Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #49: del 1 al 7 de diciembre de 2025
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.El (resumen) Semanal: Semana #49: del 1 al 7 de diciembre de 2025
El (resumen) Semanal: Semana #49: del 1 al 7 de diciembre de 2025
Por: en15dias.com
YA HAY LEY DE AGUAS
Vaya, vaya… mientras el país cierra el año, el Congreso de la Unión decidió acelerar —sin pausa y casi sin respirar— la aprobación de una de las reformas más profundas al marco hídrico en tres décadas. La Ley General de Aguas, largamente anunciada por el nuevo gobierno, pasó de San Lázaro al Senado en un abrir y cerrar de ojos, dejando más preguntas que certezas sobre el rumbo real de la política pública en torno a uno de los bienes más disputados de México.
Y es que la Cámara de Diputados avaló el dictamen tras más de 24 horas de sesión, en un proceso saturado de posicionamientos pero huérfano de debate técnico. Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la mayoría oficialista dio por cumplida la promesa de “recuperar al Estado como rector del agua” y desmontar los mercados paralelos y el acaparamiento que la Ley de Aguas Nacionales —símbolo del viejo ciclo neoliberal— permitió prosperar durante décadas.
La narrativa fue clara: “devolver al agua su carácter de derecho humano, frenar abusos y poner orden” en un país donde la injusticia hídrica aún pesa.
Sin embargo, en el México real, donde las concesiones han sido capital político, económico y territorial, la confianza no se gana con discursos. La oposición denunció que los cambios son insuficientes, que se mantienen vacíos críticos y que la eliminación de la transmisibilidad de concesiones —tal como está planteada— pega directamente en la economía rural, desvaloriza tierras y erosiona la autonomía campesina. Y no solo eso: advierten que el nuevo esquema abre la puerta a una recentralización del poder hídrico que podría favorecer, paradójicamente, a los grandes jugadores de siempre.
Como si fuera poco, el Senado optó por el fast-track más puro: sin comisiones, sin consultas adicionales y sin revisar las más de 500 propuestas ciudadanas que, de manera express, se debatieron en foros de Parlamento Abierto. En cuestión de horas, con 85 votos a favor y 36 en contra, se cerró el ciclo legislativo.
Para colectivos, académicos, comunidades y organizaciones como Agua para Todos, la señal fue inequívoca: la ley no solo ignoró las propuestas que buscaban frenar privatizaciones, proteger derechos de pueblos indígenas o sancionar con fuerza la contaminación, sino que validó una lógica de imposición institucional donde la Conagua opera como árbitro único del recurso, sin contrapesos reales.
Ninguna reforma hídrica puede leerse aislada del territorio y del poder. Al redefinir quién distribuye, quién vigila y quién castiga, el Estado reconfigura también quién gana y quién pierde en la disputa por el agua. Y en este caso, el modelo elegido parece apostar a una centralización que, sin participación comunitaria, puede reproducir las mismas inequidades que dice combatir.
De un lado, la promesa de ordenar concesiones, frenar el acaparamiento y priorizar el consumo humano; del otro, el riesgo de criminalizar prácticas del campo, sancionar a quienes carecen de infraestructura formal y mantener intacta la estructura extractiva que históricamente ha drenado ríos, lagos y acuíferos de los pueblos originarios.
Mientras tanto, en los territorios, la inconformidad crece. Campesinos, comunidades ribereñas y organizaciones socioambientales advierten que no fueron escuchados.
Que sus diagnósticos, alertas y propuestas quedaron fuera. Que una ley aprobada en horas difícilmente resolverá problemas de décadas. Y que el agua seguirá siendo un campo de disputa donde se juega, no solo la sustentabilidad, sino la justicia social…. Vaya, vaya…
VALIDEZ DEL PROCESO EN SAN MIGUEL DEL MONTE
El Instituto Electoral de Michoacán declaró válidos los resultados de la consulta realizada en San Miguel del Monte, donde la comunidad decidió —por 446 votos contra 379— no ejercer su derecho a autogobierno indígena ni administrar directamente su presupuesto.
