La protección del bosque es una batalla por la conservación de la vida, la identidad y el territorio, por eso es imposible no vincularla con otras demandas y procesos históricos dentro de nuestro país. / Los guardianes de los bosques
Los guardianes de los bosques
Lucía Velázquez*
Homero González Gómez es uno de los “guardianes del bosque” que han sido asesinados. La labor de las personas que defienden el ambiente suele ser un activismo que genera controversia, ya que en ocasiones la vida de los defensores y las defensoras es puesta bajo el escrutinio público, lo que genera polémica sobre sus luchas y la legitimidad de su labor. Sin embargo, lo que es innegable es que en México se asesina a las personas que defienden el ambiente.
Los individuos que han combatido por los bosques, aún a costa de sus vidas, se han enfrentado a talamontes, caciques, paramilitares y al crimen organizado. Mencionar sus luchas es preservar su memoria y continuar con su labor de denuncia.
La protección del bosque es una batalla por la conservación de la vida, la identidad y el territorio, por eso es imposible no vincularla con otras demandas y procesos históricos dentro de nuestro país.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se creó en 1994, bajo diferentes coyunturas, en un contexto de violencia ejercida por el Estado desde la década de los sesenta hasta la década de los ochenta, como lo mencionan las investigadoras Claudia Rangel y Evangelina Sánchez: “la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), antecedida por la coyuntura del V Centenario del llamado «encuentro de dos mundos» en 1992, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) y, en la Montaña de Guerrero, la creación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan A.C”.
El pliego petitorio de 1995 de la Organización Campesina exigía la entrega de fertilizantes, el limitar la sobreexplotación de los bosques y la búsqueda del diálogo con el gobernador. Esto debido a que los integrantes de la OCSS, por un lado, vivían bajo las necesidades de servicios básicos y de infraestructura, que les había sido negada de manera histórica. Y, por el otro lado, padecían una situación de extrema pobreza y la explotación irracional por las grandes compañías madereras.
Todo esto ocurría desde la década de los años sesenta bajo el cacicazgo de la familia Figueroa, respaldada por su participación en el PRI. Su finalidad era “legitimar” acciones como, por ejemplo, la impunidad mediante la contratación de asesinos a sueldo para agredir a las personas inconformes con sus intereses.
En ese mismo año, se sumó al pliego petitorio la demanda de “presentación con vida de más de 600 desaparecidos por motivos políticos de los años setenta”, tras la desaparición de miembros de la organización como Gilberto Romero Vázquez y los asesinatos extrajudiciales de los dirigentes de la OCSS, Carlos y Rocío Mesino Mesino, estudiados por las investigadoras Rangel y Sánchez en su artículo La masacre genocida de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, México, 1995.
Además de las personas ya mencionadas, fueron asesinados en la “Masacre de Aguas Blancas” (1995): Armando Sánchez, Anacleto Ahuehueteco, Clímaco Martínez, Daniel López, Efraín Vargas, Fabian Gallardo, Florente Ventura. Francisco Blanco, Francisco Rogel, Gregorio Analco, Heleodoro López, José Rebolledo, Mario Pinedo, Pasito Hernández, Simplicio Martínez Tomas Porfirio y Víctor Flores.
Otra de las organizaciones que salvaguardan los bosques que continuamente ha sido amedrentada es la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Esta organización se conformó frente a la sobreexplotación de madera del cacique Rogaciano Alba y de Bernardino Bautista, coludidos con el ejército, la policía ministerial, las empresas Boise Cascade y la subsidiaria Costa Grande Forest Products en 1998.
La organización realizó pláticas de concientización en las diferentes comunidades y ejidos de la región. Gracias a las que logró recabar más de cien firmas para presentar la denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Ninguna de las instituciones dio respuesta a esta denuncia.
El 2 de mayo de 1999, la comunidad donde vivía Teodoro Cabrera (Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero) fue sitiada por cuarenta elementos del 40º Batallón de Infantería quienes hirieron a Cabrera y a Salome Sánchez Ortiz, quien falleció por la herida de bala. Cabrera y Montiel buscaron refugio en el monte y los elementos le prendieron fuego para obligar a los dos integrantes del OCESP a salir.
Los activistas fueron detenidos extrajudicialmente, torturados, obligados a declarar y a firmar confesiones fabricadas. Estos sucesos son descritos a profundidad en el libro La impunidad militar a juicio. Los casos de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (2020), escrito por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Cinco días después de haber sido aprehendidos y trasladados a un campo militar, Cabrera y Montiel comparecieron el 7 de mayo en el Ministerio Público Federal de Coyuca de Catalán, donde fueron acusados de varios delitos inventados. El proceso judicial derivó en su criminalización mediante la sentencia condenatoria del 28 de agosto de 2000, dictada por el Juez Quinto de Distrito.
A Rodolfo Montiel se le impuso una pena privativa de la libertad de seis años con ocho meses y una multa de novecientos sesenta pesos por siembra de marihuana, así como por portación de armas de fuego sin licencia y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. A Teodoro Cabrera se le impuso una pena privativa de libertad de diez años de prisión y una multa de dos mil setecientos pesos por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Después del arduo trabajo de las organizaciones, en 2001, durante el trámite de amparo directo referido a la Secretaría de Seguridad Pública, se otorgó la libertad a Rodolfo Montiel y a Teodoro Cabrera bajo la sanción impuesta incompatible con su estado de salud. Aún con su liberación, su inocencia no era reconocida, por lo que se continuó con el litigio de su caso hasta agotar todos los recursos disponibles en instancias nacionales en México.
El acompañamiento fue realizado por el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) y otras organizaciones mexicanas e internacionales y fue presentado en 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado por violar los derechos humanos de los campesinos ecologistas.
