Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #50: del 8 al 14 de diciembre de 2025
El (resumen) Semanal: Semana #50: del 8 al 14 de diciembre de 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumEl (resumen) Semanal: Semana #50: del 8 al 14 de diciembre de 2025
PUBLICA DOF LA LEY GENERAL DE AGUAS
El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Aguas, junto con reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión.
La norma reconoce el agua como un derecho humano, por lo que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago; deberán garantizar una cantidad mínima para el consumo básico.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la encargada de elaborar la Estrategia Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y con aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esta estrategia se publicará también en el DOF y tendrá proyecciones y metas a 10, 20, 40 y 60 años. Cada diez años deberá revisarse y actualizarse para ajustar escenarios, objetivos y resultados.
De acuerdo con el documento, la Estrategia tendrá un enfoque sistémico e integrará un diagnóstico y evaluación de las acciones en materia hídrica, además de incluir propuestas para atender la distribución inequitativa del agua, fortalecer la adaptación ante riesgos hidrometeorológicos y reducir la vulnerabilidad social y ambiental.
Para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, la Ley articula diferentes instrumentos de política hídrica, entre ellos: el Programa Nacional Hídrico, los Programas Regionales y de Cuenca; los instrumentos federales, estatales y municipales en materia de agua potable y saneamiento; el Registro Público Nacional del Agua; criterios e indicadores de eficiencia y calidad; así como el Sistema Financiero del Agua.
A FAST TRACK LAS REFORMAS AMBIENTALES EN MICHOACÁN
Vaya, vaya, que el cierre legislativo en Michoacán se estira un poco más de lo previsto. Mientras muchas dependencias empiezan a bajar la cortina del año, el Congreso local decidió aplazar su receso para procesar iniciativas catalogadas como urgentes, entre ellas una pieza clave enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: la elevación a rango constitucional del llamado Guardián Forestal.
Y es que el sistema de monitoreo que pretende vigilar los bosques michoacanos en medio de un escenario de tala, cambio de uso de suelo y expansión agroindustrial que no da tregua llegará a la constitución. Y no es menor, porque lo que llega al menos en operatividad, es una empresa privada llamada Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, de Heriberto padilla quien es el dueño del nombre y del mismo proyecto.
¿Cuál es la propuesta real de la reforma? Veremos y estaremos atentos.
INSISTEN EN QUE 90% DEL AGUACATE DE EXPORTACIÓN ESTÁ LIBRE DE DEFORESTACIÓN
Vaya, vaya… que ahora resulta que el aguacate michoacano avanza hacia la “sostenibilidad” a golpe de certificaciones voluntarias. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, celebró que el 90 por ciento de la exportación a Estados Unidos esté “libre de deforestación” gracias al esquema Pro Forest Avocado.
Y es que esta semana se informó que la tienda comercial Costco, una de las principales distribuidoras en Norteamérica, solicitará a sus proveedores que el aguacate proveniente de Michoacán cumpla con la certificación Pro Forest Avocado.
Ya hemos hablado de esto con evidencias pero seguiremos insistiendo en que esta política pública es una simulación y un greenwashing institucional. Lo confirmó Profepa en entrevista con en15dias.com.
Durante las últimas casi cuatro décadas ha ocurrido al margen de la ley ambiental. “El 80% de las huertas de aguacate que están establecidas en el estado de Michoacán, todas son ilegales. Todas son ilegales”, enfatizó el ingeniero Guillermo Naranjo Chávez, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Michoacán.
Las preguntas siguen siendo las mismas ¿qué pasa con los años previos? ¿qué ocurre en las zonas donde el cambio de uso de suelo está documentado desde mucho antes? ¿cómo se controla un modelo que creció durante dos décadas al ritmo de la tala, la fragmentación y el avance silencioso del cultivo hacia áreas de recarga? El corte temporal, más que un criterio ambiental, es un alivio administrativo para no abrir la caja completa.