La diferencia de 67 votos revela un proceso profundamente dividido, en el que la discusión sobre el método de votación terminó siendo tan decisiva como el fondo mismo del debate sobre autonomía.
Durante meses se confrontaron dos visiones: quienes defendían el uso de urnas para garantizar libertad individual y quienes sostenían que la mano alzada preservaba la forma tradicional de deliberación colectiva. Una consulta preliminar inclinó la balanza a favor de las urnas, y ese mecanismo marcó el rumbo del proceso final del 12 de octubre.
El resultado implica que San Miguel del Monte continuará bajo la administración del Ayuntamiento de Morelia. En términos territoriales, esto significa que las decisiones sobre presupuesto, agua, bosques y manejo de bienes comunales seguirán centralizadas fuera de la comunidad.
Para un sector, esto preserva estabilidad institucional y abre la puerta a proyectos de desarrollo inmobiliario en la zona; para otro, constituye la renuncia a una oportunidad histórica para fortalecer la autonomía indígena y el control comunitario del territorio.
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán confirmó la validez del proceso, pero esa resolución no alcanza a resolver la tensión de fondo: una comunidad Pirinda que enfrenta presiones crecientes —urbanas, económicas y ambientales— mientras las instituciones vuelven a alinearse no con los intereses colectivos sino con grupos de poder locales.
En San Miguel del Monte, esa fuerza se expresa en una minoría organizada, con intereses inmobiliarios y vínculos con actores externos, capaz de incidir políticamente por encima de la mayoría comunal que depende del bosque, de sus manantiales y de un ordenamiento territorial basado en el uso sustentable del ecosistema.
El episodio vuelve a mostrar que, cuando se dirimen decisiones sobre territorio, las instituciones suelen privilegiar las voces con capital económico y político por encima de los mecanismos comunitarios y de defensa del bien común.
La disputa en San Miguel del Monte no termina con la declaratoria del IEM: apenas deja al descubierto un conflicto más profundo sobre qué modelo de gobernanza requiere la comunidad para enfrentar el avance urbano, la presión sobre sus recursos forestales y el despojo de sus manantiales. Veremos…
CONFIRMAN CONTAMINACIÓN POR PLANTA GEOTÉRMICA EN ORIENTE DE MICHOACÁN
Investigadores de la Universidad Michoacana presentaron un estudio que confirma la presencia de metales pesados asociados a la operación de la planta geotérmica Los Azufres, afectando manantiales en municipios como Zinapécuaro e Hidalgo.
Entre los elementos detectados se encuentran arsénico, boro, aluminio, estroncio, antimonio y silicio, todos con potencial de causar daños en riñón y otros órganos, según literatura científica internacional.
El reporte revela un dato alarmante: cerca del 50% de las personas con enfermedad renal en la región son menores de 30 años, lo que rompe patrones epidemiológicos convencionales. Las plantas geotérmicas pueden perder hasta 35% de vapor con materiales no condensables que se diseminan a la atmósfera, lo que coincide con la presencia de contaminantes en el agua superficial y subterránea.
Investigadores y comunidades consideran que existe suficiente evidencia para exigir responsabilidad a la CFE.
Las autoridades estatales respondieron que un laboratorio certificado no encontró metales a niveles tóxicos, solo presencia de bacterias. Esta contradicción ha profundizado la desconfianza social, pues los estudios comunitarios y académicos muestran patrones consistentes con contaminación industrial.
Casos similares en México y otros países muestran que la disputa por la “verdad técnica” es habitual en conflictos socioambientales donde existe asimetría de poder entre comunidades y empresas estatales.
Comunidades de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío exigen que se cubran gastos médicos de los enfermos renales, se otorguen pensiones a familias de personas fallecidas y se reparen los daños ambientales.
