Durante una década, el feminicidio ha marcado la vida de Michoacán y ha puesto a prueba la capacidad del Estado para proteger a las mujeres. Esta primera entrega de La Radical analiza los avances, las deudas pendientes y por qué la exigencia de justicia sigue siendo una lucha cotidiana. / Diez años nombrando la violencia feminicida
Diez años nombrando la violencia feminicida
Hay cifras que se leen rápido y vidas que nunca debieron convertirse en estadísticas. Durante la última década, Michoacán ha sido escenario de una violencia feminicida que nos obliga a mirar más allá de los números. Porque detrás de cada carpeta de investigación hay una mujer cuya vida fue arrebatada, una familia que exige justicia y una sociedad que todavía tiene una deuda pendiente con nosotras.
Hablar de feminicidio en Michoacán es hablar de una violencia que no ocurre de manera aislada. Es hablar de un estado atravesado por la inseguridad, la presencia del crimen organizado, la impunidad y una profunda desigualdad de género. Es hablar de instituciones que, en demasiadas ocasiones, han llegado tarde o simplemente no han llegado para proteger la vida de las mujeres.
No es casualidad que hoy hablemos con mayor claridad sobre feminicidio. En estos diez años, Michoacán ha transitado por uno de los periodos más violentos de su historia reciente. La violencia criminal y la violencia de género han coexistido, pero no son la misma realidad. Mientras el contexto de inseguridad afecta a toda la población, el feminicidio responde a razones específicas de género y exige respuestas institucionales distintas.
Hace apenas una década, muchos asesinatos de mujeres seguían siendo narrados como «crímenes pasionales», «problemas de pareja» o simples homicidios. Nombrar estos asesinatos como feminicidios significó reconocer que no eran hechos fortuitos, sino la expresión más extrema de una estructura de violencia y discriminación contra las mujeres.
Fue un logro de años de lucha de madres, familiares, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos que se negaron a aceptar el silencio como respuesta.
Pero nombrar la violencia nunca ha sido suficiente.
En estos diez años, nosotras hemos visto crecer un movimiento feminista que ha llenado las calles de Michoacán con exigencias de justicia. Hemos acompañado la indignación por casos que marcaron la memoria colectiva, como el feminicidio de Jessica González Villaseñor, cuyo nombre se convirtió en un símbolo de la exigencia de verdad y justicia. Hemos visto a mujeres organizarse para acompañar a otras mujeres cuando las instituciones han sido insuficientes, y hemos comprobado que muchas de las transformaciones legales y sociales que hoy existen no nacieron de la voluntad política, sino de la presión constante de quienes decidieron no guardar silencio.
También es cierto que durante esta década se han impulsado reformas legales, protocolos especializados y mecanismos institucionales para atender la violencia feminicida. Sin embargo, esos avances no pueden medirse únicamente por su existencia, sino por su capacidad para salvar vidas. Y esa sigue siendo una tarea pendiente.
Las cifras oficiales muestran una realidad compleja. En 2022, Michoacán registró 43 feminicidios; en 2023 la cifra descendió a 16 y, de enero a noviembre de 2024, se contabilizaron 14 casos. A primera vista, los datos parecen indicar una disminución. Sin embargo, cuando observamos el conjunto de las muertes violentas de mujeres, el panorama cambia. Tan sólo durante el primer semestre de 2024 fueron asesinadas 193 mujeres en la entidad y únicamente ocho de esos casos fueron investigados como feminicidio. Esa diferencia no es un asunto técnico: significa que muchas muertes de mujeres continúan sin analizarse con perspectiva de género, invisibilizando la verdadera dimensión de la violencia feminicida.
La impunidad continúa siendo una de las principales formas de violencia contra nosotras. No termina cuando una mujer es asesinada; continúa cuando las investigaciones son deficientes, cuando se cuestiona la vida privada de la víctima en lugar de investigar a quien la asesinó, cuando las familias deben convertirse en investigadoras para exigir justicia y cuando las instituciones olvidan que detrás de cada expediente hay una historia que merece ser contada con dignidad.
Si algo nos ha enseñado esta década es que el feminicidio nunca ocurre de un día para otro. Antes hubo violencia psicológica, amenazas, control, agresiones físicas, miedo, denuncias ignoradas o peticiones de ayuda que nadie escuchó. El feminicidio representa el último eslabón de una cadena de violencias que pudo haberse detenido mucho antes.
Por eso, reducir la conversación a cuántos feminicidios hubo en un año resulta insuficiente. La pregunta que debemos hacernos es otra: ¿por qué seguimos llegando tarde para proteger la vida de las mujeres? ¿Qué ocurre con las órdenes de protección? ¿Qué sucede con las denuncias que nunca reciben seguimiento? ¿Por qué seguimos normalizando formas de violencia que, con demasiada frecuencia, terminan escalando hasta el asesinato?
En esta década también hemos conquistado avances. Ninguno ha sido una concesión del poder; todos son resultado de la lucha de mujeres que marcharon, documentaron, acompañaron a víctimas, denunciaron la impunidad y sostuvieron la exigencia de justicia cuando parecía que nadie quería escuchar. Cada derecho conquistado lleva la huella de quienes decidieron organizarse para defender la vida de todas.
Esta columna se llama Radical porque, para nosotras, en tiempos donde la violencia pretende normalizarse, lo verdaderamente radical sigue siendo defender la vida de las mujeres. Radical es negarnos a que una cifra sustituya un nombre; es exigir justicia incluso cuando la costumbre invita al olvido. Radical es seguir escribiendo, denunciando y acompañándonos entre mujeres, porque sabemos que el silencio nunca ha salvado a ninguna.
Una década después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántas mujeres más tendrán que ser asesinadas para que vivir libres de violencia deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad?
