La doctora Patricia Ávila García y el doctor Luis Alejandro Pérez Ortiz realizan, en entrevistas por separado, un breve recorrido histórico, a través de los instrumentos legales y de planificación urbana, de lo que ha sido la política urbana de la ciudad de Morelia. / Morelia: planeación urbana con intereses inmobiliarios
Su análisis comienza en los años setenta con los primeros instrumentos de ordenamiento territorial, pasa por el laberinto de contradicciones y omisiones gubernamentales e institucionales de los años ochenta y noventa del siglo pasado y concluyen con un futuro poco prometedor y un presente complicado.
Este 2024, la ciudad de Morelia cumplió 483 años de su fundación. En 1541 fue fundada como ciudad de “Mechuacán”, más adelante en 1548 se le llamo “Valladolid” y en 1848, Morelia, en honor al siervo de la nación, José Ma. Morelos y Pavón.
Durante todos estos años, el desarrollo como ciudad ha sido contradictorio y ha priorizado los intereses económicos y políticos.
¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo ha sido ejecutada la planeación urbana en la ciudad de Morelia? ¿Qué tanto las decisiones han sido las correctas? ¿A dónde nos han llevado? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Quiénes son los responsables?
Esta es una breve historia de la planeación urbana de la ciudad de Morelia.
Morelia: planeación urbana con intereses inmobiliarios
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
junio 2024
Son las 6:30 de la mañana, Don Julián arrea sus vacas de un lado a otro para darles de comer. Después, revisará el chiquero y las herramientas que necesitará para quitar la hierba que se encuentra cubriendo la siembra. Si le queda tiempo se trasladará a otro terreno para limpiar la maleza. Un sombrero y un machete es lo único que necesita este hombre de 61 años.
Don Julián López Chimal es campesino y oriundo de Jesús del Monte, una de las 12 tenencias que aún conserva su vida rural dentro de la ciudad de Morelia. Este hombre recorrió de niño estas tierras con su padre. Las conoce bien pero ahora comenta que “mucho ha cambiado de aquellos tiempos donde esta tenencia era un pueblo cercano al bosque y con tierras ejidales para el ganado y la siembra”.
“Todo eso ha cambiado”, reflexiona Don Julián mientras le da de comer a sus dos vacas y un becerro. La casa de su familia, que también es una granja pequeña, poco a poco ha sido arrinconada por fraccionamientos de clase media-alta, quitándole la poca agua que se tiene en la comunidad y cambiando el paisaje rural por el urbano.
Y a pesar de que aún no hay quejas de los nuevos vecinos, el hombre sabe que en unos años le pedirán irse porque será una zona urbana, ya no más rural, donde ya no podrá conservar sus vacas, sus becerros ni sus gallinas ni sembrar maíz ni calabaza ni tampoco avena para el ganado. La urbanización le habrá llegado y con ello nuevos reglamentos que impedirán conservar su vida del campo.
Él es uno de los últimos campesinos que aún tiene una o dos hectáreas de milpa para autoconsumo.
Don Julián tiene sangre indígena Pirinda, es de las últimas generaciones de los «Chimal» en Jesús del Monte. Este apellido viene del náhuatl chimalli que significa ‘escudo’, y a su vez puede provenir del antropónimo náhuatl chimalpopoca que significa ‘escudo humeante’.
Mientras va de un lado a otro, recuerda vagamente como ha cambiado la ciudad y su pueblo Jesús del Monte que, de ser un pueblo de tradiciones forestales e historia prehispánica, se ha vuelto la apuesta, desde hace más de dos décadas, de los empresarios inmobiliarios que pretenden construir sus fraccionamientos en zonas forestales y con ello, devastar áreas naturales protegidas.
Todavía a algunos ancianos de Jesús del Monte les tocó ver ese valle verde, aún con sus cerros llenos de bosque, de flores, pasto y maleza, pero ya muy pocos hablan de ello porque poco a poco ese paisajismo se ha perdido.
Jesús del Monte fue fundada antes que la ciudad de Morelia, fue un pueblo indígena de la cultura Pirinda que se instaló en el sur de la ciudad colonial de Valladolid. La historiografía señala que junto con los pueblos de San Miguel del Monte y Santa María de Guido crearon sistemas de convivencia y organización social y política indígena en el sur de Morelia.
La iglesia de Jesús del Monte rememora la tradición e historia indígena pirinda en este pueblo. Una tabla de madera con un escrito a mano, colgada en la fachada del templo, describe el acontecimiento de la fundación del pueblo Pirinda de Jesús del Monte, que en ese momento tenía el nombre indígena de Urambani.
Actualmente, a pesar de que los habitantes de Jesús del Monte son las abuelas y abuelos de la ciudad de Morelia han sido despojados de sus recursos como la madera, el carbón, las tierras y el agua, y ahora está en riesgo su vida rural ancestral.
En los últimos 25 años, como Jesús del Monte, las otras tenencias como San José de las Torres y San Miguel del Monte, las áreas forestales del Cerro del Águila, El Quinceo, la microcuenca del río Chiquito y el manantial de la Mintzita, han estado amenazadas por la voracidad de las inmobiliarias, también por la agroindustria y los malos manejos de la cuenca.