La certificación voluntaria promete trazabilidad, independencia y evidencia científica, pero sigue sin tocar el problema central: la estructura productiva que convirtió a bosques enteros en territorios agroexportadores.
Al final, la responsabilidad recae más en las exigencias del mercado internacional —sobre todo el estadounidense— que en una política ambiental robusta dentro del propio estado. Se certifica porque es requisito comercial, no necesariamente porque exista un pacto serio de restauración ecológica…. Vaya, vaya…
“AGUACATE DE LA FRANJA DE MICHOACÁN”
Vaya, vaya… y mientras simula sobre la expansión de la franja aguacatera de Michoacán, el Gobierno estatal afina ahora una jugada simbólica y económica: obtener la Indicación Geográfica “Aguacate de la franja de Michoacán”.
Y es que en Uruapan, productores, empacadores, centros de investigación y autoridades de todos los niveles se reunieron con el director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, para avanzar en el expediente técnico, ese documento que, en teoría, definirá qué hace único al aguacate michoacano en términos culturales, productivos y territoriales.
La narrativa oficial es clara: “identidad, prestigio y competitividad”. El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, lo dijo sin rodeos: el aguacate “es fortaleza económica, símbolo regional y motor de miles de familias”.
Porque sí, una Indicación Geográfica puede reforzar la marca y ordenar la narrativa del origen, pero no necesariamente corrige los impactos acumulados ni las asimetrías que han marcado la expansión de la franja aguacatera.
¿Qué aspectos culturales y geográficos se elegirán para sustentar la solicitud? ¿Hasta dónde el expediente incorporará la complejidad ambiental del territorio donde se produce el fruto? ¿Y cómo se evitará que la denominación termine legitimando un modelo que ha avanzado, en buena parte, sobre superficies antes forestales?
La Indicación Geográfica puede convertirse en un instrumento valioso si se ancla a una visión de sostenibilidad real; de lo contrario, corre el riesgo de ser un nuevo emblema institucional para un modelo que aún debe demostrar que puede equilibrar identidad, economía y cuidado del territorio.
Mientras Sedeco y el IMPI se reúnen CON APEAM en Uruapan para revisar el avance del expediente técnico, la pregunta es ¿qué implica seguir ampliando la frontera aguacatera a esta escala justo cuando el país enfrenta crisis hídricas, presiones sobre los bosques y una urgencia climática que exigiría replantear modelos, no profundizarlos? Pero por ahora, esa discusión queda fuera del espectáculo. Para lo demás, está el Super Bowl.
¿FORTALECER LA INDUSTRIA FORESTAL?
Vaya, vaya… mientras el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presume avances en plena Tierra Caliente, la Semarnat entra a escena con un libreto que busca armonizar lo forestal, lo industrial y lo territorial como si fueran piezas compatibles por naturaleza.
Y es que en Aguililla y Coalcomán —una región marcada por violencia, desplazamiento y economías ilegales— ahora se perfila la creación de un segundo clúster forestal para abastecer a las industrias de tablero y celulosa del estado, bajo la narrativa del “desarrollo sostenible”. Un concepto que, en zonas de alta conflictividad, suele funcionar más como aspiración que como diagnóstico.
En el encuentro participaron autoridades municipales, ejidos, aserraderos, Cofom y Conafor, todos convocados a una misma mesa para discutir desde manejo maderable y reforestación hasta plagas, resinación y restauración.
Lo que no se dice abiertamente es que este macizo forestal —el más importante de Michoacán— ha sido también uno de los territorios más disputados por grupos criminales, donde la gobernanza ambiental enfrenta tensiones que ningún clúster productivo resuelve por decreto. Integrar cadenas de proveeduría puede sonar atractivo en el papel, pero implica reorganizar actores, recursos y reglas en un contexto donde las instituciones han operado históricamente con márgenes limitados.