El caso ejemplifica cómo los territorios se convierten en zonas de sacrificio energético, cargando con los impactos de proyectos cuyo beneficio se concentra en centros urbanos e industrias. Y es que, la ausencia de monitoreo independiente y permanente continúa siendo una deuda estructural del Estado mexicano…. Vaya, vaya…
REFORMAS AMBIENTALES
Vaya, vaya… mientras Michoacán intenta contener el avance del extractivismo que ha devorado bosques y acaparado agua, el gobierno lanzó una reforma constitucional ambiental que promete cambiar las reglas del juego.
La medida estrella —un certificado ambiental obligatorio para cualquier compraventa de predios— apunta directamente al circuito irregular de deforestación y especulación inmobiliaria que alimentó la expansión del aguacate.
Ahora, ningún terreno podrá venderse sin dictamen ambiental ante notario y Registro Público, y quienes adquieran predios deforestados deberán asumir las responsabilidades legales.
La reforma también invierte la carga de la prueba: ya no será la ciudadanía la que deba demostrar el daño, sino el presunto responsable quien deberá acreditar que no lo causa. Un giro acorde al principio precautorio y al Acuerdo de Escazú, que podría reconfigurar litigios ambientales en un estado donde denunciar ha sido más riesgo que derecho.
A ello se suma la constitucionalización del Guardián Forestal, que dejará de ser un sistema técnico para convertirse en obligación estatal, con monitoreo permanente del territorio y uso de geoprocesamiento para detectar cambios de uso de suelo.
En un gesto inédito, Michoacán también incorpora la protección animal a nivel constitucional, al establecer el principio de trato digno y libre de crueldad. Pero el anuncio que reveló con crudeza la dimensión de la crisis hídrica fue otro: la identificación de 37 mil ollas de agua, algunas del tamaño de presas, utilizadas para acaparamiento privado en zonas agrícolas.
El gobierno promete un “Guardián del Agua” para enfrentar estas prácticas que han dejado a comunidades enteras sin abasto para consumo humano.
La iniciativa reconoce además la legitimación amplia para que cualquier persona pueda exigir reparación ambiental, haciendo del derecho al medio ambiente sano un derecho exigible y no una aspiración declarativa. Con ello, el gobierno busca consolidar un Estado garante, capaz de enfrentar delitos ambientales con herramientas jurídicas más robustas.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿pueden estas reformas transformar un territorio marcado por intereses económicos, controles fácticos y mercados ilegales de tierra y agua? Entre la promesa de sostenibilidad constitucional y la realidad de bosques talados y cuencas capturadas, Michoacán ensaya un modelo que solo podrá medirse en el territorio, allí donde las leyes se encuentran —o se rompen— frente a la vida real.
¿OTRO ENDEUDAMIENTO ALFONSO JESÚS?
Vaya, vaya… El Cabildo de Morelia aprobó gestionar y contratar créditos de largo plazo por hasta 345 millones de pesos, con cargo a participaciones federales, para financiar la construcción de una nueva planta potabilizadora y obras hidráulicas complementarias.
La votación cerró con 14 votos a favor y 2 en contra, en medio de reclamos por la falta de información técnica, ambiental y financiera entregada a tiempo.
El alcalde panista Alfonso Jesús Martínez Alcázar afirmó que el costo total del proyecto asciende a 580 millones de pesos y será financiado bajo un esquema tripartita: Federación (50%), Estado (25%) y Municipio (25%).
El crédito se sustentará mediante un mandato irrevocable, lo que compromete ingresos municipales futuros y limita la autonomía hacendaria.
Regidoras como Edna Martínez Nambo (PRI) y Verónica Zamudio votaron en contra señalando que no se presentó la constancia actualizada del sistema de alertas, ni una lista clara de obras asociadas al endeudamiento. Advirtieron que aprobar un crédito sin documentación básica vulnera principios de transparencia y responsabilidad financiera.