Ahora, en esas áreas de importancia ecológica sólo se puede apreciar una discontinua y acelerada degradación. Sólo las fotografías y lo mapas rescatan lo que era la ciudad antes de los años ochenta, cuando todo cambió.
Actualmente, en este contexto, desde el 25 de febrero de 2024, el Gobierno de Michoacán inició la construcción del primer tramo del llamado “Segundo Anillo Periférico de la ciudad de Morelia” que iría, en esta primera etapa (de siete etapas de construcción), de La Estancia a salida a Quiroga.
Con ello, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, formaliza la ampliación de la ciudad de Morelia para convertirla, de manera oficial, en una zona conurbada, constituida por cuatro municipios que la rodean: Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón y Zinapécuaro.
El proyecto central es que la ciudad de Morelia crezca cinco veces su tamaño actual, cambiando la vida rural de las tenencias del sur de Morelia y respondiendo a intereses inmobiliarios, agro e industriales.
I. LA “PLANIFICACIÓN”
Desde los años ochenta del siglo pasado la ciudad de Morelia ha crecido bajo políticas públicas y decisiones gubernamentales aprobadas por el poder político y económico de la ciudad. Priorizando la especulación inmobiliaria y la devastación ambiental.
Pero ¿cómo se ha dado esta urbanización?
La ciudad de Morelia fue instaurada bajo la visión de la ciudad española. Según la historiografía consultada acerca de la ciudad, se destaca que “para el último cuarto del siglo XVIII la ciudad contaba con dieciséis barrios: San Juan de los Mexicanos, San Miguel Ichaqueo, San Pedro, Santa Ana, San Juan Guayangareo, El Carmen, Santiago, Santa Catalina, Checácuaro, La Concepción, Los Urdiales, Chiquimitío, San Miguel Pomacátaro, Loma de Santa María y Jesús del Monte”.
Este mapa del Archivo General de la Nación, número de pieza: 1775, clasificación: 978/0411, referencia: Tierras, vol. 2710, exp. 4, f. 44. y en su reinterpretación, Dávila Munguía, Carmen Alicia et al. Desarrollo urbano de Valladolid-Morelia 1541-2000. UMSNH, Morelia, México. 2001. recrea lo que era la ciudad de Valladolid.
Según se documenta, Valladolid quedó dividido en cuatro cuarteles mayores y ocho menores, estos cuarteles incluyeron el área urbana y los barrios periféricos de indios.
Para el año de 1794 se estableció la primera nomenclatura oficial de la ciudad, la cual utilizó los nombres de calles, plazas, edificios y sitios.
Un mapa hace ver como estaba configurada la ciudad en 1794.
Biblioteca Nacional de España, bne.es.
Con el paso del tiempo, ya para el siglo XIX, los diferentes episodios que se dieron a lo largo del territorio modificaron la estructura en la mayoría de las ciudades; la ciudad de Valladolid de Michoacán, posteriormente Morelia, se fue transformando conforme a las necesidades políticas y económicas.
A esta previa planificación colonial de “ciudad española”, en la época del porfiriato, se le dio continuidad a la traza urbana de ciudad colonial.
En el libro “Urbanización, sociedad y ambiente, experiencias en ciudades medias”, coordinado por Antonio Vieyra y Alejandra Larrazábal, se destaca que en 1885, “el municipio de Morelia tenía poco más de 100 mil hectáreas de “bosques y montes”, lo cual representaba el 90 por ciento de su superficie (119,500 hectáreas)”.
Se explica que durante el porfiriato hubo grandes explotaciones forestales. “Para 1895, la población de Morelia alcanzaba la cifra de 47,859 habitantes –incluyendo en ese entonces la tenencia de Charo, hoy municipio- (…)”.
En el capitulo “la expansión urbana en el suroriente de Morelia” del libro “Urbanización, sociedad y ambiente, experiencias en ciudades medias”, se destaca que para ese momento la capital michoacana contaba con 43 haciendas y 325 ranchos (…)”. Para Morelia, “la hacienda más grande era La Huerta (5,000 hectáreas), propiedad de Ramón Ramírez. Para ese momento, las haciendas fungían como articuladoras de la ciudad.
Para 1892, se daba el ordenamiento del gobierno para que en todas las poblaciones de regular tamaño y se harían los primeros planos en este periodo.
El ordenamiento urbano, ya con una visión de política pública, en las ciudades mexicanas comenzó entre los años 20 y 30 del siglo pasado, con los primeros llamados “Planos Reguladores” como el de Ciudad de México, Veracruz y Azcapotzalco, entre otros.
Según el libro , “en 1920, la zona urbana ocupa aproximadamente la superficie de la que contaba al final del periodo colonial -1794-; es decir, el centro histórico”.
“En el periodo conocido como posrevolucionario (1921-1940) la ciudad de Morelia tendría una nueva etapa de crecimiento de su población, la cual pasa de 31.148 habitantes de 1921 a 39,916 en 1930, casi al nivel que tenía en 1910; para 1940 alcanza un nivel sin precedente en toda su historia: 44,304 habitantes”.
En Michoacán, a pesar de que ya existían documentos que permitían planificar, los primeros planos reguladores llegaron hasta 1946 y 1958. Antes se había conformado una Comisión Planificadora que emprendería un largo camino para lograr el primer Plano Regulador.