La apuesta por impulsar la actividad resinera y modernizar plantas destiladoras confirma la intención de reactivar economías locales, aunque sin discutir a fondo los riesgos de profundizar un modelo extractivo en territorios que ya viven presiones acumuladas: incendios recurrentes, degradación de suelos, tala ilegal y desplazamientos.
¿Cómo asegurar un manejo forestal sustentable cuando las condiciones de seguridad, justicia y control territorial siguen inciertas? Enero de 2026 traerá una nueva reunión y nuevas Reglas de Operación, pero el desafío mayor está en otro lado: reconstruir la gobernanza en el macizo forestal sin convertirlo en un nuevo frente de extracción bajo el sello del “desarrollo para el bienestar”.
“AMBIENTALISMO MEXICANO”
Vaya, vaya… nuevamente la Semarnat reivindica un “ambientalismo mexicano” con su discurso buenaondita de justicia social, ciencia y saberes comunitarios.
Y es que el discurso de Alicia Bárcena en la Cámara de Diputados vuelve a poner sobre la mesa una promesa que suena tan necesaria como difícil de sostener en un país marcado por megaproyectos, conflictos territoriales y una larga estela de pasivos ecológicos.
Y es que hablar de un giro de paradigma siempre luce bien desde el estrado; lo complicado es traducirlo en políticas que realmente confronten los modelos extractivos que la propia funcionaria reconoce como causa estructural del deterioro.
Bárcena enfatizó el papel de los pueblos indígenas como guardianes de más de 180 ecosistemas, recordando que su conocimiento ha sido clave para sostener territorios donde las instituciones han llegado tarde o de forma desigual. Pero esa narrativa —aunque justa— no responde del todo a la tensión permanente entre la retórica de participación y los hechos: comunidades que siguen enfrentando presiones por minería, obras de infraestructura, tala ilegal, narcotráfico o reordenamientos productivos que avanzan sin consulta previa.
La justicia social y la justicia ambiental son inseparables, sí, pero requieren capacidad estatal, presupuesto y gobernanza local, no solo reconocimiento simbólico.
La secretaria insistió en refundar la Ley General del Equilibrio Ecológico, uno de los grandes pendientes del país. Y ahí radica uno de los puntos críticos: renovar el marco jurídico implica confrontar intereses económicos arraigados, redefinir competencias y asumir nuevas obligaciones de vigilancia y transparencia.
La funcionaria también posicionó el Acuerdo de Escazú como pilar para proteger a defensores ambientales, en un país con uno de los mayores índices de agresiones contra quienes defienden tierra y territorio.
Pero hay que recordarle a Bárcenas que adoptar Escazú con “toda convicción” implica no solo garantizar acceso a información y justicia, sino desmantelar las estructuras que permiten la violencia. En regiones donde convergen economías ilícitas, proyectos extractivos y ausencia de Estado, esa garantía sigue siendo la deuda más urgente.
La conferencia cerró con un llamado a construir un ambientalismo centrado en las personas y en los territorios. Un mensaje potente, sí, pero que exige más que voluntad discursiva: requiere desmontar inercias institucionales, recuperar capacidades públicas y enfrentar la brecha entre la visión humanista y las políticas que, en la práctica, siguen reproduciendo desigualdades ambientales.
Porque mientras no se resuelva esa contradicción, el “nuevo paradigma” seguirá siendo, más que raíz y futuro, una promesa en construcción. Vaya, vaya…
APRUEBAN LEY GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR
Vaya, vaya… esta semana la Cámara de Diputados aprobó —sin un solo voto en contra— la nueva Ley General de Economía Circular.
Una pieza legislativa presentada como el gran salto hacia un modelo productivo sostenible, pero que, a decir de Greenpeace México, podría convertirse en una licencia para contaminar envuelta en discurso verde.
Y es que, detrás del consenso parlamentario, organizaciones socioambientales insisten en que el proceso fue acelerado, opaco y con más concesiones a la industria que salvaguardas ambientales para el país.
