El certificado “Aguacate Cero Deforestación” promete frenar la pérdida de bosques, pero su fecha de corte en 2019 deja fuera décadas de expansión sobre territorio forestal. Más que reparar el daño, el mecanismo corre el riesgo de blanquearlo y vestir de verde al aguacate. / Cero deforestación, el “blanqueo” del aguacate
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Cero deforestación, el “blanqueo” del aguacate
Hay frases que suenan a victoria ambiental y funcionan como lavandería. El certificado federal “Aguacate Cero Deforestación” es una de ellas.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que Semarnat ya puede emitir un certificado para impedir la exportación de aguacate de huertas deforestadas. Pero el mecanismo parte de una fecha de corte que plantea un “blanqueo” de la producción ilegal del aguacate más que una solución a la deforestación.
El acuerdo publicado en el DOF en octubre de 2025 permite exportar solo fruta de huertos libres de deforestación desde 2019, y la estrategia se enfoca en identificar los huertos con afectaciones forestales entre 2019 y 2025 para aplicarles restauración y compensación.
Según el estudio del CIGA-UNAM que reseñamos en abril, las huertas de Michoacán pasaron de 13 mil hectáreas en 1974 a más de 266 mil en 2024. La expansión fue moderada hasta mediados de los noventa, con unas 2,200 hectáreas nuevas por año, y se disparó después: más de 4,500 anuales hacia 2007 y más de 10 mil al año entre 2007 y 2011.
Entre 2018 y 2024 el ritmo fue de unas 8,500 hectáreas anuales. Haciendo la cuenta, la ventana que el acuerdo vigila, aun siendo grave, representa menos de una quinta parte de todo lo que el aguacate ganó en medio siglo.
La parte forestal cuenta una historia parecida. El investigador Jonathan Vidal Solórzano, también del CIGA, rastreó la trayectoria satelital de las huertas entre 1993 y 2025. Encontró que 30% de las existentes hoy se instaló sobre bosque templado, y que la aceleración más fuerte comenzó hacia 2009 y 2010.
El Gobierno estima unas 20 mil hectáreas deforestadas entre 2018 y 2024. Si aplicamos el 30% a las cerca de 208 mil hectáreas que Vidal calcula para 2025, hablamos de alrededor de 60 mil hectáreas de bosque convertidas. Los periodos y los métodos no son idénticos, pero el orden de magnitud basta: la mayor parte del bosque perdido queda del lado “limpio” de la fecha de corte.
Ahí está el blanqueo. Una huerta nacida de un bosque talado en 2009 no tiene nada que explicar, y sus frutos viajan con el mismo certificado que una plantación irreprochable.
El Programa Nacional Forestal 2026-2030 sostiene que 95% de la deforestación del país es ilegal, porque Semarnat solo autoriza por excepción cambios de uso de suelo de unas 12 mil a 13 mil hectáreas al año. Si algo de esa proporción se parece a lo ocurrido en Michoacán, buena parte de lo que queda a salvo por haber llegado antes de 2019 nació fuera de la ley. El mecanismo no lo corrige. Lo reclasifica.
Ni siquiera los especialistas defienden la fecha. Vidal reconoció en un seminario que trazar una línea temporal fija es una decisión compleja, porque una huerta de 2019 y otra de 2020 pueden tener el mismo impacto ambiental.
Y advirtió otra limitación: el sistema estatal Guardián Forestal está diseñado para detectar deforestación, así que una huerta que sustituye cultivos agrícolas, que según su estudio es otro 28% del total, puede pasar sin registro como problema.
Conviene ser justo. Bloquear las 2,900 huertas con deforestación reciente que Semarnat identificó en Michoacán y Jalisco, y dotar a la dependencia de facultades legales para certificar, son avances reales. Vidal también tiene razón en que una prohibición por sí sola no frena un cultivo tan rentable si las comunidades no tienen alternativas económicas.
Pero frenar lo nuevo no es responder por lo viejo. Un “cero deforestación” verdadero tendría que exigir el inventario completo de huertas con su origen, no solo las posteriores a 2019.