“En este plano se observa la situación que guardaba la ciudad al momento de crearse la Comisión Planificadora. Esta imagen, elaborada en 1946 por la compañía eléctrica de Morelia, excluye como parte del centro urbano las tenencias de Santiaguito y Santa María. La ciudad que comenzaba a extenderse y lo hacia respetando la continuidad vial marcada por la traza original impuesta al casco histórico de la ciudad desde el siglo XVI”.
“Además de tratar de elaborar el proyecto de Plano Regulador, la Comisión propuso en 1950 la creación de una Ley de Planificación y Zonificación del Municipio de Morelia en la que se esbozaban los lineamientos generales para operar los ejercicios de planificación y zonificación en la ciudad y sus tenencias”, señala el Doctor Luis Alejandro Pérez Ortiz, investigador de la ENES UNAM, Campus Morelia, en su libro “Historia de la Planificación Urbana de Morelia, 1958-1998”.
Pérez Ortiz explica cuáles fueron los instrumentos y ordenamientos que a partir de los años cincuenta comienzan a delinear la planificación de la ciudad de Morelia.
En su libro, señala que entre 1958 y 1998 hubo un interés persistente por regular y orientar el crecimiento de la ciudad de Morelia mediante la elaboración de proyectos de planificación urbana.
Para el investigador, se puede dividir la planeación urbana en dos periodos: el primero, comprende los años de 1958 a 1976, caracterizado por el hecho de que tanto las bases jurídicas como las propuestas fueron planteadas como parte de una política estatal. Y el segundo momento, que comprende de 1976 a 1998, donde “en una aparente continuación de las acciones estatales pero orientada por una política nacional de planeación que cambió las bases jurídicas y lineamientos en la materia, mismos que a la postre darían mayores atribuciones a las autoridades municipales sobre la planificación de la ciudad en la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano”, explica.
En entrevista para en15dias.com, el doctor Pérez Ortiz señala que“la primera etapa se inicia con un periodo en donde la planificación de la ciudad estuvo a cargo por las autoridades locales, es decir, el Ayuntamiento”.
“Ahí ya hay políticas muy claras acerca de la planificación de la ciudad; hay funcionarios con atribuciones muy claras acerca del tema de la expansión y esto llegaría como hasta los años setentas”, destaca el investigador.
“Fue hasta 1958 en que se tuvo propiamente el primer Plano Regulador de la ciudad”, señala.
“En este plano podemos apreciar de forma clara aquellas calles y manzanas que ya se encontraban proyectadas, pero se hallaban escasamente pobladas. El trazo reticular se conserva en estas calles en su mayoría en un eje de norte a sur. El diagnóstico del plano nos presentaba una ciudad que no había podido cubrir las demandas del crecimiento que estaba experimentando en ese momento”, se explica en el libro.
Las propuestas presentadas en el proyecto elaborado para Morelia planteaban una enorme transformación de algunos espacios existentes, también proponía una solución al ordenamiento del territorio de acuerdo a futuras necesidades de suelo urbano y servicios.
La ampliación de avenidas, la creación de espacios de uso común y de servicios así́ como la reubicación de actividades fueron algunas de las propuestas más importantes de las que se componía el Plano Regulador de 1958.
Años después, aparecerían las legislaciones de 1964 y 1971, así como un segundo Plano Regulador.
“En este periodo la planificación se instrumentó como parte de las funciones del gobierno estatal, en este nivel se dieron tanto las bases jurídicas de su aplicación como los lineamientos que pretendieron orientarla”, destaca el investigador.
“La planificación originalmente era una atribución municipal después posteriormente esta fue atraída por el gobierno estatal y después en la década desde los años noventa del siglo pasado se regresa nuevamente al municipio.
“Muchas veces parece que el Estado no se ha ocupado del tema de la planeación urbana y en realidad si uno revisa la historia lo que encuentra es que la intervención estatal en materia de planeación urbana tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que la forma en la que opera pues hace pensar que esto no es así”, aclara Pérez Ortíz.
Pero en todo este tiempo ¿Cómo cambió la ciudad?
Desde finales de los años setenta se comenzaron a presentar nuevas tendencias de urbanización en el mundo. En México, hubo un proceso de crecimiento poblacional en las ciudades medias como Querétaro, Morelia y Tijuana.
Es el segundo momento al que se refiere el investigador Pérez Ortiz, que comprende de 1976 a 1998.
“Corresponde a una aparente continuación de las acciones estatales pero orientada por una política nacional de planeación que cambió las bases jurídicas y lineamientos en la materia, mismos que a la postre darían mayores atribuciones a las autoridades municipales sobre la planificación de la ciudad en la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano”, explica.
Pérez Ortiz, doctor por la UNAM, señala que, en la década de los setentas, con un proceso que ocurre en muchas varias ciudades de México, la planificación pasa a ser atribución del gobierno estatal.
“Por una serie de políticas a nivel federal pasa a ser más una atribución mucho más claramente del Estado y también una atribución que se articula con otra planeación que se hace a nivel nacional”, explica.
“De hecho, agrega, los planes de desarrollo urbano, que era como anteriormente se llamaban, pasaron a ser también programas porque en teoría solamente había un plan, que era el plan nacional”.