Y es que, el caso refleja un patrón recurrente en Morelia: megaproyectos urbanos decisivos para el acceso al agua se aprueban con opacidad, desplazando la participación social y privilegiando decisiones tecnocráticas que no necesariamente atienden los problemas estructurales de las cuencas.
El gobierno municipal sostiene que la nueva planta garantizará el abasto de agua para los próximos 20 años, aportando alrededor de 400 litros por segundo. Sin embargo, todavía no existe un estudio público de factibilidad ni un dictamen ambiental que confirme la capacidad real de la presa de Cointzio para sostener esa extracción a largo plazo.
La cuenca presenta problemas históricos de contaminación, deforestación y sedimentación que reducen su capacidad de almacenamiento y elevan los costos de potabilización. Tampoco se ha delimitado el sitio exacto de la obra, aunque el alcalde panista adelantó que podría ubicarse entre Cointzio y Villas del Pedregal, aprovechando la gravedad para reducir los costos de bombeo.
Esta zona es una franja urbana en expansión donde intereses inmobiliarios, presión sobre servicios y desigualdad hídrica son temas críticos que no aparecen en la discusión pública del proyecto, ya que son impulsados por el gobierno estatal y municipal.
La propuesta incluye la construcción de colectores para llevar aguas residuales a la planta tratadora de Atapaneo, pero especialistas señalan que la infraestructura gris, por sí sola, no resuelve la crisis hídrica si no se acompaña de restauración de cuencas, control de descargas, recuperación de suelos y manejo forestal.
En Morelia, la sobrecarga en la red, el crecimiento urbano disperso y el deterioro de las microcuencas agravan el desabasto en colonias periféricas, por lo que una planta potabilizadora sin estrategia integral podría terminar siendo un paliativo costoso.
El Ayuntamiento prevé iniciar construcción en 2026, siempre que se cierren los acuerdos con los tres niveles de gobierno y el Congreso del Estado autorice el endeudamiento. Sin embargo, hay que advertir que el proyecto podría convertirse en otro megaproyecto urbano aprobado sin evaluación socioambiental, sin consulta ciudadana y sin una gobernanza del agua que responda a las desigualdades territoriales que más golpean a la población…. Vaya, vaya…
HONORIS CAUSA EMPRESARIAL
Vaya, vaya… en tiempos donde la frontera entre lo público y lo privado parece más tenue que nunca, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo decidió entregar un Doctorado Honoris Causa al empresario Enrique Ramírez Villalón, en una ceremonia cargada de emotividad, discursos solemnes y apelaciones a la paz social.
Y mientras las autoridades universitarias destacaban su “trayectoria inspiradora” y su contribución a las vocaciones productivas del estado, quedaba flotando en el aire una pregunta incómoda: ¿en qué momento una universidad pública comenzó a otorgar distinciones académicas como si fueran premios al mérito empresarial?
Porque si bien nadie niega que Ramírez Villalón ha generado empleos y consolidado un grupo empresarial influyente en Michoacán, la narrativa oficial evitó cualquier referencia a los beneficios, arreglos y relaciones que han acompañado ese ascenso. En la retórica institucional, el empresario encarna uno de los pilares de la paz —el empleo— mientras que la universidad representa el otro —la educación—, como si ambas esferas coincidieran de manera natural y armónica.
Pero detrás del escenario, la pregunta persiste: ¿qué significa para una universidad pública validar con un título honorífico a un representante de un sector que ha crecido también gracias a dinámicas que no siempre pasan por el escrutinio académico, la transparencia o el interés colectivo?
Y es que, en la lógica de la ceremonia, todo encajaba con perfección simbólica: la paz “no se decreta, se construye”, decía el discurso; se edifica desde el trabajo y el conocimiento. Pero la misma universidad que enfrenta recortes, precarización docente y presiones políticas opta por reconocer a un empresario cuya trayectoria, aunque relevante en términos económicos, no necesariamente se inscribe en la producción de ciencia, pensamiento crítico o aportes intelectuales que suelen justificar un Honoris Causa.