El dictamen, respaldado por 460 diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PRI y MC, promete reorganizar al Estado bajo los principios de circularidad: alargar la vida útil de los productos, reducir residuos, regenerar sistemas naturales y establecer responsabilidades claras entre los tres niveles de gobierno.
La apuesta legislativa incluye mecanismos directos e indirectos de circularidad, instrumentos económicos, auditorías voluntarias, una Plataforma Nacional de Información, el Programa Nacional de Economía Circular y el Distintivo que permitirá identificar productos supuestamente alineados con los principios de esta ley. Un andamiaje robusto en el papel y pensado para alinearse con modelos internacionales de transición circular.
Pero mientras el boletín oficial habla de orden público, concurrencia institucional y modernización ambiental, Greenpeace México encendió todas las alarmas. La organización denunció que la ley se aprobó prácticamente en lo oscurito, sin mecanismos reales de participación ciudadana y sin consulta a los sectores que sostienen la circularidad desde abajo: recicladores de base, organizaciones de economía popular, comunidades afectadas por rellenos sanitarios y expertos independientes.
Según Greenpeace, esto vulnera incluso compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano a garantizar participación informada en la toma de decisiones ambientales.
Y hay más: el texto aprobado, dicen, abre la puerta al greenwashing. En otras palabras, permite que prácticas contaminantes se vistan de soluciones circulares mediante esquemas de autoauditoría, distintivos ambientales de procedencia dudosa y mecanismos flexibles que podrían favorecer a industrias con altos volúmenes de residuos. Es el tipo de circularidad que no toca la raíz del problema: la sobreproducción, la presión extractiva sobre los territorios y la generación masiva de desechos.
La crítica se endurece cuando Greenpeace señala que la ley normaliza prácticas como la termovalorización —la quema de residuos para generar energía—, una técnica que la organización considera incompatible con la circularidad y potencialmente dañina para la salud y el ambiente. En un país donde la gestión de residuos ya está rebasada y donde la quema encubierta es sinónimo de contaminación tóxica, incluir esta práctica como opción de manejo coloca un signo de interrogación sobre la intención real del legislador.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que la ley fortalece la responsabilidad extendida del productor, obliga a registrar la gestión circular ante la Semarnat e impulsa infraestructura, innovación y educación ambiental. Sin embargo, Greenpeace advierte que, sin medidas estrictas de prevención y reducción, la circularidad puede quedar reducida a una narrativa administrativa que legitime la continuidad del modelo lineal que vacía territorios, externaliza costos socioambientales y deposita la carga final en comunidades y gobiernos municipales sin capacidad operativa.
Y es que, en el fondo, el contraste entre el entusiasmo legislativo y la crítica socioambiental revela una pregunta que sigue intacta: ¿esta ley reorganiza el sistema de producción y consumo o solo reorganiza la manera de justificarlo? Si el territorio no está en el centro, si la participación social es un trámite y si los mecanismos de “circularidad” legitiman tecnologías cuestionadas, la transición podría convertirse en un espejismo verde más que en un cambio estructural.
Por ahora, lo que avanza al Senado es una ley ambiciosa, sí, pero profundamente disputada. Mientras el Congreso se felicita por su unanimidad, Greenpeace México recuerda que la verdadera circularidad no se decreta: se construye desde abajo, con comunidades, recicladores, científicos independientes y con políticas que reduzcan, antes que encubran, los impactos del modelo económico que hoy sigue drenando recursos, territorios y futuro
Vaya, vaya… la inauguración de la pista GoKartManía en Altozano terminó siendo menos un evento recreativo y más la puesta en escena de una alianza que ya conocemos: la del poder político con el capital inmobiliario.
El alcalde Alfonso Martínez celebró “el desarrollo” en redes sociodigitales mientras posaba junto a Francisco Medina, empresario clave en la urbanización de la zona y figura central en múltiples señalamientos documentados en en15dias.com por devastación de bosques y expansión urbana sobre suelos de alto valor ecológico.
