El Plan Michoacán reabre el debate sobre seguridad, territorio y modelo de desarrollo. Entre militarización, inversión e impactos socioambientales, el programa define quién controla el estado, cómo se ordena el territorio y qué futuro se construye para las comunidades.
Plan Michoacán: seguridad, territorio y disputa por el modelo de desarrollo
Uitzume, el perro del lago*
El anuncio del Plan Michoacán reabre una discusión vieja y toral: ¿qué modelo de desarrollo se busca imponer en el estado, quién lo impulsa y quién paga sus costos? Detrás de los objetivos oficiales —seguridad, inversión, infraestructura y “orden institucional”— el programa aterriza en un territorio donde coexisten economías legales e ilegales, corredores extractivos y desigualdades históricas.
Como ha documentado el doctor Salvador Maldonado Aranda, Michoacán no puede explicarse solo desde la criminalidad, sino desde un entramado de actores estatales, empresariales y armados que han cohabitado y negociado el control del territorio.
En ese escenario, cualquier estrategia federal basada en reforzar la presencia militar termina administrando —más que resolviendo— las condiciones que sostienen esa co-gobernanza. La violencia, lejos de ser una anomalía, actúa como un mecanismo que ordena mercados, regula poblaciones y allana proyectos económicos específicos.
El Plan reproduce además un patrón de extractivismo que articula seguridad, inversión y ordenamiento territorial. Monocultivos de alta demanda hídrica, expansión inmobiliaria, minería, infraestructura logística y corredores de transporte responden a un modelo que privilegia la circulación del capital sobre la sostenibilidad ecológica y los derechos comunitarios.
El llamado “ordenamiento territorial” opera en los hechos como una reorganización del espacio para facilitar actividades que ya han generado presiones sociales y ambientales en todo el estado.
La intervención federal tampoco se limita a “restablecer la gobernabilidad”: busca asegurar que el territorio sea funcional a las lógicas de acumulación.
La militarización se convierte así en un dispositivo que estabiliza zonas estratégicas, protege inversiones y garantiza la circulación de mercancías, aun cuando no desactive —ni necesariamente pretenda hacerlo— las estructuras que producen violencia.
En ese contexto, sectores como el aguacate y la minería son motores económicos, pero también focos de conflicto socioambiental. La expansión de huertos sobre bosques, la presión sobre el agua y la presencia de economías ilegales asociadas a estas cadenas productivas han detonado tensiones que las comunidades denuncian desde hace años. Lo mismo ocurre con las concesiones mineras que avanzan sobre territorios comunales sin consulta efectiva ni salvaguardas ambientales suficientes.
Frente a ello, persisten experiencias comunitarias que han construido modelos propios de seguridad, gestión territorial y gobierno, como Cherán y diversas comunidades de la Meseta Purépecha, la Costa-Sierra y la región Oriente.
Estas iniciativas muestran que es posible organizar el territorio sin militarización ni extractivismo, pero suelen enfrentar criminalización, presiones políticas y disputas legales porque desafían el modelo dominante.
Así, el Plan Michoacán plantea una disyuntiva de fondo: transformar las estructuras que reproducen violencia y desigualdad, o estabilizarlas para asegurar inversiones y sostener el patrón de desarrollo vigente. La respuesta define qué futuro se modela para el estado y cómo se distribuyen beneficios y costos.
Michoacán necesita abordar de manera integral seguridad, justicia, sostenibilidad ambiental y autonomía territorial. Sin reconocer los derechos comunitarios, enfrentar la crisis ecológica y revertir desigualdades históricas, cualquier programa será insuficiente. El reto no es administrar el modelo: es transformarlo.
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
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