Lo que sí se inscribe, en cambio, es la cercanía entre elites políticas, económicas y universitarias.
Llama la atención —y preocupa— que la institución pública que debería ser guardiana de la autonomía, el rigor académico y el servicio social recurra a estas ceremonias para generar alianzas simbólicas con el poder empresarial.
En un estado marcado por desigualdades profundas, conflictos territoriales y disputas por la riqueza, estos reconocimientos no solo reafirman estructuras de supuesto prestigio, sino que también desplazan el sentido original de estos títulos: honrar aportes excepcionales al conocimiento, la cultura o la humanidad.
Pero en Michoacán, como en buena parte del país, los títulos honoríficos han dejado de ser únicamente un gesto académico para convertirse en un puente de legitimidad mutua: la universidad reconoce al empresario; el empresario reconoce a la universidad; ambos se fortalecen en un intercambio donde la sociedad observa a distancia, preguntándose dónde queda el interés público en esta coreografía institucional.
PROYECTO ESFERA: LA CIUDAD DESIGUAL QUE YA COMENZÓ
Vaya, vaya… mientras la ciudad discute cómo sobrevivir con tandeos semanales y fugas interminables, la realidad urbana ofrece otra postal: las vallas metálicas del Proyecto Esfera ya cercan la avenida, como se ve en la imagen —un largo muro publicitario que presume torres, cristal y “modernidad”— anunciando que el megaproyecto de la familia Ramírez ha entrado en fase de arranque físico.
En la foto —capturada en el corazón de la zona dorada de Morelia— se observan automóviles avanzando por una calle angosta, banquetas deterioradas y, en contraste, la imponente barda que promete “Tu ciudad en la ciudad”. Es el sello de la desigualdad urbana: del lado derecho, renders luminosos de edificios de lujo; del lado izquierdo, la Morelia real, parchada y con infraestructura al límite.
Y mientras los anuncios del futuro brillan impecables, la ciudad que los rodea sigue sin resolver lo elemental: agua, suelo, bosques, planeación.
Porque Esfera no es un proyecto cualquiera. Es la nueva joya inmobiliaria del grupo de poder más influyente de Michoacán: la familia Ramírez. Un complejo de residencias premium, centro comercial, oficinas, hospital y hotel que promete desarrollo… pero a costa de una crisis hídrica que no da para más.
Morelia pierde entre 40 y 60% de su agua potable antes de llegar a las casas. De los 140 pozos, 25 están abatidos. Entre 40 y 100 colonias reciben agua solo una vez a la semana. Algunas sobreviven con pipas. Y, por si fuera poco, se degrada el Cerro del Águila, pieza clave para la recarga de Mintzita, y se expande la mancha urbana sin prever agua ni drenaje.
Aun así, el proyecto de los Ramírez avanza. Vallas montadas, obra cercada, terreno listo. Lo que no hay —ni se muestra en ningún lado— son estudios públicos de impacto hídrico, forestal o urbano. Transparencia cero, permisos discretos y mucha complicidad institucional.
CUANDO EL PODER ECONÓMICO MARCA LA AGENDA
Vaya, vaya… mientras el país discute entre reformas, sobresaltos económicos y la sobredosis cotidiana de buenas intenciones oficiales, la semana dejó una postal que confirma, una vez más, dónde se sigue decidiendo el rumbo del llamado “desarrollo”: mesas largas, salas discretas, empresarios de las cúpulas históricas y una presidenta que busca asegurar que el Plan México no naufrague en la tormenta global.
Y es que, en cuestión de horas, Claudia Sheinbaum se reunió con lo más granado del Consejo Mexicano de Negocios y, casi al mismo tiempo, consolidó en Palacio Nacional un consejo para la promoción de inversiones, un nuevo espacio de articulación con la élite económica. Dos escenarios distintos, un mismo mensaje: la gobernabilidad se negocia de la mano empresarial.
