El Gobierno de México anunció nuevas medidas para frenar el acaparamiento y uso ilegal del agua, incluyendo sanciones más severas y la entrega directa de concesiones a municipios de Baja California. La estrategia busca eliminar intermediarios, aumentar la recaudación y garantizar el acceso equitativo al recurso. / Gobierno de México “endurece” control contra acaparamiento y uso ilegal del agua
Gobierno de México “endurece” control contra acaparamiento y uso ilegal del agua
Por: en15dias.com / Con información de Gobierno de México
En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de acciones para reformar la gestión hídrica en el país, con énfasis en frenar el acaparamiento, la especulación y el uso ilegal del recurso, así como en recuperar su control público.
Como eje central, el gobierno federal concretó la entrega directa —por primera vez— de títulos de concesión de agua a municipios de Baja California: Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada. La medida, implementada a través de la Comisión Nacional del Agua, busca eliminar intermediarios privados y garantizar el abasto del recurso para los próximos 30 años.
Hasta ahora, estos municipios compraban el agua a un distrito de riego mediante esquemas de transmisión de derechos, lo que implicó pagos superiores a 531 millones de pesos en los últimos cinco años. En algunos casos, grupos concesionarios obtenían hasta 200 millones de pesos anuales por la reventa del recurso.
“La nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios”, afirmó la mandataria. Y añadió: “El agua se pagaba a un grupo de agricultores que… como no la usaban la vendían… ahora… el recurso del pago del agua ya no se queda en unos cuantos, se regresa a la gente”.
Fin del “mercado negro” del agua
El director de Conagua, Efraín Morales López, explicó que la reforma elimina la transmisión de derechos entre particulares y corrige distorsiones del modelo anterior.
“Se eliminan las transmisiones entre particulares, terminando con el mercado negro del agua”, señaló, al tiempo que detalló que también se prohíben cambios de uso indebidos y se recuperan concesiones no utilizadas para su reasignación.
Durante la conferencia, autoridades federales expusieron distintos casos que evidencian las prácticas que la nueva legislación busca erradicar.
En Querétaro, se documentó cómo una familia concentraba más de 628 mil metros cúbicos de agua mediante concesiones de uso agrícola —las cuales no pagan derechos bajo el argumento de destinarse a la producción de alimentos—, pero en la práctica utilizaba el recurso para venderlo en pipas y abastecer desarrollos inmobiliarios y espacios recreativos como clubes privados. Este esquema permitía lucrar con agua pública mientras comunidades cercanas enfrentaban escasez.
En otro caso, en Nayarit, se detectó la perforación ilegal de pozos destinados exclusivamente a la venta de agua en pipas. Durante las inspecciones se identificó incluso un sistema de registro de ventas, con precios que oscilaban entre 2,500 y 5,000 pesos por carga, dependiendo de la distancia.
“Es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación”, se subrayó durante la presentación.
Asimismo, en Los Cabos, Baja California Sur, se identificó la conexión clandestina a un acueducto público que abastece a la población. El agua era interceptada antes de llegar a la ciudad y utilizada para llenar pipas que posteriormente se vendían, generando ganancias privadas a costa de un recurso destinado al consumo público.
También se documentaron irregularidades en empresas refresqueras y embotelladoras, donde se detectaron adeudos millonarios, sobreexplotación de volúmenes concesionados, ausencia de medidores y descargas sin autorización.
En conjunto, las autoridades estimaron un adeudo presuntivo cercano a los 12 mil millones de pesos por parte de empresas que no han cumplido con el pago de derechos.
Sanciones más severas y mayor control
Con la nueva legislación, el gobierno federal fortalece su capacidad de regulación y sanción, estableciendo multas de hasta 3.5 millones de pesos, clausuras, cancelación de concesiones y penas de hasta cinco años de prisión en casos de extracción ilegal.
Además, se incorporan mecanismos obligatorios de medición del consumo de agua y mayores controles sobre descargas industriales.
El gobierno reportó avances en la implementación de la nueva política hídrica, con 7,614 inspecciones realizadas y más de mil clausuras o suspensiones derivadas de irregularidades.
Asimismo, se han concretado 9,547 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores, mientras que la recaudación alcanzó 3,500 millones de pesos en 2025, con una meta de 6,300 millones para 2026.
Nuevo enfoque: agua como derecho, no mercancía
La administración federal sostuvo que estas acciones forman parte de un cambio estructural en la gestión del agua, orientado a garantizar su acceso equitativo y a reconocerlo como derecho humano.
“Se trata de devolverle al pueblo lo que es suyo”, señalaron autoridades, al enfatizar que el modelo anterior permitió la concentración del recurso en manos privadas.
En este contexto, la entrega de concesiones a municipios de Baja California fue presentada como un paso clave para revertir la privatización del agua y asegurar su uso con fines sociales, priorizando el consumo humano y el desarrollo comunitario.