Según el doctor Pérez-Ortiz, a partir de este periodo se usaron los instrumentos legales como instrumentos de regulación o planificación. “Han sido los que han determinado el futuro de la ciudad o lo que se ha planeado como ciudad de Morelia”, destaca.
En esta época “hay una política fuerte de crear Planes de Desarrollo Urbano para las ciudades de Michoacán”. De hecho, fue en este periodo que se construyó el anillo periférico que actualmente sigue rodeando la ciudad de Morelia.
FOTO: ANILLO PERIFÉRICO 70
II. LOS OCHENTAS, EL PERIODO DE TRANSFORMACIÓN
Un mapa elaborado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), indica los límites de la ciudad de Morelia en los años ochenta. Se considera el primer mapa articulado con información sistemática que muestra las dimensiones de la ciudad.
El mapa resalta el libramiento que hasta esos años era la limitación el centro de población de la ciudad. Morelia era tan distinta en ese momento, tan sólo la colonia Ocolusen, en ese tiempo, apenas comienza a poblarse y la microcuenca del río Chiquito, aún territorio ejidal, seguía intacta ante la voracidad de las inmobiliarias.
¿Qué pasó? ¿Cómo entender dónde estamos parados?
La doctora Patricia Ávila García, investigadora de Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, de la UNAM, Campus Morelia, tiene una visión crítica del crecimiento de la ciudad.
Al hacer una valoración de lo que ha sido la política de planeación señala que la actuación de los gobiernos estatales y municipales ha velado por los intereses inmobiliarios más que por el interés público.
En entrevista con en15dias.com, señala que la característica principal es que “el papel del Estado es relevante; ya que es el hacedor de estos planes”.
“Hacia los años ochenta es realmente cuando podríamos decir que el instrumento de planeación se refina y es en la época en que está Cuauhtémoc Cárdenas, como gobernador en Michoacán, es que se hace una estrategia innovadora a nivel nacional de desarrollar programas o Planes de Desarrollo Urbano”, destaca la doctora Ávila García.
En 1983, se publicó el primer Plan de Desarrollo Urbano Municipal en la ciudad de Morelia, mismo que tuvo su primera modificación en 1987 y después en 1999 “debido a las demandas urbanas y crecimiento demográfico”, se justificaba.
Para la doctora Patricia Ávila estos primeros programas de desarrollo urbano “tenían una carga ambiental interesante”.
Comenta que, en la década de los años ochenta, Morelia era una ciudad media con un importante dinamismo demográfico y con una planeación urbano-ambiental.
Durante este primer momento, el Gobierno de Michoacán trató de orientar el crecimiento urbano a través de una política de urbanización progresiva para los sectores de más bajos ingresos; y se caracterizó por una planeación urbano-ambiental de vanguardia a nivel nacional, que incluía una visión que hoy llamamos “sustentable”.
“En aquel entonces se valoraba la protección ambiental y la creación de reservas ecológicas dentro y fuera de la ciudad, teniendo como consecuencia la creación de un buen número de áreas verdes dentro de la mancha urbana. Asimismo, se crearon y se decretaron reservas ecológicas y zonas de preservación ecológica”, destaca la especialista.
“Lamentablemente las reformas al Artículo 27 Constitucional de 1992 liberalizaron el suelo ejidal y permitieron que grandes especuladores del suelo compraran, a muy bajo precio, grandes extensiones de tierras alrededor de la ciudad”, asegura Ávila García, investigadora de Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, de la UNAM, Campus Morelia.
“Estos instrumentos, hechos por el gobierno estatal, se implementan en los municipios, el problema es que en menos de 10 años de que estos instrumentos se generan con esta dimensión ambiental (programas 1983, 1987 y 1991), se da la reforma a nivel nacional del artículo 27 constitucional, en donde los ejidos cobran un papel súper importante como dotadores de suelo urbano para la expansión urbana; sobre todo los ejidos que están alrededor de las ciudades”, destaca en entrevista con en15dias.com.
III. EL ARTÍCULO 27, LA PUERTA A CAPITAL PRIVADO
Pérez Ortiz afirma que las reformas al artículo 27 han influido, de forma indirecta, en el crecimiento de las manchas urbanas en el país.
“La reforma del artículo 27 constitucional justo permite la privatización de tierras ejidales y donde más impacto ha tenido, justamente, es en los ejidos que se encuentran cercanos a manchas urbanas, contrario a lo que a lo que se pensaba, que iba a haber una privatización masiva de las zonas agrícolas, lo que podemos ver es que donde tuvo más impacto y donde este dio esta dilatación masiva ha sido alrededor de las ciudades, entonces ese cambio en el artículo 27 constitucional tuvo un impacto muy importante”, destaca.
El doctor Pérez Ortiz señala que los ejidos siempre han sido víctimas del crecimiento de la ciudad. Como es el caso de Jesús del Monte.
“Aquí mismo en Morelia, en los setentas, los ejidos de la zona sur de la ciudad sufrieron grandes expropiaciones para crear suelo de reserva urbana, originalmente este suelo se expropió con la idea de detonar espacios que pudieran ser construidos por clases populares, pero bueno, las zonas sur de la ciudad de Morelia como tú sabes, no es la zona popular de la ciudad”.
En la etapa en que el estado intervenía en las políticas de planeación urbana expropió varias hectáreas.