En el Museo Kaluz, entre cuadros, mármol y el entusiasmo protocolario de los anfitriones, Sheinbaum llegó con un “¡Viva México!” a un encuentro que, más allá de lo ceremonial, condensa la larga historia del poder económico concentrado. Ahí estaban Claudio X. González Laporte, Germán Larrea, Daniel Servitje y Carlos Slim Domit, esa constelación que, en México, desde hace décadas, no sólo influye, sino que condiciona y que ha saqueado a este país.
Altagracia Gómez, pieza clave de la articulación económica del nuevo gobierno, aseguró que se hablaría de “perspectivas económicas”: una frase neutra para nombrar algo menos simple, porque lo que está en juego es el modelo de inversión en tiempos de relocalización, tensiones geopolíticas y un T-MEC bajo el asedio de Trump.
El Consejo Mexicano de Negocios sigue siendo, aunque se niegue, un espacio donde se tantean límites, expectativas y acuerdos tácitos.
Para fortalecer este discurso, en Palacio Nacional, otra foto: Carlos Slim —en versión padre e hijo— junto a Bernardo Gómez, José Antonio Fernández Garza, Laura Diez Barroso y el resto del selecto grupo convocado para formalizar el nuevo consejo de promoción de inversiones. Aquí la narrativa fue más explícita: acelerar inversiones, abrir espacios, destrabar proyectos de infraestructura y energía, y reunirse de manera periódica.
Todo bajo la sombrilla del Plan México, esa apuesta de reindustrialización verde, digital y “social” que busca capitalizar el nearshoring y vender estabilidad en tiempos de turbulencia. El empresariado celebra la creación de mesas técnicas que les permiten interlocución directa, análisis fino y, sobre todo, certidumbre.
Aquí cabe preguntarse ¿quién define el rumbo del territorio cuando se habla de inversión? ¿qué tensiones se abren cuando las apuestas económicas se montan sobre infraestructura energética, parques industriales, agua, suelo y regiones enteras sometidas a presiones extractivas? Y es que lo que se configuran son las alianzas que permiten a los grandes conglomerados participar en la obra pública, en la logística y en la energía bajo nuevas etiquetas de “transición”, “sustentabilidad” o “integración continental”.
El discurso de “hagamos equipo” puede sonar amable, pero en la práctica significa negociar con quienes concentran el capital, las cadenas de suministro y, en muchos casos, quienes han provocado los conflictos socioambientales más relevantes del país.
Como si fuera poco, la ampliación de estos grupos de trabajo confirma que el nuevo gobierno entiende el nearshoring como un proyecto de país que depende de la celeridad empresarial. Se habla de inversiones mixtas, de infraestructura acelerada y de energía “suficiente”, pero no de los límites ecosistémicos, ni del agua, ni de la capacidad de carga de los territorios.
Y aquí otra pregunta fundamental: ¿qué lugar tendrán las comunidades, los pueblos, los trabajadores y los territorios frente a la maquinaria del capital organizado? La agenda del desarrollo regional no se construye sólo con mesas empresariales; se construye escuchando los conflictos que hoy se multiplican donde las inversiones aterrizan sin participación social ni evaluación ambiental robusta.
En el doble movimiento de esta semana —reunión con el CMN y creación del consejo de inversiones— se perfila el tipo de gobernanza que Sheinbaum está ensamblando: un puente sólido con la cúpula empresarial, una estrategia de certidumbre para el capital y una narrativa de colaboración que busca evitar choques en un momento de vulnerabilidad internacional.
Falta ver si el equilibrio entre crecimiento, derechos y sostenibilidad se sostendrá más allá de los comunicados. Porque en México, donde el poder económico se entrelaza con el político desde hace generaciones, la cuestión no es si habrá inversión, sino bajo qué reglas y con qué impactos; no es si habrá diálogo, sino quién queda fuera de él; no es si habrá desarrollo, sino quién paga los costos ecológicos y territoriales de ese supuesto progreso. Vaya, vaya…
SE LE CEBÓ A LA PROMOVENTE
Vaya, vaya… a la promovente se le volvió a cebar el intento. Y es que, en una Corte donde las tensiones entre control institucional y defensa de los bienes comunes marcan cada votación, el proyecto de Yasmín Esquivel para restringir el acceso al amparo ambiental terminó, otra vez, estrellado contra la mayoría del pleno.
