
Acá puede leer el reportaje
Esta situación no es resultado de la falta absoluta del recurso, sino de decisiones políticas sobre su distribución que priorizan zonas con mayor poder adquisitivo y relegan a los sectores populares.
La geografía del agua en Morelia reproduce las desigualdades de clase: mientras fraccionamientos privados cuentan con servicio continuo, las colonias populares del sur sobreviven con tandeos, pipas y compra de agua embotellada que representa un costo proporcionalmente mayor para economías familiares ya precarizadas.
Esta distribución desigual del recurso constituye una forma de violencia estructural que convierte el agua —derecho humano reconocido constitucionalmente— en privilegio de clase.
El OOAPAS, organismo operador municipal de agua de Morelia, participó en la Convención ANEAS 2025 hablando de «modernización», mientras miles de familias morelianas carecen de servicio básico…. Vaya, vaya…
Mientras tanto, en el caso de las Colonias Unidas del Sur evidencia cómo el OOAPAS ha operado un despojo institucional sobre un sistema de agua construido hace tres décadas mediante trabajo comunitario.
En abril de 2025, el Cabildo de Morelia aprobó la extinción de la Junta Local de Agua Potable que administraba el servicio para nueve colonias fundadoras, sin realizar consulta alguna con los habitantes que invirtieron esfuerzo físico, recursos económicos y hasta vidas humanas para construir la infraestructura.
Los colonos denuncian que esta decisión unilateral representa el desmantelamiento de un modelo de gestión comunitaria que funcionó eficientemente durante años, para transferir el control a un organismo centralizado que ha demostrado incapacidad para garantizar el suministro equitativo.
La extinción de la junta no solo vulnera el patrimonio colectivo, sino que materializa la subordinación de los derechos populares frente a intereses políticos y económicos concentrados.
Más grave aún, los habitantes acusan desvíos sistemáticos del agua que ellos mismos canalizaron desde manantiales ubicados en San Miguel del Monte, Chilarcillo y Huertitas.
Testimonios de fundadores señalan que el ayuntamiento cortó el suministro antes de que llegara a las colonias originales, instalando tomas clandestinas para llenar pipas que posteriormente se venden a precios especulativos a quienes construyeron el sistema.
Mientras las nueve colonias fundadoras sobreviven con tres pozos para más de cien asentamientos, fraccionamientos como Altozano cuentan con infraestructura privilegiada.
Este «huachicoleo institucional» —como lo denominan los colonos— no solo constituye un acto de corrupción, sino la expresión más descarnada de cómo el Estado municipal opera como agente del despojo: arrebata lo construido colectivamente, lo privatiza de facto mediante la escasez planificada, y lucra con la venta del recurso a quienes tienen derecho legítimo sobre él. Vaya, vaya…
¿GUARDIANES DEL AGUA?
Vaya, vaya… El OOAPAS sigue en su campaña mediática cacareando el programa llamado “Guardianes del Agua”que incorpora a 250 niños morelianos al “cuidado del recurso”.
Y es que más allá de campañas de educación ambiental que intentan educar a niños sobre importancia del agua, la narrativa municipal intenta reponsabilizar a la ciudadanía acerca de la ineficiencia operativa del OOAPAS.
Y es que el mensaje es implícito: “cuiden el agua porque es escasa”, ocultando que escasez es producto de modelo político-económico, no de desperdicio doméstico.
Los 250 niños “guardianes” probablemente aprenden a cerrar llaves, reducir tiempo de baño, y reportar fugas. Todo correcto pedagógicamente, pero insuficiente políticamente: mientras ellos cuidan litros, se pierden metros cúbicos por fugas no atendidas, agroindustrias consumen volúmenes masivos para exportación, y empresas embotelladoras privatizan manantiales, y claro el negocio inmobiliario que despoja de tierras y acapara el agua.
La desproporción entre responsabilidad asignada a usuarios domésticos versus grandes consumidores corporativos es obscena. Los niños no pueden ser “guardianes” de un recurso cuyo control no tienen.
El programa sólo funciona como legitimador del OOAPAS. Y es que el organismo presenta una imagen de compromiso ambiental mediante la educación infantil mientras falla en garantizar el servicio universal en la ciudad.
Es muy común que los gobiernos e instituciones con gestión deficiente compensen con programas de “concientización” que transfieren la responsabilidad a ciudadanía. Si hubiera agua suficiente para todas las colonias morelianas, si la distribución fuera equitativa, si las tarifas fueran justas, entonces educar sobre uso responsable sería complemento. Pero en contexto actual, es distracción.