Ejemplos de estas expropiaciones son las tenencias de Santa María y Santiaguito y las zonas de Campestre, Las Américas y Ocolusen donde originalmente se manejó en esa expropiación que era para construir vivienda popular, pero “eso terminó convirtiéndose en colonias de clase media; creo que sí se construyeron algunas pocas viviendas populares en algunos lugares que no son la sur de la ciudad más bien como hacia la zona del Poniente”, indica el investigador.
“Antes de la reforma al artículo 27, los propios Estados tenían la posibilidad de expropiar a los ejidos como lo hicieron en el caso de Morelia para expandir o para generar proyectos de expansión para la ciudad; lo que posibilita el artículo 27 es que ya no solamente es el Estado, sino que hay muchos actores con poder económico que ahora este puede intervenir justamente en esta transformación que es legal, pero que no necesariamente por eso significa que sea correcta, o sea, lo mejor para la ciudad ni para las zonas de producción agrícola”.
La doctora Patricia Ávila García reflexiona “que antes de esta reforma, estaba contenida la expansión urbana sobre las zonas ejidales porque no se podían privatizar, pero con estos cambios legales, los ejidos, e incluso las comunidades indígenas, se podían convertir en propiedad privada; dejan de ser propiedad social y pasan a ser propiedad privada a través de derechos que se otorgaron a los ejidatarios a nivel por parcela”.
“Lo que hace la reforma el artículo 27 genera, alrededor de las ciudades, no sólo en Morelia sino en el caso mexicano, una gran especulación inmobiliaria a partir de la privatización del suelo ejidal. La especulación se genera de manera dramática”.
En el caso de Morelia, este proceso se concretó a través de la alianza establecida por el Estado con las élites empresariales e inmobiliarias locales (principalmente, la Organización Ramírez y Grupo FAME) para favorecer la expansión urbana con una lógica mercantil y privatizadora del suelo y el agua.
“Tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, sin distinción de partidos políticos (PRI, PAN, PRD), desde los años noventa facilitaron los cambios de uso del suelo (de rural y ecológico a urbano), otorgaron autorizaciones para urbanización y destinaron recursos públicos para la dotación de servicios y equipamiento urbano como vialidades y agua potable en los nuevos proyectos inmobiliarios privados. Esto permitió la valorización del suelo de los otrora ejidos, por la vía de la privatización, la facilitación de permisos urbanos y el desvío de recursos públicos para favorecer las inversiones inmobiliarias”, destaca la doctora Ávila García.
IV. LOS NOVENTA, DE PLAN A PROGRAMA: LOS INMOBILIARIOS AL ACECHO
Para 1993, las políticas de planeación urbana las aplicaban las autoridades del Ayuntamiento. Las reformas al artículo 115 de la Constitución le daban nuevas competencias en materia de planeación urbana.
La presión empresarial en las decisiones municipales comenzó a ser evidente y los actores políticos respondían a beneficio de los empresarios inmobiliarios.
Un ejemplo fue la creación, el 25 de diciembre de 1995, del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, “un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y capacitado para actuar, gestionar y contratar en materias propias de su competencia”, es decir, decidir a dónde iría la planeación urbana de la ciudad.
Años más tarde, sería la antesala para la creación del IMPLAN.
Para la doctora Patricia Ávila García el sector privado logró tener una representación importante en ese organismo.
“El Instituto de planeación digamos a nivel de desarrollo urbano del municipio nace desde el sector privado, de hecho, el gerente (literalmente era un gerente) sería una persona que trabajaba para el sector privado que realmente no tenía gran noción del desarrollo urbano, aunque sí tenía mucha noción de lo que era el negocio inmobiliario”, destaca la especialista.
Explica que su director provenía de dicho sector y, de este modo, se orientaron los intereses empresariales en el futuro crecimiento de la ciudad y toma de decisiones en el nivel municipal.
“Desde 1993 empieza el municipio de Morelia a querer cambiar el Plan de Desarrollo Urbano”, que su última actualización era de 1991. Este plan “era bastante interesante en términos de reservas ecológicas, de un crecimiento urbano ordenado con reservas territoriales para el hábitat popular. Y bueno, en cuanto se da esta creación del instituto empieza el desmantelamiento”.
Para la doctora Ávila García “ahí inicia la captura política del sector privado sobre las instancias de planeación del Estado”.
A partir del programa de desarrollo de 1983, hubo modificaciones constantes durante los años 1987, 1991, 1999, 2004, 2010 y 2012, hasta llegar al actual de 2023, que está basado en las modificaciones en 2021. Todas estas modificaciones se dieron a pesar de que los programas de desarrollo urbano se planeaban para 20 o 25 años.
PDUM 1983 – NO ENCONTRADO
PDUM 1987 – PDF
PDUM 1991 – PDF
PDUM 1999 – PDF
PDUM 2004 – PDF (2)
PDUM 2010 –
PDUM 2012 – NO ENCONTRADO
En un texto nombrado “El papel del Estado en la gestión urbano-ambiental: el caso de la desregulación en la ciudad de Morelia”, la doctora Ávila García describe el vaivén de dos alcaldes en particular: Fausto Vallejo y Salvador López Orduña, quienes fueron los impulsores de programas de desarrollo urbano que beneficiaban a los empresarios inmobiliarios en ese momento.