Lo que se jugaba no era menor: definir si las organizaciones ambientales y de derechos humanos seguirían pudiendo litigar en nombre de bosques, ríos y comunidades, o si el Estado cerraría la puerta a la defensa colectiva para dejar el terreno más despejado a los proyectos de siempre.
La sesión del 4 de diciembre se convirtió en ese momento incómodo donde la narrativa del “orden” y de la “técnica jurídica” ya no alcanza. Siete ministras y ministros dijeron no; no a limitar el interés legítimo, no a exigir una afectación individual directa, no a un criterio que habría desarmado décadas de litigio estratégico, comunitario y ambiental.
🔴#EnVivo | Sesión del Pleno de la #NuevaSCJN, 04 de diciembre de 2025.@HugoAguilarOrti @LeniaBatres @YasminEsquivel_ @lorettaortiza @MtraEstelaRios @Giovanni_F_M @IrvingEspinosa_ @AristidesRodri https://t.co/jCMGfQkP2d
— Suprema Corte (@SCJN) December 4, 2025
Una mayoría que frenó —por ahora— el avance de un proyecto que nunca terminó de justificar por qué un derecho colectivo debía defenderse de manera individual, como si el agua contaminada o el bosque arrasado preguntaran credencial antes de dañar.
La promovente, que insistió en llevar el proyecto por tercera ocasión, vio cómo nuevamente su propuesta se derrumbó.
Pero lo que realmente quedó expuesto con la pretensión de la ministra Yazmín Esquivel es algo más profundo: la intención de acotar el litigio ambiental en un momento donde los conflictos socioambientales crecen, las defensoras son asesinadas y las comunidades siguen enfrentando megaproyectos, contaminación y acaparamiento de agua. Vaya, vaya….
¡RESUELVA LAS PROBLEMÁTICAS!
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio histórico para transversalizar la perspectiva de género en políticas, programas y acciones ambientales. Alicia Bárcena y Citlalli Hernández encabezaron la firma, subrayando que las mujeres —en especial aquellas de comunidades rurales e indígenas— sostienen buena parte de la defensa del territorio, el cuidado del agua y la protección de los bosques.
El convenio reconoce un punto central: las defensoras ambientales enfrentan un patrón persistente de violencia que va de las amenazas y la criminalización hasta los asesinatos. México sigue figurando entre los países más peligrosos para quienes defienden la tierra y el ambiente, y las mujeres padecen además violencia de género y estigmas comunitarios e institucionales. Por ello, el acuerdo plantea mecanismos específicos de protección con vigencia hasta 2030.
En medio de este panorama, resulta imposible ignorar la contradicción de un aparato institucional que, mientras despliega un discurso buenaondita sobre empoderamiento y transversalidad, mantiene sin resolver las problemáticas socioambientales que ponen en riesgo la vida de las defensoras: la contaminación industrial que enferma comunidades, el acaparamiento de agua por corporaciones, el avance de megaproyectos que fragmentan territorios y la impunidad frente a los actores que los impulsan.
Más aún, son justamente esas empresas —señaladas por impactos y conflictos— las que encuentran asiento privilegiado en mesas de diseño de políticas públicas que se presentan como innovadoras, sostenibles o “circulares”. En no pocos casos, la llamada economía circular funciona más como dispositivo de greenwashing que como herramienta de transformación estructural.
Aun así, el convenio marca un avance simbólico y operativo. La consigna “el futuro será feminista o no será” sintetiza la idea de que no puede haber justicia ambiental sin justicia de género, especialmente en regiones donde las mujeres encabezan resistencias frente a minería, tala ilegal, privatización del agua y megaproyectos energéticos, aunque históricamente han sido excluidas de los espacios de decisión.