Verdadera educación hídrica crítica enseñaría a niños no sólo a cerrar llaves sino a cuestionar: ¿por qué mi colonia no tiene agua mientras los fraccionamientos privados sí? ¿Por qué el OOAPAS no repara fugas? ¿Cuánta agua consumen embotelladoras que operan en Morelia?
Educación crítica empodera para exigir derechos, no para conformarse con escasez. Los 250 niños deberían ser “guardianes” no del agua sino de su derecho al agua, aprendiendo a organizarse y exigir que el municipio cumpla su obligación de garantizar el servicio universal, equitativo y suficiente del agua. Vaya, vaya…
AGROEXPORTACIÓN Y CORREDORES LOGÍSTICOS DEL DESPOJO
Vaya, vaya… El anuncio de un nuevo distribuidor vial en Zamora para “impulsar la agroexportación”, junto con la priorización de modernizar el Puerto de Lázaro Cárdenas en el Plan Michoacán, revela la estrategia territorial del gobierno estatal y federal: consolidar a Michoacán como plataforma de extracción y exportación de commodities agrícolas e industriales.
Hay que decirlo claro: Esta infraestructura no se construye para soberanía alimentaria local sino para facilitar flujos globales de mercancías, especialmente aguacate, berries y manufacturas.
Zamora, epicentro de la producción de berries, concentra agronegocios que han transformado radicalmente el paisaje hidrosocial michoacano.
Y es que el distribuidor vial es infraestructura para que productos lleguen más rápido a Lázaro Cárdenas y de ahí a mercados internacionales, principalmente estadounidenses. Es decir, el agua michoacana se exporta congelada en berries y aguacates.
La modernización de Lázaro Cárdenas responde además a la reconfiguración geoeconómica del T-MEC y estrategias de nearshoring: empresas relocalizándose de Asia a México para acceder a mercado estadounidense. Michoacán se posiciona para captar inversiones, pero ¿a qué costo hídrico y territorial?
Los corredores agroindustriales requieren agua para manufactura, mientras el puerto necesita servicios urbanos para población trabajadora. La presión sobre acuíferos ya sobreexplotados se intensificará.
La contradicción es evidente: Michoacán se enorgullece de liderar “protección comercial de productos artesanales y agropecuarios” mientras trabajadores que cosechan esos productos carecen de derechos básicos.
El modelo Zamora-Lázaro Cárdenas profundiza la injusticia hídrica, la explotación de la fuerza de trabajo y la devastación ambiental acompañada de precariedad social, sin embargo al modelo económico impulsado mediante la justifiación de la reindustrialización no le importa. Vaya, vaya…
AGROSANO Y LA ILUSIÓN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
Vaya, vaya… La Secretaría de Agricultura reporta que el programa Agrosano ha entregado 150 mil aves e insumos para «soberanía alimentaria» de 15 mil familias michoacanas.
Estas cifras suenan impresionantes pero requieren análisis: diez aves por familia (asumiendo distribución equitativa) no constituyen soberanía alimentaria sino paliativo. La soberanía implica control sobre sistemas productivos completos, no dependencia de entregas gubernamentales de insumos. Este asistencialismo avícola no transforma estructuras de acceso a tierra, agua y mercados.
El programa ocurre mientras el modelo agroexportador michoacano se consolida, contradicción reveladora: apoyos simbólicos a agricultura familiar versus infraestructura masiva para agronegocios.
Las 150 mil aves entregadas son insignificantes comparadas con millones de pollos que producen granjas industriales michoacanas, o con hectáreas de monocultivo aguacatero que desplazan agricultura diversificada.
El programa Agrosano es cortina de humo que permite declarar compromiso con soberanía alimentaria sin cuestionar el modelo que la destruye.
Verdadera soberanía alimentaria requeriría garantizar agua para agricultura campesina, recuperar tierras de monocultivos exportadores, proteger semillas nativas, construir mercados locales y precios justos.
Implica decisión política de priorizar alimentación local sobre divisas de exportación. Nada de esto ocurre en Michoacán, donde aguacate y berries avanzan devastadoramente mientras maíz y frijol retroceden. Las aves de Agrosano no compensan pérdida de autonomía alimentaria que implica el modelo agroexportador.
Además, estos programas generan dependencia político-clientelar: familias beneficiarias quedan vinculadas a continuidad del apoyo gubernamental, mecanismo de control social.
La verdadera y genuina soberanía alimentaria empodera a comunidades para producir independientemente del Estado y mercados globales. Los programas asistenciales, por el contrario, perpetúan subordinación.