Los presidentes municipales Fausto Vallejo, Salvador López Orduña, Manuel Nocceti Tiznado y Jesús Alfonso Martínez Alcázar fueron algunos de los cuales proyectaron, en los planes y programas de desarrollo urbano, una ciudad de Morelia más urbanizada y en beneficio de los empresarios inmobiliarios.
Fausto Vallejo ocupó, en 1994, por primera vez la Presidencia Municipal de Morelia, cargo que heredó de Sergio Magaña Martínez, priísta que, en 1993, arrebató al PRD la alcaldía de la capital michoacana, y renunció un año después para buscar un espacio en el Senado.
En las elecciones de 1995, el PRI perdió la alcaldía y Salvador López Orduña, del PAN, resultó electo. A días de concluir su periodo aprobó, en diciembre de 1998, que zonas forestales y de reserva ecológica pasaran a ser reserva urbana.
A partir de ese momento, el Plan de Desarrollo Urbano cambiaría de nombre a Programa de Desarrollo Urbano.
Los datos que han arrojado académicos que han estudiado los fenómenos, destacan que “de acuerdo a los planes y programas de desarrollo urbano de Morelia (1991, 1999, 2004 y 2010) y estimaciones realizadas por Ávila (2004b) y Cabrera (2012), en 1990 la superficie de la mancha urbana (consolidada y en proceso de consolidación) era de 2,217 ha, en el 2000 de 4,000 ha y en el 2010 de 6,100 ha. Sin embargo, el área destinada para el crecimiento urbano (reserva urbana) se incrementó exponencialmente con las modificaciones a los programas de desarrollo urbano (1999, 2004 y 2010) que realizó el Ayuntamiento de Morelia”.
“Es decir, la reserva de suelo urbano en 1999 aumentó 5,227 ha y en 2010 se adicionaron casi 11,000 ha; mientras que la superficie de la mancha urbana creció de: 4,000 a 6,100 ha. Esto significa que hubo una gran especulación de suelo urbano, ya que la reserva urbana (14,000 ha) casi triplicó la mancha urbana (aproximadamente de 6,100 ha)”, se destaca.
En su análisis señala que “en contraste la población urbana de Morelia tuvo un crecimiento urbano poco dinámico respecto a otras ciudades medias del país e incluso decreció entre 2005 y 2010”.
“En 1990 tenía 428,586 habitantes, en 2000 pasó a 549,996, en 2005 alcanzó 608,049 y en 2010 se redujo a 597,897 (varios censos de población del INEGI). Como resultado, el crecimiento de la reserva urbana no se explicó, en el periodo 2000-2010, por un factor demográfico sino por la especulación del suelo otrora ejidal y los incentivos para la producción inmobiliaria de vivienda formal”.
Explica que “a partir del año 2000, gracias a los cambios en los programas de desarrollo urbano, los especuladores de tierra y promotores inmobiliarios se dedicaron a construir nuevos fraccionamientos para sectores de altos y medianos ingresos, así como centros comerciales y campos de golf en zonas que estaban destinadas años atrás a la protección ecológica como son los complejos Tres Marías de la Organización Ramírez y Montaña Monarca-Altozano de Francisco Medina del Grupo FAME”.
Un dato revela la dimensión de lo entregado a los empresarios inmobiliarios por los alcaldes. “En conjunto abarcaron poco más de 2,000 ha. Cifra equivalente al área urbana de la ciudad hasta 1990: 2,217 ha. De igual manera, entre los años 2000 y 2020, estos grupos junto con otros capitales inmobiliarios locales y nacionales se enfocaron a la producción masiva de vivienda de interés social que afectó importantes extensiones de superficie ejidal y pequeñas propiedades rurales del entorno de la ciudad (periurbano). Estos complejos de vivienda se destinaron para sectores de bajos y medianos ingresos y varios de ellos se construyeron más allá de la reserva urbana y el ámbito de aplicación del programa de desarrollo urbano de Morelia (Olmos, 2014 y Cabrera, 2012).
“En consecuencia, la expansión de la mancha urbana respondió a una estrategia especulativa de los grupos empresariales inmobiliarios, que visualizaron la ciudad como una mercancía altamente redituable en lo económico (Avila,2014a; Rodriguez y Avila, 2017)”, se destaca en el análisis del libro.
“En menos de 15 años, la mancha urbana se expandió en todas direcciones, afectando espacios rurales productivos (zonas agropecuarias y forestales) y destruyendo el patrimonio natural (bosques, ríos, humedales), histórico (obras de agua del porfiriato) y cultural (formas de vida rural)”, destaca la investigadora de la UNAM.
En el texto de la doctora Ávila García agrega que “incluso comenzaron a comprar terrenos más allá de los límites de la ciudad y el municipio de Morelia, en zonas completamente rurales, donde el suelo era más barato, que pertenecían a los municipios de Tarímbaro, Álvaro Obregón y Charo. Es decir, se entró en una fase expansiva de mercantilización y neoliberalización de la ciudad y sus entornos rurales y naturales, con el fin de inducir una metropolización forzada para el beneficio del capital inmobiliario (Avila, 2014b; Cabrera, 2012)”.