Esta institución hizo varias recomendaciones al Estado sobre la reparación a las víctimas y acciones a nivel nacional. Al no cumplirse las recomendaciones por el Estado mexicano, el caso fue atendido por la Corte Interamericana en el 2009:
“La Corte declaró al Estado Mexicano responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, la integridad personal, garantías judiciales y por incumplir con sus obligaciones de adecuar el marco normativo interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia de noviembre de 2010, la Corte ordenó al Estado Mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas e implementar varios cambios estructurales para erradicar las causas que dieron origen a los abusos” declara en su Informe Nuestra Lucha es por la Vida de Todos el Centro Prodh.
Actualmente, no existen avances en la investigación, ni sanción de los actos de tortura y el Estado sigue sin cumplir los requisitos establecidos por la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en materia de registro de personas detenidas. Las agresiones a la OCESP no terminan con el caso de Rodolfo y Teodoro, sino que se suman los asesinatos de Aniceto Martínez, Elena Barajas, Romualdo Gómez, Abatuel Peñaloza, Armando Peñaloza, Javier Torres, Juventina Villa Mujica, Reynaldo Santana, Celso Chávez, Fortino Méndez Andrés Díaz y Argelia Díaz.
Otros de los territorios que ha sufrido violencia por parte de una célula de crimen organizado es la Meseta P’urhépecha. Orlando Aragón, investigador e integrante del Colectivo Emancipaciones, en su libro Derecho a la Insurrección, narra:
“El problema de la tala ilegal de sus bosques, agravado desde hacía cinco años atrás. Antes, decían, los taladores de otras comunidades purépechas cercanas, como Capácuaro y Santa Cruz Tanaco, iban de noche y escondidos a talar uno que otro árbol, pero a raíz de la llegada de una célula de crimen organizado esta situación cambió. A decir de los propios purépechas de Cherán, el cabecilla de esta célula empezó a reclutar a varios talamontes y les ofreció protección de pistoleros para que siguieran talando los bosques de Cherán. La principal consecuencia de este modus operandi fue que el robo de la madera dejó de ser a pequeña escala, como se hacía antes, para ahora hacerse a gran escala en un convoy de camionetas escoltadas por hombres armados y a los ojos de toda la comunidad”.
Debido a esta situación, los niveles de inseguridad en Cherán y en la región crecieron. Se volvieron comunes las extorciones, los robos y los asesinatos hasta el 15 de abril de 2011, cuando las mujeres se enfrentaron al crimen organizado al iniciar el movimiento y las fogatas de Cherán, práctica de la comunidad que les permitió salvaguardar su territorio.
La historia de Cherán es una historia de resistencia, donde la comunidad decidió retomar sus usos y costumbres en busca de su autonomía. Actualmente, Cherán es un municipio independiente, donde la autoridad es el Concejo Mayor de Gobierno.
Además de los activistas que participaron en estas tres luchas, también han sido asesinados defendiendo el bosque: Wilfrido Álvarez Sotelo, Aldo Zamora, Miguel Ángel Pérez Cázales, Rubén Flores Hernández, María Edy Fabiola Osorio Bernáldez. Víctor Carrillo Carrillo, Baldomero Enríquez Santiago, Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Joaquín Díaz Morales, Homero Gómez González, Raúl Hernández Romero, Isaac Herrera Avilés, Juan Zamarripa Torres, Carlos Márquez Oyorzábal, Donato Bautista, José de Jesús Sánchez García, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Alvarado, Noé Godínez Arredondo, José Trinidad Baldenegro y Pedro Pascual Cruz.
Los nombres mencionados son únicamente de las personas cuya noticia llegó a los medios nacionales o a las bases de datos de organismos no gubernamentales y de organizaciones civiles. No obstante, existen muchos otros defensores y defensoras cuya lucha no llegó a los medios de comunicación.
Defensoras y defensores del territorio y la vida es un serial de colaboraciones que se publicarán en en15dias.com. La ecofeminista, Lucía Velázquez, hace un recuento de los acontecimientos de agresión a defensoras y defensores del territorio y la vida más importante de México para caracterizar sus conflictos y seguir enfocados en sus luchas.
Dos décadas de ecocidio en México
Las defensoras y defensores ambientales y del territorio, su lucha por el planeta y las generaciones futuras
Los guardianes de los bosques
**¿QUIÉN ES?
Lucía Velázquez Hernández*
Ecofeminista, Licenciada en Ciencias Ambientales y egresada de la maestría en antropología social en la UNAM, desde 2015 su línea de investigación son los conflictos socioambientales y las agresiones a personas defensoras y defensores ambientales y del territorio en México.
Esto te puede interesar
«Lo Común»: el espacio donde lo cotidiano se vuelve político
Colectivos y organizaciones sociales en Morelia tomaron un inmueble público y lo rebautizaron como “Lo Común”, en protesta por la posible venta de bienes estatales. La acción busca visibilizar la exigencia de transparencia, contraloría ciudadana y defensa del patrimonio público.
Movilidad en Morelia con crisis estructural y soluciones postergadas: OSAM
El sistema de transporte público en Morelia presenta problemas de saturación en zonas céntricas y cobertura limitada en la periferia. Especialistas y organizaciones señalan la falta de planeación integral y cuestionan proyectos recientes por su bajo impacto en la movilidad cotidiana.
EL (resumen) SEMANAL Semana 18: del 27 de abril al 3 de mayo de 2026
El Semanal, semana 18, reúne conflictos ambientales, políticos y sociales en Michoacán y el país: desde homenajes académicos y crisis hídricas, hasta disputas por el territorio, salud, universidad y la creciente mercantilización de la naturaleza bajo discursos de desarrollo.