Si el gobierno realmente buscara soberanía alimentaria, garantizaría acceso a agua, tierra y tecnología apropiada, no entregas anuales de insumos que mantienen a productores en ciclo de dependencia. Vaya, vaya…
1,500 EJIDOS ABANDONADOS: EL DESPOJO SILENCIOSO DEL MÉXICO RURAL
Que 1,500 ejidos y comunidades hayan abandonado labores agrícolas es dato devastador que sintetiza el colapso del campo mexicano. Este abandono no es decisión voluntaria sino resultado de condiciones materiales imposibles: sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay permanencia territorial.
Detrás de la cifra hay miles de familias campesinas que migraron, vendieron tierras a agronegocios, o resisten en condiciones de subsistencia extrema. Es vaciamiento del México rural como proyecto político.
Checa la nota:
Las causas del abandono son múltiples pero interconectadas: acaparamiento de agua por grandes usuarios, degradación de suelos, falta de apoyos institucionales, precios agrícolas deprimidos, violencia.
Sin embargo, la dimensión hídrica es determinante: ejidos que históricamente cultivaban con agua de manantiales, pozos comunales o asignaciones federales, perdieron acceso cuando el recurso fue reasignado a usuarios más «productivos» o cuando acuíferos se sobreexplotaron sin regulación. El despojo hídrico es instrumento de despojo territorial.
¿Quién ocupa ahora las tierras de esos 1,500 ejidos abandonados? Probablemente agronegocios exportadores, desarrollos inmobiliarios, proyectos mineros o energéticos.
El abandono campesino libera territorios para acumulación capitalista: lo que se presenta como «fracaso» de agricultura ejidal es en realidad despojo planificado mediante política hídrica que favorece grandes capitales.
La reforma a la Ley de Aguas debería priorizar recuperar agua para estos ejidos, pero nada indica que vaya en esa dirección.
El silencio mediático sobre los 1,500 ejidos contrasta con la sobreexposición de bloqueos carreteros por «productores privilegiados». Esta asimetría informativa construye narrativa donde campesinos son obstáculo al desarrollo, ocultando que son víctimas de modelo que los expulsa.
Cada ejido abandonado representa pérdida de soberanía alimentaria, biodiversidad, cultura campesina y tejido comunitario.
Es genocidio cultural silencioso que se consuma mediante escasez hídrica planificada. Sin política de recuperación de estos ejidos, con garantía de agua, tierra y apoyos, cualquier discurso de soberanía alimentaria es hipocresía.
GEOPOLÍTICA HÍDRICA EN LA FRONTERA
La presión estadounidense para que México entregue agua según tratados binacionales expone dimensión geopolítica de la crisis hídrica: el agua mexicana está comprometida internacionalmente, limitando soberanía sobre su uso.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar volúmenes específicos desde presas del norte a Estados Unidos, obligación que en años de sequía entra en conflicto directo con necesidades de comunidades mexicanas. La pregunta es: ¿agua para quién, para Texas o para Tamaulipas?
Los productores tamaulipecos enfrentan escasez mientras agua de presas es enviada al norte del Río Bravo. Esta situación replica colonialismo hídrico: recursos naturales mexicanos comprometidos para beneficio extranjero mediante tratados firmados en contextos de asimetría de poder.
El tratado de 1944 fue negociado cuando México tenía mínima capacidad de resistir presión estadounidense, y hoy sus términos se revelan lesivos a soberanía hídrica nacional.
EU presiona mediante amenazas comerciales: incumplir entregas de agua podría derivar en represalias en T-MEC o aranceles.
Esto coloca a México en posición subordinada: debe elegir entre cumplir compromisos internacionales o atender necesidades de su población. La presión se intensifica en contexto de cambio climático que reduce disponibilidad hídrica: las cuotas del tratado fueron calculadas con precipitaciones históricas que ya no ocurren, volviendo los compromisos aún más onerosos.
La renegociación del Tratado de Aguas debería ser prioridad de política exterior mexicana, pero implica confrontar a Estados Unidos en tema sensible. Washington necesita agua mexicana para agricultura texana y otros estados fronterizos, y no cederá fácilmente.
Sin embargo, mantener el tratado tal cual es insostenible: México no puede garantizar agua a su población si la está exportando obligadamente. La soberanía hídrica requiere soberanía política, y esto implica capacidad de renegociar tratados desiguales, aunque EU presione. El agua no puede seguir siendo moneda de cambio en relación subordinada.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.
¡Hasta la próxima semana!
El (resumen) Semanal: Semana #48: del 24 al 30 de noviembre de 2025
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