“Cinco años después (de la llegada de López Orduña), el nuevo presidente municipal, de extracción priísta (Fausto Vallejo), modificó el programa de desarrollo urbano de Morelia en 2004. La reserva urbana fue triplicada con el argumento de que la planeada para 20 años se había agotado. Esta ampliación de la reserva urbana se dio a costa de la afectación de las zonas de preservación ecológica, además de que el ámbito de aplicación del programa se amplió hasta abarcar más de 80% de la superficie del municipio de Morelia”, señala la investigadora en su texto.
“En la siguiente gestión municipal, se reeligió el ex alcalde panista (Salvador López Orduña), consolidando así varias inversiones inmobiliarias y proveyendo de infraestructura y servicios a los nuevos desarrollos urbanos privados”.
Este Programa de Desarrollo Urbano de Morelia tenía toda una implicación ambiental: la expansión urbana en zonas forestales hacia la loma de Santa María y la tenencia de Jesús del Monte.
“De manera reiterada, el interés por estar a cargo de la presidencia municipal de Morelia se refrendó con la reelección del alcalde de extracción priísta en 2007. Su estrategia fue la misma: argumentar que la reserva urbana, propuesta por él mismo en su anterior gestión, se había agotado en menor tiempo al programado, y que por consiguiente se requería de una nueva “actualización” del programa de desarrollo urbano”, destaca que en entrevista con en15dias.com, la investigadora Ávila García.
Y agrega “ya de allí, lo que ocurre es que cada presidente municipal que llega a Morelia, pues están cada vez más ligados con al interés inmobiliario, y cada uno de ellos, aunque su gestión dura tres años, intentan modificar el Programa de Desarrollo Urbano”.
Para la doctora Ávila Garcíaahí es donde empieza la posibilidad de expansión que se había contenido en los años noventa; a partir de ahí, “la modificación del Programa de Desarrollo Urbano es un regalo para el sector inmobiliario”.
La investigadora explica que a pesar de que los planes estaban diseñados para 20 años, los políticos argumentaban que habrían de cambiarse porque ya se habían agotado.
“Estos cambios en los programas de desarrollo urbano implicaban más voracidad inmobiliaria, con estos argumentos totalmente endebles de que ya en los planes diseñados para 20 años ya se agotaron en cinco; se inventaban los datos y decían que Morelia tenía más de un millón de habitantes, todo un argumento totalmente sin sentido”.
Los presidentes municipales que participaron activamente en las modificaciones, bajo la perspectiva e interés de los inmobiliarios, fueron Fausto Vallejo en sus periodos de 1994-1995, 2001-2004 y 2008-2011; Salvador López Orduña en sus periodos de 1995-1998 y 2004-2007; Manuel Noccetti, en 2012, Raúl Morón (y Humberto Arroniz) en su periodo 2018-2021 y Jesús Alfonso Martínez Alcázar en sus periodos 2015-2018 y 2021-2024.
“Aquí no hay tema de partidos; todos los partidos llegan con voracidades inmobiliarias porque en realidad el tema es que la cuestión del desarrollo urbano está capturada políticamente por los empresarios”, destaca la doctora Ávila García.
Ávila García, en distintos textos, ha señalado que “el resultado de la privatización de las tierras ejidales fue desastroso para la ciudad en términos sociales y ambientales”.
V. DE CENTRO DE POBLACIÓN A MUNICIPIO; LA VORACIDAD Y DEVASTACIÓN
En agosto de 2016, el gobierno municipal de Alfonso Martínez Alcázar lanzó un programa de ordenamiento territorial denominado “Morelia Next”, que buscó garantizar el modelo de urbanización neoliberal para los próximos 25 años (hasta 2041).
En su concepción y diseño participaron las élites dominantes de la ciudad, con el fin de imponer su proyecto empresarial sobre el resto de la sociedad.
Al no lograr reelegirse como Presidente Municipal, el partido Morena aprovechó y durante su gestión municipal (2018-2021), el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN, antes IMDUM) trabajó en el diseño de un nuevo programa de desarrollo urbano.
“Su visión no fue diferente a las gestiones anteriores: se reforzó el modelo de urbanización neoliberal sobre zonas ejidales y áreas de importancia ecológica e hídrica”, destaca la investigadora.
El programa no alcanzó a aprobarse por el Congreso al concluir la gestión morenista. En las elecciones de 2021, llegó nuevamente a la alcaldía el panista Alfonso Martínez, quien en su anterior gestión demostró tener importantes intereses inmobiliarios y compromisos con las élites locales para afianzar el proyecto de ciudad neoliberal.
“Su nueva meta de gobierno sería aprobar el programa de desarrollo urbano, diseñado en la gestión morenista con criterios acordes al programa “Morelia Next”, creado por el mismo alcalde panista 5 años atrás”.
En entrevista, la investigadora Patricia Ávila García destaca que una característica en la última modificación al Plan de Desarrollo Urbano que retomó Jesús Alfonso Martínez Alcázar de la propuesta de Raúl Morón, es pasar de la escala de “centro de población” a “municipio”.
Un centro de población son las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reservan su expansión y las que se consideran no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos.
