A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación sigue marcada por cuestionamientos sobre el papel del Ejército y el acceso a información militar. Tres gobiernos han ofrecido esclarecer el caso, pero las familias mantienen reclamos sobre verdad, justicia y entrega de documentos. / Caso Ayotzinapa: 12 años sin voluntad de investigar al Ejército
Uitzume, el perro del lago
Caso Ayotzinapa: 12 años sin voluntad de investigar al Ejército
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa.
Han pasado ya tres administraciones federales, la de Enrique Peña Nieto, la de Andrés Manuel López Obrador y transcurre la de Claudia Sheinbaum, y el hilo que atraviesa los tres sexenios es el mismo: cada gobierno ha topado, tarde o temprano, con la misma pared, el Ejército mexicano, y ninguno ha logrado, o querido, derribarla del todo.
Con Peña Nieto, el Estado mexicano no investigó, se empeñó en fabricar. La Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, construyó la llamada “verdad histórica”, según la cual el crimen organizado había incinerado a los 43 en el basurero de Cocula.
Fue una ficción armada con testimonios obtenidos bajo tortura, evidencia fabricada y una escena del crimen montada. La presión social obligó al gobierno a aceptar, en 2015, algo inédito en la historia reciente de México: la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con acceso total a una investigación en curso.
Lo que ese grupo encontró determinarían los diques de la investigación. El GIEI documentó que elementos de la Sedena y la Semar participaron activamente en la fabricación de evidencia y en la simulación de la investigación oficial, que soldados del Batallón 27 vigilaban a los normalistas desde antes de esa noche y que nunca se había registrado, hasta entonces, ni la presencia de marinos en la zona ni la manipulación de la escena del basurero.
Pero el gobierno de Peña Nieto nunca permitió que los expertos entrevistaran directamente a los militares de ese batallón, respondió a los hallazgos con una campaña de desprestigio contra los propios peritos y contra los padres de familia de los 43, y en 2016 el GIEI tuvo que salir del país sin que se le permitiera continuar.
El gobierno jamás se retractó de aquella investigación torcida. No hubo, en ese sexenio, voluntad de llegar a la verdad: hubo una operación de Estado para ocultarla y fabricar una mentira.
Con Andrés Manuel López Obrador, el arranque fue distinto y, durante un tiempo, prometedor. Había campaña de por medio: el compromiso explícito de investigar, encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables.
Se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, encabezada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; regresó el GIEI; se nombró un fiscal especial, Omar Gómez Trejo; se hallaron restos óseos de dos normalistas en un sitio distinto al basurero de Cocula, lo que desmintió técnicamente la «verdad histórica» del sexenio anterior; se detuvo y procesó al propio Murillo Karam por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia; y en 2022 la Comisión de la Verdad declaró formalmente que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, con participación de autoridades federales y estatales además del crimen organizado.
Hasta ahí, avances reales. Pero en agosto de ese mismo año, cuando se solicitaron 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas contra militares, la Fiscalía General de la República canceló 21, de las cuales 16 correspondían a personal castrense, con el argumento de que esos nombres no aparecían en el informe oficial de la Comisión.
El propio presidente salió a justificar la cancelación: dijo que se había buscado «reventar la investigación hablando de más personas» y que no pasaría ninguna orden que no estuviera registrada en ese informe.
La consecuencia fue inmediata: la renuncia del fiscal especial semanas después y, más tarde, la salida de Encinas del caso. El GIEI y los expertos de la CIDH denunciaron, una y otra vez, que el Ejército ofrecía datos falsos, movía documentación para evitar su rastreo y ocultaba evidencia, pese a que el propio AMLO le había pedido a la Sedena colaborar; hablaron de «agujeros negros donde la información desaparece».
El abogado de las familias llegó a relatar cómo el presidente les anunció en una reunión que se emitirían 20 órdenes contra militares, les pidió esperar apenas un par de días, y esas órdenes terminaron canceladas sin una explicación satisfactoria.
Al final, López Obrador defendió públicamente a las fuerzas armadas, aseguró que no había fundamento para la desconfianza de las familias y que Sedena y Semar habían entregado toda la información que tenían. Las familias lo vivieron como una traición: el presidente que prometió llegar a la verdad terminó, según ellas, protegiendo al Ejército por encima de su compromiso.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum, el patrón apenas comienza a dibujarse, pero ya es reconocible.
Ha sostenido al menos siete reuniones con las familias en Palacio Nacional, abrió la puerta a que el GIEI regrese al país e instruyó a su subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, contactar a los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain.
Se anunciaron nuevas líneas de investigación, entre ellas un análisis más profundo de las llamadas telefónicas de esa noche y los días posteriores, ahora bajo un nuevo fiscal especial, Mauricio Pazarán.
Un juzgado federal incluso ordenó a la Sedena entregar documentos de inteligencia de 2014 relacionados con los normalistas. Pero el nudo sigue siendo el mismo de siempre: más de 800 folios en poder de la inteligencia militar, las cifras que manejan las familias van de 800 a 853, que hasta ahora no han sido entregados en su totalidad, pese a la orden judicial.
Las familias insisten en que el gobierno “no quiere tocar al Ejército”. Sheinbaum ha salido a negar públicamente que su gobierno encubra a las fuerzas armadas “no se encubre a nadie”, ha dicho y sostiene que quiere, igual que los padres, llegar a la verdad, a la justicia y encontrar a los jóvenes.
Se comprometió a presentar un informe público antes del 26 de septiembre de 2026, en el duodécimo aniversario de la desaparición. La controversia se ha ampliado, además, con el informe de la CNDH que deslindó al Ejército de responsabilidad.
Doce años después, la fotografía completa es esta: un primer gobierno que fabricó una mentira oficial y persiguió a quienes la desmintieron; un segundo gobierno que abrió la puerta a la verdad y luego la cerró exactamente en el punto donde esa verdad tocaba al Ejército; y un tercer gobierno que repite los gestos de apertura como reuniones, nuevas líneas de investigación, promesa de regreso del GIEI, sin que, hasta ahora, haya logrado que la institución militar entregue la información que las propias familias y los expertos internacionales consideran decisiva.
Las madres y los padres de los 43 lo han dicho con una claridad que ningún informe oficial ha logrado igualar: doce años después, siguen sin nada. Y el obstáculo, en los tres sexenios, tiene el mismo nombre: el Ejército Mexicano.