Porque lo que se presentó como un nuevo espacio para “disfrutar y convivir” es, en realidad, la continuación de un modelo de ciudad que ha privilegiado el negocio privado por encima del equilibrio territorial.
Altozano se consolidó con base en desmontes, cambios de uso de suelo e infraestructuras que alteraron microcuencas y fragmentaron ecosistemas. Que hoy el gobierno municipal acompañe este tipo de inversiones solo confirma una relación que ha moldeado Morelia desde arriba, ignorando las consecuencias ambientales que quedan abajo.
La presencia de Martínez y Medina en el mismo evento no es casual: es la foto perfecta del acuerdo implícito que, administración tras administración, ha dado forma al sur-poniente de la ciudad.
Mientras el empresario obtiene legitimidad institucional para sus proyectos, el gobierno capitaliza la narrativa del “desarrollo” sin discutir los impactos ecológicos que sostienen ese brillo. La pista de karts se vuelve, así, un símbolo de esta continuidad política y económica.
En el discurso oficial, Morelia “brilla más”. Pero ese brillo tiene geografía selectiva: se concentra en zonas de alta plusvalía mientras la mayoría de las colonias lidia con falta de agua, movilidad precaria y carencia de espacios públicos reales. Lo que en Altozano se vende como progreso, en otros territorios se traduce en abandono, desigualdad y ausencia de planificación ambiental seria.
Por eso la inauguración no es un hecho aislado: es otro capítulo en la historia de cómo se decide el destino urbano de Morelia. Una ciudad donde el entretenimiento privado cuenta como indicador de bienestar, y donde la autoridad municipal se coloca como promotora de proyectos que responden más a los intereses inmobiliarios que a una visión integral del territorio.
Lo que se celebró en Altozano no fue solo una pista: fue la reafirmación de un modelo que sigue avanzando sobre lo que queda de los bosques y de la ciudad posible.
¿SANEAMIENTO AL RÍO TULA EN LA ZONA DE SACRIFICIO?
Durante 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizaron 65 visitas de inspección a industrias ubicadas en la zona alta del río Tula, en municipios de Hidalgo y del Estado de México.
En 26 inspecciones se detectaron irregularidades que actualmente están en proceso de subsanación. Además, 16 empresas fueron sancionadas con multas por un monto total de 33.1 millones de pesos, los cuales podrán ser conmutados por acciones ambientales en beneficio de la cuenca. También se impusieron tres clausuras parciales, levantadas tras acreditarse el cumplimiento de las medidas ordenadas.
Las principales violaciones detectadas incluyen descargas que no cumplen con la NOM-001, falta o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales industriales y ausencia de permisos de descarga. Los sectores con mayores incumplimientos fueron el químico, procesadoras de aves, textil, metalúrgico y de producción de alimentos.
La Profepa puso en marcha la Estrategia de Prevención Ambiental para el río Tula, la cual ofrece acompañamiento técnico a las empresas. En este marco se instaló el primer Centro Regional para la Prevención y Calidad Ambiental en Hidalgo, ubicado en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. Asimismo, 25 empresas han sido capacitadas para fortalecer su cumplimiento normativo y mejorar su desempeño ambiental.
Estas acciones forman parte del proyecto federal prioritario para el saneamiento y la restauración del río Tula, incluido entre los 100 compromisos anunciados por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024.
Para 2026, el Gobierno de México intensificará las tareas de inspección y vigilancia a fin de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental en toda la cuenca. Veremos si logra revertir lo que desde la evidencia se ha denominado como zona de sacrificio. en15dias.com conoció la historia en 2021 y puso documental la tragedia ambiental y de salud pública.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.
¡Hasta la próxima semana!
El (resumen) Semanal: Semana #50: del 8 al 14 de diciembre de 2025
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