“Aquí nada más lo interesante es que dejó de ser el ámbito de aplicación ‘centro de población’ y pasó a todo el ‘municipio’ esto significa que ya no les alcanzó el área alrededor de la ciudad para expandirse porque han ido creciendo, creciendo y creciendo. O sea, no hay planeación, sólo es especulación”, destaca Ávila García.
Al pasar de ser la escala de “centro de población a municipio significa que tienen todo el municipio para crecer y expandirse”, agrega la investigadora en entrevista con en15dias.com.
-¿La ciudad está planificada?, se le pregunta al doctor Pérez Ortiz.
“Definitivamente diría que no está bien planificada la ciudad porque también ha habido una omisión importante de cumplir los programas o los planes que del propio gobierno construye”, responde el investigador.
“Y muchas veces este uno de los primeros actores que incumple estos proyectos son las propias instituciones del Estado, ya sea el gobierno municipal, ya sea el gobierno estatal; muchas veces las principales omisiones o estas excepciones a los proyectos los hace la propia institución”, afirma en entrevista.
“Justamente lo que las políticas no permiten en la actualidad es ejercer el derecho de la ciudad; los servicios se concentran solamente en un área; las áreas verdes de esta ciudad también se concentran solamente dentro de una zona; el acceso a la vivienda es todo un tema”, agrega Pérez Ortiz.
Para la doctora Patricia Ávila García es muy claro el escenario actual.
“Este plan de Morelia actual que ya es programa a nivel municipal, pues tiene los mismos vicios de siempre, o sea, el sector inmobiliario nunca tiene llenadera y ahora es todo el municipio”.
La doctora Ávila García quien estudia los conflictos socioambientales en Morelia y Michoacán, destaca que el programa aprobado “tiene muchos problemas técnicos y políticos y legales, sobre todo legales ya que está violentando porque cambia los usos del suelo que no es competencia del municipio”.
Explica que “el suelo ecológico particularmente lo cambia de facto”.
“El nuevo programa, pues ponen como ‘urbanas’ zonas que todavía no son urbanas, pero que en el plan que está en ese momento como cambiando, pues se dice que son ecológicas”.
Lo más grave, señala la doctora Ávila García, es que en la “nueva propuesta ya no es ecológico; ya es urbano, o sea, ya ni siquiera es reserva de crecimiento. Ya está urbanizado”.
“Lo que hemos detectado es que no es cierto, o sea, son todavía áreas totalmente sin urbanizarse, pero manipulándolo con sistemas de información geográfica, manipulan y ponen lo que era ecológico, lo convierten en urbano ya como si fuera mancha urbana. Una ilegalidad terrible”, destaca.
La otra gravedad, “es que generan nuevas áreas de crecimiento urbano sobre zonas forestales y sobre zonas de riesgo”.
“Realmente el instrumento de planeación no está planeando nada, simplemente está planeando las inversiones inmobiliarias a costa de deteriorar la calidad de vida de la población, de la ciudad y afectar todos los servicios ecosistémicos y las zonas naturales que justamente brindan la posibilidad de tener una ciudad sustentable y con disponibilidad de recursos y calidad de vida”.
Para la doctora Ávila, que desde hace dos décadas estudia el crecimiento urbano y los conflictos que desencadena, “estamos capturados por los intereses inmobiliarios en la ciudad y digamos el municipio es el que realmente es el actor más corrupto digamos que representa, simplemente los intereses inmobiliarios y que, en vez de velar por el interés colectivos, lo único que hace es velar por los intereses privados, sacrificando las posibilidades de tener una ciudad sustentable y digamos, vivible para todos los que vivimos en esta ciudad”.
Escucha la entrevista con la doctora Patricia Ávila García, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, campus Morelia
Don Julián mira al horizonte. Ve los montes que hace décadas observaba; paisajes forestales que Jesús del Monte ha perdido, ahora sólo ve fraccionamientos y casas hacinadas que nada tienen que ver con su pueblo.
Actualmente, Jesús del Monte vive la última estocada para desaparecerlo como pueblo indígena originario de la cultura Pirinda que ha luchado, toda su historia, por defender sus costumbres, y que actualmente se defiende para no urbanizarse y desaparecer como pueblo rural.
Como Jesús del Monte, su pueblo vecino, también de la cultura Pirinda, San Miguel del Monte vive la misma amenaza, pero esa es otra historia.
Esto te puede interesar
Fracking: impactos socioambientales reabren debate sobre su viabilidad en México
El fracking requiere millones de litros de agua, contamina acuíferos, provoca sismos y emite metano, agravando el cambio climático. Además, amenaza la salud, la agricultura y la economía local, mientras la industria obtiene ganancias desproporcionadas. Una opción insostenible frente a las renovables.
Fracking: cómo se extrae gas del subsuelo y por qué divide opiniones
El fracking abrió la puerta a enormes reservas de gas atrapadas en roca profunda, pero también encendió una discusión global. Mientras gobiernos e industria lo defienden como solución energética, científicos advierten riesgos que aún no están del todo bajo control ni consenso.
Gobierno de México apostaría por gas no convencional para fortalecer la soberanía energética
El Gobierno de México anunció una estrategia energética que contempla el aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural, cuya extracción requiere técnicas como la fracturación hidráulica. La propuesta incluye la evaluación de nuevas tecnologías para su explotación, en un contexto de alta dependencia de importaciones y creciente demanda energética en el país.