Entre las acciones anunciadas se encuentra la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en Áreas Naturales Protegidas, la capacitación de personal federal y la incorporación de protocolos de atención a defensoras en oficinas regionales de la SEMARNAT.
No obstante, especialistas advierten que la efectividad dependerá del presupuesto asignado, la voluntad institucional y la articulación con las organizaciones feministas y ambientales que ya trabajan en territorio, para evitar que la agenda de género ambiental quede atrapada entre la retórica y el greenwashing.
SE CONFIRMA EL “GREENWASHING”
Vaya, vaya… como si el déjà vu ambiental no fuera ya parte del paisaje político mexicano, ahora resulta que la SEMARNAT insiste —otra vez— en empujar una ley de “economía circular” que huele más a humo de incineradora que a transformación ecológica.
Y es que, mientras el discurso oficial presume innovación y sostenibilidad, el contenido real de la iniciativa vuelve a confirmar lo que desde en15dias.com ya habíamos documentado: puro greenwashing de alto calibre, diseñado más para tranquilizar a las corporaciones que para enfrentar la crisis de residuos.
Porque conviene decirlo sin rodeos: la propuesta presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños-Cacho Cué —y confeccionada de la mano de la propia SEMARNAT con apoyo del sector privado— nunca pasó por el tamiz del conocimiento científico independiente, ni por los movimientos socioambientales, ni por especialistas que llevan décadas advirtiendo que no hay salida tecnológica para un modelo basado en producir, desechar y volver a producir. Pero sí pasó, eso sí, por las manos de quienes ven en la basura un negocio redondo.
Y mientras tanto, la narrativa oficial se aferra a vender la idea de que esta ley reducirá la contaminación y protegerá al medio ambiente. Pero basta leerla para que se caiga la máscara: la “economía circular” que promueven sigue apostando por incinerar residuos —el viejo truco disfrazado de innovación—, por maquillar prácticas sucias con auditorías voluntarias, por dejar ventanas abiertas para el incumplimiento sistemático y por perpetuar productos desechables que ya no tienen cabida en un planeta al borde del colapso.
Y es que el corazón extractivista del modelo no se toca: no se plantea reducir la producción, ni diseñar bienes duraderos, ni desmantelar los incentivos que hacen rentable contaminar.
Al contrario: esta ley refuerza el modelo de usar y tirar y otorga un salvavidas legal a quienes han convertido el plástico y el desperdicio en un negocio sin freno. Lo advertimos hace meses: si una política ambiental se construye sin ciudadanía, sin ciencia y sin territorio, su resultado será un marco hecho a la medida de las empresas.
Así, la insistencia de SEMARNAT no sorprende tanto como revela las alianzas de fondo: un Estado que se declara ambientalista mientras empuja normas que habilitan tecnologías riesgosas, que desplazan alternativas comunitarias y que consolidan mercados de residuos disfrazados de soluciones climáticas. Lo irónico es que, en la retórica oficial, todo cabe bajo el paraguas de la “circularidad”, incluso quemar basura.
Mientras el país enfrenta emergencias por calidad del aire, saturación de rellenos y crisis de salud pública asociada a la contaminación, la apuesta debería ser obvia: producir menos, reutilizar más y transformar sistemas, no alimentar hornos. Pero la política mexicana continúa inclinándose hacia la comodidad del negocio y el simulacro.
Y es que, si algo demuestra esta nueva embestida legislativa, es que la disputa por el futuro ambiental de México no está en las conferencias, sino en quién escribe las leyes. Y hoy, una vez más, la narrativa oficial intenta pintar de verde una iniciativa que, en el fondo, sigue siendo del mismo color grisáceo de siempre: el del humo que sale de las chimeneas.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.
¡Hasta la próxima semana!
El (resumen) Semanal: Semana #49: del 1 al 7 de diciembre de 2025
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